AC4316-2018

Radicación nº. 11001-02-03-000-2018-02677-00


        Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil dieciocho (2018).


Sería del caso resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia y Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá, en la acción popular seguida por Uner Augusto Becerra Largo en contra del Banco Davivienda S.A., si no fuera porque se observa que fue planteado de forma anticipada.


ANTECEDENTES


  1. Ante el primer despacho pidió el reclamante que el convocado preste el servicio de «ventanilla preferente para ciudadanos de talla baja» en el inmueble donde desarrolla su objeto social, cumpliendo “normas ntc” e “Icontec”.


  1. El funcionario manifestó su falta de competencia para tramitar el asunto, aduciendo que de la demanda no se deduce que la vulneración se esté presentando en esa municipalidad y que tampoco corresponde al domicilio principal de la demandada, por lo que luego de verificar la información que reposa en la página de la Superintendencia Financiera, envió las diligencias a Bogotá. 


  1. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá lo rechazó expresando que, en aplicación del inciso 2° del artículo 16 de la Ley 472 de 1998, el remitente debió adelantarlo toda vez que el promotor circunscribió el  conocimiento de su acción allí donde la entidad tiene oficinas; por lo que devolvió el expediente a ese estrado.


  1. El receptor al encontrar que se estaba frente a un choque de atribuciones pidió solucionarlo a la Corte.

  

CONSIDERACIONES


  1. Comoquiera que la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trabó entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corporación dirimirlo como superior funcional de aquellos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009.


  1. En relación con las acciones populares, el artículo 16 de la Ley 472 de 1998 establece que se adelantarán ante «el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular» y que «[c]uando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá, a prevención, el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda»; A su vez, el artículo 44 ibídem permite darle aplicación a las disposiciones contenidas en el  Código General del Proceso para regular lo que no esté contenido en el citado estatuto, siempre que no se contraríe la esencia del mismo.


Así las cosas, tenemos el numeral 1º del artículo 28 del “Código General del Proceso”, que establece la competencia por el factor territorial en el funcionario del domicilio del accionado, complementándolo con el numeral 5º, según el cual, «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta».


Como en estos casos encontramos una concurrencia de factores para asignar la competencia del enjuiciador, es deber del promotor optar por uno de ellos, eso sí precisando de forma clara los elementos en que apoya su decisión.


Como lo expresó la Corte en CSJ AC3732-2018


El sistema adjetivo prevé pautas en materia territorial para el reparto de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, entre ellas la del numeral primero del artículo 28 del actual régimen adjetivo, según la cual


[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia (se relieva).


A su vez, el inciso 2 del artículo 16 de la Ley 472 de 1998 dispone que para conocer de las acciones populares «[s]erá competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular»; sin embargo, al decir de la norma, «[c]uando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda».


Esta disposición se complementa con el numeral 5 del artículo 28 del Estatuto Procesal Civil vigente, para concluir que si la accionada es una persona jurídica, por regla general, es «competente el juez de su domicilio principal», pero cuandoquiera que los hechos endilgados estén vinculados a una «sucursal o agencia», tendrán atribución, a prevención, el juez de aquél y el de ésta, regla aplicable por virtud de la remisión consagrada en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.


De manera que, al existir todas esas posibilidades, es al promotor a quien corresponde elegir ante cuál dependencia acude por ser esa una indicación que solo a él incumbe efectuar y que el juzgador debe respetar, sin perjuicio de lo que en su momento discuta y pruebe el convocado. 


No obstante, en cualquier caso el gestor, al ejercer la elección a prevención, debe soportar jurídica y factualmente su determinación; es decir, tiene que explicar el fundamento de su predilección.


  1. En el presente caso, el promotor solicitó la protección de los intereses colectivos de las personas de talla baja con el objetivo de que la entidad bancaria adapte ventanillas preferentes para ellos al interior de sus instalaciones. Para dicha finalidad, demandó ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia Risaralda, señalando como sitio de vulneración la «cra 43A # 8-74 Medellín» y como domicilio de la accionada la «cll 7 # 7-16 Virginia», sin aclarar la razón de ser de dicha dualidad, información necesaria porque debe existir claridad en cuanto al lugar donde acontecen los hechos y el vínculo con el sitio donde se acciona, así como con la vulneración que se busca corregir; lo que se torna indispensable en aras de definir en debida forma cual es el enjuiciador llamado a conocer el asunto.


Con todo, resulta palmario que la juzgadora de La Virginia debió aplicar las medidas necesarias, encaminadas a puntualizar la incertidumbre generada antes de optar por repudiar de forma anticipada el trámite de la actuación.


Al respecto, en CSJ AC3376-2018, se expuso que


Siendo así las cosas, era preciso que la funcionaria de Pereira, sede donde se instauró la demanda, adoptara los correctivos necesarios para superar ese estado de incertidumbre y, una vez dilucidados, entrara, ahí sí, a resolver lo pertinente, antes que repudiar de forma imprecisa y anticipada la facultad para asumirla.


En adición, en CSJ AC 8280-2017, reiterado en CSJ AC 659-2018, se destacó que

(…) resulta evidente que la demanda no cuenta con las manifestaciones del interesado que permitan concretar la selección del fuero de cumplimiento obligacional, o si fuera el caso, con la certera invocación del foro personal o general, mediante alguna de sus variables contempladas en el numeral 1 del artículo 28 del C.G.P (…) Así las cosas, ante la falta de ilustración sobre los elementos determinantes de la competencia, los Juzgados en contienda, particularmente el inicial, actuaron de manera prematura al rehusar el conocimiento del asunto sin haber procurado obtener previamente las necesarias precisiones referidas. (Subraya ajena al texto).


4.        De lo anterior tenemos que fue presurosa la determinación de la autoridad de La Virginia al rechazar el conocimiento de la causa, toda vez que no hizo las indagaciones necesarias que le permitieran definir de forma diáfana su competencia en el asunto, por lo que se dispone devolverle las diligencias para que tome los correctivos necesarios.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar prematuro el planteamiento del presente conflicto de competencia.


Segundo:         Remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, para que proceda de conformidad con lo expuesto. Comunicar lo decidido al otro estrado involucrado en esta actuación.


Tercero: Librar, por Secretaría, los oficios correspondientes.


NOTIFÍQUESE




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado