AC4120-2018
2Radicación n° 11001-31-03-027-2012-00384-01
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por los demandantes frente a la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Aníbal Aldana Saavedra, Luis Antonio Rojas, Carlos Alberto Patiño Zorro, Omar Hernández Acosta y Ricardo Malagón Forero contra Olga Aranguren Moreno, Inversiones y Construcciones Bengalies S.A.S., Inversiones y Construcciones el Cedral y Cía. Ltda., María Carolina y Felipe Martín Lesmes Bautista.
1. La pretensión tiene por objeto que se declare la simulación absoluta del contrato de compraventa contenido en la escritura pública No 5400 de 24 de agosto de 2004 de la Notaría Treinta y Siete de Bogotá «suscrito entre la sociedad Inversiones y Construcciones El Cedral y Cia. Ltda. (como vendedora) y la empresa Inversiones y Construcciones Bengalies E.U. hoy Inversiones y Construcciones Bengalies SAS (como compradora), por el cual la primera dijo vender a la segunda el derecho de dominio pleno, propiedad y posesión sobre el inmueble (…) ubicado en la calle 16. No 8-A 40/54 de Moniquirá».
Así mismo, reclamaron la orden de cancelación de la matrícula inmobiliaria «No 083-6211 tanto los registros que se hubieren realizado con base en la precitada escritura pública No 5400 de 24-Agt.-2004 de la Notaria Treinta y Siete de Bogotá».
Finalmente, pidieron se condenara solidariamente a los demandados al pago de del daño emergente, el lucro cesante y los daños morales ocasionados, discriminados para cada uno de los actores.
2. El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, obrando como juzgador de primer grado, mediante proveído de 11 de agosto de 2017 desestimó las pretensiones tras declarar probada la excepción de «inexistencia de los presupuestos legales que configuren la acción de simulación».
3. El Tribunal, al resolver la apelación propuesta por los demandantes, en providencia de 7 de marzo de 2018, confirmó la resolución del a quo.
4. Frente a la sentencia del ad quem los peticionarios formularon recurso extraordinario de casación, el cual fue concedido por la Magistrada Sustanciadora luego de estimar satisfechos los requisitos legales, en particular la cuantía del interés para recurrir, circunscrito al avalúo del bien objeto de litigio.
La naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado, en tanto corresponde comprobar, entre otros aspectos, la oportunidad de su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada.
De igual manera, la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo del cumplimiento cabal de los presupuestos para el regular arribo del expediente a la Corte; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando aspectos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha establecido o lo ha sido sobre supuestos equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre otros).
Desde la perspectiva del Código General del Proceso, se ha reiterado la pertinencia de la declaratoria de prematuro para el otorgamiento del recurso de casación, en los siguientes términos:
«El artículo 342 en cita previene acerca de que la cuantía del interés para acudir en casación “fijada” por el Tribunal no puede ser materia de “examen o modificación” por esta Corporación; restricción que viene a ser análoga a la que existía en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que “No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía”.
Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casación se planteó en vigencia del Código General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si “la temática arriba a esta Corporación legalmente definida”, pues, no tendría ningún sentido guardar silencio o avalar una ponderación o mensura hecha “sobre bases irreales, lo cual, por sí, implicaría una decisión aparente o no definida” (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01).» (CSJ AC5735-2016, 1º sep. 2016, rad. 2007-00177-01).
Conviene señalar que el interés para recurrir en casación refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, la cual, para los eventos gobernados por las disposiciones del nuevo estatuto general de procedimiento, debe ser igual o mayor a «un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)», cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, de conformidad con el tenor de la preceptiva 338 ibídem.
Sobre el concepto en comentario tiene dicho esta Corporación, que aquél «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC6011-2015, reiterado en AC7638-2016, 8 nov. 2016, rad. 2012-00290-01).
Lo anterior implica, que cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, material y atendidas las singularidades del caso, tal cual lo ha reclamado la Sala:
«Uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos.» (CSJ AC, 28 sep. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr. 2014, 2008-00347-01).
De manera que la actualidad de la afectación en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés.» (AC 064, 15 may. 1991; reiterado en AC924-2016, AC1825-2016 y AC5019-2016).
3.1 En el presente caso, no es posible predicar que la Corporación de origen haya agotado debidamente su labor de examinar la cuantía del interés para recurrir en casación, por cuanto en dicho laborío no atendió el contenido, alcance y fundamento de la pretensión formulada y la particular trascendencia que su desestimación comporta para los demandantes en el plano material y económico.
3.2 Efectivamente, la apreciación del ad quem pretermitió considerar que en el presente caso, a los peticionarios les fue negada en doble instancia su aspiración de obtener la declaración de simulación absoluta de un negocio jurídico ajeno, el cual denuncia a la jurisdicción para revelar la realidad, al amparo de la legitimación sustancial especial que según afirman se deriva de las condenas impuestas por medio de diferentes sentencias «a la empresa Inversiones y Construcciones El Cedral y Cía. Ltda. a pagar a cada uno de los aquí demandantes las acreencias laborales por concepto de la relación de trabajo que entre ellos existió» (f. 14, cd. 1).
Esta circunstancia obliga a tener presente la doctrina sobre la legitimación del acreedor para demandar la simulación de actos jurídicos, la cual no sólo es relevante para la definición de la litis, sino que necesariamente reviste especial importancia para la certera comprensión del concepto resolución desfavorable de cara al examen de procedencia del recurso de casación en esta clase de hipótesis.
Recientemente la Sala ha condensado sobre el particular que:
«2.1 Tratándose de los acreedores, su legitimación ad causam en la acción de simulación es extraordinaria y deriva de su interés en el litigio vinculado a la relación jurídica ajena que es objeto de la demanda, cuya extinción (en casos de simulación absoluta) o reforma (en simulaciones relativas) persigue, en tanto el interés jurídico para obrar «se lo otorga el perjuicio cierto y actual irrogado por el ‘acuerdo simulado’, ya sea porque le imposibilite u obstaculice la satisfacción total o parcial de la ‘obligación’, o por la disminución o el desmejoramiento de los ‘activos patrimoniales’ del deudor (CSJ SC, 2 Ago. 2013, Rad. 2003-00168-01).
El tercero acreedor del enajenante simulado puede, por consiguiente, denunciar la simulación que produce afectación sobre su derecho de crédito, impugnando el acto de enajenación con el que su deudor ha fingido la disminución de su patrimonio, cuando en realidad no ha enajenado nada y los bienes objeto de ese contrato siguen siendo prenda de la acreencia.
La impugnabilidad de ese acto de disposición patrimonial depende del principio general por cuya virtud el tercero puede invocar la simulación ajena cuando tal declaración le beneficie, en cuyo caso su interés se concreta en hacer prevalecer la realidad sobre la apariencia. «El efecto de la sentencia en el proceso de simulación –refiere MESSINEO– es la declaración de certeza de que el bien enajenado aparentemente forma siempre parte del patrimonio del enajenante simulado y, por consiguiente, el acreedor de éste puede perseguirlo mediante la acción ejecutiva»1, de ahí que el fin último perseguido por éste es la reconstrucción del patrimonio de su deudor.
Tal como lo dispone el artículo 2488 del Código Civil «toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677».
Luego, si el acreedor está legalmente facultado para perseguir todos los bienes que conforman el patrimonio de su deudor, entonces nada obsta para que pueda invocar la acción de simulación tendiente a rehacer ese patrimonio que constituye la prenda general de su crédito, en ejercicio de su derecho auxiliar de perseguir la satisfacción de la deuda.
Con miras a lograr ese objetivo, según lo ha precisado la jurisprudencia desde hace considerable tiempo, le corresponde demostrar la existencia de la acreencia contraída a su favor y establecer que «el acto acusado lo perjudica, por cuanto en virtud de él queda en incapacidad para hacer efectivo su derecho, por no poseer el obligado otros bienes» (CSJ SC, 15 Feb. 1940, G.J., T. XLIX, p. 71, reiterado en CSJ SC, 1º Nov. 2013, Rad. 1994-26630-01), o «porque le imposibilite u obstaculice la satisfacción total o parcial de la obligación, o por la disminución o el desmejoramiento de los activos patrimoniales del deudor» (CSJ SC, 2 Ago. 2013, Rad. 2003-00168-01). (SC16669-2016, 18 nov. 2016, rad. 2005-00668-01).
En este orden, la invocación de la simulación por parte de los pretensos acreedores supone el ejercicio de uno de los mecanismos de protección o medidas conservatorias que confiere el ordenamiento jurídico a sus intereses frente al perjuicio que genera la ficticia ausencia de garantía del deudor; ello, al lado de figuras que aunque de diversa naturaleza, exhiben similar propósito, como es el caso de la «acción de subrogación u oblicua» y la «pauliana o revocatoria», entre otras, como también ha reconocido esta Corte (SC, 2 ago. 2013, rad. 2003-00168-01).
3.3. Si conforme a lo analizado, la finalidad de la pretensión de simulación, que se habilita invocar a los acreedores, «es la reconstrucción del patrimonio de su deudor» -superando el obstáculo que para la satisfacción total o parcial de su crédito comporta la pervivencia del afirmado acto ostensible-, forzoso es concluir que a la denegación de dicha aspiración sólo se le puede predicar el efecto desfavorable al reclamante de tornar definitivo dicho impedimento y materializar la frustración de la acreencia.
Por ello, el monto de la estimación del agravio generado por la sentencia de segunda instancia en dicho particular evento, por línea de principio, no podrá desbordar el monto actualizado del derecho que se aduce lesionado, esto es, del crédito habilitante de la acción de simulación, siendo impostergable recalcar que dicho criterio estará siempre limitado o circunscrito al avalúo de los bienes que se buscaban incorporar al patrimonio del deudor, pues en todo caso, este guarismo será el lindero máximo, si es que la acreencia desborda la valuación de los bienes que se reclaman trasladar a la categoría de activos de la garantía personal general del obligado.
Se aclara que en un escenario como el que hoy ocupa a la Corte, no puede sostenerse que la desestimación de la pretensión de simulación tenga el efecto sustancial de negarle a los demandantes el bien comprendido en la negociación puesta en entredicho, pues evidentemente esto no se ha solicitado, y si bien se busca afectar el derecho de propiedad sobre tal activo, ello es solamente para el indirecto beneficio de incrementar la masa patrimonial del deudor y posibilitar el cumplimiento obligacional de que se trate.
En tal orden, no es de recibo que para esta clase de supuestos, se justiprecie el interés para recurrir en casación desde la automática y aislada apreciación del valor de los bienes objeto de la rechazada declaración de simulación, en tanto que con tal proceder se ignora el verdadero fundamento, alcance y contenido del petitum, drásticamente determinado por la clase de legitimación sustancial que le sirve de respaldo, abandonando la necesidad de determinar la cuantía de la resolución desfavorable con sujeción a la totalidad de factores involucrados, como el sentido de la decisión, la calidad de las partes, sus expectativas económicas y demás particularidades de su posición material y procesal.
Retomando, el valor de los activos comprometidos en la negociación cuestionada será criterio pertinente en aquellos casos donde este guarismo se encuentre superado por el monto de la acreencia legitimante de la pretensión, debidamente estimada a la fecha de la sentencia que se ataca, pues en los demás eventos, deberá estarse a la cuantía del derecho que se postula frustrado en su satisfacción por la distracción de bienes.
Por supuesto que la postura expuesta no aplica para los demás casos, en tanto claro está, que los lineamientos de la valoración del agravio varían según los factores ya referidos, y precisamente por ello, diversos serán las criterios que se observarán en otros supuestos, como cuando la pretensión sea acogida, dado que allí por ejemplo, se podrán afectar diferentes intereses, como el del enajenante que pierde la utilidad del negocio que defiende, o el del adquirente que es privado de la propiedad que ya obraba en su patrimonio, todos ellos susceptibles de diferenciada apreciación.
3.3. En ese orden, el Tribunal dejó de considerar que el interés que detentaban los actores en el proceso no radicaba en el bien objeto del negocio jurídico discutido como simulado, sino en el valor de las acreencias dejadas de pagar por una de las entidades demandadas que resultó condenada en diferentes sentencias laborales emitidas en su contra.
Luego, el quantum del agravio, en virtud al litisconsorcio facultativo que conforman los demandantes, se determina por el monto que de manera independiente se le adeuda a cada uno de ellos, y no por el valor del bien en discusión como lo tomó el ad quem, ni tampoco por la suma de las acreencias de todos los libelistas.
El otorgamiento de la impugnación extraordinaria devino prematura, lo cual impone devolver la actuación al ad quem para que de conformidad con los lineamientos pertinentes, determine el valor actual de la resolución desfavorable para cada uno de los demandantes, atendiendo la naturaleza y alcance particular del ruego jurisdiccional formulado.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR PREMATURA la concesión del recurso extraordinario de casación en referencia.
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente a la Corporación judicial de origen para lo pertinente.
Notifíquese,
Magistrado
1 MESSINEO, Francesco. Doctrina general del contrato. T. II, p. 45.