AC4218-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02657-00


Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).-



Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú (Sucre) y su homólogo Primero Promiscuo Municipal de San José del Guaviare (Guaviare), con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva singular de mínima cuantía presentada por “Cabarcas Sarmiento Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S.” contra Jorge Armando Benítez Salgado y Marino Perea.


  1. ANTECEDENTES


1.        La demandante presentó el escrito introductor ante el «JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE TOLU (SUCRE)», donde pretende que se ordene a los convocados hacer el pago de $1.719.000, correspondientes al saldo insoluto la obligación contenida en una letra de cambio por valor de $3.820.000, así como los intereses moratorios causados desde el 25 de julio de 2013 hasta que se verifique el pago total de la obligación.


En el acápite sobre competencia manifestó que la tenía ese despacho «[p]or razón de la cuantía, (…) y la vecindad de los demandados (…)».


2.        El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Tolú (Sucre), al que correspondió por reparto la causa, libró mandamiento ejecutivo de pago el 14 de octubre de 2014.


3. Después fue reformada la demanda para excluir al ejecutado Jorge Armando Benítez Salgado; lo que se admitió a través de providencia dictada el 21 de noviembre de 2017, misma en la cual rehusó la competencia para seguir conociendo de la litis. El fundamento de la decisión es que la autoridad facultada es la del domicilio del ejecutado; y que «como quiera que la parte demandante está alterando las partes del proceso y teniendo en cuenta que la notificación efectuada al señor MARINO PEREA, da cuenta el oficio citatorio de notificación personal que por elección del demandante fue dirigido al batallón de selva #51, puesto atrasado Miraflores de san (sic) José del Guaviare (Guaviare) visible a folio 30, lo que de acuerdo con el numeral 1º (sic) del artículo 28 del Código de procedimiento civil (sic), que determinan las reglas de competencia territorial, serían los juzgados municipales de ese municipio, los competentes para continuar con el trámite de este proceso.». Consecuencialmente ordenó remitir las diligencias a los «Juzgados Civiles Municipales» de esa localidad.


4.        Recibida la actuación por el Despacho destinatario, también la rehusó tras considerar que “el numeral 3º (sic) del artículo 28 del Código General del Proceso estableció que en los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, será competente el Juez del lugar de cumplimiento de la obligación; quiere ello decir, que en estos casos el legislador facultó al demandante para demandar no solo en el domicilio del demandado como regla general, sino en el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, a su arbitrio, y revisado el título valor aportado se observa que el pago se efectuaría en “TOLU””. Con ese fundamento, planteó el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.



  1. CONSIDERACIONES


1.        La normatividad aplicable a este caso. El artículo 625 del C. G. P., en su numeral 4, inciso primero, literalmente dispone:


“Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:


(…)


4. Para los procesos ejecutivos:


Los procesos ejecutivos en curso, se tramitarán hasta el vencimiento del término para proponer excepciones con base en la legislación anterior. Vencido dicho término el proceso continuará su trámite conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso.”


Es bien sabido que, con excepción de algunos artículos que comenzaron su vigencia en específicas fechas establecidas en la misma Ley 1564, este nuevo estatuto procesal comenzó su vigencia en todo el país a partir del 1 de enero de 2016; pues, en aplicación de lo dispuesto en su artículo 627, numeral 6, así lo dispuso la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA15-10392 del 1 de octubre de 2015.


Lo anterior significa que las demandas ejecutivas presentadas antes del 1 de enero de 2016, en las que no había vencido la oportunidad para excepcionar, están totalmente sometidas a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil; eso, por supuesto, incluye lo concerniente a competencia, formas de notificación, integración de contradictorio, términos para excepcionar y modos de impugnación. Únicamente cuando haya concluido esa etapa, empezarán a regir las normas del nuevo estatuto instrumental civil, aplicables al trámite siguiente.


En este caso, el libelo introductorio fue presentado el 29 de septiembre de 2014 (Fl. 4. C. Ppl.); el auto de mandamiento ejecutivo de pago es de 14 de octubre del mismo año; y, llegado el 1 de enero de 2016, no se había realizado la notificación a los dos ejecutados. Apenas en el mes de mayo de ese año se hizo el primer intento, que resultó fallido. Así que, contrario a lo alegado por los dos jueces trabados en este conflicto, las normas regentes de la competencia en este asunto, no pueden ser las del C.G.P., sino las del Código de Procedimiento Civil.


2. Aptitud legal para la resolución.


Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 29 y 148 del Código de Procedimiento Civil; estas dos última normas aplican al sub examine, por lo explicado en precedencia..


3.        Dinámica general de las reglas de competencia.


En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, de la existencia de conexidad o unicidad procesal, o a la ubicación de ciertos elementos del proceso.


En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general; y otros específicos, como el real o el instrumental que, entre otros eventos, alude al lugar de cumplimiento obligacional, o al sitio de ocurrencia de los hechos, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente; esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes; y otros, de modo privativo, es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.


Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal civil, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.


Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario; esto es, no exista regla especial.


La seguridad de tal criterio es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De ser así, por razones obvias, aplica la disposición específicamente asignada. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.


4.        Las pautas de atribución territorial en el C.P.C.


Vista la redacción del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado» (subrayas extra texto); de manera que consagra expresamente la prevención de su aplicación mientras no exista pauta en diverso sentido, lo que anticipa la existencia de éstas, algunas concurrentes y otras que las excluyen.


Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o alternativo; tienen el propósito de instituir un fuero específico sin alguna consideración a las demás preceptivas, tornándose así en la «disposición legal en contrario».


Por su parte, las demás normativas especiales dispuestas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general; ésta sigue teniendo aplicación; en tal evento, simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.


El artículo 23 del Estatuto Instrumental Civil, en sus primeros tres numerales, dispone:


“ARTÍCULO 23. Reglas generales. La competencia territorial se determina por las siguientes reglas:

1. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado; si éste tiene varios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante, a menos que se trate de asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez de éste.

2. Si el demandado carece de domicilio, es competente el juez de su residencia, y si tampoco tiene residencia en el país, el del domicilio del demandante.

3. Siendo dos o más los demandados, será competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del demandante.

(…)”


En el numeral 1 se consagra la ya comentada regla general de asignación de atribución legal para el conocimiento de un asunto; esto es, el domicilio del demandado, con la salvedad allí hecha. En el 2 manda que si el convocado no tiene domicilio, el criterio será el de su residencia; y, en el otro establece que, si son dos o más los accionados, el juez habilitado será el de cualquiera de los domicilios de aquellos, a elección del demandante.


En otros términos, expresa y taxativamente la ley concede al accionante la facultad para escoger ante cuál juez radica su causa, cuando son varios demandados; y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales, lo cual no implica tolerar una elección caprichosa; pues, los eventos de competencia a prevención, conllevan la carga de soportar jurídica y fácticamente la potestad de escogencia del juzgador.


A lo anterior se agrega que los criterios determinantes de la competencia se han de observar atendiendo a la situación propia de la época en que sea presentada la demanda; pues, en ese preciso momento es cuando se hace la escogencia del juez. Una vez hecha la elección por quien tiene facultad legal de hacerlo, y observando las reglas aplicables al caso, no es admisible al juez rehusar el conocimiento del asunto alegando variación de la competencia por circunstancias de ocurrencia posterior, salvo las precisamente consagradas en la ley procesal civil, o en otra norma especial. De lo contrario, nunca se tendría la necesaria seguridad sobre quién es, en últimas, el juez habilitado para resolver un litigio.



5.        Caso concreto.


De conformidad con las premisas precedentes, la selección del funcionario que originalmente refutó la aptitud legal, hecha por la promotora, no es caprichosa; pues, encuentra pleno respaldo en el fuero general relativo al domicilio del demandado, por lo que su escogencia resultaba vinculante e impedía proponer colisión de competencia.


Lo anterior supone la desestimación de la postura expuesta por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Tolú, si se considera que según el precedente de la Corte, no le está dado al juez desconocer las afirmaciones del reclamante, máxime cuando no ha requerido claridad sobre algún aspecto relativo a su aptitud legal que pudiera entender ambiguo.


Nótese que en la demanda, la parte actora claramente manifestó que la competencia radicaba en el Juzgado Municipal de Tolú, por “la vecindad de los demandados”; y, en el acápite de “notificaciones”, señaló la calle 22 # 5A-13 del barrio Las Maravillas, de la misma localidad. Esa dirección fue variada por la misma promotora, quien presentó memorial solicitando que se ordenara la notificación al ejecutado Marino Perea en la calle 18 oeste #50D-60, barrio Siloé, en Cali (Fl. 28); lo que así se autorizó por el Juzgado. Sin embargo, tampoco allí se logró la notificación.


Después, la procuradora judicial del demandante, sin cumplir con la carga de informar previamente al Despacho el cambio de domicilio (Art. 75, num. 2, en armonía con el 320 del C. P. C.), ni de dirección para notificaciones judiciales, y sin autorización previa, motu proprio, resolvió remitir citación para notificación y el consiguiente aviso al Batallón de Selva Nº 51, apostado en San José del Guaviare. Con fundamento en esa actuación, la señora juez resolvió rehusar la competencia.


A lo anterior se agrega que también se incurrió en una impropia confusión de los conceptos de domicilio y lugar de notificaciones.


Sobre este tema, esta Sala ha sostenido, al amparo de las previsiones del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:


«(…) el Juez (…), receptor del asunto, se despojó de su conocimiento bajo el supuesto de que el domicilio de la parte accionada estaba en (…) [lugar distinto a la sede del juzgado], aspecto éste que no fue mencionado ni en el libelo introductor, (…), pues (…) se hizo fue referencia al lugar para ‘notificaciones’.  Se olvidó entonces que ‘para efectos de determinar la competencia no pueden confundirse el domicilio y la dirección indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato 'satisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusión al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación personal' (…)» (CSJ AC 2441-2016, 6 julio. 2016, rad. 2016-01690-00).


A todo lo anterior se agrega que si, después de admitida la demanda, el actor decide prescindir de uno de los accionados, ese acto no tiene aptitud legal para modificar la competencia ya fijada. En este caso, tras admitir la reforma del libelo introductorio, el señor juez optó por sustraerse al conocimiento del asunto, apoyado en que sólo queda como accionado quien fue notificado en San José del Guaviare; lo que, como se ha visto, no es acertado.


En conclusión, la separación de la causa por parte del estrado judicial original carece de fundamento, si se considera que, según el precedente de la Corte, no está dado al juez desconocer las afirmaciones del reclamante; máxime cuando no ha requerido claridad sobre algún aspecto relativo a su aptitud legal que pudiera entender ambiguo.


6.        Conclusión.


Es la primera de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto, sin perjuicio de que la contraparte, en el momento procesal oportuno y mediante el mecanismo legalmente autorizado, pueda controvertir esa situación.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,



RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR competente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Tolú (Sucre) para conocer de la demanda en referencia.


SEGUNDO.        REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra autoridad involucrada.



Notifíquese y Cúmplase,





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado