AC4102-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01699-00


Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Decide la Corte el recurso de queja formulado por la parte demandada frente al auto de 13 de abril de 2018 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante el cual se negó la concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por el aludido extremo procesal contra la sentencia proferida el pasado 14 de marzo del mismo año, dentro del juicio verbal de deslinde y amojonamiento instaurado por Doyller Kassin Inversiones S.A.S. en contra de Inversiones Cabarcas Ramos y CIA S. en C., Jorge Ramiro Navarro Reyes, Olga Esther Bojanini de Herrera, Juan Francisco y María Victoria Herrera Bojanini, al que se acumuló el incoado por Héctor Manuel Rueda Lenis frente a los mismos demandados.


  1. ANTECEDENTES


1.        Los demandados Jorge Navarro Reyes, Olga Esther Bojanini de Herrera, Juan Francisco y María Victoria Herrera Bojanini presentaron demanda de oposición a la diligencia de deslinde y amojonamiento realizada en el proceso que contra ellos se inició.


2.        El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena culminó la primera instancia mediante sentencia del 10 de noviembre de 2017 en la que se negó la oposición presentada y mantuvo los linderos fijados inicialmente en la diligencia llevada a cabo el 23 de septiembre de 2016, lo que fue confirmado por el Tribunal, que resolvió la apelación propuesta por el extremo promotor de la oposición.


3.        Frente a la sentencia del ad quem los apelantes formularon recurso extraordinario, cuya concesión fue negada en auto de 19 de diciembre de 2017, al estimar que «la afectación para los demandados recurrentes, se traduce en el valor de la franja de terreno en disputa y que se ordenó entregar a los actores, determinada por el perito en 30.195,9 metros cuadrados o 3,02 hectáreas, valor que debe establecerse para precisar la cuantía del agravio que la decisión adversa le causa».


Más adelante expuso que «en el expediente no obran mayores elementos de juicio para determinar el valor real de la franja de terreno (…) amen que los recurrentes no aportaron dictamen alguno que permitiera a esta Magistratura establecer el interés para recurrir en casación».


4.        Esta última decisión fue impugnada en reposición y en subsidio se solicitó la expedición de copias para recurrir en queja. Los impugnantes, destacan que lo pretendido por ellos en la demanda de oposición al deslinde son peticiones «meramente declarativas», razón por la cual «ninguna de ellas tiene un carácter económico, por lo que no es dable exigir por parte del ad quem un determinado quantum como condición para acceder al recurso de casación».


5.        El ad quem desestimó la reposición apoyado en que «los demandados presentaron demanda de oposición por no estar de acuerdo con la línea divisoria demarcada por el Juez de conocimiento, existiendo, por tanto, discusión respecto del dominio, que en todo caso implicaría una afectación económica que se ve reflejada en el aumento y correlativa disminución del patrimonio de las partes involucradas, y que en el asunto se traducen en el valor comercial de la franja en disputa», situación que evidentemente comporta una afectación de tipo económico y no «meramente declarativa como lo afirma el censor».


Así mismo, reiteró que «no existe en el plenario elementos suficientes para determinar el valor de los 30.195,9 metros cuadrados en que se redujo el predio de los demandados».


6.        El respectivo escrito se mantuvo en la Secretaría de esta Corporación por el término de tres días para los efectos previstos en el penúltimo inciso del artículo 353 del Código General del Proceso, recibiéndose pronunciamiento de la parte recurrente, en el cual reiteró sus argumentos y solicitó que se estimara «indebida la denegación de la casación por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena».



  1. CONSIDERACIONES


1.        Competencia y finalidad de la queja.


La Corte es competente para resolver el presente asunto, según la atribución conferida en el numeral 3, artículo 30, del Código General del Proceso, a través del Magistrado Sustanciador, de acuerdo con la facultad concedida en el inciso 1º, artículo 35 ibídem, en virtud de no hallarse asignado expresamente a la Sala.


Al tenor del artículo 352 del Código General del Proceso, el recurso de queja tiene por finalidad la revisión por el superior funcional de la providencia denegatoria de la apelación o de la casación, por lo que la sustentación se debe orientar a demostrar la concurrencia de los requisitos legales requeridos para el otorgamiento de los mismos.


2.        Procedencia del recurso extraordinario de casación.


En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casación, su procedencia se halla condicionada a la satisfacción de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso prevé que el aludido medio de impugnación:


«(…) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia:


  1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos.


  1. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria.


  1. Las dictadas para liquidar una condena en concreto.

Parágrafo. Tratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho».


A su vez, el precepto 338 del mismo ordenamiento consagra:


«Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil»


Se evidencia así que no todas las providencias judiciales son susceptibles de casación, sino aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración a la naturaleza del asunto debatido, o a la cuantía monetaria actual y perjudicial al impugnante.


En relación con dicho aspecto, en CSJ AC 2291-2016, rad. 2016-00720-00, la Sala reiteró: «(…) [E]l carácter extraordinario y limitado del recurso de casación se proyecta, en la práctica, en las precisas limitaciones dentro de las cuales la ley lo regula, y referentes no sólo a los motivos o causales para su procedencia, sino también a la clase de providencias susceptibles de impugnarse con él (…)».


Lo anterior no constituye quebranto al derecho de igualdad respecto de las excluidas, pues la aludida exigencia pecuniaria se predica tanto del accionante como del convocado, y precisamente el carácter extraordinario del recurso de casación permite esa limitante, como bien se ha establecido en los exámenes de constitucionalidad de normas relacionadas (CC C-1046/01).


Conviene precisar que el Código General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnación extraordinaria que se viene analizando, ampliando por ejemplo la clase de providencias susceptibles de dicha vía desde la perspectiva del tipo de proceso en el que se profieren (declarativos, acciones de grupo y liquidación de condena en concreto).


No obstante, en el nuevo compendio continúa siendo preponderante la estimación del importe de la resolución desfavorable, la cual se exige en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan sólo a los fallos pronunciados en acciones de grupo y las que aluden al estado civil -siempre y cuando traten sobre reclamación e impugnación del mismo o la declaración de uniones materiales de hecho-, como se desprende de la lectura armónica de los artículos 334 y 338 del Código General del Proceso.


Con relación al requisito de la cuantía del interés para recurrir, el artículo 339 de dicha codificación prevé: «Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión» (Destacado fuera de texto).


De manera que para determinar la cuantía del interés para recurrir en casación debe limitarse a los elementos que se encuentran en el expediente, por lo que el dictamen pericial no puede decretarse de oficio, sin perjuicio de que el interesado, si lo considera necesario, lo aporte con el escrito de impugnación extraordinaria.


3.        Caso concreto.


3.1.        En el presente asunto, se recuerda, los recurrentes en el trámite de oposición pidieron declarar que «la línea divisoria fijada en las diligencias del trece (13) y veintitrés (23) de Septiembre de 2016 NO se encuentra determinada conforme a los títulos de adquisición del derecho de dominio…» y como consecuencia de ello «se deje sin valor y efecto la línea divisoria» trazada en las referidas diligencias, así como el «retiro de los mojones» ubicados en las mismas.


De acuerdo con lo anterior, es evidente que la finalidad de las declaraciones requeridas es la recuperación de la franja de terreno que se reintegró a los demandantes en el trámite del proceso de deslinde y amojonamiento, y que equivale a una fracción de 30.195,9 metros cuadrados correspondiente al lindero oriental de la porción A del lote 6 que se encontraba «corrido». Tal solicitud, que por demás no fueron acogidas, tiene una innegable repercusión en la órbita jurídico-patrimonial de los perjudicados.


Ciertamente, aun cuando la sentencia, en principio, se entienda declarativa, ello no quiere decir que tal condición apareje o se asemeje a la extrapatrimonialidad. Dicho de otro modo, el carácter declarativo de una providencia no excluye que tenga efectos esencialmente patrimoniales; además, la connotación declarativa pura de la pretensión no es una clasificación que trascienda para efectos de establecer la procedencia del recurso de casación, como si lo es que la decisión recurrida se hubiese gestado en el marco de una acción de un grupo o verse sobre el estado civil, como se indicó atrás.


La anterior tesis ha sido planteada por esta Sala en procesos de nulidad de testamento, cuya pretensión justamente era declarativa pura, pero con un claro contenido jurídico-patrimonial. De ahí, se estableció la necesidad de cuantificar el justiprecio para recurrir en casación teniendo en cuenta el contexto pecuniario de la decisión recurrida.


De ese modo, en AC2206-2017, expediente 2017-00264-00, se expuso:


«Reglas llamadas a gobernar la procedibilidad del recurso extraordinario en esta especie de litis, de atender que trata de pretensiones con claro contenido pecuniario, por fundarse en la demanda de nulidad de un testamento, que es un negocio jurídico unilateral cuyo contenido tiene que versar sobre la distribución de los bienes de linaje económico del testador, tras su fallecimiento; naturalmente que tanto la prosperidad como el revés de las pretensiones de la demanda, tienen una innegable repercusión en la órbita jurídico patrimonial de los interesados en el llamamiento sucesoral.


(…)


Pero cualquiera que fuere la forma, única o combinada, de la sucesión mortis causa, tiene contenido patrimonial, vale decir, es sobre derechos y obligaciones de índole económica, naturaleza que igualmente se predica para los procesos declarativos en que se discuta sobre la validez del testamento.


Tan cierto es lo anterior, que la Corte en varias ocasiones ha estudiado la forma en que debe medirse el interés para recurrir en casación, respecto de procesos en que se cuestionan las estipulaciones testamentarias, disputas que en últimas requieren cuantificar el valor del derecho herencial de los interesados (CSJ AC, 7 de marzo de 1996, Rad. 5929, reiterado en AC de 11 de marzo de 2002, Rad. 2002-00013-01, 26 de octubre de 2007, Rad. 2007-01248-00, 20 de enero de 2010, Rad. 2009-02296-00 y AC1599 de 18 de marzo de 2016, Rad. n.°11001-02-03-000-2015-02814-00)» (Subraya fuera de texto).


Igualmente, en un evento alusivo a la cuantificación del agravio en un proceso de deslinde y amojonamiento, la Sala expuso que el mismo corresponde a la franja de terreno afectada, a saber:


«Así las cosas, es claro que el derecho en discusión en este tipo de asuntos, es la franja que se encuentra en las líneas limítrofes cuya posición o ubicación geográfica discuten las partes, mismas que delimita los predios de propiedad de aquéllas. De tal manera que, es el avalúo de esta franja, que no la de los predios, la que determina el agravio que la sentencia de segunda instancia ocasiona al casacionista.


Sobre la naturaleza de este tipo de juicios, la Sala en fallo CSJ SC, 6 jul. 2007, rad. 7802 expuso:


‘La finalidad primordial de la acción de deslinde es la de fijar la materialidad del lindero o línea de separación entre los terrenos o predios y ‘ello pone en claro que el deslinde en sí, por su objeto y fines, no controvierte otra cosa que la línea concreta y definida de separación sobre el terreno de los predios adyacentes. El juez se encuentra llamado a garantizar la paz y la seguridad de los dueños de los predios colindantes por medio de la línea que señala donde termina el señorío de cada uno y empieza el de los demás. Por eso la ley le ordena dejar ‘a las partes en posesión de los respectivos terrenos, con arreglo a la línea, si ninguna de las partes se opone’ -artículo 464 del Código de Procedimiento Civil- o como obvio, cuando no triunfa la oposición’ (G.J CIX, 148)…El deslinde es una típica contención entre propietarios o titulares de derecho real de terrenos contiguos, y quien promueve una acción de este linaje está reconociendo el derecho de dominio o propiedad del demandado, aunque pretende que por la jurisdicción y por la vía del proceso correspondiente se determine de manera definitiva cuál es la línea material o espacial que divide o separa sus predios que hasta ese momento es confusa, equívoca e incierta” (Cas. Civ., sentencia de 14 de agosto de 1995, exp. No. 4040).


Acción esta que encuentra fundamento en el derecho del propietario de delimitar los linderos de su fundo, contemplado en el artículo 900 del Código Civil, el que consagra que «[t]odo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que lo separan de los predios colindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes»


En ese orden de ideas,  el interés se circunscribe al valor de mercado que para la fecha de la sentencia de segunda instancia tenía la franja en cuestión, y claramente la parte recurrente, desechó la oportunidad de aportar un dictamen pericial dentro de la oportunidad otorgada por la ley y, en su lugar, pretendió determinar el interés con el avalúo catastral de los predios involucrados en el asunto.» (AC2355-2018, jun. 13 de 2018, rad. 2018-01387-00) (Negrilla fuera de texto).


Visto lo anterior, se torna inadmisible la apreciación de los quejosos en cuanto a que la oposición presentada al deslinde y amojonamiento no constituye una pretensión esencialmente económica, en tanto la sola solicitud de variación de los linderos impuestos en las diligencias constituye, per se, una petición que lleva implícita un carácter patrimonial, lo cual se relieva si tal declaración, como sucede en este caso, viene acompañada de una restitución de terreno.


Por lo tanto, resultaba impostergable acreditar la magnitud del detrimento pecuniario inferido a los recurrentes con el fallo cuestionado, a fin de poder acceder al recurso extraordinario.


Con base en lo expuesto, dado que contrario a lo concebido por los impugnantes las pretensiones no son de estirpe puramente declarativo, ni se trata de acciones de grupo, como tampoco concernientes al estado civil, se impone acreditar la cuantía del interés para recurrir, como lo establecen los artículos 338 y 339 ejusdem.


3.2.        De otro lado, conviene precisar que los quejosos, no ejercieron la facultad de aportar un dictamen pericial demostrativo del interés económico que tienen para recurrir en casación, por lo que el Tribunal no se equivocó al manifestar que debía acudir a los «elementos de juicio que obren en el expediente», pues así lo autoriza el precepto 339 del Código General del Proceso.


Colofón de lo expuesto, ningún reproche merece la mencionada autoridad respecto de la deducción a la que llegó, porque en realidad, tratándose de un proceso declarativo con pretensiones esencialmente económicas, se impone acatar dicha exigencia, y en tanto no se cuestionó la consideración realizada por el ad quem respecto de la no existencia «en el plenario [de] elementos suficientes para determinar el valor (…) en que se redujo el predio de los demandados» a esta Sala no le compete realizar pronunciamiento alguno sobre tal aspecto.


4.        Conclusión.


La decisión objeto de queja se encuentra ajustada a derecho, lo cual conduce a declarar bien denegada la concesión de la impugnación extraordinaria.


Finalmente, de conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable del presente recurso comporta supuesto de imposición de condena en costas, las que se impondrán, pero se liquidarán en forma concentrada ante el a quo (art. 366 del C.G.P.). A modo de agencias en derecho se fijará la suma de $700.000.00.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,


RESUELVE


PRIMERO.        ESTIMAR BIEN DENEGADO el recurso de casación a que se hizo alusión al inicio de esta providencia.

SEGUNDO.        SE CONDENA en costas a la parte recurrente, en cuya liquidación se incluirá la suma de $700.000.00 por concepto de agencias en derecho. El a quo efectuará la liquidación en forma concentrada.


TERCERO.        DEVOLVER las diligencias a la Corporación de origen.



Notifíquese y cúmplase,






LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado