AC4255-2018
Radicación n° 13001-31-03-001-2014-00032-02
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia de 22 de marzo de 2018 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso de pertenencia promovido por Amelia de la Cruz Muñoz Núñez contra Nora Margarita Muñoz Nuñez y Otros.
3. Frente a la determinación del ad quem, el peticionario formuló recurso extraordinario de casación, el cual fue concedido por el Magistrado Sustanciador en auto del 12 de abril de 2018, decisión que esta Corporación consideró prematura mediante proveído del 28 de junio de la misma anualidad, al estimar inadecuado el análisis del interés que le asistía a la recurrente, en consonancia con la pretensión de prescripción puntualmente reclamada.
4. De nuevo el Tribunal por auto del 22 de agosto del presente año, concedió el recurso de casación incoado al estimar que se cumplían los requisitos legales, en particular la cuantía del interés para recurrir, teniendo en cuenta el peritaje obrante en el plenario, el cual «al ser contrastados con los hechos notorios, permiten concretar dicho interés (…) El valor del 80% del inmueble a 2018 es de $1.754.400.000. Valor que, conforme a los cálculos efectuados corresponde al metro cuadrado del terreno, sin tener en cuenta el área construida.»
Igualmente argumenta el ad quem que si bien la Corte Suprema de Justicia «ha venido sosteniendo que para justipreciar el interés para recurrir en casación, no es posible acudir a las reglas previstas en el artículo 444 del Código General del Proceso, nos sirve a guisa de ejemplo, para corroborar que el monto calculado no está desfasado.»
La naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado, en tanto corresponde comprobar, entre otros aspectos, la oportunidad de su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada.
De igual manera, la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).
Desde la perspectiva del Código General del Proceso, se ha reiterado la pertinencia de la declaratoria de prematuro para el otorgamiento del recurso de casación, en los siguientes términos:
«El artículo 342 en cita previene acerca de que la cuantía del interés para acudir en casación “fijada” por el Tribunal no puede ser materia de “examen o modificación” por esta Corporación; restricción que viene a ser análoga a la que existía en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que “No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía”.
Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casación se planteó en vigencia del Código General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si “la temática arriba a esta Corporación legalmente definida”, pues, no tendría ningún sentido guardar silencio o avalar una ponderación o mensura hecha “sobre bases irreales, lo cual, por sí, implicaría una decisión aparente o no definida” (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01).» (CSJ AC5735-2016, 1º sep. 2016, rad. 2007-00177-01).
Conviene señalar que el interés para recurrir en casación refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, la cual, para los eventos gobernados por las disposiciones del nuevo estatuto general de procedimiento, debe ser igual o mayor a «un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)», cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, de conformidad con el tenor de la preceptiva 338 ibídem.
Sobre el concepto en comentario tiene dicho esta Corporación, que aquél «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC6011-2015, reiterado en AC7638-2016, 8 nov. 2016, rad. 2012-00290-01).
Lo anterior implica, que cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, material y atendidas las singularidades del caso, tal cual lo ha reclamado la Sala:
«Uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos.» (CSJ AC, 28 sep. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr. 2014, 2008-00347-01).
De manera que la actualidad de la afectación en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés.» (AC 064, 15 may. 1991; reiterado en AC924-2016, AC1825-2016 y AC5019-2016).
Nuevamente, en el asunto bajo estudio no es posible predicar que el Tribunal Superior de Cartagena haya agotado debidamente su labor de examinar la cuantía del interés para recurrir en casación, por cuanto en dicho laborío no atendió su deber de valorar integralmente y de manera adecuada el material probatorio disponible.
La valoración realizada por la Magistratura de origen se nota desatinada en la medida que no acudió con rigor a los elementos de juicio que exclusivamente le brinda el cartulario, haciendo uso de elementos externos y apreciaciones propias que se alejan del análisis objetivo que demanda la materia.
Debe destacarse que el artículo 339 del Código General del Proceso preceptúa que la cuantía del «interés económico afectado con la sentencia (…) deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente», permitiendo a renglón seguido que dicho acervo básico se nutra con un insumo adicional, cuando faculta al recurrente para «aportar un dictamen pericial si lo considera necesario».
Estas son las opciones que brinda la normativa sin la posibilidad de acudir a mecanismos exógenos que puedan afectar la ecuanimidad en la resolución de los asuntos; nótese por ejemplo que el Tribunal calcula el metro cuadrado de la construcción en «$4.300.000», tomando como base para ello una página web que no solo no garantiza acierto sobre el tema, sino que además no permite atender las características propias del inmueble sobre el cual se debate en el presente asunto.
No puede olvidarse que la fijación del interés para recurrir en casación, al igual que toda otra decisión judicial, debe responder al principio de necesidad de la prueba, esto es, «debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso» (art. 164 C.G.P.) y atender las pautas de apreciación de dichas probanzas, lo que implica, entre otros imperativos, que las probanzas «deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos», para lo cual «El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba» (art. 176 ibídem).
Incluso, en materia del justiprecio del interés que aquí concierne, es particularmente sensible la cabal satisfacción de los lineamientos precedentes, en tanto que la limitación legal prevista para que la Corte examine de fondo o modifique la cuantía fijada por el Tribunal (art. 342 ibíd.), supone una relevante atribución al ad quem, que al tiempo exige una carga argumentativa expuesta con suficiencia y sindéresis, para así impedir que la providencia pueda calificarse como simplemente fundamentada en un arbitrio judicial.
La habilitación de la impugnación extraordinaria devino prematura, lo cual impone devolver la actuación a la Corporación de origen para que de conformidad con los lineamientos pertinentes, en especial los aquí resaltados, determine el valor actual de la resolución desfavorable y su incidencia para decidir sobre la viabilidad del recurso.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR PREMATURA la concesión del recurso extraordinario de casación en referencia.
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente a la Corporación judicial de origen para lo pertinente.
Notifíquese,
Magistrado