AC4140-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02337-00
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Pereira (Risaralda), y sus homólogos Veinticuatro de Bogotá y Primero de Soacha con ocasión de la acción popular promovida por Augusto Becerra Largo contra Banco Davivienda S.A.
1. El accionante presentó su escrito introductor ante el «Juez Civil Circuito» en Pereira, pretendiendo que se ordene a la entidad convocada «que instale mapas táctiles, señales visuales, sonoras, auditivas, y alarmas a fin de cumplir (sic) ley 982 de 2005, en un término NO MAYOR A 30 DIAS ».
Señaló como domicilio de aquella «AV 30 DE AGOSTO No 32 50 Pereira Rda», y como sitio de vulneración «Trav 7 # 14-02 Soacha. Cun.».
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, al que inicialmente correspondió por reparto la causa, declaró carecer de competencia tras considerar que una vez auscultada «la página de la Superintendencia Financiera, se pudo establecer que el domicilio principal de la demandada Banco Davivienda, se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C.»; por lo tanto, remitió las diligencias a esa territorialidad.
3. El estrado judicial receptor, Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá, rehusó la atribución alegando que, de acuerdo con los hechos narrados, se deduce que, son varios los jueces habilitados para conocer de la acción; luego, «al haberse indicado de forma clara, directa y concisa la Trav 7 # 14-02 Soacha Cund. Como sitio de vulneración de los derechos colectivos, considera esta sede judicial que es allí donde debe ventilarse este pleito, puesto que en ningún punto se hace siquiera una somera mención que vincule de forma alguna a la ciudad de Bogotá», consecuencialmente dispuso el envío de la actuación al Juzgado Civil del Circuito de –reparto- de la mencionada ciudad.
4. Asignada por reparto la demanda al Juzgado Primero Civil del Circuito Soacha, allí se decidió no avocar su conocimiento alegando que: «conforme al artículo 139 del Código General del Proceso, si el Juez que recibe no se considera competente, deberá solicitar conflicto de competencia, y no remitirlo nuevamente a otro despacho judicial»; en su efecto, devolvió el expediente al despacho de origen, para que planteara el conflicto de competencia.
5. Una vez llegó la actuación al órgano jurisdiccional destinatario, este planteó el conflicto negativo de competencia y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir este asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de acción popular, de conformidad con el canon 16 de la Ley 472 de 1998, «Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda».
El citado precepto concede al promotor de la acción judicial la facultad para elegir entre los denominados fueros real y personal, a fin de establecer, por el factor territorial, el Juez de conocimiento; esto es, se presenta concurrencia, y por ello, puede acudir a la autoridad del sitio de acaecimiento de los hechos generadores del agravio o ante la judicatura dispuesta en el domicilio del reclamado.
Cabe precisar que aquella liberalidad no es absoluta y por ende, no puede ser fruto de capricho, pues los eventos de competencia a prevención, conllevan la carga de soportar jurídica y fácticamente la potestad de selección del juzgador, que la ley concede al accionante.
3.1. El presente corresponde a un evento de concurrencia de fueros personal y «sitio de vulneración»; luego, la selección pertinente radicó en el primero de los foros, lo cual comporta que la competencia quedó radicada en el Juez Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá, por ser el órgano judicial habilitado en el lugar del domicilio principal de la sociedad accionada, como efecto de la escogencia de foro hecha por el actor, legalmente facultado para ello
En sustento de lo anterior, es menester descartar como aplicable el fuero atinente a la ubicación de la transgresión, de la cual se afirma que ocurrió en Soacha; pero la destinataria del escrito inicial no fue la autoridad jurisdiccional de allí, sino el «Juez Civil Circuito» de Pereira, que se entendió correspondiente al domicilio de Banco Davivienda S.A.; lo que no varía con de la verificación incontrovertida de que el domicilio principal de la mentada sociedad es Bogotá.
Es propicio advertir que ni siquiera fue aducida la vinculación de la causa constitucional a una específica sucursal o agencia de la entidad accionada en alguna de las localidades mencionadas, como para incluir esa circunstancia en este análisis desde la óptica del numeral 5 del artículo 28 del C.G.P., en relación con la pauta 44 de la Ley 472 de 1998.
En línea de principio siempre se ha reseñado el deber de respetar la selección del foro de competencia efectuada por el actor; pero esa prerrogativa no implica que tal elección pueda ser caprichosa, dotada de cualquier contenido y desconocer los propios hechos de la causa de la pretensión o aspectos objetivos y de forzosa comprensión, como el domicilio oficial de las personas jurídicas debidamente inscritas en los registros oficiales, que deben revisarse en la apreciación preliminar del reclamo de jurisdicción.
En efecto, se recuerda que la determinación de la vecindad principal de la demandada es una materia que, por la naturaleza jurídica de la entidad, no depende de la afirmación del actor, sino que está contemplada en normas de orden público, con prueba solemne legalmente prevista; que por demás no incumbe aportar exclusivamente al promotor.
Así las cosas, la señora Juez 24 Civil del Circuito de Bogotá omitió considerar con suficiencia la selección del fuero personal efectuada por el actor y relacionar dicha circunstancia con la prueba legal de la existencia y representación de la convocada, que se reitera, da cuenta de que el domicilio principal de Davivienda S.A. está situado en esta Capital, a la que pertenece también el funcionario dotado de la aptitud legal para conocer esta acción popular.
Se asignará el proceso al estrado judicial de Bogotá, sin perjuicio de la posibilidad de contradicción que le asiste al extremo pasivo, mediante los mecanismos legalmente previstos.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá para conocer de la acción popular en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a los otros Juzgados involucrados en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado