AC4085-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01534-00
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Decídase el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Villavicencio (Meta) y el Décimo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá D.C., atinente al conocimiento del proceso ejecutivo de Seguridad Mosgal Ltda. contra Constructora Esparta S.A.S.
ANTECEDENTES
1.- En la demanda presentada ante el «JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO – REPARTO», de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción que «se ordene el pago a favor de [su] mandante y en contra de la demandada por la suma de cinco millones ochocientos treinta y ocho mil quinientos dieciocho pesos MCTE ($5.838.518)», compuesta por «factura de venta Nº 00004040, […] por el servicio de vigilancia 8 horas diurnas de lunes a domingo con arma de fuego, en sector comercial, […], por valor de dos millones novecientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos MCTE ($2.919.259), cuya fecha de vencimiento para su pago fue el 04 de noviembre de 2017», y, por la «factura de venta Nº 0003940 a nombre de CONSTRUCTORA ESPARTA S.A.S., por el servicio de vigilancia 8 horas diurnas de lunes a domingo con arma de fuego, en sector comercial, […], por valor de dos millones novecientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos MCTE ($2.919.259), cuya fecha de vencimiento para su pago fue el 01 de octubre de 2017», adicionalmente, «los intereses de mora generados por el no pago» de las facturas.
Además, aseveró, que es competente «para conocer del presente proceso por el lugar donde se ejecutó el contrato, y la cuantía la cual estimo en Veintidós millones setecientos cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos MCTE ($22.705.348)» (Fls. 15 a 18 Cdno. Principal).
2. El Despacho Cuarto Civil Municipal de Villavicencio declaró no ser competente para conocer del asunto por cuanto, «la parte actora manifiesta en la demanda, que tanto el domicilio, como el lugar de notificación a la parte demandada, CONSTRUCTORA ESPARTA S.A.S., es la ciudad de Bogotá, y esto se confirma con el Certificado de Existencia y Representación legal aportado con la demanda. Adicional a lo anterior, encuentra el Juzgado que dentro de las facturas aportadas con la demanda y cuyo recaudo se pretende, no se encuentra pactado que la ciudad de Villavicencio sea el lugar del cumplimiento de la obligación», y consideró, «dar aplicación a los preceptos establecidos en la regla 1ª del artículo 28 del Código General del Proceso […]» (Fl. 20 Ídem).
Subsiguientemente, el extremo activo presentó recurso de apelación, frente al cual, el juzgado en mención resolvió negar «dar trámite al recurso de Apelación elevado por la apoderada de la parte actora, por cuanto el presente asunto es de mínima cuantía y en consecuencia de única instancia» (Fl. 28 Ídem).
3. Cumplidos los trámites preceptivos, el expediente fue repartido y entregado al Despacho Décimo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá D.C., aconteciendo que su titular, el 25 de mayo de 2018, lo rechazó.
Con base en lo preceptuado legalmente, esgrimió que revisado «el escrito de demanda prontamente se advierte que la parte ejecutante señaló como factor de competencia el previsto en el numeral 3º del artículo 28 del CGP. No obstante, el Juzgado 4 Civil Municipal de Villavicencio la rechazó al considerar que la regla aplicable es la prevista en el numeral 1º de dicha norma, en razón a que el domicilio y el lugar de notificación de la demandada están la ciudad de Bogotá, y especialmente, por el hecho de que en las facturas aportadas no se pactó la ciudad de Villavicencio como lugar de cumplimiento de la obligación».
Además, señaló que ese «Juzgado no comparte la conclusión del Juzgado 4 Civil Municipal de Villavicencio para desestimar la aplicación del numeral 3 del artículo 28 del CGP, y así, desatender la escogencia realizada por la parte demandante, en el entendido de que en las facturas aportadas no se estipuló específicamente que Villavicencio fuera el lugar de cumplimiento de la obligación. Lo anterior, porque tratándose de títulos valores, el artículo 621 del Código de Comercio establece que “Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deban ser entregadas”. De esta manera, la norma tiene una función supletiva que permite establecer el lugar de cumplimiento de la obligación, y por ello, siendo un fuero concurrente la elección del juez competente está a cargo del demandante» (Fl. 32 Ídem).
4.- Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.
CONSIDERACIONES
1.- Para la determinación de la competencia, debe precisarse que la selección del juez a quien, previa autorización legal, le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuantía o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros.
2.- De las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral quinto (5º) constituye la regla general, esto es, que en «los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta».
