ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
AC-2018
Radicación n° 17001-31-03-006-2010-00206-01
(Aprobado en sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).-
Procede la Corte a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la SOCIEDAD AGROPECUARIA EL NILO S.A- AGRONILO S.A. para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia proferida el 6 de abril de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso ordinario que en su contra interpusieron LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO y PIEDAD MEJÍA DE GIRALDO.
ANTECEDENTES
1. Conforme se desprende del escrito de la demanda las pretensiones materia de la acción intentada apuntaron, en síntesis, a lo siguiente:
1.1. Que se declare la existencia de un contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes, en el que Luis Fernando Giraldo Jaramillo y Piedad Mejía de Giraldo actuaron como «promitentes vendedores» y la recurrente en casación como «promitente compradora», el cual fue incumplido.
1.2. Se declare resuelto el contrato de promesa de compraventa «y» por mutuo disenso, las cosas vuelvan a su estado anterior.
1.3. Que en consecuencia de lo anterior se ordene a la sociedad demandada, hoy recurrente, a devolver los bienes objeto de la promesa de compraventa en el estado en que fueron entregados, así como los frutos naturales percibidos por la explotación comercial.
2. Como sustento fáctico de tales pretensiones se expuso en síntesis que,
2.1. El 20 de septiembre de 2004 se celebró contrato en el que Luis Fernando Giraldo Jaramillo y Piedad Mejía de Giraldo actuando como «promitentes vendedores» y la sociedad demandada como «promitente compradora», prometieron vender de un lado, y comprar de otro, los bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula Nro. 380-7080, 380-25447, 380-3590 y 380-11205 que conforman el predio denominado Hacienda La Toluca ubicado en el Municipio de Toro- Valle del Cauca.
2.2. El precio se convino en la suma de mil novecientos millones de pesos m.l ($1.900.000.000,oo). Se acordó en el contrato de promesa de compraventa que los promitentes vendedores se obligaban a entregar el paz y salvo de los impuestos, tasas y contribuciones, causados hasta la entrega de la posesión de los predios.
2.3 El 10 de enero de 2005 las partes suscribieron «un contrato de ampliación de la promesa de compraventa» en la que se modificaron las fechas de pago del precio.
2.4 Los demandantes entregaron los inmuebles a la promitente compradora desde el 28 de febrero de 2004.
2.5. La sociedad demandada no canceló el saldo insoluto del precio, los intereses convenidos, ni los impuestos prediales y de valorización, como se acordó.
2.6 Mediante resolución Nro 1006 del 20 de septiembre de 2005, la Dirección Nacional de Estupefacientes nombró al señor Félix Antonio Ospino Acevedo como representante legal de la empresa Agropecuaria El Nilo S.A, en su calidad de secuestre del 100% de sus acciones, en virtud del decreto de embargo de las mismas, por parte de la Fiscalía 13 de la Unidad Nacional de Fiscalías contra la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, el 15 de junio de 2005.
2.7 El incumplimiento por parte de la promitente compradora, unido a la falta de explotación económica de los inmuebles y el pago de los impuestos, ha causado innumerables perjuicios a los demandantes.
3. Notificada SOCIEDAD AGROPECUARIA EL NILO S.A- AGRONILO S.A. replicó de la siguiente manera:
3.1 Admitió la mayoría de los hechos narrados en la demanda, pero agregó que los promitentes vendedores no se presentaron en la Notaría el 15 de marzo de 2005, tal como estaba acordado en la promesa de compraventa, por lo que incumplieron también sus obligaciones contractuales.
3.2. Adujo además que, conforme a los estatutos de la sociedad demandada, su representante no podía suscribir la promesa de compraventa, porque no tenía capacidad legal para comprometerla por la suma indicada como precio de la misma. Lo anterior, pues, según los estatutos de la sociedad, el representante sólo estaba autorizado para celebrar contratos hasta por valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, necesitando autorización de la Junta Directiva para obligarse por más, la que no se obtuvo previamente.
3.3. Referente al incumplimiento en el pago del precio, dijo que obedeció a un hecho imprevisible lo que constituyó una fuerza mayor pues la Fiscalía 13 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, mediante resolución del 15 de junio de 2005 «resolvió iniciar trámite de extinción del derecho de dominio sobre el cien por ciento (100%) de las acciones de la sociedad AGROPECUARIA EL NILO S.A, entregando por mandato expreso del artículo 5° de la Ley 785 de 2002, su administración a la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES en el mismo porcentaje incautado del cien por ciento […] Ésta medida cautelar recae sobre cualquier derecho real principal o accesorio de conformidad con el artículo 4° Ley 793 de 2002, prolongándose con los mismos efectos a todos los bienes que componen el patrimonio de la accionada por disposición del artículo 5° de la Ley 785 de 2002»
3.4. En consecuencia, se opuso a las pretensiones pues argumentó que se presentó un mutuo incumplimiento; y alegó como excepciones las que denominó: «Falta de legitimación en la causa por activa»; «Fuerza mayor o caso fortuito»; «Improcedencia de la resolución de contrato»; «Contrato no cumplido»; «Inexistencia de la obligación»; «Pago parcial y compensación»; «Innominada»; y «Debido conocimiento del cliente y buena fe calificada»
4. Tramitada la instancia, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, le puso fin con sentencia del 30 de noviembre de 2015, en la que declaró probada la excepción denominada «Contrato no cumplido»; y, en consecuencia decidió no resolver el contrato de promesa. (fls. 492 a 505, cuad. 1).
5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil Familia, al desatar la apelación que contra el memorado fallo interpuso la parte demandante, en el suyo, que data del 6 de abril de 2017, lo revocó, para en su lugar declarar la disolución del precontrato de promesa de compraventa por mutuo disenso, decretando, en consecuencia, las restituciones mutuas con las debidas compensaciones. (fls. 122 a 135 cuad. 11).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Sus argumentos se compendian así:
1.- Identificó como problema jurídico establecer si se daban los requisitos exigidos para que proceda la disolución del contrato de promesa de compraventa por mutuo disenso, recordando que entre esta figura jurídica y la de resolución del contrato, existen hondas diferencias, siendo una de ellas que la legitimación para invocar la primera recae en ambos contratantes, mientras que la de resolución del contrato sólo puede ser pedida por el contratante cumplido.
2.- Aborda el estudio del cumplimiento de cada uno de los requisitos formales contemplados en el artículo 1611 del Código Civil en relación con la promesa de compraventa celebrada por las partes, así:
2.1.- La promesa consta por escrito.
2.2.- Se cumple con los requisitos de que trata el artículo 1502 del Código Civil al que se acude por la remisión normativa existente en el artículo 822 del Código de Comercio, resaltando en esta oportunidad, que pese a la limitación estatutaria para el representante legal de la sociedad demandada, en cuanto a la cuantía para la celebración de contratos, misma que superó aquél al suscribir el contrato de promesa de compraventa sin el aval de la junta directiva, lo cierto era que la misma constituía una «nulidad relativa» que no fue alegada por la sociedad demandada, sin que sea declarable de oficio.
Ahora, en cuanto al «objeto lícito» señaló que, aunque la sociedad demandada se encuentra inmersa en investigaciones de índole penal que conllevaron a la iniciación de un proceso de extinción de dominio de varias de sus propiedades, debía tenerse en cuenta que «estas no afectaron los predios que son materia del presente litigio; así quedó evidenciado tanto en escrito aportado al proceso, visible a folio 333 del cuaderno principal, como en la misma sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá proferida el 7 de abril de 2016», de manera que la licitud de la negociación no fue desvirtuada.
2.3.- Se cumplió también con el tercer requisito, en tanto que en el contrato se estableció un plazo para la celebración del negocio prometido.
2.4.- Y, en relación al último requisito, sostuvo que los predios se encontraban plenamente identificados.
3.- Posteriormente, el ad quem procedió con la interpretación de la demanda para deducir de allí la pretensión de disolución del contrato por mutuo disenso, a partir de la redacción de las pretensiones y hechos realizada por el actor al momento de corregir la demanda, fruto del auto inadmisorio de la misma, a la par del desistimiento de la pretensión dirigida al reconocimiento de la cláusula penal «sanción típica del incumplimiento, cuya petición es propia de una demanda de resolución contractual».
Incumplimiento mutuo que fue aceptado por la sociedad demandada al dar respuesta a los hechos sexto y noveno del libelo genitor del proceso. En consecuencia, consideró el ad quem que «…es viable realizar una interpretación de la demanda dirigida a sustraer una pretensión de finiquitar el negocio contractual por mutuo disenso; en igual forma es dable determinar que dicho disenso se deriva de manifestaciones expresas y tácitas de las partes y especialmente en omisiones de ambas encaminadas a no querer seguir vinculadas al contrato objeto de estudio o falta de voluntad de seguir ejecutando las obligaciones derivadas del mismo» y luego agregó que «La principal manifestación de las partes involucradas en este litigio, sobre ese ´mutuo disenso tácito´, es la no comparecencia a la notaría el día 12 de agosto de 2005 entre las 9 y las 10 de la mañana, pactada en la ´ampliación de la promesa de compraventa de inmueble´, visible a folios 24 y 25 del cuaderno principal; momento en que la parte demandada debía, además de comparecer en orden al otorgamiento de la escritura pública, cancelar el saldo del precio de venta»
4.- Dispuso en consecuencia, definir las prestaciones mutuas, entre las que ordenó a la sociedad demandada restituir los bienes inmuebles a los demandantes, así como los frutos percibidos desde la contestación de la demanda por tener a la sociedad como tenedora de buena fe, determinados con base en el dictamen pericial elaborado por Emilio Arias Callejas. También ordenó «la cancelación de los impuestos prediales y de valorización generados desde enero de 2005 inclusive hasta la fecha de entrega». Por su parte, los demandantes, debían restituir a la sociedad promitente compradora, el capital recibido como parte del pago del precio, debidamente indexado, así como el valor de las mejoras discriminadas en el dictamen pericial elaborado por el perito Oscar Álvarez Reyes.
5.- Contra la sentencia de segunda instancia la demandada SOCIEDAD AGROPECUARIA EL NILO S.A- AGRONILO S.A. interpuso recurso de casación, que concedido por el ad quem y admitido por la Corte, se sustentó con el pliego que ahora se examina (fls. 15 a 38 del c. de la Corte).
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se formularon tres cargos contra la sentencia impugnada. El primero por violación directa de la ley sustancial. Los dos últimos por violación indirecta. A continuación se exponen en síntesis, los argumentos de la demanda:
PRIMER CARGO
Acusa la sentencia de ser violatoria de manera directa del artículo 29 de la Constitución Nacional en concordancia con los artículos 187 y 304 del Código de Procedimiento Civil y/o 176 y 280 del Código General del Proceso por falta de aplicación en el aparte específico que obliga al Juez a motivar la sentencia con un examen crítico de las pruebas.
Aclara que se invocan normas del Código de Procedimiento Civil y del Código General del Proceso, pues pese a entender que el Tribunal rigió la sentencia por el primero de los estatutos, la misma fue proferida en vigencia del segundo, por lo que sustenta el cargo en ambas normas «que son sustancialmente idénticas en el aparte violado»
Para demostrar la violación invocada, el recurrente señaló que el ad quem arribó a la conclusión de que todos los interesados asumieron una conducta inequívocamente dirigida a apartarse del negocio jurídico, sin exponer cuáles fueron las pruebas analizadas para llegar a la misma.
Dijo que mirada en conjunto la sentencia, el Tribunal tuvo en cuenta cuatro pruebas, a saber: (i) la promesa de compraventa; (ii) el escrito que obra en el folio 333 del expediente; (iii) la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá; y (iv) la prórroga a la fecha de la promesa de compraventa; pero, ninguna de esas pruebas atañe a la conducta de las partes relativa a confluir tácita ni expresamente en la voluntad de «anonadar» los efectos obligacionales de la promesa de compraventa. Agrega que la sentencia no tiene mención de las pruebas que llevaron al ad quem a esa conclusión, y a ese silencio, dice el censor, se le suma la ausencia absoluta de un análisis crítico de las pruebas del proceso para conocer las razones de esa convicción.
SEGUNDO CARGO
Se formuló a través de la denuncia de una violación indirecta del artículo14 de la ley 1151 de 2007; artículo 100 de la ley 1708 de 2014, artículo 2.5.5.6.9 del Decreto 1068 de 2005; y numeral 7° del artículo 593 del Código General del Proceso por falta de aplicación «habida cuenta que erradamente pasó por alto en la valoración probatoria que la medida cautelar en proceso de extinción de dominio como la sentencia que recaigan sobre el 100% de las acciones de una sociedad, se extienden a los derechos personales de los cuales es titular la sociedad y a las sumas de dinero de las cuales es propietaria»
Sostiene que en la sentencia acusada no se tuvo por probado que el proceso de extinción de dominio comporta una fuerza mayor para el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad, correspondiendo al acreedor acudir ante el juez de extinción de dominio quien determinará si hay lugar al pago de su acreencia.
Dice que el error del Tribunal deviene de la errada apreciación de las pruebas citadas en la sentencia; es decir, del dictamen pericial y la ampliación de la promesa, así como de la misma promesa, el escrito visible en el folio 333 del expediente y la sentencia del Juzgado primero especializado de Extinción de Dominio de Bogotá.
Argumenta que el Tribunal no vio de las mencionadas pruebas documentales que estas comportan una fuerza mayor para AGRONILO que le impide cumplir con la obligación de pagar el saldo del precio de los inmuebles prometidos, por fuera del proceso de extinción de dominio.
Concluye que de haberse apreciado razonablemente y en conjunto con las pruebas de oficio obtenidas en segunda instancia, se hubiera concluido que, como el 100% de las acciones de AGRONILO fueron materia de extinción de dominio, el contrato no se cumplió por fuerza mayor.
En ese orden de ideas, las normas citadas al inicio del cargo se violaron por falta de aplicación «como consecuencia del error en la apreciación probatoria que se manifiesta en que el Tribunal no vio que los dineros y la acreencia consistente en el derecho derivado para AGRONILO S.A. de la promesa de compraventa no ejecutada, sí estaban afectados también por la extinción de dominio y que, por tanto, AGRONILO S.A. estaba sujeto a la fuerza mayor que le impidió cumplir el contrato»
Al explicar la trascendencia del cargo, dijo el censor que de haber tenido en cuenta el Tribunal la fuerza mayor, no hubiese llegado a la conclusión de que había un incumplimiento voluntario de AGRONILO que fue determinante de la decisión de declarar el mutuo disenso tácito.
Sobre las normas violadas en las que sustentó el cargo, adujo que «son de efecto general inmediato, por ser normas procesales de orden público». En palabras del recurrente, se trata de «normas incuestionablemente procesales» porque delimitan las funciones del depositario provisional como auxiliar de la justicia en el proceso de extinción de dominio.
TERCER CARGO
En sustento de esta última acusación, el recurrente acusó la sentencia de ser violatoria de las normas que regulan las restituciones mutuas en caso de mutuo disenso, como consecuencia de errores manifiestos y trascendentes en la apreciación de las pruebas. Las normas sustanciales citadas fueron los artículos 1602 en concordancia con los artículos 961 a 971 del Código Civil.
En el desarrollo del embate sostiene que el Tribunal violó por indebida interpretación las normas citadas, al obligar al promitente comprador a pagar los impuestos del bien durante el lapso que fue tenedor del mismo.
Sostiene que conforme a la jurisprudencia, el efecto natural del mutuo disenso es retornar a la situación previa al contrato, siendo en su sentir un contrasentido que se obligue al promitente comprador a pagar los impuestos de un bien del cual jamás llegó, ni llegará a ser dueño. De manera que, el Tribunal violó las normas citadas al establecer dicha obligación «sin siquiera explicitar la fuente normativa de la cual la extrae»
CONSIDERACIONES
1.- El Código General del Proceso, que entró en vigor integral el 1° de enero de 2016, prevé en sus artículos 624 y 625-5, que «(…) los recursos…se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…», y como el de casación que ahora ocupa la atención de la Corte se formuló el 14 de marzo de 2017, será a la luz de dicha codificación que se hará el estudio del libelo sustentatorio presentado.
2.- En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casación sigue siendo, en líneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentación el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su artículo 336, y mediante la introducción de una demanda que satisfaga las exigencias del artículo 344 ibídem.
De ahí que en el respectivo libelo, so pena de inadmisión, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos, entendiéndose por esto último, que las razones expuestas por el censor combatan cabal e íntegramente los genuinos soportes de las determinaciones adoptadas por el sentenciador de segunda instancia, pues, como ha dicho la Corte, en doctrina que mantiene vigencia, «si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario» (CSJ AC de 19 de dic. de 2012, Rad. 2001-00038-01).
Debe señalarse además, que la naturaleza eminentemente dispositiva del recurso de casación, conlleva a que la actividad discursiva y juzgadora de la Corte se encuentra limitada por el contenido y alcance de la demanda que se formule para sustentar la acusación. De ahí que no le esté permitido hacer interpretaciones que sobrepasen los señalamientos que de modo expreso y manifiesto aduzca el censor en su libelo, ni mucho menos reformular los cargos que éste haya planteado de modo deficiente.
3.- Revisado el libelo presentado por el recurrente, se advierte que esas exigencias fueron desatendidas en los tres cargos propuestos, conforme pasa a explicarse a continuación:
3.1- El primer cargo se formuló a través de la causal primera del artículo 336 del Código General del Proceso, según la cual, se erige como tal, la violación directa de una «norma jurídica sustancial». Ahora, el literal a) del artículo 344 prescribe que, tratándose de este tipo de violación, el cargo ha de circunscribirse a la «cuestión jurídica» sin que comprenda, ni se extienda a la «cuestión probatoria». Teniendo claras tales precisiones se advierte que, de un lado, las normas sustanciales citadas no cumplen las características para considerarlas como tales; y, de otro, por tratarse de normas procedimentales que regulan la actividad probatoria, su alegación de manera inevitable, está desarrollada en el campo cuestión probatoria.
En efecto, si bien algunas normas constitucionales tienen un claro linaje sustancial, resulta que, en este caso, la norma citada como tal, carece de esta naturaleza. Luego, pese a que al hacer parte de la Constitución Nacional, supone per se, como imperativo, ser pasible de aplicación inmediata, resulta que en el caso que se analiza, no atribuye un derecho subjetivo que tenga relación con el asunto debatido, siendo entonces insuficiente, para este caso –se itera-, que en ella se soporte el cargo casacional.
Así las cosas, si bien las normas constitucionales, que son de aplicación inmediata, pueden soportar cargos casacionales, en el entendido en que las mismas atribuyan derechos subjetivos que hayan sido desconocidos en la sentencia cuestionada, lo cierto es que en cada caso deberá determinarse el alcance de la norma superior en comento. Realizado ese análisis para el caso concreto, se advierte que las alegaciones en las que soporta el ataque, no tienen relación con la violación directa de la Constitución, y por tanto, resultan insuficientes para tal propósito.
Ahora, en lo que se refiere a las normas contenidas en los artículos 187 y 304 del Código de Procedimiento Civil, de antaño la Corte se ha pronunciado para concluir que las mismas carecen de la entidad jurídica sustancial, a la par que regulan temas eminentemente procesales. (CSJ AC 2007-0653 del 15 de dic de 2012; AC 2005-00104 del 20 de mayo de 2012; AC 2005-00372 del 19 de nov de 2010)
Lo anterior, pues ninguna de las normas citadas atribuyen algún derecho subjetivo, en tanto que la primera de ellas establece las reglas de valoración de las pruebas, mientras que la segunda, contempla los requisitos y formalidades de la sentencia judicial.
Pero además de lo anterior, que resulta suficiente para rechazar el cargo por la causal invocada, resulta que el recurrente, en el desarrollo del mismo, atiende su argumentación a cuestiones meramente fácticas, al concluir que de ninguna de las pruebas analizadas por el Tribunal conllevaban a concluir, como lo hizo el ad quem, que la conducta de las partes estaba dirigida a «anonadar» los efectos obligacionales de la promesa de compraventa.
De esta manera se advierte que, el cargo enfilado por la vía directa, desatendió los requisitos formales y por ello no puede ser admitido.
3.2.- El segundo cargo fue sustentado conforme a la causal segunda de casación; es decir, por violación indirecta de la «ley sustancial» como consecuencia de un error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de determinadas pruebas.
Las normas que fueron citadas como sustanciales por el recurrente, fueron los artículos 14 de la ley 1151 de 2007; 100 de la ley 1708 de 2014, 2.5.5.6.9 del Decreto 1068 de 2005; y numeral 7° del artículo 593 del Código General del Proceso.
Tales normas rezan de la siguiente manera:
A través de la ley 1151 de 2007 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010; y en su artículo 14 se dispuso:
Artículo 14. Extinción de dominio. Efectos. En el evento en el que el operador judicial ordene la extinción de dominio a favor del patrimonio o del total de las acciones, cuotas o derechos que representen el capital de una sociedad, es entendido que tal acto comprende la extinción de sus bienes. Las deudas a cargo de la sociedad serán canceladas con el producto de la venta de dichos bienes.
Incautado un bien o una sociedad con propósito de extinción de dominio, todo contrato realizado sobre él, o sobre ella, se considera objeto ilícito salvo demostración en contrario.
En consecuencia, la Dirección Nacional de Estupefacientes, recibido el bien o la sociedad, deberá en un plazo de 6 meses, revisar los negocios jurídicos que versen sobre la tenencia de bienes muebles e inmuebles que deba administrar. Efectuada la revisión, mediante la decisión motivada, podrá darlos por terminados unilateralmente cuando haya encontrado que en su celebración se vulneraron la Constitución o la ley, o cuando deba aplicarse lo dispuesto sobre el objeto ilícito de conformidad con el artículo 14 de la presente ley. Para estos efectos, deberá surtirse el procedimiento administrativo previsto en el Código Contencioso Administrativo, con audiencia de la persona con quien se celebró el negocio jurídico.
La ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expidió el Código de Extinción de Dominio, prevé en su artículo 100:
Artículo 100. Extensión de la medida cautelar. La medida cautelar sobre acciones, cuotas, partes o derechos de una sociedad o persona jurídica, comprende también sus dividendos, intereses, frutos, rendimientos y demás beneficios o utilidades que genere.
Cuando la medida cautelar recaiga sobre el 100% de las acciones, cuotas, partes o derechos de una sociedad o persona jurídica, o sobre un porcentaje de participación accionaria que confiera el control de la sociedad, ella se extenderá a todos los activos que conformen el patrimonio de la sociedad y a los ingresos y utilidades operacionales o ingresos netos de los establecimientos de comercio o unidades productivas que posea.
La dirección, administración y representación de la sociedad o persona jurídica será ejercida por el administrador del Frisco o por quién este designe como depositario provisional.
A través del Decreto 1068 de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público; y, en su artículo 2.5.5.6.9, se señala lo siguiente:
Artículo 2.5.5.6.9. Reglas especiales para los depositarios o liquidadores de sociedades, acciones, cuotas, partes o derechos de una sociedad o persona jurídica, establecimiento de comercio y en general unidad de explotación económica. Los depositarios provisionales o liquidadores de sociedades, acciones, cuotas, partes o derechos de una sociedad o persona jurídica, establecimientos de comercio y en general, unidad de explotación económica, además de tener todos los derechos, atribuciones y facultades, y estar sujeto a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades que las leyes señalan para los depositarios judiciales o secuestres, ostenta la calidad de representante legal de la sociedad en los términos del Código de Comercio y lo dispuesto en la Ley 222 de 1995, 1116 de 2006 en lo que resulte pertinente y demás normas que la modifiquen o remplacen. En consecuencia, su nombramiento deberá registrarse en el registro mercantil correspondiente.
Finalmente, el numeral 7 del artículo 593 del Código General del Proceso, reza:
Artículo 593. Embargos. Para efectuar embargos se procederá así: (…)
7. El del interés de un socio en sociedad colectiva y de gestores de la en comandita, o de cuotas en una de responsabilidad limitada, o en cualquier otro tipo de sociedad, se comunicará a la autoridad encargada de la matrícula y registro de sociedades, la que no podrá registrar ninguna transferencia o gravamen de dicho interés, ni reforma de la sociedad que implique la exclusión del mencionado socio o la disminución de sus derechos en ella.
A este embargo se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del numeral anterior y se comunicará al representante de la sociedad en la forma establecida en el inciso primero del numeral 4, a efecto de que cumpla lo dispuesto en tal inciso.
Revisadas en su integridad las normas citadas como sustanciales, se observa que las mismas carecen de tal carácter, pues claramente pueden calificarse como normas eminentemente procesales. En efecto, el argumento del actor está dirigido a sostener que el juez ad quem no advirtió en los efectos de la medida cautelar de extinción de dominio que recayó sobre el 100% de las acciones de la sociedad demandada, desconociendo los efectos de una fuerza mayor para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por la imposibilidad de pagar el precio faltante, pero en el cargo, citó como normas violadas, aquéllas que carecen de rango sustancial, y por lo tanto, el cargo no puede abrirse paso.
Incluso, el mismo recurrente, en su demanda de casación reconoce el carácter eminentemente procesal de las normas en las que sustentó el cargo, al afirmar que «las disposiciones recién transcritas, […] son de efecto general inmediato, por ser normas procesales de orden público […]. Son normas incuestionablemente procesales, porque delimitan las facultades del depositario provisional, como auxiliar de la justicia en el proceso de extinción de dominio»
De manera que, al omitir soportar la acusación en normas sustanciales, pese a que estuvo dirigida por la vía de violación indirecta de normas del referido carácter, el cargo desatiende requisitos formales que conllevan a su inadmisión.
3.3.- Finalmente, el último cargo de la demanda, también invocado por la vía indirecta, está fundamentado en la violación de la ley sustancial como consecuencia de un error de hecho en la apreciación de las pruebas, pero en el desarrollo del embate omite cualquier referencia a los medios de persuasión que se dice, fueron indebidamente apreciados.
De esta forma se contraviene lo preceptuado en el literal a) del numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso, que reza
«Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizará con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae…» (negrillas intencionales)
Y se dice que se incumplió tal requisito formal de la demanda, pues además de que el actor no singularizó en qué consistía el error de hecho como consecuencia de la indebida apreciación probatoria, tampoco dijo cuáles fueron las pruebas sobre las que recaía.
Pareciera que su argumentación estuvo enderezada a cuestionar que la decisión de condenar a la demandada al pago de los impuestos del inmueble no era procedente, al no ser ni la propietaria del bien, sin que pudiera tampoco llegar a serlo, con base en las normas sustanciales citadas, argumento este que dista de la naturaleza propia de la causal invocada, pues esta última está circunscrita a una violación indirecta por error de hecho y trascendente en la apreciación de determinadas pruebas, cuestión que no es abordada en el desarrollo del cargo por el recurrente.
En consecuencia, revisadas estas precisiones de cara al ataque que por esta vía se expuso en la demanda, ha de concluirse que el mismo no cumple con los parámetros que exige este medio extraordinario de contradicción, en lo que a la violación indirecta por error de hecho se refiere.
4. Por último, cumple señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso, y el canon 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.
Colorario de lo expuesto se concluye que el escrito incoativo de este recurso extraordinario no satisfizo, con el rigor mínimo que se reclama, las exigencias necesarias para su admisibilidad.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por SOCIEDAD AGROPECUARIA EL NILO S.A- AGRONILO S.A. para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia proferida el 6 de abril de 2017, corregida el 17 del mismo mes, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en el juicio ordinario que promovieron LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO y PIEDAD MEJIA DE GIRALDO y en consecuencia DECLARAR DESIERTA la impugnación extraordinaria.
SEGUNDO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno al tenor del artículo 346 del Código General del Proceso.
TERCERO: DEVOLVER por las Secretaría el expediente al Tribunal de origen.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA