AC4093-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02521-00
Bogotá D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Respecto de la demanda con que María Luz Delia Quiroga Mateus pretende sustentar el recurso de revisión contra la sentencia de 20 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso reivindicatorio con demanda de mutua petición por vía de pertenencia, que en su contra promovió Luis Eduardo Castro Tovar, obsérvase que no se aviene a los requisitos formales consagrados por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte, en particular respecto de las siguientes exigencias:
1. La demanda no está dirigida contra las personas que concurrieron a la litis, «para que con ellas se siga el procedimiento de revisión» (num. 2, art. 357 C.G.P.).
1.1. En efecto, de acuerdo con tal disposición, en concordancia con el numeral 6 del art. 407 del Código de Procedimiento Civil (norma aplicable a la reconvención del caso particular), en el proceso de pertenencia debieron ser emplazadas y vinculadas por medio de curador ad litem, «las personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien», vale decir, personas indeterminadas, y en este recurso no son convocadas.
Se deberá allegar otra copia de la demanda y sus anexos, para efectos del traslado respectivo.
2. De acuerdo con el precepto 357, numeral 2, en concordancia con el canon 82, del Código General del Proceso, falta: Las direcciones electrónicas de todas las personas que fueron parte, con quienes debe seguirse el trámite de revisión (art. 82-10 del CGP).
3. Se halla carente de sustento la forma de la causal de revisión invocada, por falta de precisión en los hechos, porque se efectúa una narración de estos sin especificar fundamentos fácticos que puedan, en verdad, edificar dicha causa, como dispone el artículo 357, numeral 4º, del Código General del Proceso, que consagra como requisito la expresión de la respectiva fuente de revisión «…y los hechos concretos que le sirven de fundamento», formalidad que exterioriza el carácter extraordinario y dispositivo del recurso.
Cumple recordar que la refutación por este sendero procesal, debe tener el sustento fáctico que sea relacionado con la causal esgrimida y que pueda tener aptitud para edificarla, cosa aquí incumplida.
4. En el escrito introductorio de este medio de defensa (folios 53 a 63), la parte recurrente dijo basarse en la causal 8ª del artículo 355 del Código General del Proceso, que opera por haber «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso».
Se fundó en la jurisprudencia atinente a que esta causal tiene su propia autonomía y no sólo se refiere «a las causales de nulidad determinadas en estatuto procesal,...», puesto que pueden ser de variada índole como cuando se acepta el recurso por «deficiencias graves de motivación».
4.1. Sobre el reparo en concreto adujo un error en la valoración de algunos medios suasorios y la preterición de otros, el desconocimiento de reglas probatorias, la incongruencia en la sentencia del Tribunal frente a las excepciones de la recurrente, y la consecuente falta de motivación en esa decisión.
4.1.1. Cuestionó al ad quem por ignorar el contenido de la demanda reivindicatoria en cuanto a que su promotor en modo alguno recibió el inmueble porque al momento de adquirirlo se encontraba arrendado y aunado a la petición de perjuicios que él pretende desde 1990, imponía colegir al ad quem, que la recurrente era poseedora desde esa época.
Denunció que el Tribunal también echó de lado la conducta silente de su contraparte frente a la demanda de pertenencia que incoó por la senda de mutua petición, comoquiera que la afirmación expuesta en ese introductorio de ser poseedora del predio por más de veinte (20) años en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, constituía «indicio grave» en contra del demandante principal según el art. [97] del C.G.P., luego, impedía la prosperidad de la acción de dominical.
Comentó que testimonios rendidos dentro de la actuación por «María Antonia Santos Ballesteros, Martha Amelia Velandia Rodríguez, Juana de Dios Santamaria de Castañeda» fedatarios de una posesión idónea para usucapir por el tiempo de ley, no fueron valorados por el fallador de segundo grado, tampoco acompasados con declaraciones extrajuicio ante Notaría de idéntico contenido jurídico que desechó al no ser «dignas de credibilidad».
No compartió que frente a los pagos de impuestos y servicios públicos el Tribunal hubiere dicho que «solo se referían a años siguientes [de] 2015» y por ende, «solo acredita[ba] el ánimo de señorío, más no da[ba] cuenta del término de posesión».
4.1.2. Achacó «incongruencia» a la sentencia porque el ad quem al revocar el fallo de primer grado no se pronunció de la totalidad de sus excepciones incoadas. No discute que el a quo solo se pronunciara de la «prescripción de la acción reivindicatoria» porque a la final, abrió las puertas para la usucapión, pero ante la derogatoria del superior como en efecto sucedió, menester era un pronunciamiento sobre los restantes medios de defensa atinentes a la «falta de causa» y «falta de título», acorde con lo previsto en el precepto 281 del Código General del Proceso.
4.1.3. A modo de recapitulación concluyó que: «por la absurda y arbitraria interpretación dada por el Tribunal, a lo probado y la omisión en resolver las demás excepciones de la demanda principal, que fue fundamento de la decisión impugnada en revisión, constituyeron una flagrante violación de lo probado y de la concepción jurídica sobre la [temática] tratada en el juicio, lo que, en términos de la jurisprudencia…hace inexistente la motivación que debe preceder a la decisión de la resolutiva» (folio 61).
5. Del precedente resumen aflora que la parte recurrente, en realidad, dejó sin exponer hechos concretos relativos a la causal de revisión invocada, pues en buenas cuentas su relato fáctico no exhibe aptitud alguna para estructurar, así fuera en forma potencial, una eventual nulidad originada en la sentencia, comenzando porque ni siquiera hay el más mínimo esfuerzo por mostrar cuál es en específico la causa de invalidez procesal del fallo cuestionado.
5.1. Para empezar, no existe suficiente e idónea explicación por qué los «errores de juzgamiento» enrostrados al Tribunal por pretermisión de los indicios en contra del reivindicante; por repulsar los testimonios de «María Antonia Santos Ballesteros, Martha Amelia Velandia Rodríguez, Juana de Dios Santamaria de Castañeda» rendidos dentro de la actuación procesal; y por el caso omiso de reglas probatorias relativas a la valoración de los medios de convicción, en verdad tienen aptitud para configurar vicios de procedimiento generados en la sentencia como presupuestos de la causal exorada.
No debe olvidar el recurrente que la revisión apoyada en la crítica de cómo el juzgador abordó el estudio material de los elementos suasorios y la forma en que aplicó las reglas de la dialéctica probatoria, resultan incompatibles con la esencia de la causal 8ª prevista en el art. 355 del C.G.P., pues en este evento el disidente debe demostrar, que en el fallo discutido, refulgen irregularidades con la suficiente entidad para invalidarla, esto es, que el vicio que dimana como constitutivo de nulidad «debe ser de naturaleza estrictamente procesal, lo que evidentemente excluye los errores de juicio atañaderos con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que le puedan ser imputados al sentenciador» (CSJ SC, 22 sep. 1999, rad. 7421).
5.2. Ni siquiera hay el más mínimo esfuerzo por mostrar cuáles fueron en específico los aspectos en que el sentenciador de segundo grado aminoró los límites del recurso de apelación y decidió este de forma incongruente, esto es, por supuesta omisión en la definición integra de las excepciones propuestas, pues no se observa en los argumentos una adecuada explicación de esa asimetría cuando por el contrario, el Tribunal para acceder a la pretensión dominical desplegó razonamientos con apoyo en las pruebas del proceso en aras de establecer la escasez del tiempo necesario con cara a la usucapión, también paso por alto la recurrente, la verificación que hizo el ad quem sobre aquellas condiciones legales en el reivindicante para accionar, en especial, la secuencia en la cadena de dominio sobre el inmueble objeto de discusión y otros aspectos relevantes que guardan relación sustancial con las excepciones.
Falencias que no son de poca monta, de atender el carácter dispositivo y extraordinario del recurso de revisión, que en su textura jurídica permite considerar que los fallos recurridos, que inclusive deben estar ejecutoriados, gozan de la presunción de acierto, es decir, que en los mismos fueron bien apreciados los hechos y bien aplicado el derecho llamado a gobernar el litigio, a cuyo propósito no cabe esperar del inconforme menos que una labor dialéctica de concreción de la situación fáctica con aptitud para edificar la causal de revisión que invoca.
Tanto más de atender que la causal de nulidad originada en la sentencia, por eventuales defectos graves de motivación, que no es punto pacífico en la jurisprudencia de la Sala, requiere de una particular confrontación que pueda mostrar una verosímil enormidad del vicio en la motivación, que aquí es la supuesta falta de congruencia en la decisión del recurso de apelación, labor que no deja ver la impugnación en este caso.
Adicional a esto, aseverar que el fallo refutado omitió pronunciare expresa o implícitamente sobre las excepciones de mérito que fueron deprecadas por la recurrente exige explicar que el supuesto yerro fue materia de discusión por la senda de adición del fallo (artículo 287 del Código General del Proceso), en aras de descartar toda posibilidad de saneamiento en la nulidad, en consideración del carácter subsidiario que reviste el recurso extraordinario en estudio (AC, 28 ag. 2017, rad. n.° 2017-01720-00).
5.3. Ahora bien, en oposición al parecer del recurrente, según expuso el escrito de revisión (folio 55), el ad quem «inicialmente admite que existía ánimo posesorio por parte de la demandada inicial y demandante en reconvención, según las pruebas arrimadas al proceso», pero descarta el tiempo mínimo que requiere la opugnante para prescribir porque «los testigos arrimados por la pasiva inicial, quienes [primeramente] depusieron ante Notario de manera extrajudicial, los cuales daban cuenta de posesión superior a 30 años, no eran creíbles por cuanto sus dichos eran coincidentes y con criterio jurídico, sin tener calidades para tal calificación», de igual forma la inconforme si bien durante diligencia de restitución en 1991 presentó oposición a título de poseedora, «solo acreditó pago de impuestos y servicios desde 1995, tiempo que tampoco acreditaría el requerido para usucapir».
Reflexiones respecto de las cuales para confortarlas con la simple exposición de algunos precedentes de la Corte como lo hizo la recurrente y así pretender cimentar la causal 8ª de revisión alegada (folios 60 y 61), termina por ser una narración sin explicitar el fundamento fáctico y «los hechos concretos que le sirven de fundamento», en franca desatención del canon 357, numeral 4º del Código General del Proceso.
Desde esa perspectiva, más parece que la impugnante busca una instancia adicional, para volver a las discusiones relacionadas con las excepciones que formuló, es decir, que aspira a debatir las razones de derecho y de fondo que, previa alegación del apelante, el sentenciador de segunda instancia aplicó, que en este evento no exhibe las características propias de las causas de nulidad procesal, que tienen unas reglas de consagración restringida, como es bien sabido.
De ahí que, además de los otros aspectos formales, sea menester inadmitir ese escrito por cuanto los hechos de la causal invocada no son concretos en relación con la misma.
6. Por manera que se inadmitirá el escrito introductorio para que se cumplan los anteriores requerimientos, y de hacerse, deberán arrimarse copias del memorial con que se pretenda dar cumplimiento a las exigencias legales y de sus correspondientes anexos, para efectos de los traslados y reproducción de aquel para el archivo de la Corte (arts. 357 y 89 del C.G.P.).
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:
1. Inadmitir la demanda de revisión, a fin de que sean subsanados los defectos anteriormente anotados.
2. Conceder a la parte interesada el término legal de cinco (5) días para ello, so pena de rechazo.
3. Reconocer personería al abogado William Oswaldo Corredor Vanegas, como apoderado judicial de la parte recurrente, según el memorial poder que obra a folios 1 y 2 del cuaderno de revisión.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente