AC4086-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01794 -00
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Decídase el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el Tercero Civil del Circuito de Cartagena (Bolívar), atinente al conocimiento del proceso de concordato mercantil de Alexandra Martínez Hernández contra indeterminados.
ANTECEDENTES
1.- En el libelo presentado ante el «JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO» en San Andrés Islas, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción, a través de «FORMULA DE ARREGLO» que los «créditos sean refinanciados por los acreedores, a efectos de ser cancelados en un término prudencial conforme a la reactivación del movimiento comercial».
Además, en cuanto a la competencia aseveró que es «competente de manera privativa, para conocer de este proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 de la [Ley 222 de 1995]» (Fls. 1 a 3 Cdno. Ppal).
2. Cumplidos los trámites preceptivos, el expediente fue entregado al Despacho Primero Civil del Circuito San Andrés Providencia y Santa Catalina Islas, y el 17 de noviembre de 2017 declaró no ser competente para conocer del asunto, por cuanto «el certificado expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de Cartagena, se acredita la calidad de comerciante de la señora Martínez Hernández, propietaria del Establecimiento de Comercio denominado “La Pantera”, allí se observa que, contrario manifestado en el libelo demandatorio, tiene como dirección registrada y lugar de notificaciones judiciales “MERCADO DE BASURTO EL HUECO CARTAGENA”. Por ende, se considera que es el juez civil del circuito de esa localidad el competente para conocer del presente asunto […]» (Fls. 107 a 110 Ídem).
3. Subsiguientemente, el expediente fue enviado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena (Bolívar), quien consideró que carecía de competencia, y, entonces, promovió el conflicto que ocupa la atención de la Corte, pues determinó que «puede inferirse sin lugar a equívocos que el establecimiento de comercio es considerado en el derecho colombiano como un bien, luego mal podría tenerse como un sujeto de derechos y obligaciones, como quiera que no es persona jurídica».
Además, mencionó que «la referida Ley 1116 de 2006, que regula el régimen de insolvencia empresarial, en su Art. 2, establece “Ámbito de Aplicación. Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluida de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales”, luego no se contempló la posibilidad de que un establecimiento de comercio pueda verse sometido a un proceso y/o concurso de los señalados por esta Ley, como erróneamente pretendió el Juez primigenio cuando optó por aferrarse al lugar de notificaciones del establecimiento de comercio y no al domicilio denunciado por la actora, que se reitera, no se trata del establecimiento sino de la persona comerciante que representa la señora ALEXANDRA MARTINEZ HERNANDEZ. Pues lo importante y trascendente en este caso, es el comerciante y su domicilio y no sus establecimientos de comercio».
Asimismo, adujo que «es menester igualmente para esta judicatura hacer precisión en que el domicilio denunciado por la parte accionante es la ciudad de San Andrés Islas, que a nuestro entender es aquel en el cual tiene su asiento habitual, y así lo reafirma al señalar como su lugar para recibir notificaciones “Cll. De las Proovedoras, establecimiento de comercio denominado frutas y Verduras Alexa. Telefono 5129321”, los que corresponden a San Andrés Islas» (Fls. 12 a 15 Ídem).
4.- Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.
CONSIDERACIONES
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.
2. Para la determinación de la competencia, debe precisarse que la selección del juez a quien, previa autorización legal, le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuantía o naturaleza del asunto, entre otros. Por supuesto, en ciertas ocasiones aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros.
3.- De las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral primero (1º) constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante» (se relieva).
En tratándose de asuntos suscitados, entre otros, que se inicien en procesos de reorganización de personas naturales menciona el numeral segundo del artículo 19 Íbidem que, los jueces civiles del circuito conocerán:
«[…] De los trámites de insolvencia no atribuidos a la Superintendencia de Sociedades y, a prevención con esta, de los procesos de insolvencia de personas naturales comerciantes […]».
Ahora bien, el canon 6º de la Ley 1116 de 2006, menciona, especialmente que
«Artículo 6°. Competencia. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso:
La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.
El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos, no excluidos del proceso […]».
4.- En este orden de ideas, de la revisión efectuada a las actuaciones cumplidas, particularmente, el libelo genitor y el poder otorgado (Fl. 5 Ídem), cumple afirmar que toda discusión la zanja los textos mismos de esa partida, conforme a los precisos términos allí trazados, sin que sea menester recabar en adicionales precisiones sobre el particular.
Así, emerge del análisis de esas piezas procesales que el señalado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en virtud del fuero competencial, regulado, de forma especial, por el artículo 6º de la Ley 1116 de 2006.
Lo anterior, habida cuenta que del análisis integral de las piezas procesales aportadas en el expediente se documenta, en principio, cual es el «domicilio […] del deudor», debido a la elección que el extremo activo llevó a cabo, el poder conferido al representante judicial en el municipio de San Andrés, la demanda interpuesta en esa urbe, así como también, demostró que la vecindad del insolvente se encuentra plenamente ligada a esa ciudad; elementos que, a pesar de que esta Corporación reiteradamente ha expresado que no son los determinantes para establecer el domicilio, al hacer el examen de todos en conjunto permiten concluir, primigeniamente, de esa manera, toda vez que todos confluyen en un mismo sitio; por lo que queda fijada en cabeza del Despacho Primero Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la competencia del proceso sub examine.
5.- Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Primero Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Primero Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena (Bolívar), acompañándole copia de este proveído.
TERCERO: REMITIR el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva.
CUARTO: LIBRAR, por Secretaría, los oficios correspondientes dejándose las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada