AC4101-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00561-00


Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Al haber allegado la parte interesada un nuevo escrito con el propósito de subsanar la demanda de revisión que contiene la impugnación extraordinaria formulada por Cesar Augusto Cepeda Alza y Astrid Liliana Figueroa Bermúdez frente a la sentencia de primero de noviembre de 2016, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario promovido por Ultra Servicios Fiduciarios S.A., En Liquidación, contra los acá recurrentes, se procede a resolver si es del caso darle al asunto el trámite que legalmente corresponda.


  1. ANTECEDENTES


1.        Mediante providencia de 25 de junio del año en curso se declaró inadmisible la demanda de revisión y se concedieron cinco días para corregirla.


Entre otros aspectos, la aludida decisión se fundamentó en el hallazgo de deficiencias en los hechos aducidos como fundamento de la causal invocada para invalidar el fallo recurrido, en consecuencia de lo cual se requirió a la parte recurrente para que efectuara las aclaraciones pertinentes, en orden a superar «la falta de consonancia entre la causal primera de revisión -que supone la aparición posterior a la sentencia de documentos que habrían variado la decisión- y el basamento de la demanda, que protagónicamente refiere a la incidencia de un documento que desde la génesis obraba en el plenario y fue objeto de debate».


2.        En el nuevo escrito presentado, en lo atinente a los supuestos fácticos de la causal de revisión invocada, expusieron los impugnantes:


«Dentro de la demanda declarativa, se avizoró que quienes conformaban el extremo activo, entre otros, la entidad ULTRASERVICIOS FIDUCIARIOS S.A. -FIDULTRA- EN LIQUIDACIÓN y DIANA DEL PILAR MARTÍNEZ VACA, para demostrar el supuesto derecho de dominio aportaron un Certificado de Tradición con matrícula inmobiliaria correspondiente a número 230-97792 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio.


(…)


Que la extinta ULTRASERVICIOS FIDUCIARIOS S.A. –FIDULTRA- EN LIQUIDACIÓN, conforme con la escritura pública No. 4145 de 27 de diciembre de 2001, corrida en la Notaría Tercera del Círculo de Villavicencio, había restituido a los Fideicomitentes adherentes y constituyentes un porcentaje de los inmuebles objeto del litigio, porcentajes que fueron debidamente discriminados en los escritos de contestación a la demanda, despojándose así de la propiedad y/o del derecho de dominio.»


Después de dicho recuento, los recurrentes refirieron que en el certificado de tradición aportado con la demanda se «omitió el registro en su totalidad respecto de todos y cada uno de los Fideicomitentes Adherentes», situación que se corrigió solo hasta el 10 de enero de 2017, es decir, en época ulterior a la sentencia de segunda instancia, para posteriormente sostener que «existía un documento que demostraba qué personas ostentaban del (sic) derecho real de dominio sobre el apartamento y garaje objeto de la supuesta reivindicación» y por tanto los demandados «eran plenos conocedores de quienes ostentaban el derecho real de dominio del apartamento 101, pero (…) se guardó silencio, independientemente que esa situación se puso en conocimiento y se esgrimió con los medios de exceptivos».


Finalmente, concluye que «la fuerza mayor o caso fortuito se estriba por partida doble». Por un lado, «ante el silencio de quienes conformaron el extremo activo dentro del asunto reivindicatorio». De otro, por «NO haber ejercido los actos de autoridad por parte de los funcionarios judiciales de primera y segunda instancia».


  1. CONSIDERACIONES


1.        Examen de admisión del recurso de revisión.


Las causales de revisión son excepcionales y de interpretación restrictiva, circunstancia que trasciende en el trámite del recurso, dado que, aún para su admisión, la normativa consagra condiciones específicas de obligatoria observancia.


En razón de ello, cuando se acude a este medio de impugnación buscando derribar una sentencia con sello de ejecutoria, preliminarmente le corresponde a la Sala verificar su procedencia, es decir, (i) si la decisión cuya revisión se pretende admite el trámite extraordinario pretendido, según lo previsto en el artículo 354 del Código General del Proceso; (ii) si la interposición se produjo dentro del tiempo establecido en el precepto 356 de la misma obra, y (iii) si atiende los requisitos señalados en la norma 357 ibídem.


Cuando «la demanda (…) no se presente en el término legal, o haya sido formulada por quien carece de legitimación para hacerlo», será rechazada, como lo faculta el inciso final del artículo 358 ejusdem. Esa misma consecuencia debe deducirse, cuando su proposición resulta improcedente.


En cambio, si las falencias se concentran en los demás requerimientos formales, o el escrito inicial no involucra a todas las personas que deben intervenir, el libelo debe ser inadmitido para su correspondiente subsanación en el término de cinco días, so pena de ser rechazado.


En compendio, al funcionario de conocimiento del recurso le compete analizar si se presentan motivos que impongan su rechazo de plano, por alguno de los supuestos indicados en precedencia o, si hay lugar a inadmitirla, para lo cual el interesado deberá remediar en forma oportuna y de la manera requerida los defectos detectados en la respectiva providencia, dado que, de no hacerlo o, no acreditar su procedencia como lo requiere el artículo 354 ejusdem, deberá soportar la consecuencia antes indicada.


2.        Caso concreto.


Los recurrentes sostuvieron que en esta causa se había configurado la causal incluida en el numeral 1º del artículo 355 del Código General del Proceso, la cual se estructurado por «[h]aberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».


Esta Corporación, acerca de los presupuestos que deben acreditarse con relación al citado motivo de revisión, en SC, 5 dic. 2012, rad. 2003-00164-01, señaló:


«(…) para la cabal estructuración del referido motivo, como condición sine qua non determinante del éxito del recurso de revisión, es indispensable probar, de modo fehaciente, los concurrentes elementos a continuación expuestos: (a) que las pruebas documentales de que se trate hayan sido halladas ulteriormente al momento en que fue proferido el fallo, habida cuenta que “la prueba de eficacia en revisión y desde el punto de vista que se está tratando, debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción […] de donde se sigue que no constituyendo esa pieza documental -bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia- una auténtica e incontestable novedad frente al material probatorio recogido en el proceso, la predicada injusticia de esa resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido’ (Sentencia 237 de 1º de julio de 1988); (b) que el alcance del valor persuasivo de tales probanzas habría transformado la decisión contenida en ese proveído, por cuanto “el documento nuevo, per se, debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida”; y, (c) que no pudieron aportarse tempestivamente, debido a fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, razón por la que “no basta que la prueba exista para que la revisión sea viable, sino que es necesario para ello que haya sido imposible aducirla, o por un hecho independiente de las partes, o por un hecho doloso de la parte favorecida».


De acuerdo con lo expuesto en precedencia y al analizar el escrito allegado para corregir los defectos formales detectados en la formulación de la impugnación extraordinaria, se advierte la ausencia de uno de los requisitos enunciados, esto es, el concerniente al literal «c», pues, como se reconoce en la demanda, el certificado de libertad y tradición, así como la escritura pública No. 4145 de 27 de diciembre de 2001 de la Notaría Tercera de Villavicencio, en virtud de los cuales se acredita la titularidad del derecho real de dominio sobre el predio objeto de litigio, y que son aducidas como las pruebas sobrevinientes, fueron aportadas desde el inicio del proceso y, por consiguiente, fueron consideradas en su momento.


Además, esos instrumentos fueron valorados en la sentencia objeto de revisión cuando se dice: «En el presente asunto, los demandantes aportaron como prueba de dominio, certificados de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria números 230-97792 y 230-97545, expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio (Meta), que corresponden a los inmuebles a reivindicar, según las cuales, el mismo fue adquirido por los demandantes respectivamente mediante escrituras públicas Nos. 221 del 18 de septiembre de 1997 de la Notaría 4ª y 4145 del 27 de diciembre de 2001 de la Notaría 3ª, ambas del Círculo de Villavicencio».


Tales circunstancias van en contravía de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión que claramente no tiene por objeto un replanteamiento de la cuestión litigiosa o un disentimiento de la valoración probatoria del fallador.


Todo lo anterior indica que las mentadas probanzas fueron puestas en conocimiento de los falladores. Además, sobre estos se edificaron dos de las excepciones planteadas, como lo son la «FALTA DE TITULARIDAD DE DOMINIO DEL DEMANDANTE», y la «AUSENCIA DE DOMINIO EN EL DEMANDANTE», tal y como se indica en el escrito de subsanación (ver f. 69), lo que de tajo descarta la posibilidad de considerar que dichos documentos –certificado de libertad y tradición y escritura pública Nº. 4145- no pudieron ser aportados «por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».


En caso similar, en el que se advirtió que los documentos aducidos como sobrevinientes ya obraban en el plenario primigenio, se explicó:


«No se constituye así esta vía en una nueva oportunidad para revaluar los medios de convicción que se hicieron valer oportunamente desde una perspectiva novedosa, ni en la forma de demeritar como los sopesó el fallador, pues, el propósito perseguido es que se imparta justicia acorde con una realidad que estuvo desfigurada por la ausencia de los elementos encontrados.


La Corte, en CSJ SC 25 jun. 2009, rad. 2005-00251-01, donde se trató el primer motivo de revisión del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que coincide en la redacción de la norma invocada en su remplazo, se precisó que dada (…) la finalidad propia del recurso, no se trata de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae … a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible de oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto.» (SC21716-2017, dic. 18 de 2017, rad. 2016-01863-00. Negrillas fuera de texto).


3.        Conclusión.


En virtud de lo expuesto se concluye, que la demanda no se subsanó en debida forma y por lo tanto, con apoyo en el inciso 2º artículo 358 del Código General del Proceso, deberá disponerse su rechazo.


II.        DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,


RESUELVE


PRIMERO.        RECHAZAR la demanda por medio de la cual Cesar Augusto Cepeda Alza y Astrid Liliana Figueroa Bermúdez, interpusieron recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de primero de noviembre de 2016, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario mencionado.


SEGUNDO.        DEVOLVER al apoderado de la recurrente los anexos de la demanda sin necesidad de desglose.


TERCERO.        ARCHIVAR la actuación adelantada.



Notifíquese,






LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado