AC4115-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01949-00


Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Decide la Corte el recurso de queja formulado por la parte demandante frente al auto de 21 de mayo de 2018 proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante el cual se negó la concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por el aludido extremo procesal respecto de la sentencia de segunda instancia dictada el día 21 de marzo del mismo año, dentro del proceso verbal promovido por Beatriz Díaz de López contra Banco BBVA Colombia S.A.


  1. ANTECEDENTES


1.        La actora pretende se declare «al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA COLOMBIA S.A. –BBVA COLOMBIA, civilmente responsable de todos los daños y perjuicios sufridos por la convocante, en razón a la omisión de dicha entidad bancaria en el trámite de terminación oportuna y levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el proceso ejecutivo mixto incoado por el Banco Ganadero hoy BBVA contra la señora Beatriz Díaz de López y otros, en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva » y, en consecuencia, se condene al Banco a pagarle las sumas de dinero discriminadas así: $378.000.000, por concepto de daño emergente, $1.500’000.000, correspondiente a lucro cesante y $65’948.400, por perjuicios de índole moral.


2.        Agotado el trámite de la primera instancia, las súplicas fueron desestimadas mediante fallo de 28 de agosto de 2017.


3.        El Tribunal, resolvió la apelación propuesta por la promotora en audiencia llevada a cabo el 21 de marzo de 2018, donde confirmó la decisión adoptada por el a quo; posteriormente, mediante memorial radicado el 5 de abril del mismo año, el apoderado de la demandante interpuso recurso de casación, cuya concesión fue denegada mediante auto emitido el 21 de mayo de la presente anualidad.


Como fundamento de tal decisión, la Magistrada sustanciadora empezó por exponer que «el interés jurídico de la parte demandante se ha de definir conforme a las pretensiones denegadas  por el a quo y que (…) fueron confirmadas por el ad quem», y seguidamente resaltó que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 339 del Código General del Proceso el cual prevé que «cuando sea necesario justipreciar el interés económico para la concesión del recurso extraordinario de casación, se deberá acudir a los elementos de juicio que obren en el plenario para fijarse…».


Habiendo establecido lo anterior, refirió que los daños materiales de los que se dolía la parte demandante se concretaban en la perdida de la oportunidad respecto de la venta del inmueble identificado con F.M.I. 200-11546; no obstante, dentro del plenario no se encuentra documento alguno que dé cuenta del valor del inmueble o el monto ofertado por este, así como tampoco se aportó dictamen para tales efectos.


De acuerdo con ese razonamiento, desechó incluir los perjuicios materiales pedidos «al no obrar elementos probatorios por los que se puedan cuantificar», esto en orden a establecer el monto del interés para recurrir, por lo que tal concepto quedó cobijado solo por los pedimentos de orden moral, los cuales se estimaron en $10’638.859,56, cifra que evidentemente resulta insuficiente frente a los $781’242.000,oo que se requieren para recurrir en casación.


4.        Dicho proveído fue objeto de reproche mediante la interposición de recurso de reposición y, en subsidio de queja, sustentándose ambos medios impugnativos, bajo el argumento según el cual la cuantía mínima exigida para recurrir en casación -$781’242.000,oo- «se corresponde con los daños acaecidos por mi representada, tal como se expresó en la demanda principal» y más adelante se dice que resulta «inexplicable que el Tribunal no tomase esos valores para el establecimiento de su decisión».


Concordante con lo anterior relievó que «la no materialización de la compraventa con INVIAS bajo el avaluó establecido, $1’500.000 hectárea, generó el lucro cesante peticionado en el libelo de la demanda de $1.050’000.000,oo» y aunado a ello también existió un perjuicio cercano a $378’000.000,oo, el cual se deriva del interés comercial que se hubiese percibido sobre el valor de la renta del predio, durante un periodo aproximado de dos años que fue el lapso que permaneció el registro del embargo a causa de la demanda ejecutiva.


Los valores reseñados suman una cuantía superior a los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes requeridos para recurrir en casación.


5.        Como respuesta a la refutación planteada la Magistrada sustanciadora mantuvo en firme su determinación reiterando la postura inicial, esto es, que no existían «elementos probatorios por los que se puedan cuantificar» los perjuicios materiales sufridos por la demandante, ya que no se conoce el valor ofertado por INVIAS a efecto de adquirir el bien inmueble de propiedad de la demandante, así como tampoco se aportó dictamen a fin de demostrar el valor del bien.


6.        Como consecuencia de la decisión, ordenó la expedición de las copias para surtir el recurso de queja y cumplida la carga respectiva, se remitió el copiado a esta Corporación, donde surtido el traslado secretarial de rigor, no hubo pronunciamiento alguno.


  1. CONSIDERACIONES


1.        Aptitud legal para el pronunciamiento.


Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, según lo dispuesto en los artículos 30 numeral 3 y 35 del Código General del Proceso.


2.        Procedencia del recurso extraordinario de casación.


En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casación, su procedencia se halla condicionada a la satisfacción de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso prevé que el aludido medio de impugnación:


«(…) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia:

1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos.

2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria.

3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto.

Parágrafo. Tratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho».


A su vez, el precepto 338 del mismo ordenamiento consagra:


«Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil».


Se evidencia así que no todas las providencias judiciales son susceptibles de casación, sino aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración, ya a la naturaleza del asunto debatido, ora a la cuantía monetaria actual y perjudicial al impugnante.


En relación con dicho aspecto, en CSJ AC 2291-2016, rad. 2016-00720-00, la Sala reiteró: «(…) [E]l carácter extraordinario y limitado del recurso de casación se proyecta, en la práctica, en las precisas limitaciones dentro de las cuales la ley lo regula, y referentes no sólo a los motivos o causales para su procedencia, sino también a la clase de providencias susceptibles de impugnarse con él (…)».


Lo anterior no constituye quebranto al derecho de igualdad respecto de las excluidas, pues la aludida exigencia pecuniaria se predica tanto del accionante, como del convocado y precisamente el carácter extraordinario del recurso de casación permite esa limitante, como bien se ha establecido en los exámenes de constitucionalidad de las normas relacionadas (CC C-1046/01).


Conviene precisar que el Código General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnación extraordinaria que se viene analizando, ampliando por ejemplo la clase de providencias susceptibles de dicha vía desde la perspectiva del tipo de proceso en el que se profieren (declarativos, acciones de grupo y liquidación de condena en concreto).


No obstante, en el nuevo compendio continúa siendo preponderante la estimación del importe de la resolución desfavorable, la cual se exige en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan sólo a los fallos pronunciados en acciones de grupo y las que aluden al estado civil -siempre y cuando traten sobre reclamación e impugnación del mismo o la declaración de uniones materiales de hecho-, como se desprende de la lectura armónica de los artículos 334 y 338 del Código General del Proceso.


Con relación al requisito de la cuantía del interés para recurrir, el artículo 339 del Código General del Proceso, prevé, que «Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión» (Destacado fuera de texto).


De esa manera, es claro que para determinar la cuantía del interés para recurrir en casación, el operador jurídico debe limitarse a los elementos que se encuentran en el expediente, por lo que el dictamen pericial no puede decretarse de oficio, sin perjuicio de que el interesado, si lo considera necesario, lo aporte con el escrito de impugnación extraordinaria.

3.        Caso concreto.


3.1.        La queja que hoy desata la Corte encuentra fundamentación en la consideración del censor según la cual la Magistratura Sustanciadora de segundo grado, excluyó los conceptos peticionados como daños de índole material «para el establecimiento de su decisión», y en cambio adujo un monto de diez millones de pesos «que no tiene consonancia con lo cuantificado».


Lo anterior sin consideración a que «los elementos del daño, lucro cesante, daño emergente y daño moral» se cuantificaron, no solo en el escrito inicial de demanda, sino también en el recurso de apelación, dado que respecto del daño, versó la alzada.


3.2.        Teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal fue desfavorable a las pretensiones y, en consecuencia, se negaron los perjuicios reclamados, que se encuentran expresados en una suma líquida de dinero, equivalente a $1.428’236.205,oo, monto este concerniente solo al daño de índole material, debe concluirse que la cuantía del agravio padecido por la demandante asciende exactamente al monto de dicha pretensión.


En este orden, es preciso poner de manifiesto el desacierto del ad-quem respecto de la exigencia de elementos adicionales para acreditar el justiprecio, dado que en este evento, la propia demanda es el insumo excluyente para medir la extensión cuantitativa de la resolución desfavorable, por lo que no es de recibo la razón que principalmente se sostuvo para la denegación de la concesión del recurso, bajo el entendido de: «no tener elementos de juicio dentro del expediente para estimar el valor por conceptos de perjuicios materiales sufridos por la demandante ante la negación de las pretensiones».


Se destaca que para el criterio precedente, no presenta relevancia alguna la variación de las reglas de demostración del justiprecio para recurrir en casación que introdujo el Código General del Proceso, pues tanto antes como ahora, la consideración de acreditaciones adicionales a las obrantes en el expediente se condiciona a su necesidad por no aparecer determinado el interés, lo cual, por regla general, no se estructura cuando para el ejercicio respectivo basta consultar el tenor de las pretensiones negadas o de las condenas impuestas, cuando ambas atañen a sumas líquidas de dinero.


Luego, el otorgamiento del recurso de casación no se debía desestimar con exclusivo cimiento en la falta de prueba que diera cuenta del valor del inmueble, o de la oferta que por este se realizó por parte de INVIAS, dado que las solas pretensiones le permitían al ad quem efectuar la cuantificación del interés.


3.3.        De acuerdo con lo anterior, para efectos de establecer la «cuantía del interés para recurrir», independientemente del sustento o validez jurídica de las peticiones no satisfechas en la proporción indicada por la recurrente, procedía tener en consideración los perjuicios de índole material que se reclamaron, según lo indicado en la demanda.


El citado criterio encuentra sustento en lo expuesto por esta Corporación, cuando se desestiman pretensiones al demandante, entre muchos otros pronunciamientos, en providencia CSJ AC, 11 jun. 2013, rad. n.° 2012-02507-00, en la cual se dijo:



«[…], ha enfatizado que la fijación de la ‘cuantía del interés para recurrir’ cuando impugna el actor por la desestimación de las pretensiones, es independiente del fundamento o validez jurídica de las mismas, criterio ratificado recientemente en auto de 31 de mayo de 2013, exp. 01065-00, en él expuso que ‘(…), ‘esa labor ha de cumplirse con absoluta independencia de que tales cosas tengan asidero jurídico, pues lo que es objeto de avalúo es la aspiración perdida, con fundamento o sin él, porque distinto es aspirar a tener derecho; o como dijo la Sala en otra ocasión: ‘cuando el sentenciador se da a la tarea de averiguar el perjuicio del recurrente en casación, solamente debe averiguarlo en el entendido de que por lo pronto el gravamen es hipotético o presunto’ (auto de mayo 5 de 1993, reiterado en auto 004 de 20 de enero de 2000), vale decir, mirando únicamente su pretensión denegada y olvidándose de la juridicidad de sus pedimentos’ (auto de 6 de julio de 2005, exp. 00706)’». (Subrayas y negrilla fuera de texto)



De acuerdo con el precedente señalado, los conceptos reclamados con daño patrimonial, integrado por el daño emergente y lucro cesante, representan parte del monto de la pretensión insatisfecha, independientemente, como se dijera, de la validez jurídica de su reclamación, ascendiendo estos por si solos a $1.428’236.205,oo, valor que evidentemente sobrepasa el limite mínimo para recurrir en casación y por consiguiente se determina, que se satisface el requisito de referente al «interés para recurrir».


4.        Conclusiones.


Como se cumplen los requisitos legales para la procedencia del recurso de casación, se estima indebida la denegación adoptada en la providencia recurrida en queja y de acuerdo con el inciso final artículo 353 del Código General del Proceso, se procederá a concederlo.


Así mismo, se dispondrá solicitar al Tribunal, la remisión del original del expediente, previo cumplimiento en lo pertinente y de ser necesario, de lo previsto en el artículo 341 del citado ordenamiento procesal, tal como lo indica el parágrafo de esa misma disposición legal.


En virtud de resolverse de manera favorable el recurso de queja, habrá de exonerarse a la recurrente del pago de las costas procesales, toda vez que de acuerdo con el numeral 1º artículo 365 del citado ordenamiento, la condena por ese concepto solo procede cuando la decisión es adversa al promotor del recurso.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.        ESTIMAR indebida la denegación del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 21 de marzo de 2018 proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso mencionado en el encabezamiento de esta providencia; en su lugar, CONCEDER la referida impugnación extraordinaria formulada por la demandante Beatriz Díaz de López.


SEGUNDO.        COMUNICAR lo resuelto al Tribunal de origen para que proceda al envío del expediente, previo cumplimiento en lo pertinente y de ser necesario del artículo 341 del Código General del Proceso.


TERCERO.        ABSTENERSE de imponer condena en costas correspondientes a este trámite.



Notifíquese y Cúmplase,





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado