AC4316-2018
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Sería del caso resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia y Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá, en la acción popular seguida por Uner Augusto Becerra Largo en contra del Banco Davivienda S.A., si no fuera porque se observa que fue planteado de forma anticipada.
Así las cosas, tenemos el numeral 1º del artículo 28 del “Código General del Proceso”, que establece la competencia por el factor territorial en el funcionario del domicilio del accionado, complementándolo con el numeral 5º, según el cual, «[e]n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta».
Como en estos casos encontramos una concurrencia de factores para asignar la competencia del enjuiciador, es deber del promotor optar por uno de ellos, eso sí precisando de forma clara los elementos en que apoya su decisión.
Como lo expresó la Corte en CSJ AC3732-2018
El sistema adjetivo prevé pautas en materia territorial para el reparto de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, entre ellas la del numeral primero del artículo 28 del actual régimen adjetivo, según la cual
[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia (se relieva).
A su vez, el inciso 2 del artículo 16 de la Ley 472 de 1998 dispone que para conocer de las acciones populares «[s]erá competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular»; sin embargo, al decir de la norma, «[c]uando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda».
Esta disposición se complementa con el numeral 5 del artículo 28 del Estatuto Procesal Civil vigente, para concluir que si la accionada es una persona jurídica, por regla general, es «competente el juez de su domicilio principal», pero cuandoquiera que los hechos endilgados estén vinculados a una «sucursal o agencia», tendrán atribución, a prevención, el juez de aquél y el de ésta, regla aplicable por virtud de la remisión consagrada en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
De manera que, al existir todas esas posibilidades, es al promotor a quien corresponde elegir ante cuál dependencia acude por ser esa una indicación que solo a él incumbe efectuar y que el juzgador debe respetar, sin perjuicio de lo que en su momento discuta y pruebe el convocado.
No obstante, en cualquier caso el gestor, al ejercer la elección a prevención, debe soportar jurídica y factualmente su determinación; es decir, tiene que explicar el fundamento de su predilección.
Con todo, resulta palmario que la juzgadora de La Virginia debió aplicar las medidas necesarias, encaminadas a puntualizar la incertidumbre generada antes de optar por repudiar de forma anticipada el trámite de la actuación.
Al respecto, en CSJ AC3376-2018, se expuso que
Siendo así las cosas, era preciso que la funcionaria de Pereira, sede donde se instauró la demanda, adoptara los correctivos necesarios para superar ese estado de incertidumbre y, una vez dilucidados, entrara, ahí sí, a resolver lo pertinente, antes que repudiar de forma imprecisa y anticipada la facultad para asumirla.
En adición, en CSJ AC 8280-2017, reiterado en CSJ AC 659-2018, se destacó que
(…) resulta evidente que la demanda no cuenta con las manifestaciones del interesado que permitan concretar la selección del fuero de cumplimiento obligacional, o si fuera el caso, con la certera invocación del foro personal o general, mediante alguna de sus variables contempladas en el numeral 1 del artículo 28 del C.G.P (…) Así las cosas, ante la falta de ilustración sobre los elementos determinantes de la competencia, los Juzgados en contienda, particularmente el inicial, actuaron de manera prematura al rehusar el conocimiento del asunto sin haber procurado obtener previamente las necesarias precisiones referidas. (Subraya ajena al texto).
4. De lo anterior tenemos que fue presurosa la determinación de la autoridad de La Virginia al rechazar el conocimiento de la causa, toda vez que no hizo las indagaciones necesarias que le permitieran definir de forma diáfana su competencia en el asunto, por lo que se dispone devolverle las diligencias para que tome los correctivos necesarios.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar prematuro el planteamiento del presente conflicto de competencia.
Segundo: Remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, para que proceda de conformidad con lo expuesto. Comunicar lo decidido al otro estrado involucrado en esta actuación.
Tercero: Librar, por Secretaría, los oficios correspondientes.
NOTIFÍQUESE
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado