AC4106-2018
Radicación n.° 11001-31-03-039-2016-00467-01
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia de 22 de febrero de 2018 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso verbal promovido por la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional S.A. OPAIN S.A. contra Aerolínea del Caribe S.A. AER Caribe S.A.
1. La demandante solicitó se declare la fijación de un nuevo canon de arrendamiento sobre el lote 3 y 4 del inmueble L 119 A localizado en la antigua zona de aviación general del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, en consecuencia de lo cual pidió se tuviera como canon mínimo la suma de $135.374.635 e igualmente se ordenara el pago del respectivo retroactivo.
3. El ad quem, mediante determinación de 22 de febrero de 2018, confirmó la sentencia apelada, pero modificó su numeral primero para precisar el nuevo precio mensual del contrato de arrendamiento, esto es, «[a] partir del 12 de septiembre de 2016 y hasta el 12 de junio de 2017, la suma de $65.000.000,oo; a partir de esta última fecha, dicho valor será incrementado en el IPC y se cancelará hasta junio 12 de 2018; a partir de esta fecha, la renta mensual será de $102.000.000,oo siendo claros que ambos rubros deben pagarse junto con el impuesto al valor agregado (IVA), como se pactó en el contrato».
La naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado, en tanto corresponde comprobar, entre otros aspectos, la oportunidad de su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada.
De igual manera, la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).
Desde la perspectiva del Código General del Proceso, se ha reiterado la pertinencia de la declaratoria de prematuro para el otorgamiento del recurso de casación, en los siguientes términos:
«El artículo 342 en cita previene acerca de que la cuantía del interés para acudir en casación “fijada” por el Tribunal no puede ser materia de “examen o modificación” por esta Corporación; restricción que viene a ser análoga a la que existía en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que “No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía”.
Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casación se planteó en vigencia del Código General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si “la temática arriba a esta Corporación legalmente definida”, pues, no tendría ningún sentido guardar silencio o avalar una ponderación o mensura hecha “sobre bases irreales, lo cual, por sí, implicaría una decisión aparente o no definida” (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01).» (CSJ AC5735-2016, 1º sep. 2016, rad. 2007-00177-01).
Conviene señalar que el interés para recurrir en casación refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, la cual, para los eventos gobernados por las disposiciones del nuevo estatuto general de procedimiento, debe ser igual o mayor a «un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)», cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, de conformidad con el tenor de la preceptiva 338 ibídem.
Sobre el concepto en comentario tiene dicho esta Corporación, que aquél «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC6011-2015, reiterado en AC7638-2016, 8 nov. 2016, rad. 2012-00290-01).
Lo anterior implica, que cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, material y atendidas las singularidades del caso, tal cual lo ha reclamado la Sala:
«Uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos.» (CSJ AC, 28 sep. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr. 2014, 2008-00347-01).
De manera que la actualidad de la afectación en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés.» (AC 064, 15 may. 1991; reiterado en AC924-2016, AC1825-2016 y AC5019-2016).
En este evento, no es posible predicar que la Corporación de origen haya agotado debidamente su labor de examinar la cuantía del interés para recurrir en casación, por cuanto en dicho laborío no atendió el contenido, alcance y fundamento de la pretensión formulada y la muy especial apreciación que en el contexto merece la oposición de la parte demandada.
Esta Corporación, se reitera, tiene sentado que el interés para recurrir en casación, «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC, 11 mayo. 2016, Rad. 00008-00, reiterado en AC2784-2016).
La Magistratura Sustanciadora, al ejecutar el examen respectivo indicó que se superaba el tope de los 1000 smmlv, dado que «el sólo retroactivo de las rentas ajustadas alcanza la suma de $1.126.666.667,oo», es decir, consideró que a ese monto se llega por la sumatoria del retroactivo ordenado desde el 12 de septiembre de 2016 hasta el 22 de febrero de 2018, partiendo de un canon de arrendamiento mensual de $65.000.000.
A pesar de lo anterior, descuida el Tribunal el tipo de asunto que se estudia y la pretensión invocada, en donde se reclama un incremento del canon de arrendamiento que se venía cobrando mensualmente, y que para el momento de presentación del libelo ascendía a la suma de $32.663.200.
Así las cosas, el interés desfavorable al demandado no puede establecerse de la sumatoria sistemática del valor del canon de arrendamiento fijado por el ad quem desde el 12 de septiembre de 2016 hasta la fecha de la sentencia en segunda instancia, como en efecto se hizo, sino considerando solamente el incremento que se hizo a ese canon que ya se venía ejecutando.
Ese aumento del canon de arrendamiento en principio pactado, es la «afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable», y por ende se debe partir de esa diferencia para cuantificar el justiprecio que legitima la casación.
La habilitación de la impugnación extraordinaria devino prematura, lo cual impone devolver la actuación a la Corporación de origen para que de conformidad con los lineamientos pertinentes, en especial los aquí resaltados, determine el valor actual de la resolución desfavorable y su incidencia para decidir sobre la viabilidad del recurso.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR PREMATURA la concesión del recurso extraordinario de casación en referencia.
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente a la Corporación judicial de origen para lo pertinente.
Notifíquese,
Magistrado