ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente


AC4335-2018

Radicación n° 23001-31-03-004-2012-00102-01

(Aprobado en sesión de veintitrés de mayo de  2018)


Bogotá, D.C., dos (02) de octubre de dos mil dieciocho (2018)


Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por RAMON BRAVO ZURITA para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia proferida el 1 de agosto de 2017 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso de pertenencia que promovió inicialmente en contra de personas indeterminadas, y a la que luego se vinculó a LÍA DEL ROSARIO LOPEZ ARGEL y a EDUARDO ANTONIO BERROCAL PASTRANA, hoy sus sucesores procesales.


ANTECEDENTES


1. Ramón Bravo Zurita interpuso demanda de pertenencia en contra de personas indeterminadas, con el fin de que se le declarase dueño por haber adquirido, por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, el predio denominado La Esperanza ubicado en la vereda California, Jurisdicción del Municipio de Montería, con una cabida superficiaria  de ocho hectáreas con tres mil metros cuadrados (8 hs + 3000 mt2).


2. Como causa petendi, se expuso:


2.1. Desde el año 1969 el demandante viene ejerciendo la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida del predio pretendido, en cuyo lote está ubicada su vivienda, además de tener allí sembrado de pan coger, como plátano, yuca, ñame y árboles frutales.


2.2. Informa que la posesión que ejerce es de buena fe y que data de hace más de cuarenta años, siendo reconocido como tal por la comunidad.


2.3. Durante ese tiempo ha construido cinco viviendas campesinas, cultivos de arroz, yuca, plátano, berenjena y ají de diversas variedades, así como la explotación del cultivo de pescado de dos represas construidas por él.


3. Con la demanda inicial no se aportó el certificado del registrador de instrumentos públicos que diera cuenta de las personas que figuraban como titulares de derechos reales del predio en cuestión; y, pese a que fruto del auto inadmisorio se acompañó de un documento en el que se ofrecía esta información (fl. 13 y 14 del cuad 1), la demanda fue admitida sin procurar la obtención del aludido certificado, dirigiéndola entonces solamente en contra de las personas indeterminadas. (fl.15 y 11 ibídem)


4. Durante el periodo probatorio se procuró la obtención del mentado documento, el cual, una vez allegado, generó la vinculación como litisconsortes necesarios a los titulares de derechos reales principales del bien pretendido en usucapión, siendo ellos Eduardo Antonio Berrocal Pastrana y Lía del Rosario López Argel, quienes, notificados en debida forma replicaron la demanda de la siguiente manera:


4.1 Explicaron que mediante escritura pública Nro. 1407 del 29 de diciembre de 1969 otorgada en la Notaría Segunda de Montería, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA-  adjudicó, en común y proindiviso al demandante y otros adjudicatarios, el inmueble denominado «San Francisco» ubicado en el Municipio de Montería, con cabida superficiaria aproximada de ciento diecisiete hectáreas (117 has).


4.2. Posteriormente, el 26 de noviembre de 1986, el demandante vendió mediante documento privado a Eduardo Antonio Berrocal Pastrana, la parcela denominada «Buenos Aires»; y posteriormente, dirigió escrito al INCORA solicitando autorización para vender las mejoras.


4.3. El Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA- mediante Resolución Nro 1407 del 27 de noviembre de 1987, decretó la caducidad administrativa del acto de adjudicación del predio, y con ella, resolvió el contrato de venta realizado al demandante, en cuya parte considerativa expuso que el comprador había vendido su parcela al señor Eduardo Berrocal.


4.4 Mediante escritura pública Nro. 1511 del 23 de noviembre de 1992 se decretó la división material del predio y se le adjudicó a cada comunero la correspondiente parcela. Para la Parcela Nro 07, objeto de este proceso, se ordenó la apertura del folio de matrícula Nro. 140-47311, siendo que, por error, se incluyó como titular del derecho real de dominio, a Ramón Bravo Zurita


4.5 Luego, por resolución 549 del 30 de diciembre de 2008 el ahora Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, le adjudicó la parcela Nro. 07 a Eduardo Antonio Berrocal Pastrana y a Lía del Rosario López Argel.


4.6 Pese a lo anterior, informan los demandados que  Ramón Bravo Zurita se tomó por la fuerza la parcela Nro. 07, en hechos que fueron investigados por la jurisdicción penal.


5. La primera instancia se clausuró con sentencia de 17 de noviembre de 2016, que declaró que Ramón Bravo Zurita había adquirido por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, el predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda California del Municipio de Montería. (fls. 529 a 530 del cuad. ppl Nro. 02)


6. Al desatar la apelación del accionado, el superior revocó lo resuelto por el a quo, y en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.


7. El demandante formuló casación que, concedida por el ad quem y admitida por la Corte, se sustentó con el pliego que ahora se examina (fls. 8 a 23 del C. de esta Corporación).


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Sus argumentos se compendian, así:


1. Determinó que el problema jurídico a resolver era establecer si el demandante cumplía con el requisito temporal que exige la ley, como presupuesto de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.


2. A continuación, luego de memorar los presupuestos para la prosperidad de la prescripción extraordinaria de dominio, recordó que conforme al numeral 4 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, los bienes fiscales son imprescriptibles, sea que se trate de los fiscales comunes o estrictamente fiscales, como los bienes fiscales adjudicables, tal y como lo prescribe el artículo 3° la ley 48 de 1882. Por tanto, tratándose de bienes fiscales, en cualquiera de sus modalidades, «…no se da la figura de la posesión sino de la ocupación; es decir, que quien los detente no puede considerarse poseedor sino ocupante…» (minuto 12:19 Cd Tribunal).


3. Al descender a lo probado en el juicio, recordó que el demandante adquirió el predio pretendido en prescripción, por venta que le hiciere el INCORA por medio de la escritura pública Nro 1407 del 29 de diciembre de 1969, siendo que, mediante resolución Nro 2172 del 27 de noviembre de 1987 ese mismo instituto, declaró la caducidad administrativa de la resolución mencionada, retornando a ser la titular del derecho real del dominio, que después pasó al INCODER.


Ya para el año 2008 mediante resolución Nro 549 del 30 de diciembre de 2008, la parcela de que trata la demanda, fue adjudicada a los demandados, quienes figuran ahora como los titulares del derecho real de dominio.


4. Por manera que, para el Tribunal, la tesis según la cual el demandante es poseedor del inmueble desde el año 1969, al margen de que haya sido quien lo detenta físicamente, no puede ser avalada, pues no puede contabilizarse el tiempo contado desde la fecha en que se inscribió la caducidad administrativa de la resolución por medio de la cual adquirió el actor, hasta la fecha en que se adjudicó el bien a los demandados, en tanto que durante ese tiempo, el predio tenía la calidad de bien fiscal –adjudicable-y por tanto, quien lo detentara físicamente no podría considerarse como poseedor, sino como ocupante.


5. En ese orden de ideas, siendo un bien fiscal durante el tiempo comprendido entre el 9 de agosto de 1991 -fecha de inscripción de la declaración de caducidad de la venta- hasta el 30 de diciembre de 2008 -fecha de la adjudicación por el INCODER a los demandados- dijo el Tribunal que «no puede ser de recibo que el actor tenía la condición de poseedor durante ese tiempo porque frente a los bienes fiscales, sean estos comunes, estrictamente fiscales, o fiscales adjudicables, desde que son imprescriptibles, no se da la figura de la posesión sino de la ocupación, es decir, quien los detente no puede considerarse poseedor sino ocupante, es decir, mero tenedor, por ministerio de la ley» (minuto 1:01 ibídem).


6. Finalmente, sostuvo que tampoco era posible acudir al fenómeno de agregación de posesiones, para sumar la que ejerció el actor desde que le fue adjudicado el inmueble hasta la fecha en que pasó nuevamente a ser bien fiscal, pues uno de sus requisitos es que las mismas sean contiguas e ininterrumpidas, conforme el artículo 778 del Código Civil, lo que no se presenta en el caso particular.


7. Por lo anterior, revocó el fallo de primer grado y denegó las pretensiones de la demanda.


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Tres ataques se formulan contra el fallo del Tribunal: el inicial se fundamenta en la causal primera del artículo 336 del Código General del Proceso, por violación directa de una norma jurídica sustancial; en el segundo, la causal segunda, por violación indirecta; y, en el último, de incongruencia.



PRIMER CARGO


Se denuncia la violación directa de la ley sustancial, por indebida aplicación del artículo 2512 del Código Civil, pues según el recurrente, pese a seleccionar adecuadamente la norma, el ad quem la hizo producir efectos que la norma no posee.


En el desenvolvimiento del embate, se expone:


1. El Tribunal definió que el problema jurídico a determinar era establecer si se cumplía el tiempo de posesión del actor, apoyándose solamente en la declaración de los testigos de la parte demandada.


2. Para sustentar el cargo, el recurrente transcribe apartes de la decisión para argumentar que «se desconocieron de manera errónea los hechos de la demanda, probados, mediante los instrumentos periciales, testimoniales y las inspecciones judiciales practicadas por la primera instancia».


3. A continuación cuestiona la sentencia por no analizar el tiempo de posesión que tuvo el actor antes del año 1991 para determinar que el tiempo para la prescripción estaba cumplido. Al respecto sostiene que «de la misma manera como miró el Juez Colegiado la decisión, para concluir con los argumentos de los testigos del demandado, para fallar en favor del demandado, de esa misma manera, pudo haber mirado el tiempo cumplido del  1969-1991, para fallar en prescripción ordinaria en favor del demandante»


4. Finalmente, se queja de que el Tribunal desconoció el artículo 320 y 328 del Código General del Proceso, pues no tuvo en cuenta los reparos concretos que contra la decisión de primera instancia expuso el apelante, atendiendo a que los mismos fueron ampliados en segunda instancia, concluyendo sobre el particular que fueron 18 reparos más, «[h]abiendo una permisividad excesiva del juez colegiado en favor del demandado, violándose los artículos 320 y 328 del C.G.P. normas instrumentales»


SEGUNDO CARGO


Se hizo consistir en que la sentencia fustigada violó indirectamente el artículo 778 del Código Civil por falta de aplicación.


En el desarrollo de la censura no explica claramente si se trata de una violación indirecta como consecuencia de un error de hecho o de derecho, pero el recurrente se apresta a enlistar pruebas que no fueron apreciadas y, ofrece la siguiente fundamentación:


1. La sentencia del Tribunal parte de contabilizar el tiempo del recurrente a partir de la expedición de la resolución  Nro 549 de 30 de diciembre de 2008 proferida por el entonces INCODER «no colocando el retrovisor desde el año 2008 hacia atrás, hasta el año 1969, fecha en que el demandante inicia su posesión, con ánimo de señor y dueño, hasta los días de hoy noviembre de 2017…».


2. Insistió que pese a la caducidad decretada por el entonces INCORA, lo cierto era que el demandante nunca renunció a la posesión, permaneciendo en el inmueble como dueño, durante 52 años, sin que exista otro poseedor diferente.


3. Luego, sostiene que el error de hecho manifiesto se observa también porque el Tribunal viola los derechos y garantías del demandante, pues con la decisión se atenta contra la dignidad humana, y culmina cuestionándose «¿para (sic) dónde coge esta familia sin su tierra, en el peor de los casos? ¿a (sic) hacer parte de las miles de familia (sic) desposeídas de este país producto del despojo por actores violentos, y funcionarios del estado?»


4. Agrega que las tres inspecciones judiciales practicadas en el proceso permiten «intuir» que la petición del demandante se encuentra ajustada a derecho, así como los dictámenes periciales, pruebas estas que por falta de valoración, conllevaron a que se revocara la sentencia de primera instancia «desconociendo que la parte actora probó en la primera instancia la posesión legítima del predio en prescripción, la explotación económica del mismo y los testigos raizales de la región, vecinos del demandante, quienes dan fe de su calidad del dueño del predio»





TERCER CARGO


Finalmente, esta censura se soportó en la causal tercera de casación, fundamentando la petición en que pudo constatarse que «el fallador de segunda instancia, pasó por alto las pretensiones y los hecho s (sic) de la demanda». Insiste entonces que el actor es poseedor desde el año 1969, siendo que se encuentra totalmente probado que cumple con los requisitos para adquirir por prescripción «toda vez que las experticias judiciales así lo confirman, la prueba testimonial y las inspecciones judiciales también, no hay duda de que esta familia vive en su pedazo de tierra…», por lo que afirma que se encuentra probado el yerro de la sentencia de segunda instancia, al desconocer los hechos y pretensiones de la demanda.


Agregó además, que las sentencias citadas por el Tribunal en su decisión no tienen nada que ver con el asunto a desatar, y otras no ha sido posible, para él, consultarlas. De todas maneras, insistió en que el actor es el poseedor del inmueble conforme lo reconoce la comunidad, mientras que los demandados residen en otro predio del cual también fue despojado el actor.


CONSIDERACIONES


1. El artículo 346 del Código General del Proceso previene que para la admisión de la demanda de casación deben cumplirse los requisitos formales contemplados en el precepto 344 ibídem, entre ellos, «La formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa”, identificando a continuación unas reglas que gobiernan las pautas de cada acusación. 


2. Esas exigencias, básicas para abrirle paso a un posterior análisis de fondo de la demanda, fueron desatendidas en los tres ataques planteados por el recurrente, según se expone a continuación:


2.1. En el primero, como se extrae del pertinente compendio realizado líneas atrás, el accionante denunció la violación directa de una norma jurídica sustancial, aludiendo como tal al artículo 2512 del Código Civil que a la letra establece que «[l]a prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción». De manera que, surge evidente la ausencia de cariz sustancial en aquélla disposición normativa, toda vez que conforme lo ha dicho la jurisprudencia “…se ocupa de definir la prescripción y de señalar las modalidades que puede revestir, más no de consagrar derechos subjetivos” (CSJ A-214 de 1996).


Al margen de lo anterior que resulta suficiente para inadmitir el cargo, se tiene que en el desarrollo del embate, el censor se extiende a la materia probatoria, sin circunscribirlo, como atiende a la técnica que permea a este cargo, a la cuestión jurídica.


En efecto, el recurrente soporta su ataque por violación directa, cuestionando del ad quem que sólo se atuvo, para soportar la decisión de segunda instancia, a los testimonios de la parte demandada; y, luego de transcribir apartes del fallo, concluye que «se desconocieron de manera errónea los hechos de la demanda, probados, mediante los instrumentos periciales, testimoniales y las inspecciones judiciales practicadas en primera instancia» (fl.15).


Pero más adelante, en este mismo cargo, denuncia que en la sentencia atacada, el Tribunal al revocar la decisión de primer grado, incurre en un error de derecho porque viola íntegramente los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, normas procesales referidas a los fines del recurso de apelación, así como al alcance de la decisión que compete al Tribunal, la que, según la última normas citadas, debe limitarse a «los argumentos expuestos por el apelante» lo que a todas luces desdice de los requisitos formales propios del cargo que ahora se ausculta, que imponen su inadmisión.


2.2. En el segundo cargo, soportado en la causal segunda de casación, el censor de un lado, invoca una norma jurídica sin carácter sustancial al ser meramente definitoria del fenómeno de la agregación de posesiones, como es la que contemplada en el artículo 778 del Código Civil; y, de otro,  no delimita el tipo de violación indirecta invocada, pues omite identificar claramente si su reproche lo soporta en la violación indirecta como consecuencia de un error de hecho o de un error de derecho.


No obstante, como a continuación se apresta a identificar las «pruebas no apreciadas» podría interpretarse entonces que su queja está dirigida a soportar la alegación de una violación indirecta como consecuencia de un error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de determinadas pruebas.


Pues bien, sobre los requisitos formales que edifican este cargo por la causal señalada, se indica el deber de singularizar con «precisión y claridad» la forma en que este consistió, demostrando el error y señalando su trascendencia en el sentido de la sentencia acusada.


Al respecto, el casacionista relaciona en esta acusación,  de manera genérica y sin individualizar: Tres inspecciones judiciales; informes de experticia técnica; y, el testimonio de Denis Barrera, Calixto Pérez, Rodolfo Montiel «y otros». Pero, en su desarrollo, se ocupa de acusar la decisión del Tribunal encaminada a analizar la contabilización del tiempo de posesión, sin enlazar de manera alguna su argumentación con la indebida apreciación probatoria sobre la que soporta el cargo.


Por el contrario, ataca la decisión del INCODER al adjudicarle la parcela a los demandados, con expresiones tales como que se trata de una «decisión mezquina» que fue objeto de una denuncia penal «pero como muchos procesos en la justicia colombiana, terminan en los anaqueles de los archivos, y los victimarios tranquilos por las calles de este país, dejando ríos de victimas (sic) a sus pasos…» afirmaciones estas que en nada contribuyen a colmar los requisitos formales que ha de contener cada cargo casacional.


De manera que las alegaciones contenidas en el embate analizado, no dejan de ser un alegato de instancia sobre el que insiste el recurrente, según el cual, el demandante ha ejercido la posesión sobre el predio por espacio de 52 años, cuestión que no es debatible en sede del recurso extraordinario de casación.


Y tampoco puede soportar el cargo aquéllas disquisiciones sobre la presunta violación de los derechos y garantías del demandante por atentar contra su dignidad, atendiendo a que los argumentos que tuvo el Tribunal para revocar la del juzgado de primera instancia, no fueron atacados por el censor, luego no se ha destruido, como era su deber, la presunción de legalidad y acierto que le son propias. De manera que, sin derruir los pilares sobre los que se fundó el acto jurisdiccional acusado, aquéllas afirmaciones que pretenden restarse eficacia jurídica, resultan inanes para tales efectos.


2.3. Finalmente, en relación con el tercer y último ataque, observa la Sala que no se atienden los requisitos de claridad y precisión, toda vez que en su desarrollo, apenas si se hace una descripción precaria de la inconsonancia afirmada.


En efecto el recurrente, para soportar el cargo, se apresta a hacer un resumen de lo manifestado por el actor en su demanda, para luego concluir que «[E]stá totalmente probado en el fallo del AD-QUO (sic), que el poseedor-demandante, cumple con los requisitos establecidos por los artículos 762 y 971 del C.C. toda vez que las experticias judiciales así lo confirman, la prueba testimonial y las inspecciones judiciales también…». A continuación se refiere a la jurisprudencia citada por el Tribunal en su sentencia, de las cuales afirma «…para conocer su contenido, no a (sic) sido posible confirmarla por este recurrente, en la página electrónica del archivo de la corte, me supongo que debe ser por impresión en la fecha…»; y, termina diciendo, en sustento del embate, que el demandando –propietario inscrito- desplazó de otro predio al demandante, por lo que este se tuvo que instalar en el inmueble objeto del proceso.


Total que, claramente se advierte que los fundamentos expuestos en desarrollo de este último cargo, se apartan del rigor requerido para explicar de qué manera se configuró la irregularidad denunciada, por cuanto el opugnante no dio cuenta, en su cabal extensión, de la aludida incosonancia o yerro en la actividad del juzgador de segundo grado, de manera que le permitieran plantear exitosamente la incongruencia alegada.


3.        Para finalizar, cumple señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso, y el precepto 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.


4. Colofón de todo lo que antecede, es que se inadmitirá la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarará desierta la opugnación.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.- INADMITIR la demanda presentada para sustentar el recurso de casación que RAMON BRAVO ZURITA interpuso frente a la sentencia proferida el 1 de agosto de 2017 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso de pertenencia que promovió inicialmente en contra de personas indeterminadas, y a la que luego se vinculó a LÍA DEL ROSARIO LOPEZ ARGEL y a EDUARDO ANTONIO BERROCAL PASTRANA, hoy  sus sucesores procesales.  .


SEGUNDO.- DECLARAR DESIERTA la impugnación extraordinaria.


TERCERO.- ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno al tenor del artículo 346 del Código General del Proceso.


CUARTO.-  DEVOLVER por las Secretaría el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese


AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

(Presidente de la Sala)

MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

LUIS ALONSO RICO PUERTA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA