AC4216-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02785-00


Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).



Procede el Despacho a resolver el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquirá y su homólogo Treinta y Uno de Familia de Bogotá con ocasión de la homologación dispuesta por la Comisaría de Familia de La Calera, tras declarar el incumplimiento de la medida de protección y consecuente sanción impuesta en un trámite de violencia intrafamiliar.



  1. ANTECEDENTES


1.        Con base en una llamada anónima, la Comisaría de Familia del municipio de La Calera inició un trámite tendiente a la adopción de medidas de protección por violencia intrafamiliar, a favor del señor Yon Huilmen Cifuentes Alayón.


Posteriormente, dispuso la apertura de un incidente por el presunto incumplimiento de la medida de protección, actuación que culminó el 19 de junio de 2018, mediante proveído en el cual se declaró incumplida la medida de protección señalada y, como consecuencia de lo anterior, impuso a César Alexander Alayón «MULTA DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (…)».


Además, ordenó la remisión de «las presentes diligencias en dos (2) cuadernillos originales, al Juzgado de Familia de Bogotá (Reparto), conforme lo ordena el artículo 12 de la Ley 575 de 2000 y artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, para lo de su competencia y surta los trámites legales.»


2.        El Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá, al que inicialmente correspondió por reparto la causa, se abstuvo de avocar conocimiento del asunto, «pues el circuito de cabecera del municipio en comento -La Calera-, es Zipaquirá y no esta ciudad.»


3.        El estrado judicial receptor rehusó la atribución sustentando su decisión en los artículos 4 y 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por la Ley 575 de 2000, además del 52 del Decreto 2591 de 1991.


Ene se orden, adujo que «la autoridad administrativa que conoció de la Medida de Protección por Violencia Intrafamiliar se ubica en el Municipio de La Calera (Cundinamarca), y en dicho municipio no existe juez de familia ni promiscuo de familia, dicha diligencias deben ser de conocimiento del Juez de Familia del Distrito al que pertenezca dicho municipio, que para el caso concreto es el Distrito Judicial de Bogotá D.C., en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Acuerdo No. PSAA06-3672 de 17 de octubre de 2006.»


Por consiguiente, declaró su incompetencia, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.



  1. CONSIDERACIONES


1.        Aptitud legal para la resolución.


Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.


2.        Dinámica general de las reglas de competencia.


En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.


En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.


Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.


Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.


La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.


3.        Pautas de competencia en los trámites de protección por violencia intrafamiliar.


Inicialmente, corresponde indicar que el artículo 4º de la Ley 1294 de 1996, modificado por el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, consagra los trámites y medidas de protección de las víctimas en los casos de violencia intrafamiliar, cuyo conocimiento corresponde al comisario de familia del lugar de ocurrencia de los hechos o, en su defecto, al juez civil o promiscuo municipal.


En efecto, dicha norma consagra:


«Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente.


Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.»


A su vez, el canon 18 de esa normativa, modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, dispone:


«En cualquier momento, las partes interesadas, el Ministerio Público, el Defensor de Familia, demostrando plenamente que se han superado las circunstancias que dieron origen a las medidas de protección interpuestas, podrán pedir al funcionario que expidió las orden la terminación de los efectos de las declaraciones hechas y la terminación de las medidas ordenadas.


Contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el Recurso de Apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.


Serán aplicables al procedimiento previsto en la presente ley las normas procesales contenidas en el Decreto número 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita.»


Con base en esas pautas es claro que cuando se presentan eventos de violencia intrafamiliar, los comisarios de familia o, en su falta, los jueces municipales, pueden adoptar medidas de protección a favor de las víctimas, las cuales pueden ser recurridas y, en todo caso, homologadas o consultadas, en aplicación de las reglas contempladas en el Decreto 2591 de 1991.


El recurso o el grado jurisdiccional aludidos deben adelantarse ante el juez de familia o promiscuo de familia competente, esto es, el que comprenda al municipio en el cual se presentó la trasgresión, lo cual se verifica teniendo en cuenta el mapa judicial adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura.

En un caso similar, la Corte señaló:


«Pues bien, de lo narrado en la solicitud en cuestión emerge que los hechos que la motivaron ocurrieron en la vereda La Aurora Alta de la Calera, de ahí que la Comisaría de Familia de ese lugar asumió su conocimiento y el trámite del incumplimiento de la medida de protección definitiva impuesta a favor de Hernán Gil Alba, en el que resolvió sancionar con multa al agresor.


La consulta de esa resolución sancionadora le compete desatarla al Juez de Familia del Circuito Judicial al que está adscrito el municipio sede de la mentada dependencia administrativa, conforme emerge de la interpretación sistemática de los artículos 12 del Decreto 652 de 2001; 52 del Decreto 2591 de 1991; 17 y 18 de la Ley 294 de 1996, modificados en su orden por los artículos 11 y 12 de la Ley 575 de 2000; 350 y 386 del Código de Procedimiento Civil.


En efecto, los citados artículos 17 y 18 señalan el trámite del incumplimiento de las medidas de protección, el funcionario competente para adelantarlo y para desatar la apelación interpuesta frente a la decisión definitiva de tales medidas, por lo que ha de entenderse que la remisión del artículo 12 del Decreto 652 de 2001 a las normas que regulan el desacato en la tutela es con relación a aquellos aspectos que no están contemplados en el régimen de la violencia intrafamiliar, entre ellos el atinente a la consulta de la sanción impuesta por la infracción de la orden de protección.


En la tutela el grado jurisdiccional en cuestión lo desata el superior jerárquico del juez que sanciona la rebeldía del accionado, a términos del artículo 52 atrás transcrito.


Y en las medidas de protección la segunda instancia la tramita el Juez de Familia o Promiscuo de Familia, puesto que es a él a quien el artículo 18 de la prenombrada Ley 294 le atribuye desatar el recurso de apelación interpuesto contra el proveído que falla la medida de protección.


Ahora, la consulta cumple idénticas finalidades a las asignadas al recurso de apelación, sólo que la segunda instancia se tramita en aquella por mandato expreso del legislador y el último por la intervención de la parte desfavorecida con la decisión, razón por la que los artículos 350 y 386 del estatuto procesal civil asignan el conocimiento de ambas al superior funcional, lo cual significa que es el mismo funcionario el que las resuelve.


Dentro de ese contexto, es claro que el juzgador competente para desatar la consulta de la sanción por incumplimiento de la orden de protección es el Juez de Familia o Promiscuo de Familia del Circuito al que esté adscrito el municipio al que pertenezca la autoridad que emitió el pronunciamiento represivo.»1


4.        Caso concreto.


Mediante Acuerdo n°. PSAA06-3672 de 2006, circunscrito al asunto en cuestión, el Consejo Superior de la Judicatura estableció:


«ARTÍCULO DÉCIMO.- El Circuito Judicial de Zipaquirá, con sede en el municipio de Zipaquirá, queda conformado por los municipios de:


ZIPAQUIRÁ

CAJICÁ

CHÍA

COGUA

GACHANCIPÁ

NEMOCÓN

SAN CAYETANO

SOPÓ

TABIO

TOCANCIPÁ


ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Circuito Judicial de Bogotá, con sede en el municipio de Bogotá, queda conformado por los municipios de:


BOGOTÁ

LA CALERA.»


Siguiendo la preceptiva de los artículos transcritos, es claro que el municipio de La Calera pertenece al circuito judicial de Bogotá desde el mes de octubre de 20062, por lo que la consulta ordenada por la Comisaría de Familia de esa localidad le compete conocer al Juzgado de Familia de Bogotá.


5.        Conclusión.


En definitiva, es la primera de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto.



  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR competente al Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá para conocer de la consulta dispuesta por la Comisaría de Familia de La Calera en el trámite de medida de protección referido.


SEGUNDO.        REMITIR la actuación al citado Despacho e informar lo decidido al Juzgado segundo de Familia de Zipaquirá.



Notifíquese y Cúmplase,






LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado


1 AC, 29 Jun. 2012. Exp.: 2012-01260-00.

2 ARTÍCULO DUODÉCIMO.- El presente Acuerdo rige a partir de la publicación en la Gaceta de la Judicatura  y modifica los numerales 10.2, 10.3,  10.4, 10.6, 10.12, 10.15, 10.16 del artículo primero del Acuerdo 87 de 1996 y las demás disposiciones que le sean contrarias. ---  Dado en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil seis (2006). --- Fecha de la Gaceta (20/10/2006).