MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente



AC4229-2018

Radicación n.° 11001-31-03-029-1995-00851-01

(Aprobado en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho)


Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).


Se decide sobre la admisibilidad de la demanda con la que Urbanización Marsella Sarmiento e Hijos en liquidación, dice sustentar el recurso de casación que formuló, en su condición de tercera ad excludendum, contra la sentencia del 5 de octubre de 2015 proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá en el proceso de pertenencia seguido por la Junta de Acción Comunal del Barrio Marsella contra la sociedad Pinilla y Cía. S. en C. y terceros indeterminados, y al que se llamó de oficio, como litisconsorte necesario, a la sociedad Luis A Pinilla y Cía.

ANTECEDENTES


A.        La Junta de Acción Comunal del Barrio Marsella pretende frente a las sociedades Pinilla y Cía. S. en C. y Manhattan de Colombia S.A. que, por haberlo adquirido por prescripción, se le declare titular del derecho de dominio de un predio situado en Bogotá, identificado con matrícula inmobiliaria 50C-1334150 de la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de esta capital.


B.        Admitida la demanda y ordenada la notificación solo frente a la primera, por ser ella la que figuraba como titular de derechos reales principales en el certificado aportado, y constatado que al parecer esa sociedad convocada no existía y que en realidad obedecía a un error en ese documento, fue llamada de oficio como litisconsorte necesaria la sociedad Luis A Pinilla y Cía. (f. 261, c. 1).


En el término del traslado, la Urbanización Marsella Sarmiento e Hijos en Liquidación compareció al proceso con oposición a la demanda incoatoria del mismo y formulación de excepciones de mérito y previas, a la par que presentó demanda de reconvención, la que, a la postre, fue tenida como una intervención ad excludendum. En este libelo, la sociedad recurrente en casación pidió que se le declarara propietaria del lote triángulo, que la Junta de Acción Comunal actora lo posee de mala fe y sin justo título, que sobre el predio se encuentran dos titulaciones y la de la pasiva convocada (Pinilla y Cia s. en C. o Luis A Pinilla y Cía S. en C) es espuria,  que se le condene a la Junta a restituirlo junto a sus frutos, teniendo en cuenta que es poseedora de mala fe.


Consideró el juzgado necesario llamar de oficio al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) para que hiciera valer sus derechos (f. 491, c. 2).


C.        Rituada la instancia, el a quo dictó sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda principal, al no encontrar demostrada la posesión de la actora  ni la identidad del predio.


En relación con la intervención ad excludendum, dejó dicho el a quo que no se había formulado pretensión alguna (f. 605, c. 2), lo que propició la solicitud de adición por parte de Urbanización Marsella Sarmiento e Hijos (f. 606) y la subsecuente sentencia adicional (fls. 614 a 616), en la que el juzgado de conocimiento abordó las pretensiones declarativa de dominio y reivindicatoria formuladas por aquella, denegándolas, para lo cual tuvo en cuenta comunicación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, con el que llegó al convencimiento de que el bien es una zona del espacio público no susceptible de adquirirse por prescripción.


D.        El tercero interviniente formuló recurso de apelación contra la sentencia y su adición. Al efecto recordó que en la demanda de reconvención, que luego fue tenida en cuenta como una intervención ad excludendum, había formulado pretención reivindicatoria contra la Junta de Acción Comunal del Barrio Marsella y declarativa de dominio contra la inicialmente demandada, sociedad Luis A Pinilla Compañía S. en C., a más de la orden al Registrador de Instrumentos Públicos de cerrar el folio de matrícula 50C-1334150 para solucionar la anómala circunstancia de existir dos folios de matrícula para una misma unidad catastral. En concreto formuló las siguientes críticas a la sentencia de primer grado y su adición: pidió que se declarase la nulidad del fallo por varias razones, a saber, 1) haberse extinguido la competencia del juez para fallar antes de que este se profiriera, 2) no haberse seguido la forma obligatoria prevista en el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, que ordena resolver en primer término la pretensión del interviniente ad excludendum, 3) haber considerado una prueba ilegítima e irregular como lo es la constancia aportada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, único fundamento que tuvo para desestimar las pretensiones del tercero, 4) carecer de motivación la resolución de la pretensión del tercero ad excludendum relacionada con la solicitud de cierre de un folio de matrícula inmobiliaria.


Además, y en su defecto, solicitó la revocatoria del fallo, primero, porque está basado en una prueba que no podía ser tenida en cuenta (la que antes tildó de ilícita); segundo, por haberse acreditado la efectiva posesión por parte de la actora (con prueba documental y testimonial) y, finalmente, por estar adecuadamente identificado el predio.


E.        La solicitud de nulidad referida a la falta de competencia del juez por haber fallado extemporáneamente, fue resuelta de forma adversa por el magistrado ponente con antelación el proferimiento de la sentencia (f. 32, c. 5), reservando el examen de las otras endilgadas irregularidades procesales para el fallo, que profirió confirmando la decisión apelada.


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


A.        En relación con la segunda nulidad planteada por el recurrente, atinente a haber invertido el a quo el orden de decisión de las pretensiones pues comenzó por las del demandante y no por la del tercero ad excludendum, advirtió la Sala de Decisión que no tenía vocación de prosperidad a pesar de haberse desconocido por el juez de primera instancia el imperativo del artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, que ordena fallar en primer lugar la demanda del tercero ad excludendum, pues tal anormalidad no se erige como motivo de nulidad y, en todo caso, el fallo del juzgado se adicionó a instancias de la apelante, corrigiéndose entonces tal irregularidad. Y en lo tocante a la nulidad deprecada por haberse basado el fallo en una prueba ilícita, precisó el Tribunal que tal motivo apunta más a la revocatoria del fallo que a una nulidad procesal.


B.        Seguidamente advirtió que se enfocaría en los reparos elevados por el tercero ad excludendum a la sentencia de primera instancia, poniendo de presente que ningún reproche hizo la Junta de Acción Comunal del Barrio Marsella ni la sociedad Luis A Pinilla Compañía, en referencia a los pedimentos de la primera, a la sazón desestimados.


Las pretensiones del tercero ad excludendum, dirigidas a que se le declarara propietaria frente a la sociedad originalmente demandada (Pinilla y Cía S. en C.) y su litisconsorte necesaria (Luis A Pinilla y Cía S. en C.) y le restituyera la Junta de Acción Comunal del Barrio Marsella,  fueron denegadas por el Tribunal, previo recorderis de los elementos axiológicos de la acción reivindicatoria, esto es, que el demandante sea propietario del bien que se pretende reivindicar, que el demandado sea poseedor del mismo, que exista plena identidad entre el bien ostentado por el demandante como titular del dominio y el poseído por el demandado, y que sea una cosa singular o una cuota de cosa singular. Fueron sus razones:


1.        Que no se probó el primer requisito, pues no hay claridad acerca de la identidad física y jurídica del bien porque como lo alega el mismo apelante se presenta un traslapo o sobreposición de predios, lo que genera dudas acerca del dominio ejercido sobre el bien a reivindicar y se registran dos personas jurídicas distintas como propietarios. Lo anterior sin consideración a que el bien sea total o parcialmente de uso público.


2.        Que fue extemporánea la pretensión introducida en la solicitud de adición de la sentencia de primera instancia, encaminada a que se ordene el cierre de un folio de matrícula. Pero, en gracia de discusión, debía el censor demostrar el error en que su contraparte o terceros hicieron incurrir a la oficina de registro, a más de que la cancelación del folio suponía la intervención de terceros que participaron en los negocios jurídicos allí inscritos, ausentes en este proceso.


3.        Que en cuanto al oficio del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público que califica de uso público el bien litigado, tenido en cuenta por el a quo para fallar no obstante su aportación irregular, según la crítica del apelante, recordó el Tribunal que el juzgado llamó a ese Departamento precisamente por considerar desde antes de la sentencia que dicho bien tenía ese carácter. Pero al margen de lo anterior, recordó que la carga que pesa sobre el actor de demostrar la plena identidad física del bien lo que no logró hacer eficientemente por el anotado traslapo o sobreposición de predios con distintos folios de matrícula en una misma zona de terreno y con titulares de dominio diferentes.


4.        Que es de vital importancia esclarecer el carácter del lote que disputan la Junta de Acción Comunal y la Urbanización Marsella Sarmiento e Hijos en liquidación; pero las apreciaciones vertidas en el  dictamen pericial que afirman que la tradición correcta es la de la última y que el terreno alinderado y descrito en la demanda ad excludendum coincide en parte con el que existe pero es más grande, no pueden ventilarse en este proceso puesto que no intervienen todas las personas inscritas como dueñas del predio en litigio según los diversos folios inmobiliarios, ni se atacaron los actos generadores de las anotaciones registradas. Por lo demás, la afirmación del perito acerca de que la tradición correcta sea una u otra no es herramienta aniquiladora de los títulos y las inscripciones.


5.        Al margen de que el bien sea de uso público o no, lo importante es que el actor ad excludendum no cumplió con la carga de probar todos los elementos configurativos de la acción reivindicatoria.


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Cuatro cargos se dirigen contra la sentencia acabada de resumir. De su examen formal, que es lo que corresponde hacer en este estadio procesal, encuentra la Corte que no deben ser admitidos por las razones que se exponen a continuación de su resumen.


A.                CAUSAL QUINTA DE CASACIÓN


1.        PRIMER CARGO


En este cargo se acusa la sentencia de estar incursa en nulidad por haber desbordado el Tribunal su competencia funcional frente a lo que alegó en el recurso la apelante y en lo desfavorable a ella respecto de la sentencia de primera instancia.


Luego de resumir lo tratado por el juzgado de primera instancia, lo alegado en la apelación y lo resuelto por el Tribunal, concreta el fundamento que encuentra para sostener la aludida ausencia de competencia funcional del Tribunal en estos asertos: a) que esta corporación no se refirió al tema relativo a la posesión de la Junta de Acción Comunal, b) que desconoció que el juzgado de primera instancia había encontrado acreditada la sobreposición de predios y que la tradición correcta era la del tercero ad excludendum, c) que no tenía el Tribunal por qué referirse al deslinde o a la invalidación de títulos pues eso no se le pidió, y d) que tampoco tenía por qué exigirle al apelante que demostrara el error en que se hizo incurrir al oficina de registro.



2.        SEGUNDO CARGO


También con fundamento en la causal quinta de casación, en este embate se acusa la sentencia por haber sido proferida para desatar el recurso de apelación contra una decisión de primera instancia completamente nula, incurriéndose así en una falta de competencia funcional. Lo sintetiza así: “la competencia funcional del Tribunal para emitir sentencia de segunda instancia y definir de fondo del litigio tiene como presupuesto una sentencia de primera instancia válida que le sirva de fundamento, y en este caso esta no es” (f. 32, cdno. Corte).


En procura de desarrollar tal aserto, y no sin antes referirse al contenido del fallo de primera instancia, lo tilda  de nula porque:


1.        En cuanto a su estructura y contenido formal:


a.        Omitió referirse a la contestación de la demanda del interviniente ad excludendum, defensa que podía presentar no sólo como tercero interesado sino, en el mismo término, presentando demanda de reconvención.


b.        Guardó silencio respecto de los hechos de la demanda principal y su contestación, cuando resolvió la demanda ad excludendum.


c.        Incurrió en un vicio in procedendo al no fallar primero la demanda del tercero como lo ordena el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, pues al haber procedido de ese modo y encontrar no acreditada la posesión de la demandante primigenia, privó al interviniente la posibilidad de reivindicar, toda vez que no podía cambiar ya el contenido de la primera sentencia.


2.        En cuanto a su contenido sustancial.


a.        Sin motivo alguno o con uno muy corto referido a la condición de bien de uso público, el juzgado negó todas las pretensiones de la demanda ad excludendum.


b.        Incurrió en incongruencia al ocuparse únicamente de la pretensión primera de la demanda del tercero, referida a la petición de dominio, y de la solicitud de cierre del folio de matrícula inmobiliaria pues se trataba de una pretensión inexistente que apenas se sugirió en el alegato de conclusión.


c.        Utilizó una prueba ilegal como único fundamento para negar la pretensión del interviniente


d.        Incurrió en yerro in iudicando porque como en los procesos de pertenencia es obligatoria la inspección judicial, no para verificar la posesión sino para identificar el predio, el a quo no vio la inspección practicada en el proceso sino una anticipada que se aportó como prueba documental, en la que por lo demás no participó el tercero ad excludendum.


Como la sentencia de primera instancia es nula también lo es la de segunda, pero, aún más, dice el recurrente, el proceso deviene nulo desde antes dado que no se ha corrido traslado del dictamen pericial practicado. Y si bien puede estar saneada para la Junta de Acción Comunal y la interviniente ad excludendum, no lo está para la sociedad Luis A Pinilla y Cía. S. en C.


CONSIDERACIONES


Como es sabido, el carácter dispositivo y extraordinario del recurso de casación impide que el juez llamado a decidirlo, de oficio, enmiende, subsane o pase por alto falencias u omisiones que presente la demanda con la que se sustenta, la que debe ceñirse a lo dispuesto en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, estatuto llamado a regular este recurso cuya demanda se examina, por haber sido interpuesto en su vigencia.


Dentro de los requisitos que ese precepto establece, descuella el atinente a la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa, por lo que “resulta indispensable que, entre otros aspectos, exista una ‘relación’ entre la ‘sentencia y el ataque que se le formula’ (auto de 19 de noviembre de 1999, Exp. No. 7780), simetría que debe entenderse, además, según recientemente puntualizó la Corte, ‘como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución’ (auto de 8 de agosto de 2003, Exp. No. 40301, que hace eco de otro anterior, G.J. CCLV-116). (AC. Del 15 de abril de 2011, rad. n°.  11001-31-03-017-2006-00149-01). Simetría o enfoque y plenitud son pues factores determinantes de la claridad y precisión de los fundamentos del ataque, cualquiera que sea la causal escogida.


También dentro de esos requisitos que deben cumplir las demandas de casación, se encuentra el previsto del numeral tercero del precepto 374 que exige la formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, lo cual significa que no es posible para el recurrente entremezclar embates sustentados en causales de casación distintas, dada la autonomía de estas. Por consiguiente, no resulta acorde con la técnica del recurso formular, por ejemplo, ataques por vicios in procedendo -como los contemplados en el numeral 5º del artículo 368 que consagra como motivo de casación haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140- e in iudicando en un mismo cargo. Las causales de casación obedecen a supuestos hipotéticos precisos de modo que no puede el recurrente escoger al capricho cualquiera de ellas para subsumir al desgaire el reproche que le endilga a la sentencia impugnada ni menos incurrir en la aludida mixtura.


En adición a lo anterior, debe recalcarse que ese motivo quinto de casación reitera el carácter taxativo que ostentan los que dan lugar a impetrar una nulidad del proceso, pues sólo son los enunciados en el artículo 140, norma que junto a las que le siguen, consagran el régimen de las nulidades procesales, reglamentación de la cual se desprende la improcedencia de su formulación cuando las irregularidades denunciadas como fuente de la invalidación del juicio no se presentan, o no se hallan específicamente enlistadas en esa preceptiva, o cuando estándolo y siendo saneables, no fueron alegadas al primer momento por la parte afectada con ellas, por lo demás la única legitimada para invocarlas.


En el primer cargo se erigen como constitutivas de nulidad procesal cuestiones que la normativa instrumental no sanciona con tal efecto: la acusación al Tribunal acerca de no haber abordado el examen de la posesión de la Junta de Acción Comunal, o de haber precisado que el proceso reivindicatorio que fallaba no estaba diseñado para deslindar predios o invalidar títulos o, en fin, aquella referida a pedirle al apelante que demostrara el error en que terceros o la contraparte había hecho incurrir al oficina de registro, no son ciertamente supuestos de falta de competencia funcional.


En efecto, si el Tribunal, por las razones que fueren (inadvertencia, omisión exprofeso, suficiencia de los argumentos expuestos, etc.),  no examinó la posesión de la junta de acción comunal, lo cierto es que, no ofrece el censor argumentos claros y precisos tendientes a establecer por qué esa ausencia de estudio sobre un tópico expuesto como reproche en la apelación constituye falta de competencia funcional. Y lo mismo debe decirse de la segunda queja, esto es, que incurre en esa misma falta de competencia cuando el Tribunal afirma que el proceso reivindicatorio no es el cauce adecuado para abordar el estudio de deslindes y títulos.


Encuentra la Corte que el recurrente desfigura lo que el Tribunal dijo en su sentencia sobre que el apelante debe demostrar el error en que se hizo incurrir a la oficina de registro, pues tal afirmación debe ponerse e interpretarse en el contexto en que fue lanzada: luego de haber reprochado al recurrente la introducción en la solicitud de adición de la sentencia de primera instancia una pretensión (que se ordenáse el cierre de un folio de matrícula) por tanto extemporánea, a mayor abundamiento acometió el examen de esa crítica, y es allí cuando dice que debía el actor demostrar el preindicado error de la oficina registral. No sólo se incurre en esa descontextualización y falta de simetría o desenfoque en el cargo sino que, en adición, no se expone motivo alguno para concluir que tal afirmación es constitutiva de nulidad procesal.


Y en cuanto a que el Tribunal haya desconocido que el juez de primera instancia había encontrado superpuestos los predios y correcta la tradición del tercero, encuentra aquí la Corte otro desenfoque más, pues el ad quem lo que arguyó fue que esas afirmaciones las tomaba de boca del mismo apelante (f. 77, c. 5).


En el segundo cargo, al margen del presupuesto del que parte este embate -que el Tribunal no tiene competencia funcional para fallar cuando la providencia objeto de su escrutinio por vía de apelación es nula-, lo cierto es que refulge en él una inadmisible mixtura de reproches que comprenden irregularidades procesales no previstas en la legislación como causales de nulidad procesal,  acusaciones por incongruencia, críticas de tinte sustancial y falta de interés en alegar irregularidades (como la ausencia de traslado del dictamen pericial). Es el mismo recurrente el que se encarga incluso de intitular esos vicios según su naturaleza (incongruencia, errores sustanciales, etc.)


En suma, si el motivo de casación aducido  en estos cargos radica en que la sentencia del Tribunal fue proferida no obstante “haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad del artículo 140, siempre que no se hubiere saneado”, la labor del recurrente en orden a la demostración de ese aserto, debió circunscribirse a establecer la causal legal de nulidad, los hechos que según su parecer se subsumen en ella, la ausencia de saneamiento y su interés en alegarla por vía de casación.


Pero es evidente que de cara a lo ya expuesto, tal labor no se desarrolló con sujeción a la precisión y claridad exigidas en la norma procesal.



B.        CARGOS SOPORTADOS EN LA CAUSAL PRIMERA


1.                TERCER CARGO


Al amparo de la causal primera de casación, se acusa la sentencia de haber infringido los artículos 946 y 964 del Código Civil por falta de aplicación como consecuencia de error de derecho al haberle dado mérito de prueba a la comunicación del DADEP, con violación de los artículos 174 y 183 del Código de Procedimiento Civil. En su desarrollo dice el recurrente que en la primera instancia y con la sentencia quedó sellada la verificación de la propiedad y tradición correctas del predio así como su identidad física, por lo que el Tribunal no le quedó otro remedio para denegar las pretensiones que acudir a la calidad del lote, aseverando que estaba afecto al uso público, y con evasivas terminó dando crédito a la prueba ilegal como también con evasivas terminó omitiendo el estudio de la posesión en cabeza de la junta y la identidad física del predio.


CONSIDERACIONES


De acuerdo con lo que ya se ha venido exponiendo en punto de los requisitos de la demanda de casación, y en especial el atinente a la aducción de argumentos claros y precisos que fundamenten la acusación, con sus notas de completud, simetría y enfoque, debe recordarse que el Tribunal no basó su sentencia en el hecho de que el bien fuese de uso público sino en la duda que le suscitaba el traslapo o superposición de predios por la existencia de folios de matrícula distintos y con titulares del dominio diferentes, lo que en su criterio enervaba la acreditación de requisitos de las acciones reivindicatorias que antes había enunciado,  esto es, el atinente a la demostración de que el demandante fuese titular del dominio y que hubiese claridad suficiente sobre la identidad física y jurídica del bien. Y a esa conclusión llegó “sin contar la discusión acerca de que el lote abarca, total o parcialmente, zonas de uso público” (f. 78, c. 5). En el mismo sentido, en otro pasaje de la sentencia, luego de advertir que desde antes de su fallo ya el juez había considerado que el bien era de uso público -aserto no controvertido en la demanda de casación- desdeñó la importancia de ese carácter de bien de uso público con estas palabras: “al margen de lo anterior, como en precedencia se anotó en el reivindicante gravitaba la carga de demostrar la plena identidad entre el bien del que se dice ser titular del dominio y el poseído por el demandado” (f. 79, c. 5). Resulta claro entonces, que no fue fundamento del Tribunal la consideración de que el bien fuese de uso público sino la ausencia de identidad física y jurídica del comprometido en la litis.


Se ha puesto de presente lo anterior por cuanto el tercer cargo parte de la base de que fue sustento del Tribunal el oficio proveniente del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, que calificó de bien de uso público el litigado, cuando, como se vio, lo cierto es que tal peculiaridad fue dejada de lado por el ad quem. Frente a lo anterior, resulta completamente desenfocado y por ende intrascendente el tercer cargo dirigido a endilgar al Tribunal la comisión de un yerro de derecho por haberle dado mérito probatorio a un documento allegado irregularmente al proceso, según el decir del recurrente, pues al margen de que ello fuese así, lo cierto es que tal discusión fue evadida por el Tribunal.


2.                CUARTO CARGO


También con fundamento en la causal primera de casación, se formula el cargo por violación indirecta de los artículos 946 y 964 del Código Civil como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, toda vez que pretirió el oficio del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (que da cuenta de que el bien no es de uso público), los testimonios de Unigarro y Uscátegui y el interrogatorio de parte al representante legal de la Junta de Acción Comunal (que acreditan la posesión por parte de ésta),  la inspección judicial del proceso (que demuestra la identidad física del predio), el dictamen pericial (que explica la sobreposición de los predios y la tradición válida de la interviniente ad excludendum), el acta de la querella policiva de la inspección 8 de Kennedy (que demuestra que en 1995, época de la demanda, el lote estaba cerrado con una valla de advertencia), la copia auténtica de la escritura pública 1702/60 de la notaría séptima de Bogotá, sus inscripciones de registro en el anverso, y la escritura pública 365 de 2006 de la notaría 72 y su constancia de registro (que demuestran suficientemente el título del dominio de la interviniente ad excludendum)


CONSIDERACIONES


Dispone el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, sobre los requisitos que debe reunir el libelo contentivo de la demanda de casación, lo siguiente: “(…) 3. La formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas (…) cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”.


Atinente a la demostración del error de hecho ha dicho la Corporación:


cuando la censura se endereza a reprocharle al Tribunal haber violado la ley sustancial a consecuencia de errores de hecho, ya sea porque supuso pruebas que no existían en el expediente, o porque omitió la apreciación de las que allí militaban, o porque desfiguró su contenido material por cercenamiento o agregación, debe el censor demostrarlo, lo que supone, en primer lugar, señalar de manera concreta dónde se produjo el dislate fáctico del juzgador, lo que implica referirse a los apartes del fallo en los cuales el impugnante ubica el desacierto así como a la prueba que dio origen al mismo, de suerte que del cotejo o comparación entre estas dos piezas, refulja con carácter ostensible o notorio el pregonado error, para de allí pasar a demostrar cómo el desacierto en la apreciación objetiva del medio de prueba, o cómo la suposición fáctica del fallador -si de ello se trata-, influyó en el sentido de la decisión (trascendencia), de modo que se imponga con carácter inobjetable la conclusión que propone. (AC5746-2014 de 23 de sep. 2014, rad. n.° 11001-31-03-011-1998-01235-01).

 

La falencia técnica que se advierte al rompe en el cuarto cargo tiene que ver también con la claridad y precisión de los argumentos o fundamentos que sustentan la acusación, solo que en este caso están ausentes, pues como se dejó registrado en su resumen, en dicho embate se limita el censor a enunciar diversas probanzas que en su opinión fueron preteridas por la corporación de segundo grado y alegar lo que con ellas se demuestra. En eso consiste el cargo, parquedad que lo torna incompleto pues,  de acuerdo con la jurisprudencia transcrita , la labor de la censura debe ir más allá como quiera que para la demostración del dislate debe hacer un cotejo o comparación entre lo que la prueba evidencia y que el Tribunal dedujo o dejó de deducir de ella , lo que en este caso se omitió por completo.


Lo dicho es suficiente para concluir que ninguno de los cargos cumple con los requisitos técnicos necesarios para su admisión y por consiguiente deben inadmitirse lo que da lugar a la deserción del recurso.



DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

Primero: INADMITIR  todos los cargos y por consiguiente DECLARAR DESIERTO el recurso de casación formulado contra la sentencia del 5 de octubre de 2015 proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá en el proceso de pertenencia seguido por la Junta de Acción Comunal del Barrio Marsella contra la sociedad Pinilla y Cía. S. en C. y terceros indeterminados, al que se llamó de oficio, como litisconsorte necesario, a la sociedad Luis A Pinilla y Cía. y actuó como tercero ad excludedum la sociedad Urbanización Marsella Sarmiento e Hijos en liquidación.

Segundo: Ordenar que el expediente regrese a la oficina judicial de origen.


Notifíquese,




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





LUIS ALONSO RICO PUERTA







ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA