LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
AC4332-2018
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-02684-00
Bogotá D. C., tres (3) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta y Segundo Civil del Circuito de Riohacha, para conocer del juicio de “responsabilidad civil contractual”, impulsado por Deyanira Rivera Rojas frente a Seguros del Estado S.A. y Almaga S.A.S.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum. La actora pide se condene a las demandadas a pagar diversas sumas a título de indemnización de perjuicios por la muerte de Luis Francisco Ortiz Gil.
1.2. Causa Petendi. Mientras transitaba en la vía Riohacha-Cuestecitas, el vehículo de servicio público de placas SZL 089, de propiedad de Almaga S.A.S., se “sal[ió] de la vía y ca[yó] al río”, falleciendo tres de sus ocupantes, entre ellos Luis Francisco Ortiz Gil, cónyuge de la accionante.
Exige la reparación de los daños y perjuicios causados con ocasión de dicho siniestro; indemnización a cargo de las demandadas Almaga S.A.S. y Seguros del Estado S.A., la primera por ser la dueña del vehículo accidentado y la segunda en calidad de aseguradora de ésta.
1.3. Competencia fijada en el libelo. Radicó el libelo ante los jueces civiles del circuito de Riohacha, por corresponder al “domicilio de las partes”.
En memorial allegado posteriormente, aclaró que seleccionaba, en caso de “(…) no haber competencia territorial en la ciudad de Riohacha”, a los jueces de Santa Marta como llamados a gestionar la Litis, porque allí se ubica una sucursal de la aseguradora convocada.
1.4. En providencia de 21 de junio de 2018 (fl. 81), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha se abstuvo de conocer, en razón de que la impulsora eligió como sitio para radicar la acción a la ciudad de Santa Marta.
1.5. En pronunciamiento de 22 de agosto ulterior (fls. 88-90), el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la antelada capital, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, estimando:
“En la presente demanda se precisa que lo pretendido es el resarcimiento de unos perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual que alega la demandante contra Seguros del Estado S.A. y Almaga S.A.S., muy a pesar de catalogarla como contractual”.
Tras determinar que las entidades morales demandadas tenían su domicilio en Bogotá y Sabanalarga, respectivamente, y citar apartes del numeral 5º del artículo 28 del Código General del Proceso, puntualizó:
“Conforme a la cita normativa y atendiendo la elección de la demandante para fijar la competencia, claro es que ésta se determina ante la agencia o sucursal siempre y cuando lo debatido guarde relación o se trate de un asunto relacionado con una u otra; así en este asunto se demanda a la aseguradora y si se examina la póliza (…) tiene como sucursal expedidora la ciudad de Cartagena. Entonces no es admisible la regla de competencia acogida por la parte demandante y de la cual se valió el Juzgado de Riohacha para rechazar la demanda.
Además, encontramos que en relato de los hechos y de los documentos anexos se identifica que el hecho del cual se reclama responsabilidad ocurrió en el KM 49+500 MTS VÍA RIOHACHA-CUESTECITA, es decir, en la jurisdicción del departamento de La Guajira. Así las cosas, diáfano es para esta funcionaria que la competencia atribuida por la demandante y acogida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha no guarda consonancia con las reglas antes expuestas, por tanto cierto es que no es en este Distrito que los demandados tiene su domicilio para efectos de notificaciones judiciales, y los hechos en los que se cimentan las pretensiones, tuvieron ocurrencia en lugar distinto al de competencia de este Jugado, esto es, en el municipio de Riohacha – Guajira-. Por lo que no se avocará conocimiento de esta demanda (…)”.
1.6. Planteó así el conflicto negativo de competencia y lo envió a esta Corporación para dirimirlo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. La colisión corresponde zanjarla a esta Sala, por involucrar a dos autoridades pertenecientes a diferentes distritos judiciales, según lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2.2. La obligación de reparar los daños causados a una determinada víctima puede presentarse como secuela de actos de la más variada índole, todos ellos susceptibles de reconducirse a dos categorías diferentes:
Cuando es producido dentro de la órbita de lo pactado y en consecuencia de la infracción de un vínculo negocial previo y preexistente entre las partes, y siempre en razón del marco de ejecución fijado por éste, eventos en los cuales asume el calificativo de “contractual”, y el clásico principio del naeminem laedere se traduce en el deber de no lesionar a ese concreto acreedor.
En otras ocasiones se aplica el régimen de responsabilidad extracontractual o aquiliana, cual ocurre cuando el quebranto del interés o derecho protegido se produce al margen de cualquier ligamen precedente entre aquellos que se relacionan con ocasión del daño.
En este segundo evento, como con acierto lo ha indicado algún autor1, las partes “se conocen” a través -y con ocasión- del hecho dañoso: el accidente de tránsito, la cosecha perdida por efecto de la contaminación producida por los residuos tóxicos vertidos por una fábrica vecina, o el de quien por descuido deja abierto un grifo de su vivienda, produciendo una inundación en el piso inferior etc.; aquí, la violación no es de un vínculo obligatorio previo y preexistente, sino del genérico de conducta de no dañar a los demás (alterum non laedere).
La reputada distinción entre una u otra clase de responsabilidad, que desde el punto de vista teórico deviene imprescindible, ha sido recogida en multitud de fallos de esta Corporación2.
No es, en efecto, una cosa de palabras sino de conceptos que se proyectan en diversas consecuencias, tocantes con la fisionomía jurídica y al grado de la culpa, la carga de la prueba, la prescripción, etc., de donde resulta la importancia que en el campo forense tiene la discriminación exacta entre una y otra3.
2.3. La jurisprudencia de esta Corte se ha ocupado repetidamente de la responsabilidad derivada de los accidentes producidos en el estricto ámbito del transporte terrestre de personas cuando se compromete la vida del pasajero.
En su Sala de Casación Civil4, ha destacado los rasgos que le son característicos y demarcado los perfiles propios de ella, particularmente en cuanto toca con la naturaleza de la acción indemnizatoria y si ésta es contractual o extracontractual, aspecto que a su vez viene explicado dependiendo de si quien demanda lo hace en posición de heredero del difunto y para la sucesión (jure hereditario) o si pretende el resarcimiento de los perjuicios personales a él causados con ocasión del óbito del transportado (jure proprio).
La ingente cantidad de pronunciamientos que en tal sentido se han decantado exime de la obligación de transcribir a espacio cada uno de los mismos, bastando ahora traer a colación tres de ellos, a fin de dejar sentada la doctrina probable de la Corte sobre el asunto, conforme lo impone el artículo 7º del Código General del Proceso y lo mandan elementales principios de publicidad y transparencia.
En decisión de 23 de noviembre de 1954, la Sala, refrendando jurisprudencia anterior, dejó sentado:
“Reiterase la doctrina expuesta en fallos de la Sala de Casación Civil de 12 de agosto de 1948 (…), por la cual se dijo que los causahabientes de una persona fallecida en accidente ocurrido en el cumplimiento de un contrato de transporte pueden ejercer la acción indemnizatoria por incumplimiento del contrato, demandando como sucesores y para la sucesión de la víctima las reparaciones a que haya lugar, o la indemnizatoria por culpa aquiliana, demandando directamente y en su propio interés la reparación del daño personal causado por el siniestro.
De acuerdo con esta doctrina, el damnificado puede elegir entre el ejercicio de la acción por responsabilidad contractual y el ejercicio de la acción por culpa extracontractual o aquiliana”.
En sentencia de 31 de mayo de 1965, puntualizó:
“Resulta claro que, cuando es el propio transportar quien entabla la acción por los perjuicios que le hubiera causado el siniestro, estando él ligado con la empresa demandada por el contrato de transporte, no puede él situar su acción por fuera de la órbita contractual, para pretender la indemnización del daño resultante del quebranto del convenio, mediante la aplicación de las normas reguladoras de la culpa extracontractual. Dado el contrato, todos los efectos de su incumplimiento (…) quedan sometidos a la aplicación de la ley del mismo y, por lo tanto, entre las propias partes, la responsabilidad ex contractu excluye en principio a la aquliana (…).
Pero no es ésta la obligada posición jurídica de los sucesores del pasajero, víctima del accidente ocurrido en el desarrollo del contrato de transporte, porque, si ellos hubieren sufrido perjuicios personales por causa del accidente, entonces, habiéndose de considerar como terceros a este respecto, bien pueden elegir entre su acción por los perjuicios propios, que sería necesariamente la aquiliana, y la heredada del causante, como sucesores de éste, que sería la contractual”.
Y en fallo de 1 de octubre de 1987, sentenció esta Corporación:
“Como se desprende del artículo 981 del C. de Co., el transporte de personas es un contrato en que una de las partes, el transportador, se obliga con la otra, el pasajero, a conducirla de un lugar a otro, el de su destino, sana y salva, por el medio y clase de vehículos previstos en el contrato (artículo 982 ibídem), obligándose aquél así mismo a responder de todos los daños que sobrevengan a dicho pasajero (…).
Y cuando el pasajero haya fallecido a consecuencia de un accidente acaecido durante la ejecución del contrato de transporte, de cuya ocurrencia sea culpable el transportador, sus herederos podrán ejercer separada o exclusivamente “la acción contractual transmitida por su causante y la extracontractual derivada del perjuicio que personalmente les haya inferido su muerte”.
El mismo razonamiento seguido por esta instancia definitoria, dicho sea de paso, se percibe en la doctrina de los comentaristas patrios5 y extranjeros, y entre éstos últimos en los clásicos franceses6.
2.4. Aunque en el presente asunto el libelo inaugural no sea un dechado de técnica y precisión en cuanto a la calificación del tipo de responsabilidad que se demanda, para la Corte, interpretándolo amplia y armónicamente, resulta claro, corresponde a una reclamación de tipo extracontractual: las pretensiones en él vertidas tienen todas, como base, los perjuicios, patrimoniales y no patrimoniales, causados en la persona de la esposa del finado, con ocasión del óbito de éste en los luctuosos hechos narrados.
2.5. Las anteriores consideraciones se imponen con criterio lógico y, aplicándolas al sublite, aflora con claridad que el competente para conocer de las diligencias es el sentenciador de Riohacha.
Nótese, el accidente fuente de la reparación reclamada ocurrió, según la propia demandante, en el “KM 49+500 MTS VÍA RIOHACHA-CUESTECITA”, es decir, en el ámbito de la circunscripción territorial del enunciado juzgador.
Siendo así las cosas, como en efecto lo son, se concluye que la regla de competencia llamada a zanjar la presente colisión es la contenida en el numeral 6º del artículo 28 del Código General del Proceso, a cuya letra: “[e]n los procesos originados en responsabilidad extracontractual es también competente el juez del lugar en donde sucedió el hecho”, entre otras cosas, por así deducirse del comportamiento de la promotora, quien optó por interponer su demanda ante los estrados de esa capital, radicándose en cabeza del sentenciador de Riohacha la obligación de auscultar las razones de dicha determinación.
2.6. Se asignará entonces el asunto al enunciado funcionario.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del juicio de la referencia es el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, a donde se ordena remitir las diligencias para lo de su cargo, comunicando lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
1 YZQUIERDO TOLSADA, Mariano. Responsabilidad Civil Extracontractual. Madrid. 2016. Pág. 100.
2 Entre las más destacadas: CSJ SSC del 15 de diciembre de 1938; 5 de marzo de 1940; 25 de febrero de 1942; del 21 de septiembre de 1944; 31 de marzo y 23 de abril de 1955; 26 de agosto de 1958; 11 de mayo de 1970; 21 de mayo de 1983; 26 de noviembre de 1986; 19 de abril de 1993; 30 de enero y 17 de noviembre de 2011.
3 Cfr. CSJ SC del 31 de marzo de 1955.
4 En su orden cronológico: CSJ SSC del 26 de agosto de 1943; 1 de abril de 1951; 23 de abril de 1954; 23 de noviembre de 1954 31 de mayo de 1965; 4 de abril de 1968; 1 de octubre de 1987; 9 de abril de 1993; 30 de junio de 2005; 30 de julio de 2006; 31 de julio de 2008; 15 de julio de 2010; 5 de abril de 2011.
5 Cfr: URIBE HOLGUÍN, Ricardo. Responsabilidad Contractual de las Empresas de Transporte Aéreo. En: Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Universidad del Rosario. Bogotá. Vol. XLI. Números 402-403-404. Págs. 499-517.
6 Vide: PLANIOL, Marcel/RIPERT, Georges. Traité Pratique de Droit Civil Francais. Tome VI. Obligations. Prémiére Partie. Librairie Generale de Droit & de Jurisprudence. Paris. 1930. Págs. 685-686.