AC4103-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02682-00


Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo Municipal de Nilo y Promiscuo Municipal de Carepa, pertenecientes a los distritos judiciales de Cundinamarca y Antioquia, respectivamente, para conocer de la acción ejecutiva promovida por Ledys Lili Ascarate Orrego contra Bladimir Vargas Rubio.


I. ANTECEDENTES


1. La actora elevó solicitud a la jurisdicción, que por reparto correspondió al segundo de tales despachos, para el cobro de las obligaciones incorporadas en una letra de cambio, donde fincó la competencia «por la cuantía» y por el «lugar de cumplimiento de la obligación», que según informó en dicho acápite, corresponde a la misma localidad (fls. 1 y 2, cdno. 1).


2. Esa autoridad la rechazó y envió a sus homólogos de Nilo, en aplicación del numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, aduciendo que el sitio corresponde con el domiciliado del demandado (fl. 8, ibídem).


3. La Juez Promiscuo Municipal de la localidad de destino rehusó el conocimiento del asunto y provocó la colisión, señalando que en aplicación de la regla 3ª del precitado artículo, la actora escogió accionar en el lugar de cumplimiento de las obligaciones, el que según informó en los hechos del escrito inaugural corresponde a la municipalidad del remitente (fl. 11, ibíd.).


II. CONSIDERACIONES


1. Como la discusión involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultada para dirimirla es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.


2. Los factores de competencia determinan el operador  judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del Código General del Proceso, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.


3. El numeral 1º del artículo 28 ejusdem consagra la regla general que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado», previsión que complementa el numeral 3º ibídem en relación con «…los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos…», donde «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones…».


Lo cual significa que si en la práctica el domicilio del convocado no coincide con el sitio de satisfacción de las prestaciones, el actor puede escoger, entre la dupla de funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que ritúe y decida el litigio en ciernes.


Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee su contradictor; pero que si no guarda armonía obliga encauzar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible ese querer.


Sin embargo, cuando el promotor de la acción opta por el criterio negocial de atribución, su afirmación acerca del lugar del cumplimiento de la obligación no puede estar desprovista de un soporte probatorio que, al menos, en principio, le otorgue apariencia razonable de verosimilitud, pues, lo contrario sería conferir a la simple manifestación de una parte la facultad de acreditar el hecho y, por esa senda, de escoger al juez que ha de conocer la contienda, proceder a todas luces proscrito del régimen procedimental civil.


Al respecto, la Corte ha dicho que


(…) cuando el demandante, para definir competencia dentro del factor territorial, ante la concurrencia de fueros, opta por el contractual, la afirmación acerca del lugar del cumplimiento de las obligaciones, debe soportarla probatoriamente, entre otras cosas, por cuanto “(…) nadie puede válidamente con su dicho fabricar su propia prueba (…)”, so pena de aplicar, con ese mismo propósito, el fuero personal, empezando por la regla general del domicilio del demandado (CSJ AC, 31 en. 2014, exp. 20145-00049-00 citado hace poco en AC061-2018).


4. En el caso concreto, la actora atribuyó la competencia, de manera expresa, en consideración a «la cuantía» y al «lugar de cumplimiento de la obligación», por lo que es claro que optó por el factor negocial de atribución, ya que radicó la demanda ante los juzgadores del lugar donde se satisfizaría aquella, manifestación que respaldó con lo plasmado en el título base del cobro, donde diáfanamente se lee que «Bladimir Vargas Rubio… el día 15 de diciembre de 2015… se servirá usted pagar solidariamente en Carepa - Antioquia… a la orden de Ledys Ascarate… cuatro millones de pesos…», lo que permite señalar que el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad es el competente para rituar la actuación judicial.

5. Así las cosas, una vez el pleito en ciernes fue repartido al prenombrado estado judicial, éste se equivocó al repelerlo, ignorando el fuero de atribución escogido por la ejecutante, de manera que se le remitirá para que le dé el trámite que legalmente corresponda y se pondrá al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada.


III. DECISIÓN


Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, señalando que al Promiscuo Municipal de Carepa le corresponde conocer el cobro ejecutivo promovido por Ledys Lili Ascarate Orrego contra Bladimir Vargas Rubio.


Devuélvase  el  expediente a  dicha  oficina y mediante oficio infórmese de  tal  situación  a la otra involucrada.


Notifíquese,        



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado