AC4119-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02152-00
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Sería del caso pronunciarse frente al conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veinticinco de Familia de Bogotá y Decimo de Cali, con ocasión de la continuidad del trámite procesal sobre de alimentos, custodia y regulación de visitas dentro de la demanda presentada por Viviana Tarazona Ospina, en representación de sus dos hijas menores, contra Jaime Alirio Céspedes Ospina, si no fuera porque la colisión se advierte improcedente.
2. El Juzgado Veinticinco de Familia de Bogotá, al que inicialmente correspondió por reparto la demanda de divorcio, mediante sentencia proferida en audiencia de cinco 5 de diciembre de 2017, decretó el divorcio entre las partes, pero simultáneamente se desprendió del conocimiento del asunto por cuanto estimó que carecía de competencia para conocer temas atinentes a la «cuota alimentaria, custodia y visitas de las hijas MARIANA CESPEDES TARAZONA y TATIANA CESPEDES TARAZONA en razón a que en esta audiencia se manifestó que su lugar de residencia se encuentra» en la ciudad de Cali, a donde ordenó remitir las diligencias.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto dado que involucra a Despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.
En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.
Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.
Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio.
Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.
La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.
Por esa razón, en materia de competencia territorial, se fijan una o unas bases universales, generales que han de regular aquellas situaciones que no tengan regla especial.
Vista la redacción del artículo 28 ibidem, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos (…) es competente el juez del domicilio del demandado», pero como dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», es clara la necesidad y obligatoriedad de acudir a las pautas consagradas en sentido diverso. En ese orden, el legislador anticipa la existencia de reglas especiales, algunas con la entidad de exceptuar dicho enunciado.
Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o privativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».
Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.
Una de las más relevantes características de la competencia jurisdiccional es la inmodificabilidad, atributo jurisprudencial y doctrinariamente acogido bajo la fórmula latina perpetuatio jurisdictionis y que más correctamente debería denominarse competencia perpetua, si se atiende la verdadera dimensión de los conceptos relacionados.
Dicha propiedad, que no es ajena a contar con excepciones, constituye una arista fundamental del principio de Juez competente, en tanto complementa las demás características de la figura: orden público, legalidad, imperatividad e indelegabilidad, impidiendo que las mismas pierdan vigencia por la posibilidad de una sobreviniente variación de la aptitud legal regularmente radicada.
Sobre el tema esta Sala ha sostenido:
«[E]n virtud de la ‘perpetuatio jurisdictionis’, (…) una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendió el conocimiento del asunto (…) ‘Si el demandado, dice la Corte, en doctrina que es aplicable al caso, no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le está vedado modificarla, inclusive en el evento de que hubiere existido cambio de domicilio o residencia de las partes. Las circunstancias de hecho respecto de la cuantía del asunto, del factor territorial, del domicilio de las partes y de su calidad, existentes en el momento de proponerse y de admitirse una demanda civil, son las determinantes de la competencia prácticamente para todo el curso del negocio’ (AC6242-2016, 20 sep.2016, rad. n° 2016-02626-00).
Así las cosas, la inmodificabilidad de la competencia implica que por regla general, la situación que presenten los factores que al efecto se tienen en cuenta al momento de la adquisición de la competencia, es la determinante para establecer la misma, sin que las modificaciones de hecho o de derecho que con posterioridad ocurran, puedan afectar esta determinación o radicación inicial.
Para el caso de los sistemas procesales dispositivos, el momento de la adquisición de la competencia es aquel en el cual se presenta la solicitud de iniciación del procedimiento, complementado por el acto en el cual la autoridad judicial ordena darle curso al mismo.
Importa destacar que sobre la figura objeto de análisis se encuentra superada cualquier discusión en punto de su alcance, en tanto que en virtud de la reforma introducida por la preceptiva 624 del Código General del Proceso al artículo 40 de la Ley 153 en 1887, ha quedado definitivamente claro que la misma atañe no sólo a las variaciones de hecho, sino también a las de derecho.
6.1. De conformidad con los lineamientos traídos a colación es claro que en su momento la competencia atribuida y asumida por el Juez de Bogotá no admitía discusión y en virtud de la característica de inmodificabilidad de la competencia, doctrinariamente acogida bajo la fórmula latina perpetuatio jurisdictionis, por vía de principio, dicha aptitud legal debidamente consolidada no puede variarse, máxime cuando no se estructura alguno de los supuestos legalmente contemplados para su alteración (art. 27, C.G.P.).
Lo anterior implica que el Juez de conocimiento, competente desde un principio, en orden a favorecer las garantías de los sujetos procesales, debió continuar el trámite hasta resolver los aspectos directamente relacionados con la sentencia de divorcio, la cual según el artículo 389 del Código General del Proceso, debe definir:
«1. A quién corresponde el cuidado de los hijos.
2. La proporción en que los cónyuges deben contribuir a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 257 del Código Civil.
3. El monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro, si fuere el caso.
4. A quién corresponde la patria potestad sobre los hijos no emancipados, cuando la causa del divorcio determine suspensión o pérdida de la misma, o si los hijos deben quedar bajo guarda.
5. La condena al pago de los perjuicios a cargo del cónyuge que por su culpa hubiere dado lugar a la nulidad del vínculo, a favor del otro, si este lo hubiere solicitado.
6. El envío de copia de las piezas conducentes del proceso a la autoridad competente, para que investigue los delitos que hayan podido cometerse por los cónyuges o por terceros al celebrarse el matrimonio, si antes no lo hubiere ordenado».
En tal virtud, el primero de los Despachos encontrados actuó de manera prematura al desprenderse del conocimiento del asunto, dado que le correspondía finiquitar el trámite mediante sentencia en la cual definiera todos y cada uno de los puntos indicados en la mencionada normativa.
Puesto que dicho Despacho actuó de otra manera, deberá adoptar las medidas de saneamientos pertinentes para completar el trámite y decidir las pretensiones respecto de las cuales entendió que no era competente.
En definitiva, la primera de las autoridades comprometidas es la competente conocer del asunto y, en especial, para realizar las actuaciones tendientes a resolver los aspectos hasta ahora inciertos.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al juzgado Veinticinco de Familia de Bogotá, para conocer del proceso en referencia y, como se anticipó, para realizar las actuaciones tendientes a resolver los puntos respecto de los cuales entendió que carecía de aptitud legal.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado Despacho e informar lo decidido e informar lo decidido al otro estrado en contienda.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado