AC4123-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02139-00


Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).



Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Montelíbano, Promiscuo de Familia de Planeta Rica, estos dos pertenecientes al departamento de Córdoba, y el Segundo de Familia de Bello, Antioquia, con ocasión del conocimiento de la demanda de petición de herencia presentada por Miriam del Socorro, Ana Teresa, Jhon Alveiro, Martha Luisa, Gloria María y Norelia del Socorro Licona Villegas contra «ROSAURA HERNANDEZ TEJADA Y OTROS».


  1. ANTECEDENTES


1.        El escrito inicial se dirigió al «Juez Segundo Promiscuo Municipal de Monte Líbano (sic), Córdoba», pretendiendo principalmente «se reconozca a MIRIAM DEL SOCORRO LICONA VILLEGAS Y OTROS (…) [c]omo HEREDEROS en calidad de Bisniet@s (sic) del causante MANUEL LICONA».


En el acápite de competencia se indicó que la misma estaba radicada en ese Despacho «en consideración a que ya existe sentencia y es el Juzgado donde se adelantó el proceso de sucesión [p]ara darle continuidad al proceso y evitar traslados».


2.        Pese a que la causa fue dirigida de forma directa al «Juez Segundo Promiscuo Municipal de Monte Líbano (sic)», la misma fue sometida a reparto y le correspondió al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la referida territorialidad, agencia judicial que dispuso su rechazo por falta de competencia territorial, estimando que «en la notificaciones (sic) manifiestan que desconoce la dirección de la demandada, pero a folio 98 se indica que la Sra. ROSAURA HERNANDEZ TEJADA reside en la carrera 7 No 14-51 del B/La candelaria de Planeta Rica –Córdoba»


De acuerdo con el anterior razonamiento se arribó a la conclusión de que autoridad habilitada para conocer de la demanda es el Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica, por lo que a allí se ordenó la remisión de las diligencias.


3.        El estrado judicial receptor rehusó la atribución considerando que «si el demandante afirma que desconoce si aún la demandada conserva el mismo domicilio que tenía cuando se tramitó el proceso de sucesión (…) no podía el juzgado remitente suponer o presumir, como lo hizo, de manera ligera, que la competencia está radicada en este municipio y en este Juzgado».


Agregó que en el escrito inaugural se afirma, concretamente en el acápite referido a la competencia, que «la demanda la presenta en ese juzgado, en razón a que allí se tramitó el proceso de sucesión», lo que claramente indica la aplicación del «fuero de atracción, que regula el art. 23 del CGP». 


Lo anterior para concluir que no se avizoraba situación alguna que habilitara a los juzgados de esa urbe para asumir el conocimiento de la causa, por lo tanto ordenó la devolución de la misma al Juzgado remitente, a fin de que aclarara o precisara las razones por las cuales consideraba que la competencia por el factor territorial recaía en el municipio de Planeta Rica «y no allá en Montelíbano, o en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Familia de esa localidad, o en Cartagena, o en Bello-Antioquia».


4.        Una vez recibida la demanda por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montelíbano, este reexaminó la demanda y reafirmó que no era competente para conocer de la misma debido a lo consagrado en el numeral 12 del artículo 22 del Código General del Proceso y, además, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la agencia judicial de Planeta Rica, es decir, la dirección desactualizada de la convocada, concluyó que «no (…) queda más sino la de aplicar el numeral 1 del artículo 28 del C.G.P.,…Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante».


En virtud de lo anterior, ordenó la remisión de las diligencias al «Juzgado de Familia del municipio de Bello –Antioquia, lugar donde reside la parte demandante», esto en atención a que se desconoce la dirección de los «demandados».


5.        Por su parte, el Juzgado Segundo de Familia de Bello, receptor de las diligencias, descartó la aplicación del fuero de atracción haciendo énfasis en que el proceso de sucesión no se encontraba en trámite y que además el mismo no había sido de mayor cuantía.


Acto seguido reseñó que la acción de petición de herencia supone el ejercicio de un derecho real, no obstante «la norma le otorga a la parte actora la posibilidad de escoger el operador judicial frente al cual presentar la demanda (…), esto es, frente al Juez de familia del domicilio de los demandados, o frente al Juez de Familia en que se encuentre ubicado el bien objeto de adjudicación, pero al haberse escogido la segunda opción, esa competencia será privativa o exclusiva, a la luz de lo dispuesto en el numeral 7ºdel artículo 28 del Código General del Proceso».


De acuerdo con el anterior razonamiento, señaló que la competencia estaba dada por el fuero general que concierne al domicilio de los demandados y pese a que en el libelo genitor se manifestó no conocerlo, exaltó que ese desconocimiento no era del todo «absoluto» como lo prevé la norma, pues así lo infiere de la narración de los hechos de la demanda.


Finalmente, consideró que a él no le concernía asumir el conocimiento de la acción, en tanto era al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Planeta Rica al que le correspondía «declarar el conflicto negativo de competencia (…) o (…) hacer un estudio de la demanda y requerir a la apoderada de la para que precisara de manera “absoluta” (…) si en efecto el municipio de Planeta Rica (…) continuaba siendo el domicilio de los demandados».

Con base en esos argumentos planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


  1. CONSIDERACIONES


1.        Aptitud legal para la resolución.


Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.


2.        Dinámica general de las reglas de competencia.


En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.


En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.


Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.


Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.


La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.


3.        Las pautas de atribución territorial en el Código General del Proceso.


Vista la redacción del artículo 28 ibidem, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos (…) es competente el juez del domicilio del demandado», pero como dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», es clara la necesidad y obligatoriedad de acudir a las pautas consagradas en sentido diverso. En ese orden, el legislador anticipa la existencia de reglas especiales, algunas con la entidad de exceptuar dicho enunciado.


Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o privativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».


Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.


4.        Eventos de competencia privativa.


Como muestra de los eventos de la modalidad privativa de asignación de la aptitud legal, pueden destacarse los casos previstos en los numerales 2 (inciso 2º), 7, 8 y 10 (inc. 1º), todos del artículo 28 del Código General del Proceso.


La Corte, en relación con el alcance de la expresión «modo privativo», entre otros, en proveído CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, reiteró mediante argumentos referidos al anterior estatuto procesal civil que son de total recibo para el actual:


«Sobre el particular, la Sala, en varios pronunciamientos, ha señalado que  “[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situación del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegación oportuna de la parte demandada mediante la formulación de la correspondiente excepción previa o recurso de reposición, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, según la preceptiva del artículo 144, inciso final, ibídem; obvio que si así fuera, el foro exclusivo se tornaría en concurrente, perdiéndose la razón de ser de aquél. (…)»


En este orden, la previsión de un fuero privativo es manifestación reforzada del carácter imperativo, indisponible, improrrogable e inmodificable, de las normas sobre competencia judicial, que anula la facultad de selección del demandante, así como su desatención por parte del Juez.


5.        Caso Concreto


El presente caso se aviene precisamente a un evento de competencia excluyente en el fuero real, particularmente el contemplado en el referenciado numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso, conforme al cual: «En los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante.» (Destacado fuera de texto).


5.1.        En efecto, lo aquí pretendido no es más que el reconocimiento del derecho de herencia por parte de quienes dicen tener el derecho de representación de algunos descendientes que se alegan excluidos de la causa sucesoria adelantada respecto del patrimonio de su causante, siendo la prerrogativa sustancial reclamada de orden real por expresa previsión legal, tal cual lo ha reconocido esta Sala:


«Dado que a voces del artículo 665 del Código Civil, el de herencia es un derecho real, la normatividad citada anteriormente es aplicable a la acción de petición de herencia.


Esta Corporación en auto del 12 de marzo de 2008, exp. 2007-01958-00, dijo que “[c]on prescindencia de la discusión doctrinaria a propósito de la exacta naturaleza del derecho de herencia, en las voces del artículo 665 del Código Civil, es un derecho real y de ‘estos derechos nacen las acciones reales’, la ‘acción de petición de herencia, establecida en la legislación civil para proteger a los herederos, es real y de carácter vindicatorio’ (Sentencia 046 de 27 de marzo de 2001, expediente 6365), puede definirse ‘como la acción real dada al heredero contra aquellos que, pretendiendo tener derecho en la sucesión, la retienen (…)’ (Sentencia de 27 de febrero de 1946); ‘(…) es una acción real y con ella se persigue una universalidad, esto es, lo que por el carácter hereditario haya de corresponderle al actor, ya conste dicha universalidad de uno o varios bienes, de suerte que puede seguirse contra quien posee solamente una cosa de la herencia.’ (Sentencia de 14 de marzo de 1956), ‘La acción de petición de herencia (…) es la vía conducente para el ejercicio del derecho real de herencia’ (sentencia de 16 de octubre de 1940)” (AC 16 jul. 2013, rad. 2013-1413-00; destacado fuera de texto).


Por lo anterior, en principio, las distintas circunstancias atinentes al fuero personal se neutralizan, esto es, resultan inoperantes en razón del fuero real señalado por el legislador como privativo, lo que de manera similar ocurre respecto de cualquier otro foro que pudiera predicarse aplicable.


5.2.        Importa precisar que a diferencia del Código de Procedimiento Civil que en su artículo 23, numeral 9º, preveía una competencia a prevención, cuando se trataba de juicios en donde se ejercitaban derechos reales, la actual normativa no ofrece esa opción y sólo permite «de modo privativo» que en esos eventos, el juez cognoscente sea el del lugar de ubicación de los bienes.


Ciertamente en el escenario procedimental anterior, existía consistente precedente que reconocía la hipótesis de concurrencia para causas como la aquí promovida, así: «Los fueros, personal, empezando por la regla general del domicilio del demandado, y real, entonces, son los que, a elección del demandante, determinan la competencia territorial en acciones de petición de herencia.» (CSJ AC4046-2014, 21 jul. 2014, rad. 2014-01452-00).


De manera que tanto antes como ahora bajo la égida del Código General del Proceso, ha sido notable la incidencia del foro real de competencia territorial para las causas de petición de herencia, solo que en el panorama contemporáneo el mismo se ha reforzado por voluntad del legislador, pasando de ser una alternativa del demandante, a una forzosa pauta de atribución, como se ha insistido.


Lo dicho, no desconoce el alcance de la relevante variable que expresamente introduce el fuero de atracción previsto en el artículo 23 del Código General del Proceso, cuya procedencia se descarta en el presente caso por no reunirse el presupuesto básicos de la norma en cita: «la sucesión que se esté tramitando sea de mayor cuantía». Esto último, porque el trámite liquidatario relacionado con este asunto cuenta con sentencia aprobatoria, según se infiere de la demanda y sus anexos.


5.3.        Como puede verse, no son de recibo ninguna de las posturas hasta aquí expuestas por los intervinientes, esto es, tanto por el demandante como por los Jueces involucrados en la colisión, dado que reclamaron la aplicación de los fueros personal y de atracción, los cuales se estableció, no puede emplearse para la certera determinación de la competencia territorial, dado el protagónico efecto del foro privativo analizado.


En consecuencia, considerando que el bien objeto de la sucesión que pretende afectarse con la acción real de petición de herencia está ubicado en la isla de Barú (Cartagena), la atribución corresponde a los Jueces de Familia de esta ciudad.


6.        Conclusión


En atención al fuero privativo que se impone en este caso, debe inferirse que la autoridad competente para conocer de la presente demanda de petición de herencia son los Jueces de Familia de Cartagena (reparto), autoridad que si bien no está involucrada en este conflicto, debe ser la destinataria inmediata de la remisión de estas diligencias en razón del carácter público, imperativo, improrrogable e inmodificable de las reglas de competencia.



  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,



RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR competente Jueces de Familia de Cartagena (reparto), para conocer de la demanda en referencia.


SEGUNDO.        REMITIR la actuación a la mentada autoridad, por intermedio de la oficina respectiva, para que asuma el conocimiento del asunto. Comunicar lo decidido a los juzgados involucrados, anexando copia íntegra de esta providencia.



Notifíquese y Cúmplase,






LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado