Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver lo que corresponde frente al recurso de queja propuesto por Sandra Esperanza Rodríguez Salinas frente al auto de 10 de octubre de 2017, proferido por el magistrado sustanciador de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de nulidad de matrimonio civil adelantado por la recurrente en contra de Betty Viana Arias.
1.- Dentro del proceso en mención, el a quo en su sentencia decretó la nulidad del matrimonio civil contraído por Miguel Rodríguez Casas y Betty Viana Arias el 5 de febrero de 1973 y señaló que entre los contrayentes existió sociedad conyugal la cual quedó disuelta y en estado de liquidación con el fallecimiento de Miguel Rodríguez Casas (fls. 21 – 22).
Dicha providencia fue apelada por la parte demandante.
2.- El superior revocó íntegramente el fallo de primer grado y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda (fls. 23 – 24).
3.- Formuló recuso de casación el gestor el cual le fue denegado por el ad quem, aduciendo que en este caso no se configura el supuesto previsto en el parágrafo del artículo 334 del Código General del Proceso, porque si bien el asunto concierne al estado civil, la sentencia no es susceptible de ser impugnada mediante casación porque el legislador no previó ese medio de control para un proceso de esta naturaleza, limitándolo a los casos que versen sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho.
4.- Frente a esa determinación, el convocante propuso recurso de súplica, que fue tramitado como reposición y en subsidio queja, en aras de la garantía del derecho de impugnación.
En sustento, alegó que al no concederse el recurso extraordinario se está permitiendo un enriquecimiento ilícito de la demandada «con la legalización implícita y explícita del delito de falsedad documental» por suma superior a $5.000.000.000, aunque para fines de casación se estimó la cuantía en $1.600.000.000, y que por ello no se puede encajar el caso en el parágrafo del artículo 334 del Código General del Proceso, porque no se trata de circunstancias relativas al estado civil que ya fue debatido en otro proceso, de manera que la controversia gravita sobre la hipotética sociedad conyugal y frente a ese aspecto se propuso el recurso de apelación.
5.- El ad quem mantuvo su decisión y dio trámite a la queja, básicamente con los mismos argumentos que expuso en la determinación censurada, agregando que «con independencia de que, en concepto del a quo el matrimonio que declaró nulo haya generado una sociedad conyugal, dicha determinación no muta la causa petendi, porque lo cierto es que el proceso donde fueron proferidas las sentencias de primera y segunda instancia, corresponde a un asunto declarativo de nulidad de matrimonio civil, por lo que el debate se circunscribía a un tema relacionado con el estado civil (…) razón por la que la concesión del recurso de casación, en ese específico asunto, no depende de un aspecto pecuniario».
1. Examinado el caso, de entrada se advierte que le asistió razón al tribunal en haber denegado la vía extraordinaria de impugnación intentada por el quejoso.
2. La procedencia del recurso de casación, está supeditada a la satisfacción de los precisos requisitos consagrados en la normativa procedimental. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso dispone que este medio puede dirigirse, entre otras, contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, en «toda clase de procesos declarativos» y en su parágrafo dispone: «[t]ratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho».
A su turno, el canon 338 ibídem, consagra que «Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil».
3. En orden a resolver acerca de la inconformidad planteada debe tenerse en cuenta que en este caso, tal y como lo expuso el magistrado sustanciador al resolver el recurso horizontal, la pretensión atañe a una controversia sobre el estado civil y de manera alguna puede aceptarse la tesis de la censura en punto a su contenido patrimonial, pues ninguna aspiración de ese orden se formuló en el libelo, al margen de que el interés de la accionante en últimas tuviera esa connotación.
En tal virtud, dado que no se trata de un asunto con pretensiones esencialmente económicas, sino relacionadas con el estado civil de la convocada por pasiva, la procedencia del recurso de casación necesariamente debe analizarse a la luz del parágrafo del artículo 334 del Código General del Proceso con la salvedad que a la vez prevé el artículo 338 ibídem, en torno a la cuantía del interés para recurrir.
En esas condiciones, resulta infundado el reparo concerniente a que por encima de lo consignado en el mencionado parágrafo debe darse relevancia al detrimento económico que comporta la sentencia desfavorable a la accionante, pues si bien es cierto que la viabilidad del recurso extraordinario en un proceso como el que es objeto de examen, desde el punto de vista general se deriva de su carácter declarativo, también lo es que en el plano particular, dada la especificidad de las pretensiones, no se rige por la regla general de los artículos 334 y 338 ibídem, sino que está sometido a las disposiciones especiales que disciplinan la materia en punto a la taxatividad de los asuntos jurisdiccionales relativos al estado civil, las que, ciertamente, no contemplan aquellos relacionados con la nulidad del matrimonio civil.
No sobra señalar, que según lo decantó la Sala, aún en vigencia del Código de Procedimiento Civil, los fallos dictados en los procesos de la misma estirpe del promovido por el quejoso tampoco eran susceptibles de casación. En ese sentido, en AC2291-2016, se expuso:
(…) de acuerdo con la reforma que a ese precepto le introdujo el artículo 18 de la Ley 1395 de 2010, la posibilidad de que casos como el presente sean susceptibles del recurso de casación quedó del todo cerrada. Con el cambio así propiciado, el artículo 366 quedó de la siguiente manera, en lo pertinente:
«El recurso de casación procede contra las siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores (…): 1. Las dictadas en procesos verbales de mayor cuantía o que asuman ese carácter, salvo los relacionados en el artículo 427 y en los artículos 415 a 426» (resalta la Sala).
De acuerdo con dicha modificación, es incuestionable, el aludido medio de impugnación no tiene cabida frente a los fallos emitidos en los procesos relacionados en el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil, dentro de los cuales se encuentran, según naturaleza, los de nulidad y divorcio de matrimonio civil, los de separación de cuerpos o de bienes cuando no sea por mutuo consentimiento y los de cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos. (Subraya intencional).
4.- En consecuencia, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, el ataque propuesto era inviable, como se previó en el auto impugnado.
5.- De conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable de este recurso daría lugar a imponer condena en costas, sin embargo, no habrá lugar a ello dado que no existe constancia de que se hayan causado (arts. 365 num. 8 y 361 inc. 2 ibídem).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso referenciado.
Segundo: Sin lugar a condena en costas por el trámite del recurso de queja.
Tercero: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado