AC4069-2018

Radicación n° 63001-31-03-001-2015-00095-01


Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).



Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por los demandantes frente a la sentencia de 27 de abril de 2018, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del proceso ordinario de responsabilidad promovido por Ana María Hoyos Pontón, Oscar Castaño Londoño, Lina María Castaño Hoyos, Carlos Andrés Castaño Hoyos, Andrés Felipe Castaño Hernández, Clara Inés Hoyos Pontón y Luz Ángela Hoyos Pontón contra Fundación Parque de la Cultura Cafetera y Seguros Generales Suramericana S.A.


  1. ANTECEDENTES


1.        La pretensión del juicio mentado tiene por objeto que se declare a la Fundación Parque de la Cultura Cafetera, como propietaria del establecimiento de comercio Parque Nacional del Café «civil, contractual y patrimonialmente responsable de las lesiones sufridas por ANA MARÍA HOYOS PONTÓN, en el accidente ocurrido el día 1 de noviembre de 2012 (…) en consecuencia es civil, contractual, y patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios patrimoniales  y extrapatrimoniales que le ha causado y habrá de seguir causando a la demandante» descritos en el libelo introductor para cada uno de los peticionarios.


2.        La decisión definitiva en primera instancia la profirió el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia el 10 de mayo de 2017, desestimando las pretensiones propuestas.


3.        El Tribunal, al resolver la apelación interpuesta por los demandantes, mediante sentencia proferida el 27 de abril de 2018, revocó la resolución de primer grado, al estimar parcialmente las pretensiones y declarar no probadas las excepciones de fondo propuestas por la parte convocada.


Frente a la sentencia del ad quem los peticionarios formularon recurso extraordinario de casación, el cual fue concedido por la Magistrada Sustanciadora al estimar que se cumplían los requisitos legales, en particular la cuantía del interés para recurrir, al considerar: «De las diferencias de las suplicas económicas efectuadas en el libelo introductor y las condenas impuestas en segunda instancia advierte la Sala que si bien sólo la de ANA MARÍA HOYOS PONTÓN supera el interés económico para recurrir en casación, pues asciende a la cifra aproximada de $2.880.257.746., (sic) lo cierto es que hace viable la concesión del recurso extraordinario respecto a los demás demandantes, de conformidad con el inciso final del artículo 338 del C.G. del P.».

  1. CONSIDERACIONES


1.        De la prematura concesión del recurso de casación.


La naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado, en tanto corresponde comprobar, entre otros aspectos, la oportunidad de su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada.


De igual manera, la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).


Desde la perspectiva del Código General del Proceso, se ha reiterado la pertinencia de la declaratoria de prematuro para el otorgamiento del recurso de casación, en los siguientes términos:


«El artículo 342 en cita previene acerca de que la cuantía del interés para acudir en casación “fijada” por el Tribunal no puede ser materia de “examen o modificación” por esta Corporación; restricción que viene a ser análoga a la que existía en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que “No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía”.


Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casación se planteó en vigencia del Código General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si “la temática arriba a esta Corporación legalmente definida”, pues, no tendría ningún sentido guardar silencio o avalar una ponderación o mensura hecha “sobre bases irreales, lo cual, por sí, implicaría una decisión aparente o no definida” (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01).» (CSJ AC5735-2016, 1º sep. 2016, rad. 2007-00177-01).


2.        Interés para recurrir en casación.


Conviene señalar que el interés para recurrir en casación refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, la cual, para los eventos gobernados por las disposiciones del nuevo estatuto general de procedimiento, debe ser igual o mayor a «un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)», cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, de conformidad con el tenor de la preceptiva 338 ibídem.


Sobre el concepto en comentario tiene dicho esta Corporación, que aquél «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC6011-2015, reiterado en AC7638-2016, 8 nov. 2016, rad. 2012-00290-01).


Lo anterior implica, que cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, material y atendidas las singularidades del caso, tal cual lo ha reclamado la Sala:


«Uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos.» (CSJ AC, 28 sep. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr. 2014, 2008-00347-01).


De manera que la actualidad de la afectación en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés.» (AC 064, 15 may. 1991; reiterado en AC924-2016, AC1825-2016 y AC5019-2016).


3.        Caso Concreto


En el presente caso no es posible predicar que la Corporación de origen haya agotado debidamente su labor de examinar la cuantía del interés para recurrir en casación, por cuanto en dicho laborío no atendió la real dimensión de la resolución perjudicial que pueda derivarse para los recurrentes de la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria.


Según se evidencia del expediente, el Tribunal en su análisis concluyó que el justiprecio para recurrir en casación «se cumple frente a la demandante ANA MARÍA HOYOS PONTÓN, lo que hace que, en virtud del inciso final del artículo 338 del C.G. del P., sea viable respecto a los demás recurrentes».


Luego, si bien es cierto el citado examen realizado por el ad quem acertó en un principio al predicar la presencia de un litisconsorcio facultativo por activa que implica un análisis independiente del interés económico que le asiste a cada uno de los sujetos que conforman dicho extremo, también lo es que posteriormente y refiriéndose al caso de la codemandante Ana María Hoyos Pontón, tal lineamiento parece ser desatendido al consolidarse en una sola cifra «$2.880.257.746» -muy superior a la reclamada por esta litigante en específico-, y el monto de la resolución desfavorable, necesariamente vinculado en este caso al valor de las condenas rogadas en el escrito inicial.


Aunado a lo anterior, se evidencia que la Magistratura de origen estableció el quantum del agravio sin considerar los parámetros jurisprudenciales fijados por esta Corporación, en relación con las súplicas indemnizatorias de naturaleza extrapatrimonial.


En efecto, según consolidado precedente de la Sala, cuando se reclama el pago de los perjuicios extra-patrimoniales, cuya cuantificación se encuentra asignada al criterio del juzgador conforme a las reglas de la experiencia, no puede tomarse de manera indiferente el valor que se señale en el libelo.  Esta Sala ha decantado línea sobre el particular en el siguiente sentido:


«(…) [S]i se busca la indemnización de los perjuicios morales y a la vida de relación, cuya cuantificación se encuentra asignada al criterio del juzgador conforme a las reglas de la experiencia, no puede tomarse indistintamente el tope que se señale en el libelo, toda vez que para tal efecto el ad quem debe discurrir sobre las circunstancias particulares que rodean la litis, pudiéndose apoyar en los precedentes judiciales sobre la materia.


«Así lo recordó la Sala en AC443-2015, aludiendo al AC de 7 de diciembre de 2011, rad. 2007-00373, en un asunto similar donde el juzgador (..) no se percató que el perjuicio moral se encuentra librado exclusivamente al arbitrium judicis, es decir, en sentir de la Corte, “al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación” (Auto 240 del 14 de septiembre del 2001, Exp. 9033-97), porque como allí mismo se reiteró, “ningún otro método podría cumplir de una mejor manera una tarea que, por desempeñarse en el absoluto campo de la subjetividad, no deja de presentar ciertos visos de evanescencia”” (G.J. T. CLXXXVIII, pág. 19) (…) Por lo mismo, para establecer la procedencia de dicho recurso, desde el punto de vista de la cuantía, no puede acogerse de manera incondicional el perjuicio moral solicitado en la demanda. Así lo tiene explicado la Sala, al decir que “no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido” (Auto 213 del 7 de octubre del 2004, Exp. 00353, reiterado en auto del 11 de diciembre del 2009, Exp. 00445)» (AC382-2016, 29 ene. 2016, rad. 2010-00279-01, reiterado en AC043-2017, 17 ene. 2017, rad. 2016-02863-00).


Precisamente la consolidada regla que se ha reseñado es la que desconoció el Tribunal en su valoración del interés para recurrir, al acoger sin más, cada una de las súplicas que a título de daño moral y a la vida de relación se formularon en la demanda, sin expresar los fundamentos de su determinación o indicar si se hallaban respaldados en precedente jurisprudencial que haya reconocido similares cifras por detrimentos de esa naturaleza.


Deberá entonces el ad quem concluir adecuadamente el examen del interés cuantitativo para recurrir en casación, atendiendo no sólo la naturaleza facultativa del litisconsorcio por activa, sino la verdadera dimensión de las pretensiones parcialmente desestimadas, así como las señaladas pautas que deben considerarse para apreciar las peticiones de condena por perjuicios inmateriales.


4.        Conclusión.


La habilitación de la impugnación extraordinaria devino prematura, lo cual impone devolver la actuación a la Corporación de origen para que de conformidad con los lineamientos pertinentes, en especial los aquí resaltados, determine el valor actual de la resolución desfavorable respecto de cada uno de los demandantes y su incidencia para decidir sobre la viabilidad del recurso.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,



RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR PREMATURA la concesión del recurso extraordinario de casación en referencia.


SEGUNDO.        DEVOLVER el expediente a la Corporación judicial de origen para lo pertinente.



Notifíquese,





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado