LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


AC4279-2018

Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-02718-00


Bogotá D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)



       Se decide el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá y Sexto Civil del Circuito de Manizales, para conocer de la acción popular impulsada por Uner Augusto Becerra Largo frente al Banco de Bogotá y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC-.


1. ANTECEDENTES


1.1.        Petitum. Ordenar el emplazamiento de baños públicos con acceso para ciudadanos discapacitados “(…) en silla de ruedas”.


       1.2. Causa Petendi. La entidad financiera convocada no cuenta, en sus dependencias del municipio de Medellín (Antioquia), con las aludidas instalaciones, incumpliendo con ello lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable al caso.


       1.3. Competencia fijada en el libelo. La estableció en el lugar de “dirección de domicilio para la notificación” y “sitio donde ocurre la posible vulneración”.


       1.4. En providencia de 27 de junio de 2018 (fl. 16), el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales se abstuvo de conocer, porque esa localidad no correspondía a ninguno de los fueros seleccionados por el actor.


Envió entonces el caso a los estrados de Bogotá, urbe donde se ubicaba el domicilio de las llamadas a juicio.


1.5. En pronunciamiento de 28 de agosto anterior (fl. 27), el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de este Distrito Capital, de igual modo se declaró incompetente territorialmente, por cuanto


“(…) el Juzgado de Manizales realizó una mala interpretación, en tanto que lo que resulta claro es la manifestación del accionante que la vulneración se presenta en todo el país (…) lo que incluye la sucursal ubicada en la calle 45 número 51-41 de Medellín, [por lo cual] se tiene que el competente es [dicho juzgado]”.


       1.6. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


2. CONSIDERACIONES


       2.1. Junto a las acciones de tutela, la de cumplimiento, de inconstitucionalidad y de habeas corpus, la Carta Política de 1991 consagra expresamente las “acciones populares”, dentro del Capítulo III de los “Derechos Colectivos y del Ambiente”.


       2.2. En ejercicio de las potestades estatuidas en el artículo 150 de la Constitución, el Congreso de la República expidió la Ley 472 de 1998, y en su artículo 16 determina que para su tramitación “[s]erá competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular”.


       En términos de tal precepto, el promotor de las acciones de tal linaje tiene libertad para escoger ante cuál de los funcionarios con potencial competencia lo inicia, si ante el del lugar donde acontecieron los hechos, o ante aquél del domicilio del opositor.


Desde luego, la manifestación de preferencia del reclamante al respecto, es vinculante para él, pero también para el juez ante quien la concreta, por tratarse de una competencia de naturaleza concurrente o a prevención, cual lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala1 y corroborado la doctrina2.


2.3. Frente a lo anterior, es preciso advertir, primero, que la competencia no podía determinarse por la “dirección de domicilio para la notificación”, porque esa circunstancia procesal es distinta al lugar del domicilio sustancial o civil, atributo del sujeto de derecho.


Como tiene sentado la Corte en jurisprudencia ahora reiterada,


“Desde luego que domicilio y notificaciones responden a conceptos diferentes, porque uno es de carácter personal y otro netamente procesal. Por esto, no necesariamente deben coincidir en un mismo punto geográfico, pues (…) el lugar señalado en la demanda como aquel en donde (…) han de hacerse las notificaciones personales –lo que conforma el domicilio procesal o constituido-, no es el elemento que desvirtúe la noción de domicilio real y de residencia plasmada en los artículos 76 y subsiguientes del Código Civil, que es a la que se refiere el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil (hoy 28 del Código General del Proceso) cuando de fijar la competencia se trata (…)”3.


En esa línea, la competencia territorial tenía que establecerse por el lugar de ocurrencia de los hechos, vale decir, en Medellín, como igualmente fue afirmado en el libelo introductorio, pues la aseveración tocante con el sitio de notificaciones, resulta inane en el caso para lo pertinente; mas sí es determinante la concerniente al lugar de los hechos.


2.4. Trasladando lo atrás expuesto al subéxamine, aflora patente, le asiste razón a la autoridad judicial de Manizales, en el sentido de rechazar la demanda por falta de competencia territorial. Primero, porque el domicilio procesal o constituido para las notificaciones no es lo que la determina; y segundo, por cuanto en dicho lugar no se sucedían las circunstancias motivadoras de la acción.


Empero, se equivocó al remitirla a los estrados de Bogotá, porque si por ninguna parte el actor eligió el domicilio sustancial o civil de la entidad convocada, el juez no podía suplantarlo. De allí se desprende que el único foro restante, de entre los escogidos por el promotor, es el del sitio de ocurrencia de los hechos, esto es, en la capital de Antioquia.


2.5. En consecuencia, así las sociedades demandadas tengan su domicilio sustancial o civil en Bogotá, como fue constatado, se decidirá entonces que ninguna de las autoridades involucradas es competente para conocer. En cambio, lo son las oficinas judiciales de Medellín, sin perjuicio de que en la debida oportunidad procesal los entes convocados puedan controvertirla.


Se justifica la remisión de las diligencias a una autoridad en principio no implicada en el conflicto aquí auscultado, en atención a la finalidad y naturaleza propias de las acciones populares, que reclaman pronto trámite y resolución, motivo por el cual se hace necesaria la inmediata y certera individualización del juez de conocimiento, y porque al procederse de esa manera se respeta la única opción posible elegida por el promotor.


2.6. Se asignará entonces el asunto al mencionado funcionario.  


3. DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que los competentes para conocer de la acción popular de la referencia son los juzgados civiles del circuito de Medellín, a donde se ordena remitir las diligencias para lo de su cargo, comunicando lo decidido a las otras autoridades judiciales involucradas. Ofíciese.


Notifíquese





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


1 Et al: AC669 de 2018, exp. 2018-00330-00; AC 8687 de 2017, exp. 2017-02729-00; AC 8177 de 2017, exp. 2017-03181-00; AC 7492 de 2017, exp. 2017-02281-00. Entre muchísimos más.

2 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal. Tomo III. Bogotá. 2016. Págs. 413-414.

3 Auto del 17 de octubre de 2014, exp. 201402359-00. Reiterando autos de 13 de septiembre de 2004 y de 22 de enero de 1996.