AC4065-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02285-00
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Se decide la petición de cambio de radicación formulada por Alejandro López Arrazola, respecto del proceso Ejecutivo Hipotecario que Banco Davivienda S.A. formuló en su contra y que se tramita en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena.
Agregó que con ocasión de la tardanza en el trámite presentó queja ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con el propósito de que se investigara la conducta de la titular del despacho, actuación que aduce está siendo tramitada bajo el radicado 13001-11-02-000-2017-00863-00 (f. 14, Cd. 1).
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto refiere a una petición de cambio de radicación «de un proceso o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisión de un distrito judicial a otro proceso o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia»; ello, según lo dispuesto en el numeral 8 de artículo 30 del Código General del Proceso, en concordancia con el precepto 35 ibídem.
El cambio de radicación tiene como objetivo impedir que elementos externos puedan afectar la imparcialidad que debe tener el funcionario judicial al emitir su veredicto; se constituye por ende en un mecanismo que procura cristalizar una recta, cumplida y eficaz administración de justicia.
Esta modificación del juez competente para conocer del proceso, es entonces una excepción a las pautas de competencia territorial fijadas en el artículo 28 del Código General del Proceso, cimentada esta alteración por circunstancias sobrevinientes que imposibiliten, tanto el desarrollo normal del proceso y la observancia de las garantías fundamentales de las partes e intervinientes, como la imparcialidad e independencia del sentenciador, que aconsejan variar el funcionario competente y la circunscripción judicial en donde se adelanta el juicio.
El tenor literal del artículo 30 del Código General del Proceso, norma que regula tal institución procesal establece: «El cambio de radicación se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes» e igualmente, «cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
De la norma transcrita se puede extraer la naturaleza extraordinaria y residual que tiene la solicitud de cambio de radicación, pues se acude a aquella en tanto no existan estos mecanismos para superar las afectaciones al proceso o cuando existiendo los remedios a estas situaciones externas, resulten insuficientes.
Al tratar el asunto de la naturaleza de la solicitud de cambio de radicación, la Corte en providencia CSJ AC3814-2016, rad. 2016-01181-00, recordó:
«Esta figura excepcional, al decir de la Sala, (...) se constituye en una medida de protección extraordinaria para evitar la lesión de la prerrogativa constitucional al debido proceso, y con el ánimo de que se cumplan los fines de prestar pronta y cumplida justicia, a quienes confían la solución de sus pendencias a las autoridades debidamente instituidas para ello (...) Este paliativo o remedio procesal, en consecuencia, sólo procede cuando en la sede del Despacho de conocimiento se evidencien: (...) a.-) Factores que puedan perturbar el orden público, la imparcialidad o la autonomía de la administración de justicia, las garantías en el trámite, o poner en riesgo la seguridad o integridad de los intervinientes (...) b.-) Deficiencias de gestión y celeridad de los procesos (...)».
Esta figura no tiene la función de alterar los actos jurisdiccionales, ni virtud para determinar el derecho de las partes, como tampoco su propósito es resolver las controversias de relevancia jurídica de aquéllas, es decir, sus pretensiones y defensas, función ésta reservada al director de la causa. Lo buscado con este remedio es evitar que situaciones ajenas o externas al litigio afecten su normal desenvolvimiento interno, como se ha ilustrado por la Sala:
«[S]e estima que los fundamentos para promover dicha solicitud, deben ser externos al entorno fáctico y jurídico del proceso, como claramente lo evidencian las causas que le sirven de apoyo, las cuales aluden a hechos que pueden estar aconteciendo en el territorio o lugar donde se adelanta el juicio, o concernientes al funcionamiento del despacho judicial que conoce del mismo, o a situaciones que representan un peligro para la integridad de las partes.
Sobre el particular, es admisible tomar en cuenta el criterio doctrinario reiterado por la Sala de Casación Penal de esta Corporación, plasmado entre otras, en la providencia de 11 de febrero de 2013, exp. 40625, en la que se dijo: ‘El cambio de sede del proceso, como excepción a la competencia territorial, es siempre de carácter extremo, residual y procedente sólo en casos taxativamente señalados en la disposición citada. Opera cuando se demuestre que, en conexidad con el asunto que es objeto de juzgamiento, existen circunstancias externas, generalizadas y con capacidad suficiente para alterar la competencia, al punto que resulta palpable el perjuicio para el normal desarrollo del proceso. Su finalidad es asegurar una recta, cumplida y eficiente administración de justicia, siempre que no existan otros mecanismos jurídicos distintos que permitan neutralizar las causas expuestas por el interesado’». (AC5261-2016; se subrayó).
Además de señalar las circunstancias que provocan la solicitud, es deber adjuntar todos los medios probatorios necesarios para lograr el convencimiento por parte de la Sala, sobre la ocurrencia de dichos actos, pues el citado medio, carece de un periodo probatorio y resulta entonces indispensable decidir de plano.
3.1. En el presente asunto, se recuerda, se invoca el cambio de radicación del proceso Ejecutivo Hipotecario adelantado en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena a otro distrito judicial, en virtud a la mora en la culminación del asunto por parte del despacho cognoscente.
Prontamente se advierte la improcedencia de la aspiración por cuanto es evidente la insuficiencia de la carga argumentativa y probatoria que permita considerar la viabilidad de esta medida extrema y subsidiaria a otros mecanismos previstos para sanear las posibles deficiencias procesales sin sacrificio de la aptitud legal territorial debidamente establecida.
En efecto, la denuncia de morosidad judicial, además de cimentarse en pronunciamientos adoptados en plazos que no pueden predicarse automática y necesariamente irrazonables, no se acompañó del respaldo probatorio exigido por la norma habilitante de la figura en los supuestos de «deficiencias de gestión y celeridad de los procesos», esto es, el «previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura», elemento que por ende debe adjuntarse y fundamentar la petición llamada a resolverse de fondo, por expreso mandato legal de la norma en comentario.
En supuesto similar, la Sala expuso lo siguiente:
«2. De ahí que dicha solicitud «se resolverá de plano por auto que no admite recursos», tal como lo indica el numeral 8º del citado artículo 30 de la Ley 1564 de 2012, en armonía con el artículo 135 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor «se tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente señale; las demás se resolverán de plano, y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos». [Se resalta]
La claridad literal de las citadas disposiciones no admite discusión, y a partir de su exegética interpretación se deduce, de modo necesario, que la petición de cambio de radicación tiene que resolverse directamente, sin que haya lugar a trámites de ninguna especie, o como decían los antiguos juristas: «simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii procedi mandamus».
(…)
3. En el caso que se analiza, el primer motivo en el que se apoya la solicitud, está relacionado con que el proceso ha sido dilatado, pues se ordenó por tres veces correr traslado de las excepciones, se contabilizaron erróneamente los términos, esto último ocasionó que se presentara una demanda de reconvención extemporánea, circunstancias que van dirigidas a debatir deficiencias de gestión y celeridad del litigio, por lo que como se refirió anteriormente correspondía al interesado allegar concepto previo del Consejo Superior de la Judicatura, a efectos de que su petición fuera atendida positivamente, sin embargo, éste no lo adjuntó y solicitó a esta Corte que oficiara a dicha autoridad.
Lo que evidencia que no se cumplió con el presupuesto establecido en el artículo 30 del Código General del Proceso, como necesario para resolver de forma favorable las solicitudes en las que se alegue el mencionado motivo.
En consecuencia, no se evidencia, razón objetiva que autorice sustraer de sus atribuciones al despacho judicial que tramita el proceso de sucesión.» (AC3819-2017, 15 jun. rad. 2017-01295-00; se subrayó).
Nótese que la comprensión referida es desatendida por el promotor, puesto que sólo hace alusión a una queja incoada ante el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que se investigue la conducta de la juez de conocimiento, hecho que no logra remplazar el requisito conceptual que se exige de esa misma entidad, anunciado en el artículo 30 del Código General del Proceso.
En las condiciones descritas, como no se advierte mérito suficiente para acceder al cambio de radicación, el respectivo pedimento habrá de ser negado.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de cambio de radicación inicialmente referida.
SEGUNDO. ADVERTIR que contra esta determinación no proceden recursos.
TERCERO. ARCHIVAR la actuación aquí surtida.
Notifíquese,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado