AC4219-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02528-00
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá y el Primero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Manizales, con ocasión del conocimiento del proceso ejecutivo de Fondo Mutuo de Inversiones de los Empleados de la Caja de Compensación Familiar, Compensar, contra Luz Adriana Díaz Arredondo.
En el acápite sobre competencia manifestó que la misma estaba dada «por el lugar de cumplimiento de la obligación, por el domicilio de las partes y por la cuantía».
Seguidamente se ocupó de las liquidaciones del crédito y de las costas luego de lo cual dispuso la remisión del proceso a los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Manizales, siendo asignado al Juzgado Primero de esa especialidad, el cual continuó la tramitación hasta señalar fecha de remate de los bienes embargados y secuestrados.
Ese Despacho conoció igualmente de un incidente de nulidad presentado por la parte demandada, el cual culminó con auto de 23 de octubre de 2017, en el que se resolvió decretar la nulidad de todo el proceso «a partir del auto de 21 de abril de 2014 mediante el cual se libró el mandamiento de pago, inclusive, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.»
Del mismo modo y en consideración al domicilio de la demandada, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., esa Dependencia ordenó «la remisión del expediente de la Oficina Judicial del Distrito Judicial de la ciudad de Bogotá para que sea repartido a los Juzgados Civiles Municipales de esa ciudad.»
Ese proveído fue recurrido por la ejecutante y satisfecho el trámite de rigor, el Juzgado de ejecución lo repuso parcialmente por auto de 27 de noviembre de 2017, en el cual advirtió «que la NULIDAD DECLARADA solo comprende las actuaciones posteriores al auto que libró mandamiento de pago». Igualmente, dispuso «tener notificada a la demandada LUZ ADRAIANA DÍAZ ARREDONDO por CONDUCTA CONCLUYENTE desde el día en que presentó la solicitud de nulidad del proceso ejecutivo, es decir, desde el 30 de junio de 2016, se ACLARA que el término de ejecutoria y traslado del auto que libró mandamiento de pago solo empezará a correr a partir de la fecha de notificación del presente auto.»
Finalmente, decidió «CONSERVAR la COMPETENCIA para continuar conociendo del presente proceso por lo dicho en la parte motiva de la presente providencia.» (Mayúsculas y negrillas del original).
El auto que resolvió la reposición fue a su vez recurrido por la ejecutada en cuanto a la última determinación. En ese orden, en providencia de 14 de febrero de 2018 el Juzgado de ejecución revocó tal decisión y, por consiguiente, ordenó la remisión del expediente a los juzgados civiles municipales de Bogotá.
Con ese fundamento, planteó el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
Preliminarmente debe indicarse que el presente caso ha de resolverse con cimiento en las normas del Código de Procedimiento Civil, dado que éste se encontraba vigente para cuando se presentó la demanda.
En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, de la existencia de conexidad o unicidad procesal, o a la ubicación de ciertos elementos del proceso.
En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general; y otros específicos, como el real o el instrumental que, entre otros eventos, alude al lugar de cumplimiento obligacional, o al sitio de ocurrencia de los hechos, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente; esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes; y otros, de modo privativo, es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.
Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.
Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario; esto es, no exista regla especial.
La seguridad de tal criterio es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.
Vista la redacción del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado» (subrayas extratexto); de manera que consagra expresamente la prevención de su aplicación mientras no exista pauta en diverso sentido, lo que anticipa la existencia de éstas, algunas concurrentes y otras que las excluyen.
Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o alternativo, en tanto son los que tienen el propósito de instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose así en la «disposición legal en contrario».
Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general; ésta sigue teniendo aplicación; en tal evento, simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.
Uno de los supuestos de previsión de regla especial en materia de competencia territorial era el establecido en el numeral 5 del citado artículo 23, según el cual «[d]e los procesos a que diere lugar un contrato serán competentes, a elección del demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del demandado.» (Resaltado fuera de texto).
Este foro referido al sitio de cumplimiento de las prestaciones derivadas de un contrato, era de aquellos que operaban en forma simultánea, de modo concurrente, con el fuero general, e incluso con alguno de los otros especiales; así lo denota la propia norma cuando indica en este tipo de asuntos eran «competentes, a elección del demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del demandado.»
De ese modo, si confluían los fueros personal y contractual, según lo establecido en las señaladas reglas 1ª y 5ª ejusdem, el accionante cuenta con la facultad de radicar su causa ante el juez, tanto del lugar de domicilio del demandado, como el perteneciente a la ubicación pactada para la satisfacción de las obligaciones contractuales; y una vez efectuada esa elección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales, sin que ello implique tolerar una escogencia caprichosa, porque los eventos de competencia a prevención conllevan la carga de soportar jurídica y fácticamente la potestad de escogencia del juzgador, que la ley conceda al accionante.
No obstante lo anterior, en el ámbito de vigencia temporal del Código de Procedimiento Civil es preciso indicar que el fuero contractual no aplicaba concretamente para la ejecución de títulos valores, en la medida que el ejercicio de la acción cambiaria, en vigencia de esa codificación, aludía propiamente al derecho literal y autónomo vertido en el documento, pero sin involucrar el negocio subyacente; de ahí que la jurisprudencia de esta Corporación hubiera excluido la observancia de ese criterio y, por tanto, indicó que la competencia debía seguir la pauta general, dentro de factor territorial.
En su momento, la Sala señaló:
«Si bien es criterio de esta Corporación que “el juez competente por el anunciado factor territorial para conocer de los procesos en donde sólo se ejercita la acción cambiaria, (…) es el del domicilio del demandado; no el del lugar de cumplimiento de la prestación demandada, pues ciertamente la regla del numeral 5° del precepto 23 en cita, acaso la única que valdría para sostener el planteamiento, se aplica exclusivamente para el caso de que la controversia gire en torno a un contrato y no un título valor” (auto de 4 de junio de 2004, exp. 2004-00067-01), es de advertir que no corresponde a la situación que opera en este caso, como equivocadamente lo interpretó el primero de los despachos involucrados.»1
En el presente caso se advierte que la demanda ejecutiva referenciada fue dirigida a los juzgados civiles municipales de Manizales, por corresponder al «lugar de cumplimiento de la obligación, por el domicilio de las partes y por la cuantía».
Sin embargo, decantado que el domicilio de la ejecutada es la ciudad de Bogotá D.C., conforme se decidió en el incidente de nulidad tramitado y definido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Manizales, y dada la imposibilidad de aplicar el fuero contractual, en tanto la pretensión se enmarca en el ejercicio de la acción cambiaria, es claro que la competencia se radica en el Juzgado de la capital.
Ahora, no es posible atender los argumentos del Juzgado que provocó la colisión, según el cual la ejecutada no planteó la «excepción previa para efectos de alegar oportunamente la falta de competencia, tal como se extracta del artículo 16 del C.G.P. y/o para invocar sus excepciones de mérito.», toda vez que son otras las circunstancias ocurridas después de la declaratoria de invalidez.
Ciertamente, cuando el Juzgado de ejecución declaró la nulidad del trámite, ordenó igualmente «la remisión del expediente a la Oficina Judicial del Distrito Judicial de Bogotá», pero a raíz del recurso presentado por la parte actora, relacionado directamente con la indebida notificación, el aludido Despacho efectuó unas precisiones y, de otro lado, cambió la decisión en torno al envío de la causa a los juzgados de Bogotá. En consecuencia, dispuso «CONSERVAR la COMPETENCIA para continuar conociendo del presente proceso» (Mayúsculas y negrillas del original).
Posteriormente, contra esa última decisión la encausada presentó recurso de reposición, cuya argumentación fue acogida por la Dependencia de instancia, que la revocó y nuevamente ordenó «la remisión del expediente a la oficina Judicial del Distrito Judicial de la ciudad de Bogotá, para que sea repartido a los juzgados civiles municipales de esa ciudad.»
Así las cosas, la decisión inicial no obligaba a la ejecutada a protestar la competencia, dado que armonizaba con su postura. Y cuando el juzgador quiso conservarla se advierte que dicho extremo procesal interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, precisamente cuestionando la aptitud legal, el primero de los cuales resultó próspero.
De ahí que, en puridad, la convocada no tuvo oportunidad de recurrir el apremio, en orden a plantear la falta de competencia, dado que toda la discusión se dio en el marco del incidente de nulidad, en cuyo trámite no es posible asumir que la ejecutada aceptara la permanencia del proceso en el Juzgado de Manizales.
Por consiguiente, la competencia inicial no se prorrogó y, siendo discutida, es claro que la misma se radica en los juzgados municipales de Bogotá.
Es la primera de las autoridades en contienda la que debe continuar y, por tanto rehacer, el trámite respectivo.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogotá para conocer del proceso de la referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado Despacho e informar lo decidido a la otra autoridad involucrada.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado
1 AC, 6 Sep. 2011. Exp.: 2011-01753-00.