AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
AC4321-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00980-00
Bogotá, D.C., primero (1°) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Se decide la solicitud de cambio de radicación incoada por Néstor Iván Marín, en relación con el proceso de terminación de la patria potestad incoado en su contra por la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional Caldas-, en favor del menor I.D.M.O.1, ante el Juzgado Sexto de Familia de Manizales, cuya apelación se surtió en la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad.
ANTECEDENTES
1. El promotor solicitó que la causa fuera remitida a un distrito judicial diferente al de Manizales, con base en lo siguiente (folios 1 a 4):
1.1. El 27 de septiembre de 2002 Néstor Iván Marín y Luz Stella Ocampo Arredondo contrajeron matrimonio, fruto del cual nació IDMO el 22 de abril de 2003.
1.2. El 3 de octubre de 2016 falleció Luz Stella Ocampo Arredondo, quien laboró al servicio de la Rama Judicial del 16 de julio de 1987 hasta la data de su deceso y su último cargo fue el de Secretaria del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.
1.3. A petición de Beatriz Ocampo Arredondo, hermana de la extinta progenitora, la Defensora de Familia del ICBF (Regional Caldas), actuó en favor del adolescente IDMO, y convocó a Néstor Iván Marín a juicio de privación de patria potestad ante el Juzgado 6º de Familia de Manizales.
1.4. El solicitante adujo que la tía materna del menor, también estaba vinculada a la Rama Judicial en el Centro de Servicios Judiciales Civil-Familia de Manizales, oficina que recibe los memoriales dirigidos a los juzgados de familia donde cursan tanto la causa de privación de patria potestad, como la sucesión de la causante Luz Stella Ocampo Arredondo, esta última impulsada por los acreedores de las hermanas Ocampo Arredondo2.
1.5. El promotor arguyó que en razón de tales vínculos laborales, Beatriz «ha ejercido cierto tráfico de influencias… ante autoridades administrativas y judiciales», por lo que «se ha sentido discriminado en algunos despachos a los cuales ha tenido que acudir»; además, la circunstancia que aquélla conozca el contenido de los escritos radicados para los juicios referidos a espacio, antes que los funcionarios destinatarios de los mismos, le ha permitido actuar contra el interesado poniéndolo en clara desventaja en los respectivos escenarios procesales, lo que conlleva una afectación a la imparcialidad y la independencia de la administración de justicia.
1.6. El peticionario denunció como otra falta de garantías: «las desacertadas e inexplicables decisiones del magistrado sustanciador del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil Familia», pues de un lado, relevó a la Defensora de Familia que actuaba en representación de los intereses de su hijo IDMO, para tener como apoderada judicial de éste a la profesional del derecho que designara Beatriz Ocampo Arredondo, sin tener en cuenta que a dicha profesional le asiste un conflicto de intereses al ser también apoderada del acreedor en la sucesión de Luz Stella Ocampo Arredondo; y por otra parte, anuló el fallo emitido el 27 de noviembre de 2017 por el Juzgado 6º de Familia de esa localidad3, porque estimó que el estrado de primera instancia se apartó del sentido de la decisión anunciada en la audiencia de juzgamiento, en la que expresó que Néstor Iván Marín sería privado de la patria potestad del adolescente.
1.7. El interesado agregó que las circunstancias anotadas afectan la imparcialidad y la independencia de la administración de justicia, así como sus garantías procesales, «pues queda claro que en esta institución [Rama Judicial de Manizales] la mayoría de funcionarios se solidarizan con [la tía de su descendiente]», dejándolos en total desprotección y ad portas de perderlo todo, dado que las obligaciones inventariadas en la sucesión de Luz Stella Ocampo Arredondo, también le corresponden a la cuñada accionante.
2. El Juzgado 6º de Familia de Manizales al pronunciarse sobre la petición de cambio de radicación señaló que se remitía al contenido de las decisiones adoptadas en el caso particular (folio 91).
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la mencionada ciudad remitió copia del expediente, y dijo que se atenía a la determinación que dictara la Corte, sin embargo, precisó que al proceso se le había dado el trámite dispuesto en la ley (folios 98 y 99).
4. Los demás intervinientes en el proceso de privación de patria potestad guardaron silencio (folio 100).
CONSIDERACIONES
1. Cuestión de primer orden es precisar que por mandato del numeral 8º del artículo 30 del Código General del Proceso, la resolución de una solicitud como la de ahora está atribuida a la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que el cambio de radicación deprecado involucra a estrados de diversos distritos judiciales.
Además, el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil modificado por el 35 de aquella obra, regula que la decisión compete adoptarla al magistrado ponente.
2. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el numeral 8° del artículo 30 de la ley 1564 de 2012, podrá excepcionalmente disponer la remisión de un proceso o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia de un distrito judicial a otro, entre otras causales, cuando en el lugar en el cual se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia o las garantías procesales.
Sobre el cambio de radicación, la Corte en auto CSJ AC, 7 may. 2013, rad. 2013-00447, dijo:
[S]e estima que los fundamentos para promover dicha solicitud, deben ser externos al entorno fáctico y jurídico del proceso, como claramente lo evidencian las causas que le sirven de apoyo, las cuales aluden a hechos que pueden estar aconteciendo en el territorio o lugar donde se adelanta el juicio, o concernientes al funcionamiento del despacho judicial que conoce del mismo, o a situaciones que representan un peligro para la integridad de las partes.
Sobre el particular, es admisible tomar en cuenta el criterio doctrinario reiterado por la Sala de Casación Penal de esta Corporación, plasmado entre otras, en la providencia de 11 de febrero de 2013, exp. 40625, en la que se dijo: ‘El cambio de sede del proceso, como excepción a la competencia territorial, es siempre de carácter extremo, residual y procedente sólo en casos taxativamente señalados en la disposición citada. Opera cuando se demuestre que, en conexidad con el asunto que es objeto de juzgamiento, existen circunstancias externas, generalizadas y con capacidad suficiente para alterar la competencia, al punto que resulta palpable el perjuicio para el normal desarrollo del proceso. Su finalidad es asegurar una recta, cumplida y eficiente administración de justicia, siempre que no existan otros mecanismos jurídicos distintos que permitan neutralizar las causas expuestas por el interesado’ (Se subrayó).
Para que prospere la solicitud se requiere que las circunstancias que la sustentan existan, es decir, que sean actuales; y además, que tengan tal entidad o gravedad que puedan afectar la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia o las garantías procesales referidas al litigio o la actuación cuya remisión a otro despacho se pretende, es decir, han de tener conexidad con el caso objeto de estudio.
Aunado a ello, a la petición se debe adjuntar las pruebas que acreditan los supuestos de hecho que configuran la causal alegada.
3. Descendiendo al caso de autos, se tiene que dichas exigencias no se cumplen, por cuanto:
3.1. El «cambio de radicación» tiene como propósito el traslado del pleito de privación de patria potestad de un despacho judicial a otro, para garantizar los derechos del menor y del progenitor demandado; no obstante, el peticionario omitió elegir el municipio, circuito o distrito judicial al cual estima debe remitirse el mismo, y argumentar el por qué de la escogencia, lo que resulta preciso, en orden a que ésta no sea caprichosa o predeterminada.
3.2. En la solicitud Néstor Iván Marín no enfiló una crítica directa frente a la actuación de la falladora de primer grado, por el contrario, lo allí expuesto conduce a inferir que no estaba en desacuerdo con lo resuelto por esa funcionaria, pues las censuras fueron levantadas contra las actuaciones del magistrado ponente del Tribunal, las cuales se concretaron en lo siguiente:
(i) La anulación de la sentencia de primera instancia: el reclamante estima que esa decisión otorga una nueva oportunidad a Beatriz Ocampo para que apele el fallo del a-quo, lo que atenta contra la seguridad jurídica.
(ii) Admitió como apoderada judicial del adolescente a la mandataria judicial designada para defender los «intereses»4 de Beatriz Ocampo Arredondo y relevó a la Defensora de Familia que venía actuando en favor de aquél, sin parar mientes en el conflicto de intereses que le asiste a dicha profesional del derecho, por cuanto en la sucesión de Luz Stella Ocampo Arredondo representa a José Uriel Mejía Correa, acreedor de la causante y de la tía materna.
De acuerdo con lo anterior, el reproche blandido frente a la actuación del magistrado ponente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa ciudad no contiene una exposición de situaciones ajenas al decurso normal del juicio, que obliguen a determinar el cambio de competencia del funcionario cognoscente, habida cuenta que las inconformidades esgrimidas se dirigen a cuestionar determinaciones adoptadas en el trámite que el promotor no comparte; empero, no se avizora una censura expedita que comprometa la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia o de las garantías procesales referidas al litigio.
Aunado a lo anterior, al examinar la documental allegada a las presentes diligencias5, se advierte que la queja contra el colegiado está ayuna de fundamento, comoquiera que los demás integrantes de la Sala de Decisión del Tribunal, mediante proveído de 23 de abril de 20186 revocaron el de 7 de marzo anterior, que anuló el fallo del a-quo y, en su lugar, lo mantuvo a salvo, de ahí que por sustracción de materia ese reproche carece de actualidad; al tiempo que en audiencia verificada el 19 de julio siguiente el colegiado confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia, que resolvió suspender la patria potestad del padre respecto de su descendiente, en orden a que en el futuro ésta se pueda rehabilitar7; otorgó provisionalmente la custodia y cuidado personal del adolescente a su tía materna Elizabeth Ocampo Arredondo; y designó como curadora dativa del menor a la abogada Luz Beatriz Ramírez Restrepo, para que lo represente judicial y extrajudicialmente y administre su patrimonio.
Tampoco tiene asidero alguno la queja relativa al relevo de la Defensora de Familia como representante judicial del adolescente, pues vista la grabación de la audiencia de segunda instancia se observa que fue esa servidora quien sustentó la alzada en la audiencia celebrada el pasado 19 de julio, luego no se observa que hubiera sido dispensada del deber legal de defender y garantizar los derechos del adolescente IDMO.
3.3. Ahora, en punto a lo manifestado por el peticionario en torno a que no tiene garantías para que se continúe tramitando la causa en el distrito judicial de Manizales, en razón a que su cuñada es empleada del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y Familia de esa localidad, lo que dice el peticionario, ha generado que conozca de primera mano los memoriales radicados para el proceso, no pasa de ser una apreciación subjetiva carente de soporte probatorio, más aun cuando las decisiones de instancia se contraponen a su dicho, en cuanto no otorgaron la custodia y cuidado personal de IDMO, ni su representación judicial y extrajudicial, ni tampoco la administración de sus bienes a la demandante Beatriz Ocampo Arredondo, al considerarla que no era idónea para el efecto.
Así las cosas, la orfandad probatoria sobre la materia impide acoger la solicitud bajo estudio, además que cualquier decisión al respecto carecería de objeto, dado que ya fue concluida la segunda instancia mediante sentencia.
4. En consecuencia, no se accederá a lo pedido y se ordenará el archivo de las diligencias.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero. Negar el cambio de radicación incoado por Néstor Iván Marín en relación con el proceso de privación de la patria potestad que promovió la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Caldas, en favor del menor IDMO contra el peticionario, objeto de las presentes diligencias.
Segundo. Advertir que contra la presente decisión no proceden recursos.
Tercero. Comunicar la presente decisión al Juzgado y al Tribunal citados, así como a las partes e intervinientes dentro del proceso.
Cuarto. Archivar la actuación.
Notifíquese,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 El nombre del menor involucrado en el presente asunto se oculta, en orden a proteger su identidad e intimidad personal, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia. «Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad».
2 En los títulos valores arrimados a la mortuoria aparecen como obligadas Luz Stella Ocampo Arredondo y Beatriz Ocampo Arredondo (folios 52 a 57, 59, 61, 63, 65 a 67, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78 y 80).
3 En el que resolvió, suspender la patria potestad de Néstor Iván Marín, respecto de su descendiente; designó como curadora dativa a la abogada Luz Beatriz Ramírez Restrepo; y otorgó provisionalmente la custodia y cuidado personal del menor a la tía materna Elizabeth Ocampo Arredondo.
4 Folio 8.
5 La copia de la actuación de segunda instancia contenida en el CD-ROM visto a folio 98.
6 Folios 2 a 10, carpeta 3, CD-ROM obrante a folio 98.
7 La patria potestad se puede rehabilitar hacia futuro, «cuando exista expresa voluntad del menor…, y el progenitor haya recibido la orientación psicológica requerida para ejercer el rol paterno de manera adecuada, así como también se haya restablecido la comunicación asertiva entre padre e hijo» (folios 105 a 107).