AC4078-2018
Radicación: 11001-02-03-000-2018-02207-00
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Se decide el recurso de queja formulado por Álvaro Martínez Hernández, respecto del auto de 8 de mayo de 2018, mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil-Familia, le negó conceder el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de 11 de abril del mismo año, emitida por esa Corporación en el proceso incoado por el recurrente contra Aldo Antonio Fuentes Castro y otros.
1. ANTECEDENTES
1.1. El petitum. El demandante solicitó declarar nula el acta #5 de 5 de octubre de 2006 de Inversiones Asociados y Compañía Limitada en Liquidación; restituir a ésta al estado en que se encontraría, de no haber existido ese acto; declarar que él «(…) tiene mérito para ser restituido en sus derechos de socio (…)» y para intervenir en la liquidación de la sociedad a fin de «(…) hacer valer su condición de socio y reclamar la parte (…) que en ella puede corresponderle (…)».
En subsidio pido declarar nulo el contrato contenido en la escritura 5639 de 29 de diciembre de 2006, por medio del cual Aldo Antonio fuentes Castro vendió a Nelly Duarte Villamizar el predio de la Avenida Los Libertadores #11-56 de Cúcuta; declarar «(…) la acción reivindicatoria del bien (…) de la sociedad (…)» y las prestaciones mutuas.
1.2. Causa petendi. Fue socio de la sociedad. Entre el 1 de marzo de 1989 y el 5 de octubre de 2006 fue su gerente. Ella en 1987 adquirió aquel inmueble. El 5 de octubre de 2006 el demandado fue designado gerente liquidador. Éste le pidió firmar el acta #5 de esa fecha, pero se negó, porque la junta se llevó a cabo sin convocatoria. En esa condición el encausado el 5 de diciembre de 2006 aprobó la liquidación final de la sociedad y el siguiente 28 de diciembre vendió aquella heredad.
1.3. La sentencia de primera instancia. Se deduce de la actuación que el 27 de septiembre de 2017 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta «(...) negó la totalidad de las pretensiones de la demanda» (fl. 71).
1.4. El fallo de segundo grado. El Tribunal, en providencia de 11 de abril de 2018, lo confirmó.
1.5. El recurso de casación. Interpuesto por el pretensor, el ad-quem, mediante auto de 8 de mayo de 2018, negó su concesión. Dijo:
Aunque la pericia valora el bien en $1.558’800.000, el aspecto que el recurrente involucró fue «(…) hacer valer su condición de socio y reclamar parte del activo que en (…) [la sociedad] pueda corresponderle (…)». Y como su participación en ella era del 40%, su interés económico afectado correspondía a ese porcentaje sobre el avalúo, o sea, a $623’520.000, menor a los $781’242.000 requeridos.
1.6. La reposición y respuesta. Considera el actor que como lo solicitado era la nulidad del acto, el proceso no involucraba una súplica económica. El Fallador dejó de lado esa pretensión principal y tomó la consecuencial para tratar el caso como esencialmente económico. La «(…) demanda en su petición consecuencial pide la restitución del inmueble no para el socio mayoritario sino para la sociedad (…)».
Para el Tribunal, según el proveído de 11 de julio de 2018, la expresión esencialmente económica, alude al interés para recurrir. Como el accionante busca la nulidad del acto para hacer valer su condición de socio y reclamar la parte que le pueda corresponder, su interés lo delimita el porcentaje de su participación, vale decir el 40%. Éste, cuantificado sobre el avaluó del inmueble, es inferior al mínimo exigido.
1.7. El recurso de queja. Compulsadas las copias peticionadas en subsidio y remitidas para resolver dicho medio de defensa, procede la Corte de conformidad.
2. CONSIDERACIONES
2.1. La procedencia del recurso de casación está condicionada, entre otras exigencias, al enlistamiento del asunto en el artículo 334 del Código General del Proceso, en tratándose de los interpuestos en vigencia de tal estatuto. Conforme al precepto, procede contra las sentencias dictadas por los tribunales superiores en segunda instancia (i) en toda clase de procesos declarativos, (ii) en las acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicción ordinaria o (iii) para liquidar una condena en concreto.
2.2. Tratándose de casos con súplicas económicas, el medio extraordinario procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al opugnador supere el equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo prevé el artículo 338 ibídem, excluyendo, claro está, las sentencias emitidas en las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil, en torno de las cuales este requisito del interés para impugnar no se requiere.
2.3. Sin desconocer las anteriores exclusiones, el legislador, al regular la procedencia de la impugnación, siguió teniendo en cuenta como uno de los elementos objetivos para su concesión, la cuantía del interés. Es decir,
« (…) no basta “que la resolución judicial sea producida en un proceso ordinario, o que asuma ese carácter, sino que adicionalmente se requiere que la cuantía contemporánea de la decisión contraria al litigante interesado en recurrir sea o exceda” de aquella equivalencia, “de donde (…) si el interés económico que asiste a la parte llamada a plantear la impugnación no alcanza a colmar ese tope mínimo, el recurso se torna improcedente, pues en ese orden de ideas no estaría dentro de los supuestos establecidos por la norma jurídica” (auto 132 de 12 de julio de 2004)»1.
2.4. Precisado lo anterior, es de verse cómo la Sala tiene señalado que cuando lo pretendido por el actor, tras una súplica declarativa, es que los bienes sobre los cuales ella recae vuelvan al patrimonio del tercero o de la masa de bienes donde él tiene participación, su interés al recurrir en casación no lo constituye el porcentaje que sobre ese conjunto a él puede corresponder en una eventual liquidación del mismo, sino, claro está, el justiprecio total de los activos involucrados.
Así, AC-1917 de 16 de mayo de 2018, Radicación #11001-02-03-000-2018-00487-00, al resolver una queja de similar connotación a la presente, señaló:
«(…) Tratándose de un fallo absolutorio, total o parcial, el agravio inferido necesariamente debe asociarse con las pretensiones económicas negadas al demandante, con independencia de su fundabilidad, desde luego, entendiendo como tales, las involucradas en la demanda o en su reforma, por regla de principio general, a partir de la mensura efectuada en esos mismos actos procesales por la propia parte afectada, inclusive durante el juramento estimatorio. (…) Frente a lo anterior, en el caso, la afectación económica que irrogó a la parte demandante la sentencia impugnada en casación, debe encontrarse necesariamente (…) asociada al valor de la pretensión que le fue negada, en concreto, a la sociedad comercial (…). Como lo tiene sentado esta Corporación, “(…) cuando (…) la resolución desfavorable versa sobre todo el objeto del proceso, cual es de la declaración de existencia y disolución de una sociedad patrimonial, será el valor total actual de ese patrimonio social el que se tenga en cuenta para determinar si se reúne o no el requisito de la cuantía para la procedencia del recurso extraordinario de casación (…)”2.
«Con ese propósito, se descarta por completo, siguiendo los mismos antecedentes, que el juzgador “(…) pueda adelantarse a realizar ningún cálculo aritmético sobre el valor que le correspondería a cada uno de los partícipes en esa sociedad al momento de su liquidación (…)”. La razón de ser de esto estriba en que una cosa es la declaración de existencia de la sociedad, y otra, distinta, la fase posterior, voluntaria o contenciosa, en orden a determinar el alcance de los derechos que le puedan caber a cada socio de hecho. En esa medida, con independencia de que “(…) en la demanda se haya determinado una cuantía (…)”3, inclusive al margen de los inventarios y avalúos de la sociedad comercial (…), lo que no puede el sentenciador, para los mismos fines indicados, es (…) anticipar la posible participación concreta del demandante perdidoso (…), en la respectiva liquidación.
«Lo anterior (…) no significa que el demandante no pueda concretar sus expectativas económicas desde el mismo escrito genitor del proceso, inclusive al momento de prestar el juramento estimatorio, porque (…) [en el caso de] la sociedad comercial (…) las pretensiones suponen, así sea de manera implícita, conformar la masa de bienes, como paso obligado para llegar a [su liquidación] (…)».
2.5. El Tribunal entonces se equivocó, porque debió tener como interés para recurrir en casación el monto total en el cual la experticia avaluó el predio ($1.558’800.000), sobre lo cual ningún reproche planteó, y no deducirlo a partir del porcentaje de la participación que creyó tenía o podía tener el accionante en la sociedad implicada.
2.6. Así las cosas, las motivaciones de la queja formulada en subsidio de la reposición, encuentran suficiente mérito, razón por la cual el medio de defensa extraordinario en cuestión debe ser impulsado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara mal denegado el recurso de casación que interpuso Álvaro Martínez Hernández, respecto de la sentencia de 11 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por el recurrente contra Aldo Antonio Fuentes Castro, y en su lugar lo concede.
Sin costas para el recurrente, ante el éxito de su recurso.
Comuníquese la decisión a dicha Corporación para que ordene remitir el expediente esta Corte, con sujeción a lo previsto sobre el particular en el Código General del Proceso.
NOTIFÍQUESE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
1 CSJ SC. Auto de 14 de febrero de 2014, Radicación 2013-02769-00.
2 CSJ SC. Autos AC #285 de 23 de octubre de 1995 (CCXXXVII-1193, Segundo Semestre, Volumen II) y AC #135 de 8 de julio de 2002, Radicación #00110.
3 CSJ SC. Auto AC #167 de 28 de julio de 1998 (CCLV-263, segundo semestre).