AC4186-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02789-00
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva presentada por Banco Agrario de Colombia frente a José Alberto Aponte Ordoñez y Pedro Rodríguez Díaz.
Señaló en el acápite sobre competencia, que la misma estaba dada «por el domicilio de el (la) demandado (a)».
2. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Tunja, al que inicialmente correspondió la causa, libró el apremio pretendido, pero posteriormente, mediante providencia de 13 de febrero de 2017, la aludida agencia judicial se separó de la causa por falta de competencia territorial, considerando que «el inmueble objeto de garantía real se encuentra ubicado en el Municipio Urumita, del Departamento de La Guajira, es el juez Civil del Circuito de esa población el competente para adelantar el juicio en contra de los demandados». De ese modo, dispuso la remisión del asunto al Juez Civil del Circuito de Riohacha, La Guajira, reparto.
3. Previa interposición de los recursos de reposición y apelación, que fueron rechazados por el Juzgado inicial, y definida la queja también presentada, se remitió el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, el cual rehusó la atribución al considerar que «siendo latente que en el presente caso se señala en el título ejecutivo pagaré de la demanda, que este debe cancelarse en la ciudad de Valledupar; sin embargo, este Despacho deja sentado que el actor escogió como lugar para presentar la acción en Bogotá D.C.», a lo cual agregó que «el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, al ejercer control de legalidad sobre el auto mandamiento de pago, nada dijo sobre la falta de competencia y adelantó el proceso hasta la reforma de la demanda; como tampoco fue presentada como recurso de reposición por el demandado JOSÉ ALBERTO APONTE ORDOÑEZ y dentro de la modificación sólo se hizo énfasis a la inclusión de un nuevo demandado PEDRO RODRÍGUEZ DÍAZ, predicándose nuevamente la misma, la competencia del juez civil del circuito de la ciudad capital escogido por el actor. No siendo procedente desprenderse de la causa, habiéndose surtido actuaciones e impulso del proceso y aun existiendo reforma de la demanda que no implicaría entre otras una nueva acción, o alteración de la competencia.»
Con el anterior fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.
En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.
Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.
Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.
La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.
Vista la redacción del artículo 28 ibidem, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general, según la cual «[e]n los procesos contenciosos (…) es competente el juez del domicilio del demandado», pero dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en sentido diverso, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.
Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o alternativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».
Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.
Como muestra de los eventos de la modalidad privativa de asignación de la aptitud legal, pueden destacarse los casos previstos en los numerales 2 (inciso 2º), 7, 8 y 10 (inc. 1º), todos del artículo 28 del Código General del Proceso.
La Corte, en relación con el alcance de la expresión «modo privativo», entre otros, en proveído CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, reiteró mediante argumentos referidos al anterior estatuto procesal civil que son de total recibo para el actual:
«Sobre el particular, la Sala, en varios pronunciamientos, ha señalado que “[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situación del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegación oportuna de la parte demandada mediante la formulación de la correspondiente excepción previa o recurso de reposición, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, según la preceptiva del artículo 144, inciso final, ibídem; obvio que si así fuera, el foro exclusivo se tornaría en concurrente, perdiéndose la razón de ser de aquél. (…)»
En este orden, la previsión de un fuero privativo es manifestación reforzada del carácter imperativo, indisponible, improrrogable e inmodificable, de las normas sobre competencia judicial, que anula la facultad de selección del demandante, así como su desatención por parte del Juez.
5.1. El presente caso ciertamente se aviene a un evento de competencia privativa; sin embargo, no es posible sostener que el debate relevante refiera a la ubicación del predio garante de la prestación cuyo pago se pretende, en tanto necesario es destacar preliminarmente -en orden a la posterior selección-, que la causa promovida es susceptible de subsumirse en dos supuestos de asignación legal excluyente, puntualmente, las previstas en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso.
En efecto, según la primera regla citada, «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, en el de cualquiera de ellas a elección del demandante»1.
A su vez, la segunda pauta prescribe que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas»2.
Para la resolución de esta clase de dilemas, se ha previsto por el legislador lineamientos de prevalencia respecto de los distintos criterios de competencia en los siguientes términos: «PRELACIÓN DE COMPETENCIA. Es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes. // Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor» (Artículo 29 Código General del Proceso, antes cánones 22 y 24 del Código de Procedimiento Civil).
La significación procesal de esa prelación equivale a afirmar que el orden de esos factores consulta exactamente el mayor grado de lesión a la validez del proceso, esto es, permite afirmar que es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el factor objetivo y territorial, puesto que el Código hizo improrrogable la competencia por el factor subjetivo y funcional, exclusivamente (art. 16 ibídem).
Por tanto, en esta clase de disyuntivas, la pauta de atribución legal privativa aplicable, dada su mayor estimación legal, es la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración a la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido.
5.3. Retomando que lo pretendido es el pago de una obligación insoluta a favor de Banco Agrario de Colombia, cuya naturaleza jurídica es la de «sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la especie de las anónimas»3, no hay duda que el presente caso encuadra dentro de los eventos previstos en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, como uno de los que debe conocer de «forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
Lo anterior implica que, en este particular asunto, no es dable establecer la competencia, atendiendo al «lugar donde estén ubicados los bienes», ni el lugar del pago de la prestación demandada, como lo planteó el Juez Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, y lo prevé el numeral 7º ibídem, sino, se repite, en razón del domicilio de la aludida entidad demandante, por virtud de su naturaleza jurídica y competencia prevalente establecida en el transcrito artículo 29 ejusdem, máxime que en este evento el Juzgado correspondiente a dicho domicilio había comenzado el trámite del asunto y, por virtud de lo reglado en el canon 16 del Código General del Proceso, no es posible prorrogar la competencia cuando está involucrado, entre otros, el factor subjetivo, como acá acontece.
La anterior postura coincide con la expuesta y reiterada por la Sala en supuestos similares, donde se superpone la aptitud legal del juez que se fija en atención a la presencia de entidades públicas, respecto de la que consulta la ubicación del objeto material del juicio en acciones reales y demás causas relacionadas en el num. 7 del citado precepto 28 (AC4051-2017, 27 jun. 2017, rad. 2017-01278-00; AC6997-2017, 24 oct. 2017, rad. 2017-02146-00).
En definitiva, la aptitud legal recae en el Despacho Judicial de Bogotá, en tanto corresponde al domicilio de la entidad pública demandante. Por ello, se remitirá el expediente al Juzgado que inicialmente conoció del asunto.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá para conocer de la demanda en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido al otro estrado involucrado en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado
1 Negrillas fuera del texto original.
2 Resalta la Corte.
3Información obtenida de los estatutos de la Entidad, en: www.bancoagrario.gov.co/acerca/Documents/estatutos