AC4094-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02690-00
Bogotá D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Respecto de la demanda con que Zoila Blanca Rosa Bello de Puentes pretende sustentar el recurso de revisión contra la sentencia de 22 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, dentro del proceso de pertenencia que promovió contra Julio César Beltrán Cárdenas, obsérvase que no se aviene a los requisitos formales consagrados por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte, en particular respecto de las siguientes exigencias:
1. La demanda no está dirigida contra las personas que concurrieron a la litis, «para que con ellas se siga el procedimiento de revisión» (num. 2, art. 357 C.G.P.).
1.1. En efecto, de acuerdo con tal disposición, en concordancia con el numeral 6 del art. 407 del Código de Procedimiento Civil, en el proceso de pertenencia debieron ser emplazadas y vinculadas por medio de curador ad litem, «las personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien», vale decir, «personas indeterminadas», y en este recurso no son convocadas.
Se deberá allegar otra copia de la demanda y sus anexos, para efectos del traslado respectivo.
2. De acuerdo con el artículo 89, inciso 2º del Código General del Proceso, deben aportarse en mensaje de datos o en medio electrónico, la demanda para el archivo y el traslado necesario.
3. Está sin cumplirse el requisito formal de la causal de revisión invocada, por falta de precisión en los hechos, visto que se efectuó una narración general de «hechos», de manera general, sin especificar fundamentos fácticos que puedan en realidad edificar dicha causa, como dispone el artículo 354, numeral 4º, del Código General del Proceso, que consagra como requisito la expresión de la respectiva fuente de revisión «…y los hechos concretos que le sirven de fundamento», formalidad que exterioriza el carácter extraordinario y dispositivo del recurso.
Cumple recordar que la refutación por este sendero procesal, debe tener el sustento fáctico que sea relacionado con la causal esgrimida y que pueda tener aptitud para edificarla, cosa incumplida aquí, por lo siguiente:
3.1. Examinado el escrito introductorio de este medio de defensa extraordinario (folios 8 a 14), la parte recurrente dijo basarse en la causal primera del artículo 355 del Código General del Proceso, que puede tipificarse cuando se encuentran «después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».
Sobre esa causal, la Corte ha sentado que el recurrente debe revelar cuáles son esos instrumentos anteriores pero hallados con posterioridad, junto con los hechos aducidos para edificar el motivo de revisión solicitado, para cuya estructuración es razonable exigencia que se trate de:
a) documentos preexistentes a la demanda genitora del proceso cuya sentencia se pide revisar o que existan por lo menos desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas; b) documentos trascendentales, es decir, que habrían variado la decisión contenida en la sentencia impugnada en revisión; c) imposibilidad de aducirlos tempestivamente por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, explicando, como es obvio en qué consistió la causa extraña que impidió el aporte (CSJ SC, 17 mar. 2014, rad. n°. 2013-02413, entre varios pronunciamientos. Subrayado del texto original).
3.2. Requerimientos que no aparecen cumplidos en el escrito introductorio del pretendido recurso, puesto que la parte recurrente hizo una narración de la sociedad conyugal entre ella y Pedro Jesús Puentes Antolinez, el posterior acuerdo que pactaron sobre la forma «como se llevaría a cabo la partición del haber social», el contenido de esa distribución, las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas a la posesión sobre el predio materia de litigio, y el sentido de las decisiones de instancia, pero sin exteriorizar «los hechos concretos que le sirven de fundamento» a la causal de revisión esgrimida, según ordena el artículo 357, numeral 4º, del Código General del Proceso.
En efecto, en la demanda anotó que el 19 de agosto de 1997 con su esposo convinieron que los bienes ubicados en los alrededores de Guachetá (Cundinamarca), quedarían en cabeza de ella, pero en la liquidación de la sociedad conyugal mediante escritura pública n°. 6366 de 12 de septiembre siguiente de la Notaría 21 de Bogotá no se incluyó el predio denominado «San Antonio» de la vereda «Ticha» del municipio de Ubaté, respecto del cual, la recurrente inició posesión desde el momento del citado pacto privado.
Sostuvo que con los documentos a su alcance inició proceso de pertenencia sobre ese inmueble y obtuvo sentencia favorable ante el a quo, que revocó el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia en fallo de 22 de mayo de 2017.
Añadió que el «[preacuerdo] manuscrito por…Puentes Antolinez,…estuvo extraviado hasta el…30 de mayo de 2017» y fue «hallado con otros documentos» relativos a certificados expedidos por «el Comité de Atención y Prevención de Desastres Clopad de Guachetá» que para 2007, 2010 y 2011 dieron cuenta de las condiciones en que resultó afectada la recurrente en el terreno «San Antonio» por diversos fenómenos meteorológicos. De este modo afirmó que «existió fuerza mayor» para haber aportado tempestivamente esos documentos.
3.3. Si bien se podría pregonar el presupuesto de la «preexistencia», sobre los documentos que dan cuenta de la fecha de inicio de la posesión sobre el inmueble objeto de litigio a partir del preacuerdo y de los certificados sobre riesgos meteorológicos, se echan de menos las circunstancias fácticas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que generaron «imposibilidad» para aportarlos oportunamente en el juicio respectivo.
Se anotó que a los ocho (8) días siguientes a la sentencia del Tribunal (folio 9), fueron hallados los documentos que se «habían extraviado» y que por eso se constituyó «fuerza mayor» para su aporte tempestivo. No obstante lo anterior, de ninguna manera se dejó explicado por qué le fue imposible a la interesada arrimar los documentos pertinentes a tiempo, cuando ni siquiera trae elemento persuasivo expedito en derecho sobre tal pérdida y que la misma subsistía al tiempo de la demanda.
Es más, no se reflejó en la demanda, cómo se configuró la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria en relación con la prueba documental con la que se pretende edificar la causal en comento, cuando la demandante no las peticionó en la demanda de pertenencia para ir en búsqueda de su derecho, teniendo en cuenta que en lo relativo al contenido y alcance del «preacuerdo», en virtud del principio de libertad probatoria, su contenido y alcance era conducente demostrarlo con otro medio suasorio como lo podría ser el interrogatorio de parte a Pedro Jesús Puentes Antolinez quien fungiera como directo signante de ese documento privado, máxime que en la usucapión se ventilaban circunstancias de «hecho» relativas a los extremos de la posesión en cuanto a tiempo, modo y lugar que no están sujetas a una prueba solemne o determinada que las acredite; ahora, frente a las certificaciones del Comité de Atención y Prevención de Desastres, esa información la tenía esa entidad pública o quien hiciera sus veces con anterioridad a la demanda, tampoco se justificó el por qué a lo sumo, ante el ad quem no se peticionaron pruebas para los efectos que ahora se pretenden en revisión con miras a que el funcionario judicial pudiera evaluar su decreto y práctica, a voces del artículo 170 del Código General del Proceso, aún «antes de fallar».
Tampoco puede verse la trascendencia en la decisión, por cuanto si bien los cargos endilgan no haberse tenido en cuenta las indicadas documentales que por cierto se dijo aparecieron con posterioridad al fallo del Tribunal, no se expuso concretamente cómo esos medios de convicción habría conducido sin ninguna duda a una decisión diferente, pues en el recurso no se entabló reparo a la hermenéutica del ad quem para concluir en punto de los elementos de la posesión y su tiempo necesario para usucapir, de ahí, que el argumento de la revisión fulgura sin parámetro para definir vicios que merezcan el presente remedio extraordinario; en fin, los puntos de vista de la demanda lucen abstractos e hipotéticos lejos de reflejar «hechos concretos» que le sirven de fundamento a la causal.
3.4. Así las cosas, lo que en últimas se pretende es la obtención de nuevas oportunidades procesales para volver a plantear defensas, como los elementos configurativos de la prescripción adquisitiva de dominio, temática que fue decidida por el sentenciador de segunda instancia, o la posibilidad de hacer valer pruebas que debieron aducirse en el proceso mismo, situaciones que no muestran idoneidad alguna para fundamentar la causal de revisión que se dice exhortar.
Acerca de la forma en que tienen que invocarse las causales de revisión en la correspondiente demanda, la Corte ha reiterado que:
...desde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene ‘una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (Se resaltó. CSJ ARC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en proveído del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00).
De ahí que, además de los otros aspectos formales, sea menester inadmitir la demanda de revisión por falta de planteamiento de unos hechos concretos que puedan estructurar la causal de revisión que se pretende argüir.
4. Se arrimarán copias del memorial con que se pretenda dar cumplimiento a las exigencias legales y de sus correspondientes anexos, para efectos de los traslados y reproducción de aquel para el archivo de la Corte (arts. 357 y 89 del C.G.P.).
Por manera que se inadmitirá el escrito introductorio para que se cumplan los anteriores requerimientos.
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:
1. Inadmitir la demanda de revisión, a fin de que sean subsanados los defectos anteriormente anotados.
2. Conceder a la parte interesada el término legal de cinco (5) días para ello, so pena de rechazo.
3. Reconocer personería al abogado Julio César Beltrán Cárdenas, como apoderado judicial de la parte recurrente, según el memorial poder que obra en los folios 1 y 2 del cuaderno de revisión.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente