LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
AC4076-2018
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-02460-00
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Se decide el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá y el Veintitrés Civil Municipal de Bucaramanga, para conocer del juicio ejecutivo impulsado por Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. frente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum. La actora pide se libre orden de pago por las sumas contenidas en diversas facturas de prestación de servicios domiciliarios.
1.2. Causa Petendi. El demandado es actual propietario del inmueble denominado “Urbanización Bucarica IV Etapa Km 1 detrás de Merconfenalco, Barrio Bucarica del Municipio de Floridablanca”, al cual se le ha prestado el servicio público de energía eléctrica, impagado a la fecha.
1.3. Competencia fijada en el libelo. Radicó el libelo ante los jueces civiles municipales de Bucaramanga, por corresponder al sitio de “cumplimiento de las obligaciones” y el del “domicilio del demandado”.
1.4. En providencia de 14 de junio de 2018 (fl. 61), el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de la aludida localidad se abstuvo de conocer, porque, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, los llamados a tramitar la controversia eran los estrados de Bogotá, donde se halla el domicilio del convocado.
1.5. En pronunciamiento de 2 de agosto ulterior (fl. 76), el Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de este Distrito Capital, de igual modo se sustrajo de atenderlo, tras estimar que, de acuerdo a las reglas 9ª y 10ª del canon 28 de la citada codificación, quien debía gestionar el litigio era el sentenciador de Bucaramanga, por cuanto allí se encuentra domiciliada la demandante.
1.6. Planteó así el conflicto negativo de competencia y lo envió a esta Corporación para dirimirlo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. La colisión corresponde zanjarla a esta Sala, por involucrar a dos autoridades pertenecientes a diferentes distritos judiciales, según lo establecen los cánones 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2.2. Como lo ha enseñado la Corte y lo tiene decantado la doctrina procesal nacional1 y extranjera2, la competencia “(…) es la facultad que tiene un juez o tribunal para ejercer, por autoridad de la ley, en determinado negocio la jurisdicción que corresponde a la República”3. Dicho de otro modo, respecto de cada juez o tribunal, es la medida en que puede ejercerse la jurisdicción, pues en ella se actualiza y cristaliza.
2.3. Los factores de competencia determinan la autoridad judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, tiene la carga de motivar su resolución.
El territorial, que aquí interesa, se define como el resultado de la división del país hecha por la ley en circunscripciones judiciales, de manera que dentro de los límites de su respectiva demarcación territorial pueda un órgano ejercer la jurisdicción en relación con un puntual asunto.
El factor del que se viene tratando sirve para establecer el juez competente entre los varios que ejerzan sus funciones en una misma porción del territorio. Empero, a fin de saber a cuál de los estrados que existen en distintos territorios debe corresponder el conocimiento de un específico juicio, ha de seguirse un criterio distinto.
Para tal solución se aplica el factor territorial a través de los denominados fueros o foros, todos diferentes y teóricamente autónomos, los cuales pueden definirse como “(…) la circunscripción judicial en donde debe conocerse de un determinado asunto, en razón del territorio”4.
Éstos pueden ser privativos o a prevención, entendiendo por los primeros aquellos que se ejercen con exclusión de los demás; y por los segundos, los que se despliegan por dos o más jueces distintos, cuya elección es conferida por la ley, en la generalidad de las veces, al demandante.
2.4. Trasladando lo expuesto al sublite, emerge patente, el llamado a conocer de la presente controversia es el juzgador de Bucaramanga.
2.4.1. En efecto, los numerales 9º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, ambos encuadrables dentro del concepto, más amplio, del fuero personal o general, por oposición al real, negocial o especial, son típicos eventos donde el legislador establece foros privativos o exclusivos.
En virtud del primero,
“En los procesos en que la Nación sea demandante es competente el juez que corresponda a la cabecera de distrito judicial del domicilio del demandado, y en los que la Nación sea demandada, el del domicilio que corresponda a la cabecera del distrito judicial del demandante (…)”.
Y, conforme al segundo:
“En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (…)”.
2.4.2. En el caso, la ejecutante Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., como se desprende de las manifestaciones vertidas en el libelo introductorio y se corrobora con la documentación adjuntada a la foliatura, es una empresa de servicios públicos domiciliarios, a las cuales le son aplicables las normas que rigen a las entidades públicas, entre las que figuran las concernientes a la competencia para conocer de los pleitos donde éstas se hallaren involucradas, según lo tiene dicho la Corte Constitucional5 y lo ha relievado esta Corporación6.
Por otro lado, lo ministerios, entre éstos el demandado, si bien no son personas jurídicas, son considerados como organismos principales de la administración, integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el sector central del orden nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998; y, por tanto, representantes de la Nación, actuando en su nombre.
2.4.3. En este contexto, y siendo de plena aplicabilidad lo consignado en las citadas reglas del canon 28 del Estatuto Adjetivo, por cuanto (a) la promotora es una entidad de las contempladas en el numeral 10º ibídem; y (b) la convocada es la Nación, es incontestable, cual se adelantó, que la competencia radica en el juez de Bucaramanga, pues allí se ubica el domicilio de la demandante.
2.5. La selección del foro del domicilii rei y el del lugar del cumplimiento de las obligaciones demandadas, hecha por la impulsora para atribuir la competencia, no es de recibo, porque tratándose de foros o fueros privativos, priman consideraciones de orden público e interés general, siendo entonces factible dejar de lado esa elección y proceder a determinar quién conoce con base, directamente, en lo establecido por el legislador.
2.6. Se asignará entonces el asunto al enunciado funcionario.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del juicio de la referencia es el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Bucaramanga, a donde se ordena remitir las diligencias para lo de su cargo, comunicando lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
1 GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, Julio. Institución Procesal Civil Colombiana. Comentarios al Código Judicial. Librería y Editorial Siglo XX Ltda. Medellín. Págs. 44-45; PARDO, J. Antonio. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín. 1967. Págs. 94-96; MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Parte General. Editorial ABC. Bogotá. 1978. Págs. 32 y ss.
2 Cfr. TARUFFO, Michelle/CARPI, Federico/COLESANTI, Vittorio. Commentario Breve al Codice di Procedura Civile. Editorial Cedam. Padua. 1984. Pág. 7; COUTURE, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. Editorial B de F. Buenos Aires-Montevideo. 2010. Pág. 174; GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Introducción y Parte General. Madrid. 1968. Págs. 126 y ss.
3 CSJ SC del 24 de julio de 1964. Ver también: CSJ SSC del 6 de octubre de 1981, del 26 de junio de 2003 y del 4 de noviembre de 2009, entre muchísimas más.
4 Cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Editorial Temis. Bogotá. 1962. Págs. 170-171.
5 Sentencia C-736 de 2007.
6 Cfr. AC2256-2018, exp. 2018-01394.