AC4042-2018
Radicación n° 11001-02-03-000-2018-02522-00
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintidós Civil Municipal de Oralidad de Medellín y Promiscuo Municipal de Tibasosa.
ANTECEDENTES
1.- Ante el primer Despacho, la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. demandó a los herederos indeterminados de los actuales propietarios del inmueble con matrícula nº 074-20568, ubicado en Tibasosa – Boyacá, para que se impusiera servidumbre de conducción de energía eléctrica con apoyo en la Ley 56 de 1981. Asignó la competencia con fundamento en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 29 íd., dado que la sociedad promotora es «una empresa de servicios públicos mixta, constituida en forma de sociedad anónima, de carácter comercial, del orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía, descentralizada por servicios, en la que el Estado tiene una participación igual o superior al 50% de su capital, y que la misma se encuentra domiciliada en la ciudad de Medellín».
2.- Esa autoridad rechazó el libelo por falta de competencia con apoyo en la regla prevista en el numeral 7º del artículo 28 ejúsdem y ordenó enviarlo a su homólogo de Tibasosa, puesto que allá está ubicado el bien objeto de litigio.
3.- El Juzgado Promiscuo Municipal de la citada localidad rehusó las diligencias basado en que «la mayoría de las veces la H. Corte Suprema de Justicia ha dado prevalencia al foro personal, que al territorial (sic)», por lo que el asunto le corresponde al remitente, en vista que en ese lugar está el domicilio de la entidad pública demandante.
CONSIDERACIONES
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trabó entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009.
2.- Para distribuir el reparto de los procesos entre las autoridades judiciales situadas en la geografía nacional el ordenamiento acude a los factores objetivo, subjetivo, territorial, funcional y de conexidad para fijar las pautas de atribución de competencia.
De ese modo, mediante el «factor territorial» se indica quién es el juez que en razón de la circunscripción debe conocer del litigio, siendo tales parámetros vinculantes para el accionante que no puede obviarlos al momento de seleccionar la autoridad ante la cual promueve su causa.
Tales reglas están diseñadas a través de los foros. Así, por regla general, en los pleitos contenciosos se acude al «personal» que fija la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia, pero también existen otros especiales, como el que la doctrina ha nombrado «forum rei sitae» o «real», referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicación de los bienes inmersos en la lid, y el del numeral 10 del canon 28 del Código General del Proceso que mira a la calidad de una de las partes y la fija en consideración a su domicilio.
Varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que constituye una pluralidad de jueces para asumirla, en cuyo caso la ley otorga al actor el derecho de escogencia para acudir ante cualquiera de ellos, sin que tal selección pueda ser desconocida por el elegido, que, en principio, queda llamado a zanjar la disputa.
Empero, también hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y determina privativamente, y de forma precisa y categórica, el funcionario llamado a encarar el asunto con exclusión de cualquier otro.
Frente a este último punto, la Corte en AC3744-2018, destacó que
(…) el concepto «privativo» que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole (…).
Ahora bien, debe destacarse que frente a las controversias sobre servidumbres, entiéndase, imposición, variación o extinción, el numeral 7 del artículo 28 ejusdem instituye una «competencia privativa» con base en la cual radica en forma exclusiva, única y excluyente en el estrado del lugar donde esté ubicado el bien involucrado en la litis el deber de conocerla, ya que dispone que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (…) en los de servidumbre….», será competente, «de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante».
Sin embargo, el numeral 10 de ese estatuto previene que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
A fin de que actúen cada uno de esos preceptos es necesario que se cumplan las hipótesis allí descritas. Así, para que se aplique el numeral 7 debe tratarse de los asuntos allí detallados. En torno al 10, en AC2593-2018, repetido en AC3337-2018, la Sala explicó que
[a]hora, para que operen los parámetros apuntados, y exista esa primacía o exclusividad, es primordial tener certeza de la condición del ente convocado, es decir, debe ser «una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública», de lo contrario, habrá que acudirse a los «foros» generales.
En ese sentido, se destaca, que el artículo 286 de la Constitución Política indica que «son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá otorgarles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley».
Por su parte, el artículo 68 de la Ley 489 de 1998 enseña que son «entidades descentralizadas» del orden nacional
(…) los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (se enfatiza).
En cuanto al concepto de «entidad pública», si bien no existe en la legislación una definición, se puede hacer uso del parágrafo del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto advierte que [p]ara los efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50% (resalta la Sala).
3.- En el caso sub examine, concurren las dos eventualidades que vienen comentándose, puesto que la actora es una «Empresa de Servicios Públicos Mixta, constituida como Sociedad Anónima, de carácter comercial, de orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía, sometida al régimen jurídico establecido en la Ley 142 de 1994», en la que el Estado tiene una participación accionaria del 61,58%, y el sector privado un 38,42%1, por lo que, según el parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, ostenta el carácter de entidad pública, y además, acude ante la jurisdicción para que se imponga servidumbre de conducción de energía eléctrica en el inmueble con folio nº 074-20568.
Dicho en breve, la vecindad de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., según el certificado de existencia y representación legal, corresponde a Medellín, sin agencias ni sucursales, en tanto que, el fundo objeto del gravamen demandado se sitúa en Tibasosa; esto es, a pesar de que las pautas contempladas en los numerales 7 y 10 son «privativas», aquí no coincide el «lugar de ubicación del inmueble» con el del «domicilio de la entidad pública», por lo que corresponde dilucidar cuál de esos parámetros debe ceder frente al otro.
Para tal finalidad, es preciso aplicar la regla que trae el inciso primero del artículo 29 id., según la cual, el «foro personal» prima sobre el «real». En efecto, dice la disposición que «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes».
Luego, refulge diáfano que la hipótesis contenida en el numeral 10, por expreso mandato legal, se antepone a la del numeral 7.
Sobre el particular, recientemente en CSJ AC3843-2018 se indicó que
[e]sta Corte, ha remediado el dilema con el inciso primero del artículo 29 del Código General del Proceso, conforme al cual «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes», estableciendo que en todos los trámites en donde participe un organismo de ese linaje [público] habrá de preferirse su «fueron personal» (…) tratándose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicación del bien; y, donde una entidad pública sea parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que la ley determina que es el fuero personal el que prevalece (…) [e]n ese sentido, la prevalencia contemplada en el artículo 29 mencionado lo que establece es un beneficio a favor de uno de los litigantes; de suerte que, ante cualquier otra circunstancia que pueda definir la competencia se privilegia su status (negrillas propias).
4.- Ahora, aunque en casos similares se ordenó remitir el asunto al juzgador del lugar de ubicación del inmueble, ahora las circunstancias son distintas, habida cuenta que en las anteriores ocasiones el organismo público decidió voluntariamente radicar la demanda de imposición de servidumbre conforme al criterio especial del numeral 7, a partir de lo cual se infirió que declinó del beneficio que le otorgaba la pauta del numeral 10 en razón a su naturaleza jurídica; es decir,
(…) si la aludida entidad, a sabiendas del foro perfilado para su defensa, abdicó de él al dirigir su demanda al «Juez Primero Promiscuo Municipal de Yarumal», mal podría anteponerse a ese querer la primacía detallada en el artículo 29 del Código General del Proceso (cita ejusem).
5.- En consecuencia, las diligencias retornarán al Juzgado Veintidós Civil Municipal de Medellín.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar que el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Oralidad de Medellín es el competente para conocer del presente proceso; por tanto, envíese el expediente a dicha oficina.
Segundo: Informar lo decidido al otro estrado involucrado, haciéndole llegar copia de esta decisión.
NOTIFÍQUESE
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado
1 Información consultada en www.isa.co