Empero, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, por un «negocio jurídico», conforme al numeral tercero (3º) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la prestación, o sea, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita».
3.- En aras de desatar el presente asunto, es del caso relevar lo siguiente:
3.1.- En primer orden, que si bien esta Corporación había expuesto reiteradamente que «en materia de títulos valores y por principio general, el lugar en donde debe cumplirse la obligación adquirida por el demandado no es elemento que defina la competencia, atendiendo que tal circunstancia no corresponde con estrictez al numeral 5º del aludido artículo 23, disposición esta que regula, en particular, los vínculos negociales; en esa línea, frente a hipótesis de ese temperamento, prevalece la directriz atinente al domicilio general» (CSJ AC, 23 ago. 2010, rad. 2010-00997-00; entre múltiples providencias), lo cierto es que esa aseveración se hacía conforme a las pautas a que se contraía el Código de Procedimiento Civil, hoy día derogado.
3.2.- En segundo término, las facturas presentadas para recaudar la pretensa obligación en el sub júdice, conforme a la normativa que la regula (artículo 671 y concordantes del Código de Comercio), es una de las distintas clases de «títulos valores» que existen; por supuesto, tal constituye una de las diversas formas que comprende la noción de «título ejecutivo» a que hace referencia el canon 422 del Código General del Proceso.
Dicho en breve, los instrumentos cartulares, hacen parte de un concepto legal que los abarca: los títulos ejecutivos.
3.3.- En tercer lugar, de la revisión efectuada a las actuaciones cumplidas y, particularmente, al texto del libelo introductorio y a las facturas de venta con números 00004040 y 00003940 (Fls. 2 y 3 Ídem), cumple afirmar que toda discusión la zanjan los textos mismos de esos escritos, conforme a los precisos términos allí trazados, sin que sea menester recabar en adicionales precisiones sobre el particular.
3.4.- Así, emerge del cruzado análisis de esas piezas procesales que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio (Meta), pues tal fue elegido en virtud al foro competencial demarcado por el «cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
Y, comoquiera que en la demanda se consignó, que es competente «para conocer del presente proceso por el lugar donde se ejecutó el contrato».
Es decir, vistas en su integralidad dichas manifestaciones, surge que optó el extremo ejecutante, para seleccionar a qué juzgador le incumbe avocar el conocimiento por cuenta de atribuir la competencia del sub examine, conforme al parámetro que le ofrece el numeral tercero (3º) del artículo 28 del Código General del Proceso, que no es otro que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (subrayas por fuera del texto), siendo que ese preciso entendido se refuerza en tanto que el escrito demandatorio (Fls. 13 a 15 Ídem) presentado ante la jurisdicción, inequívocamente fue dirigido al «JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO – REPARTO».
En ese orden ideas, la elección que ha promovido el actor con base en los elementos normativos descritos, señala que quedó a su arbitrio el lugar de presentación de la demanda, como así sucedió.
En lo concerniente sobre tal convergencia, sobre la potestad de escoger uno de ellos y la consecuencia de esa elección, ha señalado esta Corporación que, cuando la controversia sometida a juicio
[…] tiene como hontanar un contrato, está facultado el actor para demandar tanto en el lugar del domicilio de su contraparte como en el del cumplimiento del mismo. Y es natural que agotada la elección, el fuero que otrora fuera concurrente se convierte en privativo (AC 25 ene. 2013, rad. 2012-02674-00, citado en AC708-2015).
Así mismo, ha establecido la Corte que:
«Significa, que el actor de un contencioso con soporte en un negocio jurídico con alcance bilateral tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o de título ejecutivo debe cumplirse; pero ello queda, en principio, a la determinación de su promotor» (CSJ AC4377-2016. 11 de julio 2016. Rad. 2016-01771-00).
4. Ahora bien, en principio y desde la óptica de la demanda ejecutiva que señala el cumplimiento de la prestación de los servicios de vigilancia en la ciudad de Villavicencio, afirmación que aparece reforzada con el documento visible en folios 23 a 27 del cuaderno número 1, el juez competente es el de esa urbe.
5.- Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Cuarto Civil Municipal de Villavicencio (Meta), a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio (Meta).
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Despacho Décimo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá D.C., acompañándole copia de este proveído.
TERCERO: REMITIR el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva.
CUARTO: LIBRAR, por Secretaría, los oficios correspondientes dejándose las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada