AC4330-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02069-00


Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil dieciocho (2018).



Decide la Corte el recurso de queja formulado por la parte demandada contra el auto de 1 de junio de 2018 proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio del cual se negó la concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por el aludido extremo procesal contra la sentencia proferida el 24 de mayo último, dentro del proceso ordinario instaurado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contra Luis Alberto Torres Rodríguez.


  1. ANTECEDENTES


  1. La entidad actora presentó demanda en la cual pretende la reivindicación del bien raíz identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-969124, ubicado en la calle 23 A #17-24 de la nomenclatura oficial de Bogotá D.C.; además, que se condene al convocado a pagarle «el valor de los frutos naturales o civiles del inmueble mencionado, no solo los percibidos, sino también los que el dueño hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado de acuerdo a justa tasación efectuada por peritos (…)». La demandante pretende también que a ella no se le condene a indemnizar al accionado lo relativo a las mejoras necesarias, por considerarlo poseedor de mala fe.


  1. Como sustento de la pretensión expuso que adquirió el bien objeto de reivindicación, por adjudicación que se le hizo en la sucesión de la causante Maria Bertilda Posada Vda. de Abad, en sentencia proferida el 30 de noviembre de 1999, dentro del juicio tramitado en el Juzgado 14 de Familia de Bogotá; que así se demuestra con la anotación 3 del certificado de matrícula inmobiliaria citada. También afirmó que Luis Alberto Torres Rodríguez está ocupando ese predio atribuyéndose la calidad de poseedor y desconociendo el título de dominio de la demandante.



  1. El accionado, una vez vinculado legalmente, se opuso a las pretensiones alegando que ha ejercido posesión del aludido bien raíz con ánimo de señor y dueño, desde el 28 de agosto de 1992; y que a la suya suma la de su antecesor José Ovidio Ramos Pinzón. Con ese fundamento planteó las excepciones de “prescripción de la acción, así como la prescripción extintiva de la acción reivindicatoria”; también alegó ser “un poseedor de buena fe”.


  1. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, mediante fallo de 2 de febrero de 2018, entre otras determinaciones, acogió la pretensión reivindicatoria y condenó al demandado a restituir el inmueble a la parte actora, y a pagar a ésta la suma de $24.066.448 por concepto de “restitución de frutos (…)”.
  2. Los dos extremos procesales, oportunamente, formularon recurso de apelación contra ese fallo.


  1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, resolvió la impugnación vertical mediante sentencia de 2 de mayo de 2018 en la cual confirmó la del a quo, pero con dos modificaciones: a) Redujo a $16.912.054 el valor de los frutos cuya restitución impuso el juez de primer grado al convocado; y, b) condenó a la demandante a pagar al accionado la suma de $130.554.900, “por concepto de mejoras (…) en un término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de esta decisión.” .


  1. Los dos litigantes en este juicio formularon recurso extraordinario de casación contra el fallo del ad quem; mismo que fue negado por la magistrada sustanciadora, mediante auto de 1 de junio último. El fundamento de la decisión fue que “el valor actual de la resolución desfavorable a los recurrentes no supera los “mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)”, tal como lo exige el artículo 338 del C.G.P., (…)”


  1. La apoderada de la parte accionada impugnó en reposición esta última providencia, y subsidiariamente solicitó la expedición de copias para recurrir en queja. Las razones de su inconformidad las planteó así:


a) Que la defensa de sus derechos “no se circunscriben a pretensiones económicas, pues la principal pretensión de la entidad demandante, conociste (sic) que se le restituya el bien inmueble de su propiedad, y la defensa que hace el demandado es obtener en su favor la prescripción extintiva de la acción reivindicatoria, es decir obtener la defensa del derecho fundamental a la VIVIENDA DIGNA…”

b) Que “las pretensiones que se han ventilado en el presente proceso no son esencialmente económicas y por tanto, no se encuentran sometidas a una demostración de cuantía.”


c) Que “la no concesión del recurso de casación, estaría vulnerando el derecho fundamental a la vivienda, (…)”



  1. El ad quem desestimó la reposición exponiendo que, en primer lugar, “la naturaleza del asunto en cuestión no se circunscribe a la reclamación de derechos fundamentales (…) Lo que es objeto de discusión (…) es la restitución del inmueble materia del proceso.”; en segundo término, dijo que “la acción reivindicatoria busca principalmente, obtener que el poseedor de un bien lo restituya a su propietario, que ha sido despojado de su posesión.”


  1. En el trámite propio del recurso de queja, el respectivo memorial se mantuvo en la Secretaría de esta Corporación por el término de tres días, para los efectos previstos en el penúltimo inciso del artículo 353 del Código General del Proceso, sin que se hubiera hecho algún pronunciamiento por los demás sujetos procesales.



  1. CONSIDERACIONES


1.        Competencia y finalidad de la queja.


La Corte es competente para resolver el presente asunto, según la atribución conferida en el numeral 3, artículo 30, del Código General del Proceso, a través del Magistrado Sustanciador, de acuerdo con la facultad concedida en el inciso 1º, artículo 35 ibídem, en virtud de no hallarse asignado expresamente a la Sala.


Al tenor del artículo 352 del Código General del Proceso, el recurso de queja tiene por finalidad la revisión por el superior funcional de la providencia denegatoria de la apelación o de la casación, por lo que la sustentación se debe orientar a demostrar la concurrencia de los requisitos legales requeridos para el otorgamiento de los mismos.


2.        Procedencia del recurso extraordinario de casación.


En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casación, su procedencia se halla condicionada a la satisfacción de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso prevé que el aludido medio de impugnación:


«(…) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia:


  1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos.


  1. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria.


  1. Las dictadas para liquidar una condena en concreto.


Parágrafo. Tratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho».


A su vez, el precepto 338 del mismo ordenamiento consagra:


«Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil»


El texto de los preceptos transcritos deja en evidencia que no todas las providencias judiciales son susceptibles de casación; únicamente lo son aquéllas expresamente previstas por el legislador en consideración, ya sea a la naturaleza del asunto debatido, ora a la cuantía monetaria actual y perjudicial al impugnante.


En relación con este aspecto, en providencia CSJ AC 2291-2016, rad. 2016-00720-00, la Sala reiteró: «(…) [E]l carácter extraordinario y limitado del recurso de casación se proyecta, en la práctica, en las precisas limitaciones dentro de las cuales la ley lo regula, y referentes no sólo a los motivos o causales para su procedencia, sino también a la clase de providencias susceptibles de impugnarse con él (…)».


Lo anterior no constituye quebranto al derecho de igualdad respecto de las excluidas; pues la referida exigencia pecuniaria se predica tanto del accionante, como del convocado, y precisamente el carácter extraordinario del recurso de casación autoriza esa limitante; así se ha establecido en los exámenes de constitucionalidad de las normas relacionadas (CC C-1046/01).

Conviene precisar que el Código General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnación extraordinaria que se analiza, por ejemplo, ampliando la clase de providencias susceptibles de ella, desde la perspectiva del tipo de proceso en el que se profieren (declarativos, acciones de grupo y liquidación de condena en concreto).


Sin embargo, en el nuevo Estatuto Instrumental continúa siendo preponderante la estimación del importe de la resolución desfavorable, la cual está fijada en un mil (1000) SMLMV para los casos de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan sólo a los fallos pronunciados en acciones de grupo y las que deciden sobre el estado civil -siempre y cuando traten de reclamación e impugnación del mismo o la declaración de uniones materiales de hecho-, como se desprende de la lectura armónica de los artículos 334 y 338 del C. G. P.


Con relación al requisito de la cuantía del interés para recurrir, el artículo 339 ejusdem prevé que, «Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión» (Destacado fuera de texto).


Es claro, entonces, que para determinar el monto del interés para recurrir en casación, el juez debe limitarse a los elementos probatorios que se hallan en el proceso. De manera que, tratándose de una pretensión cuyo contenido es “esencialmente económico”, está vedado al órgano jurisdiccional atender a criterios distintos de los fijados taxativamente por el legislador. 


  1. Caso concreto.


La queja que hoy desata la Corte se fundó en que, según la recurrente, «las pretensiones que se han ventilado en el presente proceso no son esencialmente económicas y por tanto, no se encuentran sometidas a una demostración de cuantía.»; además de que “la no concesión del recurso de casación, estaría vulnerando el derecho fundamental a la vivienda (…)”.


Contrario a lo alegado por la impugnante, la misma entidad y naturaleza de la acción de dominio revela su puro contenido económico; pues, la pretensión principal deducida en demandas como la incoativa del presente proceso, tiene por objeto la restitución de la posesión del bien que se halla en poder del demandado, y cuyo titular del derecho de dominio es el actor.


La controversia plantada en este tipo de juicios, en esencia, se circunscribe al vínculo jurídico que ambos extremos procesales tienen, o afirman tener, con respecto a un mismo bien: el actor invoca su título de dueño, y el demandado el de poseedor con ánimus domini. Por supuesto, en forma derivada, también se debatirá lo concerniente a las denominadas restituciones mutuas. Eso revela, per se, que toda la discusión está concentrada en un objeto de contenido económico. Y tanto es así, que si el promotor de la causa triunfa en sus aspiraciones, el convocado será condenado a restituir la cosa, y a pagar el valor de los frutos; al paso que también el pretensor podrá ser condenado a pagarle al accionado el valor de las mejoras que la ley autoriza.


Como se ve, no es del ámbito del proceso reivindicatorio, ni siquiera por conexión, por consecuencia, o simplemente de modo accesorio, debatir y decidir cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda digna, o asuntos de naturaleza extrapatrimonial. No existen, pues, razones jurídicas que autoricen desatender la entidad y esencia misma de la acción de dominio, como ésta, para sostener que comporta objetos de litigio y decisión de contenido puramente constitucional o de otra estirpe que permitan apartarse de las exigencias consagradas en el artículo 338 del C.G.P.


Corolario de lo expuesto es que resulta necesario demostrar la magnitud del detrimento pecuniario inferido a la recurrente con el fallo cuestionado, a fin de poder acceder al recurso extraordinario, lo que en este caso no aconteció; al contrario, conforme lo dejó bien explicado la magistrada sustanciadora, la cifra del valor actual de la resolución desfavorable a la parte recurrente es inferior a la exigida por el citado precepto 338.


4.        Conclusión.


La decisión objeto de queja está cabalmente ajustada a derecho, lo cual conduce a declarar bien denegada la concesión de la impugnación extraordinaria.


Finalmente, de conformidad con el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable del presente recurso comporta imposición de condena en costas, las que se impondrán; pero serán liquidadas en forma concentrada ante el a quo (art. 366 del C.G.P.). A modo de agencias en derecho se fijará la suma de $700.000.00.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,


RESUELVE


PRIMERO.        ESTIMAR BIEN DENEGADO el recurso de casación a que se hizo alusión al inicio de esta providencia.


SEGUNDO.        SE CONDENA en costas a la parte recurrente, en cuya liquidación se incluirá la suma de $700.000.00 por concepto de agencias en derecho. El a quo efectuará la liquidación en forma concentrada.


TERCERO.        DEVOLVER las diligencias a la Corporación de origen.



Notifíquese y cúmplase,







LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado