ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
AC4134-2018
Radicación n° 11001-31-03-043-2015-01015-01
(Aprobado en sesión de dos de mayo dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por SEGURIDAD ONCOR LTDA, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia proferida el 22 de Junio de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que promovió frente a NESTLE DE COLOMBIA S.A.
ANTECEDENTES
1. Seguridad Oncor Ltda solicitó que se declarara la existencia de un contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada con Nestlé de Colombia S.A para la protección de los bienes ubicados en la transversal 18 Nro. 96-41 y la carrera 15 Nro. 96-35 de Bogotá, con fecha del 16 de abril de 2010; así como un contrato con similar propósito, en relación con el inmueble ubicado en la carrera 2 con calle 2 esquina de Bugalagrande, que data del 10 de mayo de la misma anualidad.
Igualmente, se declarara la existencia de «servicios adicionales», consistentes en un coordinador exclusivo de contrato; supervisor 12 horas diurnas; y, un guarda de 10 horas diurnas, servicios estos cuya prestación se encuentra determinada en fechas y lugares descritos en el libelo genitor, y que soportan la factura de venta Nro. 43948 fechada el 18 de julio de 2012, a cargo de la demandada.
Al estimar juradamente las pretensiones, se incluyó en tal rubro el valor de la factura por un total de trescientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos ($387.766.498,oo) más cien millones de pesos ($100.000.000,oo) a título de dotación de vigilantes, equipos de comunicaciones, vehículos, armas y conexos; y por lucro cesante, una equivalente a doscientos cuarenta millones doscientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y tres pesos ($240.285.973,oo) por concepto del valor promedio de la facturación dejada de percibir, correspondiente a intereses moratorios y pago del impuesto a las ventas.
Subsidiariamente solicitó que se ordenara a la demandada Nestlé de Colombia S.A al pago de la cantidad contenida en la factura, como indemnización de responsabilidad civil extracontractual.
2. En auxilio de sus aspiraciones, la sociedad demandante relató los supuestos fácticos que se procede a sintetizar:
a.-) Nestlé de Colombia S.A celebró contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para la protección de determinados bienes inmuebles, con la sociedad Seguridad Oncor Ltda.
b.-) En la cláusula cuarta del acuerdo contractual se contempló que los servicios adicionales y/o transitorios que se requirieran dentro de la ejecución del contrato, se pagarían al contratista conforme a las tarifas establecidas.
c.-) Se prestaron servicios adicionales consistentes en un coordinador de contrato exclusivo en Bogotá no contemplado en el contrato ni en la oferta comercial, así como un supervisor de 12 horas diurnas y un guarda de 10 horas diurnas, en periodos y lugares claramente determinados.
d.-) «Desde el inicio de la relación comercial producto de un proceso licitatorio se presentaron diferencias entre la realidad de los servicios y lo estipulado contractualmente en relación al alcance de cada uno de los contratos…».
e-) Las partes no pudieron llegar a un acuerdo sobre el pago de estos servicios, lo que generó la terminación de la relación comercial en Julio de 2012 sin que tales servicios hayan sido cancelados.
f-) Se elevó consulta a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual respondió mediante radicado Nro 20137200059541 del 12 de marzo de 2013, que tales servicios debían facturarse separadamente.
3. Mediante fallo de 15 de febrero de 2017, el juez a-quo desestimó las pretensiones de la demanda.
4. Al desatar la apelación que formuló el apoderado de la demandante, el 22 de Junio de 2017 el Tribunal resolvió confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia. (fls. 13 al 26, cuad. 2).
5. El apoderado de Seguridad Oncor Ltda formuló casación que, concedida por el ad-quem y admitida por la Corte, sustentó con el escrito que se examina (fls. 6 al 12 de este cuaderno).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
En síntesis, los planteamientos del Tribunal para confirmar la sentencia desestimatoria de las pretensiones, fueron los siguientes:
1. Identificó que el desacuerdo del apelante, consistía básicamente, en que se causaron unos servicios adicionales durante la ejecución de la relación contractual, que no fueron contemplados en la licitación; y, que pese a ser conocidos por Nestlé de Colombia S.A, y facturados por Seguridad Oncor Ltda, no fueron cancelados por aquélla.
2. Descendió al estudio del clausulado incorporado en los acuerdos contractuales que unieron a las partes, para concluir que «el valor acordado cubriría los gastos que podrían generarse a cargo de Nestlé durante la ejecución del contrato, empresa que, en el evento de requerir servicios de vigilancia adicional, se comprometió a cancelar el costo de los mismos a Oncor, sociedad ésta que, a su vez, asumió la obligación de regentar e inspeccionar, en todo tiempo, al personal encargado de la prestación de los servicios contratados, tarea para cuyo cumplimiento, se obligó a designar un coordinador, quien fungiría como su representante ante la demandada»
3. Sostuvo de esta manera que los servicios de coordinador y supervisor de seguridad sí fueron incluidos en el proceso licitatorio adelantado por la sociedad demandante, como se desprende de las pruebas documentales (correos electrónicos), del interrogatorio absuelto por el representante legal de la demandante y del testimonio de Exilbrando Hernández Reyes.
También se refirió a la prueba documental adosada al expediente, según la cual, la sociedad demandante le informaba a la demandada que para el mes de Diciembre del año 2010 se encontraba a paz y salvo por todos los conceptos de facturación, quedando sólo pendientes los servicios adicionales que se solicitara en ese mes, del que concluyó el ad quem que con tal documento se «deja sin piso los valores cobrados en la aludida factura (fl.2, cd.1), si en cuenta se tiene que en la misma se incorporan servicios generados los días 15/03/2010, 27/10/2010, 15/05/2010, 10/05/2010, 26/04/2010, es decir, con anterioridad al correo electrónico en el que Seguridad Oncor sostuvo que la demandada está ‘al día en todos los conceptos de facturación’»
4. Concluyó entonces que no estaba acreditado que los servicios en los que la demandante afinca el incumplimiento contractual, hayan tenido el carácter de adicionales, y por ende, que deban ser pagados por la sociedad demandada «pues de las pruebas que militan en el plenario conducen a inferir que los servicios de supervisión, coordinación y vigilancia siempre estuvieron incluidos en los contratos celebrados por las partes, por lo que su ejecución estaba a cargo de Seguridad Oncor Ltda» sin que rebata esta conclusión, las posibles sanciones a las que podía verse expuesta la sociedad, según las disposiciones legales pertinentes.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene cuatro ataques con fundamento en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, todos por la vía indirecta como consecuencia de errores de derecho derivados del desconocimiento de norma probatoria. De su contenido y alcance a continuación se hará relación.
PRIMER CARGO
Con este el recurrente aduce que se incurrió en la violación indirecta por desconocimiento de norma probatoria, ya que la sentencia obedeció a un estudio parcial de las pruebas testimoniales, al igual que de los interrogatorios de parte.
A continuación realiza la valoración que debió otorgársele a la declaración del testigo Giovanni Chavarro. Además que del dicho del testigo Exilbrando Hernández Reyes podía concluirse que existían servicios adicionales que se facturaban, dando certeza de lo que era un servicio adicional en material de seguridad privada.
SEGUNDO CARGO
Se denuncia también la violación indirecta por desconocimiento de norma probatoria. En este caso, para soportar esta afirmación, explica que la sentencia se apoya en la prueba documental (correo electrónico) del año 2010, sin tener en cuenta que se está solicitando el reconocimiento de servicios adicionales posteriores a esa fecha, de manera que ni de este documento, ni del testimonio de Giovanni Chavarro puede extraerse una plena prueba para acreditar las excepciones.
Insiste que a la prueba documental se le dio un valor descontextualizado y diferente al que tiene, de tal manera que el Tribunal «no estudio (sic) el referido soporte en forma razonada o crítica, de acuerdo con las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, en todo caso mediante la exposición de los motivos concretos o específicos que originan su decisión».
Refiere que la declaración de Elixbrando Hernández Reyes fue contradictoria, en tanto que la declaración de Giovanni Chavarro explica el alcance del correo electrónico dónde no se hace relación a los servicios adicionales.
TERCER CARGO
Se plantea este cargo por la misma causal, es decir, violación indirecta por desconocimiento de norma probatoria, explicando en esta oportunidad, en el desarrollo del embate que otro error de la sentencia consistió en que a la demanda se acompañó el concepto emitido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por lo que el fallo del Tribunal desconoció la regulación especial de los contratos de seguridad privada, sin que se haya analizado este documento conforme a las demás pruebas obrantes en el expediente.
CUARTO CARGO
Finalmente, en este último cargo, el censor aduce la misma violación denunciada en los cargos anteriores, sustentándola en el hecho de que otro yerro de la sentencia, se hizo consistir en la interpretación subjetiva de los contratos aportados con la demanda, pues la factura de venta hace referencia al «coordinador exclusivo del contrato, que en ningún momento se señaló en la lectura de la cláusula novena…», por lo que se incurrió en una interpretación parcial de las pruebas, desconociendo la regulación en cuanto a los contratos de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.
CONSIDERACIONES
1. Se analizarán en conjunto los cargos propuestos por apoyarse todos en la segunda causal de casación contemplada en el artículo 336 del Código General del Proceso, es decir, por violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho por violación de una norma probatoria.
2. Sea lo primero indicar que la sentencia que se pretende someter al escrutinio del juez de casación viene precedida de las presunciones de legalidad y acierto; por ello, partiéndose de la base que en la tramitación del proceso se respetaron las reglas del debido proceso; que la selección de la norma que regula el caso fue la adecuada; y que los aspectos fácticos se valoraron debidamente por el Tribunal, a la parte que estime lesionados sus intereses con la providencia de segundo grado, no le basta formular su inconformidad a la manera de un simple alegato de instancia, sino que es preciso, para derruir, lo que el legislador presume conforme a derecho, que su descontento, claro y preciso, lo dirija siguiendo las reglas formales y técnicas establecidas en el artículo 344 del Código General del Proceso.
Ahora bien, cuando en la tarea impugnaticia el recurrente invoca las causales primera y segunda del precepto 336 ibídem, esto es, la violación directa o indirecta de la ley sustancial, respectivamente, le corresponde, según el precitado normado, señalar «cualesquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa».
Y por normas sustanciales, se recuerda, la Corte de forma uniforme ha entendido las que «(…) en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación…» (Entre muchas, CSJ AC de 3 de abril de 2017, Rad. 2003-00473-01).
3. En la totalidad de los cargos que se examinan, la opugnante, pese a señalar expresamente que interpuso el recurso de casación «de conformidad al artículo 336 del Código General del Proceso y su numeral (02), que indica violación indirecta de la ley sustancial…»; omitió citar el precepto sustancial supuestamente infringido por el ad-quem, olvido que se constata al examinar cada uno de los cargos y su desarrollo, en tanto que, como se sintetizó en líneas precedentes, en esa oportunidad, el censor se centró en exponer los yerros de valoración de las pruebas acopiadas en desarrollo del enjuiciamiento.
De manera tal que, si el interesado no relacionó el precepto que consideraba vulnerado, no puede la Corte emprender el examen de un ataque montado en una causal concebida para defender el derecho objetivo. Es decir, en otras palabras, que huero deviene cualquier reproche en el marco de la causal segunda del artículo 336 ibídem, si el censor no aporta certeza sobre el canon quebrantado.
4. Aparte de lo anterior, que ya resulta suficiente para inadmitir la demanda presentada, resulta que, pese a que se invocó la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de errores de derecho por violación de norma probatoria, tampoco se identificó la norma de tal carácter que fue desconocida por el Tribunal.
Recuérdese que la violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho se estructura cuando el juzgador
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere (CSJ AC8674 de 2016, rad. 2011-00269-01, entre otras).
Situaciones que no fueron las esbozadas en el desarrollo de los embates que se analizan, pues claramente su desarrollo estuvo dirigido a combatir errores de hecho en la apreciación de las pruebas, incurriendo así en el hibridismo proscrito en el recurso extraordinario incoado.
En innumerables ocasiones esta Corporación ha sostenido, en pronunciamientos que guardan vigencia aun con el cambio en materia procesal, que
“los yerros probatorios que estructuran la violación indirecta de la ley sustancial pueden ser de hecho o de derecho; y que son tan notorias sus diferencias, que la distancia que los separa se torna irreductible. De modo que su planteamiento ha de ser preciso y corresponder a la naturaleza de cada uno de ellos; o, lo que es lo mismo, ha de guardarse el casacionista de darles un tratamiento indistinto o de trocarlos en su formulación” (CSJ, SC del 20 de mayo de 1997, Rad. nº. 4754; se subraya).
Con sustento en lo precedente, ha puntualizado la Sala, sobre el particular,
“los errores de hecho y de derecho, pese a que conllevan uniformemente a la violación indirecta de la ley, no pued[e]n entremezclarse ni confundirse o alegarse simultáneamente en un cargo (…), pues sus características específicas los hacen excluyentes”. Por tal razón, el ataque propuesto no debe reflejar “una mixtura de reproches de una y otra índole, toda vez que con ello la censura quedaría desprovista de los fundamentos -claros y precisos- que reclama la ley. Desde luego, el talante dispositivo del recurso de casación impide a la Corte escoger, a su arbitrio, entre uno y otro yerro, para entrar a examinar la acusación propuesta, pues ello equivaldría a recrear la impugnación o a darle un rumbo que no ha sido genuinamente trazado por el recurrente” (CSJ, SC del 25 de abril de 2005, Rad. nº. 7562; se subraya).
5. Así las cosas, ante el incumplimiento de los requisitos formales ya referenciados, habrá de inadmitirse el libelo, conforme al inciso primero del artículo 346 del nuevo estatuto procesal civil.
6. Por último, cumple señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer la deficiencia advertida para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, y 336, inciso final del Código General del Proceso, pues, analizado el juicio, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: INADMITIR la demanda que SEGURIDAD ONCOR LTDA, formuló para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso contra la sentencia proferida el 22 de Junio de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que promovió frente a la NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. y en consecuencia, DECLARAR DESIERTA la impugnación extraordinaria.
SEGUNDO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno al tenor del artículo 346 del Código General del Proceso.
Notifíquese, y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA