AC4130-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01607-00
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el recurso de queja formulado por la parte demandante frente al auto de 17 de enero de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante el cual denegó la concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por el aludido extremo procesal contra la sentencia de segunda instancia proferida el pasado 14 de diciembre de 2017, dentro del proceso de simulación y, en subsidio, de nulidad de contrato y de rescisión por lesión enorme, promovido por Martha Isabel, Sandra Liliana, Edgar Augusto, Rocío del Pilar y Luis Enrique Devia Guzmán contra Piedad y Beatriz Helena Palacino García.
1. Mediante escrito presentado el 25 de agosto de 2016, los demandantes pretendieron principalmente que se declarara «totalmente simulado o absolutamente el contrato de compraventa con pacto de retroventa contenido en la Escritura Pública No. 2186 de 07 de noviembre de 2006 de la Notaría Quinta de Ibagué (…) registrada en la Oficina de Registros de Ibagué al folio de matrícula inmobiliaria No. 350-85800, y la escritura de cancelación del pacto de retroventa (…)».
Como consecuencia de lo anterior, reclamaron que se condenara «en perjuicios a las demandadas, para que paguen a mis mandantes los perjuicios ocasionados que estimamos en la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000 M/Cte.) o lo que se prueba dentro del proceso (…)».
En subsidio de lo anterior, solicitaron se declarara «la nulidad de la escritura señalada (…) por falta de consentimiento de una de las partes que debieron de haber firmado la escritura» o, en su defecto, «la rescisión de la escritura señalada en la primera petición principal, por el precio que excede los requisitos de la figura de la lesión enorme en el contrato y la escritura pública de cancelación de pacto de retroventa (…)».
Las peticiones consecuencias se repitieron en torno de los requerimientos subsidiarios.
2. El a quo negó la totalidad de las pretensiones, pero el Tribunal, al resolver la apelación propuesta por la parte demandante, en providencia de 14 de diciembre de 2017, confirmó la negativa de la pretensión principal y de la primera subsidiaria, al tiempo que accedió «parcialmente a la pretensión segunda subsidiaria, empero únicamente en lo que atañe a la lesión enorme, sin el reconocimiento de perjuicios.»
Así las cosas, declaró «rescindido el contrato de compraventa con pacto de retroventa celebrado entre el extinto Luis Edgar Devia Gómez como vendedor y Beatriz Helena y Piedad Palacino García como compradoras (…)», en orden a lo cual «[s]i las compradoras lesionantes(sic) Beatriz Helena y Piedad Palacino García desean mantener el negocio de acuerdo con lo autorizado en el artículo 1948 del Código Civil, deberán dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, consignar a órdenes del juzgado de conocimiento la suma de $177.901.6045 (…) --- Si las compradoras no hacen uso de la opción antes especificada se entenderá que la rescisión ha quedado en firme (…)».
Sostuvo la Magistrada Sustanciadora que «el interés económico para recurrir en casación deviene de los perjuicios reclamados y que fueron denegados, pues la aspiración de rescindir el contrato fue acogida por esta Corporación», a lo cual agregó, concretando esa consideración, que «los perjuicios reclamados ascendían a la suma de ‘doscientos millones seiscientos veintinueve mil cuatrocientos quince pesos ($200.629.415) M/Cte.’ Justificados en la imposibilidad de ejercer el derecho de propiedad sobre el inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria No. 350-85800 (…)»
Esa cifra fue actualizada según el índice de precios al consumidor, lo cual arrojo un total de $208.897.003.63, cifra que «corresponde al valor económico que determina el interés de la parte demandante para acudir en el recurso extraordinario de casación.»
En todo caso, advirtió el juzgador de segundo grado que si se llegase a considerar «que la resolución desfavorable comprende la totalidad del valor del aludido bien inmueble y los perjuicios reclamados, ello en consideración a la negativa de la petición de nulidad y subsidiaria de simulación (sic), debe concluirse igualmente que dicho valor económico no supera el valor exigido para acudir en casación, como pasa a explicarse», esto es, porque el avalúo máximo de dicho inmueble arrojó un monto de $450.000.000, que actualizados en la forma antedicha arroja un total de $502.865.584.10, y sumadas las dos cantidades no se supera el mínimo para recurrir en casación.
En respuesta, el ad quem mantuvo su determinación y ordenando la expedición de las copias para surtir queja.
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, según lo dispuesto en los artículos 30 numeral 3 y 35 del Código General del Proceso.
«(…) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia:
1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos.
2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria.
3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto.
Parágrafo. Tratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho».
A su vez, el precepto 338 del mismo ordenamiento consagra:
«Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil»
Se evidencia así que no todas las providencias judiciales son susceptibles de casación, sino aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración a la naturaleza del asunto debatido, o a la cuantía monetaria actual del detrimento denunciado por el impugnante.
En relación con dicho aspecto, en CSJ AC 2291-2016, rad. 2016-00720-00, la Sala reiteró: «(…) [E]l carácter extraordinario y limitado del recurso de casación se proyecta, en la práctica, en las precisas limitaciones dentro de las cuales la ley lo regula, y referentes no sólo a los motivos o causales para su procedencia, sino también a la clase de providencias susceptibles de impugnarse con él (…)».
Lo anterior no constituye quebranto al derecho de igualdad respecto de las excluidas, pues la aludida exigencia pecuniaria se predica tanto del accionante, como del convocado y precisamente el carácter extraordinario del recurso de casación permite esa limitante, como bien se ha establecido en los exámenes de constitucionalidad de las normas relacionadas (CC C-1046/01).
No obstante, en el nuevo compendio continúa siendo preponderante la estimación del importe de la resolución desfavorable, la cual se exige en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan sólo a los fallos pronunciados en acciones de grupo y las que aluden al estado civil -siempre y cuando traten sobre reclamación e impugnación del mismo o la declaración de uniones materiales de hecho-, como se desprende de la lectura armónica de los artículos 334 y 338 del C.G.P.
De manera que es claro que para determinar la cuantía del interés para recurrir en casación debe limitarse a los elementos que se encuentran en el expediente, por lo que el dictamen pericial no puede decretarse de oficio, sin perjuicio de que el interesado si lo considera necesario lo aporte con el escrito de impugnación extraordinaria.
«Acerca de la manera de proceder para establecer la extensión del susodicho interés, el novísimo estatuto procesal establece cambios, en pos de agilizar el trámite, frente a cuanto al respecto concebía la legislación que sucede, trasladando esa facultad – deber a la parte interesada.
Cual lo establecía el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil cuando era necesario tener en cuenta el valor del interés para recurrir y el mismo no aparecía determinado, antes de resolver sobre la procedencia del recurso, el tribunal debía ordenar justipreciarlo por un perito, a costa del impugnante. Si por culpa de éste la experticia no se realizaba, se declaraba desierto el recurso y ejecutoriada la sentencia. Es decir, el legislador a la sazón imponía al administrador de justicia el deber de ordenar un peritaje, para fijar la extensión del interés, si ella no afloraba de los medios demostrativos actuantes en el caso.
Ahora, el artículo 339 del Código General del Proceso señala que cuando para la procedencia del recurso sea indispensable fijar el interés económico afectado con la sentencia, ‘su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio obrantes en el expediente’, aunque ‘el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario’, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión (negrillas fuera de texto).
Como se ve, siguiendo la orientación filosófica que lo inspira y la misma teleología irrigada en todo el sistema oral que profesa la nueva normatividad, la ley procesal de ahora traslada la carga directamente al interesado, en cuanto ya no es el juez propiamente quien ha de ordenar la práctica de una prueba pericial para establecer la dimensión del interés, en caso de no aparecer establecida en la actuación.
En la actualidad, en litigios de este linaje, donde se debaten intereses eminentemente privados, con mayor razón siguiendo la preceptiva ahora vigente, sin reticencia alguna corresponde al opugnador allegar el medio de convicción, si a bien lo tiene; desde luego, si se sustrae de hacerlo, “deberá” el Juzgador establecerlo ‘(…) con los elementos de juicio que obren en el expediente’ (art. 339), con las consiguientes consecuencias.» (AC2911-2017, 10 may. 2017, rad. 2017-00732-00; reiterado en AC3887-2017, 20 de jun. 2017, 2017-0324-00).
3.3. De conformidad con los lineamientos generales expuestos en precedencia, no puede sostenerse que el criterio jurídico y la valoración fáctica que llevó a cabo la Magistrada Sustanciadora de origen al denegar la concesión del recurso de casación merezcan reparo alguno.
Efectivamente -y en esto no hay controversia-, el examen del justiprecio del interés económico afectado con la sentencia se llevó a cabo «con los elementos de juicio que obren en el expediente», tal cual lo exige el artículo 339 del Código General del Proceso, sin que en dicha oportunidad se hubiera podido considerar insumo adicional, en tanto que la parte interesada no ejerció la facultad otorgada por la norma citada de «aportar un dictamen pericial si lo considera necesario».
Sobre ese particular, se advierte que las reglas actuales suponen no sólo la limitación por vía de principio de la potestad del Juez de decretar medios de convicción para el establecimiento del justiprecio del interés económico -con la correspondiente enfatización de la carga demostrativa en cabeza del impugnante-, sino que al tiempo, y principalmente, implican una variación del «estándar de prueba» respectivo, es decir, del grado de certeza personal o de convicción, necesario para que el Magistrado Sustanciador provea sobre el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente.
Así las cosas, las preceptivas vigentes no sitúan a la magistratura en posición de indagar o auscultar por un grado de certeza absoluto en relación con la cuantía del interés, sino que le obligan a conformarse con el nivel de verdad que le confieran los elementos acreditantes que al momento de la resolución encuentre en el plenario.
En ese orden, la esquemática que se viene analizando, de forma acorde con el resto del Código General del Proceso, particularmente con previsiones como los artículos 84-4, 78-10, 173 y 227, exige de las partes e intervinientes una proactiva y previsiva actitud en orden al oportuno y efectivo despliegue de los distintos actos procesales y el máximo aprovechamiento de las potestades conferidas para la defensa de sus intereses.
Entonces, debe resaltarse especialmente que en el presente asunto el Tribunal no tenía la obligación adicional del recaudo de un dictamen específico para justipreciar el interés, por la cual no es de recibo el argumento del interesado, según el cual el Tribunal debía decretar la prueba pericial reclamada, dado que su deber era aportarlo si estimaba que con él se alcanzaba el mojón aludido.
Del mismo modo, se estima acertada la visión del Tribunal cuando consideró que una alternativa para establecer el interés consistiría en sumar el avalúo de los derechos inmobiliarios reclamados por la vía de la declaración de simulación y, en subsidio, de nulidad, pero que aun así no se obtenía el resultado deseado para el recurrente, dado que, partiendo del último de los dictámenes presentados, tampoco se alcanzaría el justiprecio exigido por la normativa citada, pues tal valoración, una vez actualizada, alcanzaría un guarismo igual a $502.865.584.10, de manera que la sumatoria arrojaría un total de $711.762.587.73, cantidad que resultaría inferior a la referida de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ahora bien, si se atendiera el criterio del recurrente, en virtud del cual debía adicionarse la corrección monetaria, dada la prosperidad de la pretensión de rescisión de lesión enorme, se llegaría a la misma conclusión porque tal método de actualización dineraria no se podría aplicar al avalúo total de los inmuebles, en tanto estos podrían retornar a los vendedores, sino que se utilizaría respecto del precio reajustado, eventualmente reconocido, esto es, la corrección monetaria se concentraría en la suma de $177.901.645.00.
Por consiguiente, actualizada esa suma y adicionada la correspondiente a los perjuicios negados, conforme se valorizó, el resultado no superaría el criterio legal de procedencia del recurso de casación.
La decisión objeto de queja se encuentra ajustada a derecho, lo cual conduce a declarar bien denegada la impugnación extraordinaria.
Así mismo, la resolución desfavorable del presente recurso, al tenor del numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, comporta supuesto de imposición de condena en costas que corresponde efectuar en razón de advertirse causadas y que se liquidarán en la forma prevista en el canon 366 ibídem.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. ESTIMAR BIEN DENEGADO el recurso de casación a que se hizo alusión al inicio de esta providencia.
SEGUNDO. IMPONER condena en costas por el recurso de queja a cargo de la parte demandante, para cuya liquidación concentrada ante la autoridad de primera instancia, se incluirá la suma de setecientos mil pesos ($700.000) por concepto de agencias en derecho.
TERCERO. DEVOLVER las diligencias a la Corporación de origen.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado