AC4340-2018
Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil dieciocho (2018).-
Decide la Corte la súplica formulada por RAMÓN SILVA BELTRÁN contra el auto del 8 de mayo de 2018, que rechazó de plano la solicitud de nulidad procesal invocada al interior del trámite del recurso extraordinario de casación que formuló frente a la sentencia del 13 de junio de 2016 pronunciada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
I. ANTECEDENTES
1. El 26 de octubre de 2016 se admitió el recurso de casación interpuesto por el demandante Ramón Silva Beltrán frente a la sentencia proferida el 13 de junio de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro del proceso ordinario de pertenencia que le formuló a Abel Alfonso Yi Aguirre. (fl. 5).
2. En el auto admisorio del recurso se hizo mención a que quien había interpuesto el remedio extraordinario había sido la parte demandada, por lo que la Secretaría de la Sala, dispuso el ingreso a Despacho del expediente, advirtiendo la referida irregularidad.
3. Pese a lo anterior, es decir, al ingreso a Despacho del expediente durante el término de traslado al recurrente, el 5 de diciembre de 2016, dentro del término concedido en el auto para presentar la demanda de casación, el demandante quien fue el recurrente, presentó el correspondiente escrito introductorio, tal y como obra en los folios 8 a 56 del cuaderno de la Corte. No obstante, con escrito de esa misma fecha, advirtió la irregularidad presentada y observó que dejaba constancia de ello, pues deseaba «consultar el proceso para poder hacerle unos ajustes y precisiones a la misma, pero no quiero que se me vaya a pasar el termino (sic) de traslado, que hasta la fecha se encuentra corriendo; por lo que cuando pueda tener acceso al expediente desde ya indico que procederé a hacer las adiciones que considere pertinentes» (fl. 57)
4. La Corte inadmitió la demanda de casación mediante proveído del 13 de junio de 2017, y por ende, declaró desierto el recurso, ordenando la devolución del expediente al Tribunal de origen.
5. Al mes siguiente, el recurrente elevó solicitud de «declaratoria de ilegaligalidad» del auto inadmisorio de la demanda de casación, la cual fue resuelta desfavorablemente mediante proveído del 21 de septiembre de 2017.
6. Frente a dicha determinación, el inconforme interpuso recurso de súplica, el mismo que se rechazó por improcedente por este Despacho. No obstante, en virtud del principio contemplado en el artículo 318 del Código General del Proceso, se remitió el escrito a la Magistrada Ponente con el fin de que le diera curso al que sí era procedente.
En efecto, la Magistrada Ponente decidió no reponer la decisión, por auto del 8 de marzo del año que transcurre, tal y como consta en los folios 136 a 138 de este cuaderno.
7. Ahora, el 14 de marzo último, el censor interpuso incidente de nulidad «de la actuación procesal a partir del auto interlocutorio de fecha 13 de junio de 2017, mediante el cual declaro (sic) inadmisible el libelo extraordinario y en consecuencia, desierto el recurso de casación (…); por estar viciado al haberse incurrido en la causal sexta del artículo 133 del Código General del Proceso»
Como sustento de su solicitud, adujo que en el auto que admitió del recurso de casación, se dispuso que el término concedido para sustentar el mismo y presentar la demanda de casación, había sido concedido al demandado; y, dicha inconsistencia fue puesta de presente en un informe de la Secretaría de esta Sala, dependencia que ingresó el expediente al Despacho, contrariando el artículo 118 ibídem, interrumpiendo así de manera indebida el traslado concedido pues «desde entonces no pude tener acceso al expediente para elaborar, sustentar y presentar en debida forma de la demanda de casación respectiva»
Argumentó que pese a manifestar dicha irregularidad mediante escrito del 5 de diciembre de 2016, no hubo pronunciamiento al respecto, siendo que, en forma viciada, se profirió el auto interlocutorio a través del cual se declaró inadmisible el libelo extraordinario.
8. El 8 de mayo de la anualidad que avanza, la Magistrada Ponente decidió rechazar de plano la nulidad procesal pedida, señalando que la solicitud se soportó en los mismos fundamentos de la petición de ilegalidad del auto inadmisorio, que ya fue resuelta por esta Corporación, por lo que reiteró que los hechos expuestos por el solicitante, no tienen la connotación para invalidar lo actuado.
Sostuvo que de llegar a estimarse que los hechos denunciados sí podrían considerarse como causal de nulidad procesal, lo cierto era que «la misma se tendría por saneada, al haber actuado el afectado sin alegarla, como fue la petición de ilegalidad y los recursos formulados contra la decisión que negó ésta, siendo entonces perentorio su rechazo de plazo (sic), como en efecto se hará» (fls.149 a 150)
9. En oportunidad legal, el interesado interpuso la súplica que se resuelve. Para sustentarlo hizo un recuento de las actuaciones procesales llevadas a cabo en el trámite del recurso extraordinario, insistiendo en que no hubo control de legalidad de que trata el artículo 132 del Código General del Proceso, generando así no sólo una nulidad procesal sino constitucional. Agregó que no es cierto que no ha alegado la nulidad oportunamente, pues advertido el yerro «lo único que se ha hecho es denunciar errores atribuibles a la naturaleza humana del juez, a su condición de ser vulnerable y que no pueden ser impugnados con los recursos diseñados para ser utilizados en el respectivo procedimiento judicial y que la doctrina ha denominado vías de hecho…» (fls. 151 a 154)
10. Surtido el traslado de la censura, la Secretaría informó que no hubo pronunciamiento alguno (fl. 162).
II. CONSIDERACIONES
1. Al tenor de lo reglado en el artículo 331 del Código General del Proceso,
El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación y contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación. No procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja.
De lo que sin lugar a dudas se infiere que, como en el caso expuesto en párrafos precedentes se pretende la revocatoria del proveído emitido el 8 de mayo de 2018 y notificado por estado el día siguiente, por virtud del cual la Magistrada Ponente decidió «rechazar de plano la petición de nulidad de lo actuado en el trámite del recurso de casación», y según lo previsto en el numeral 6º del artículo 321 ibídem, dicha determinación es pasible de alzada, la herramienta procesal utilizada por el interesado el 11 del mismo mes, además de oportuna es idónea para el fin pretendido.
2. En el sub-exámine, Ramón Silva Beltrán solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado en sede de casación, desde el auto que declaró inadmisible la demanda presentada para sustentar el recurso, argumentando que se incurrió en la causal contemplada en el numeral 6 del artículo 133 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 118 de la misma codificación.
3. Mediante proveído del 8 de mayo último, la Honorable Magistrada Sustanciadora decidió rechazar de plano la nulidad solicitada, remitiéndose a los argumentos expuestos para desatender la petición de declaratoria de ilegalidad del auto que inadmitió la demanda de casación, soportado en similares argumentos. Dijo además, que de haberse incurrido en causal de nulidad alguna, la misma se encontraba saneada pues el afectado actuó sin alegarla «como fue la petición de ilegalidad y los recursos formulados contra la decisión que negó ésta, siendo entonces perentorio su rechazo de plazo (sic), como en efecto se hará»
4. Pues bien, al respecto ha de recordarse que como desarrollo de la garantía del debido proceso, elevado a rango constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, la legislación procesal civil ha regulado de manera detallada las causales de nulidad en que puede incurrirse en la tramitación total o parcial del proceso, con el fin de garantizar a las partes el ejercicio del derecho de defensa, contradicción, publicidad y, en general, el ajuste a las formas básicas propias de cada juicio.
Es así como, este instituto de las «nulidades procesales», se rige por los principios de especificidad, protección, trascendencia y convalidación.
De acuerdo con el primero es imposible su estructuración si no están consagradas en una norma específica, de ahí que sólo se configuran en los casos que señala el artículo 133 del Código General del Proceso y el inciso final del artículo 29 de la Constitución Nacional. El segundo, trata de la necesidad de proteger a la parte agraviada con la irregularidad. El tercero, impone que el defecto menoscabe los derechos de los sujetos procesales, por atentar contra sus garantías o cercenarlas. Y, el último, se refiere al saneamiento del vicio en la forma prevista por el ordenamiento jurídico, en los términos del artículo 136 del estatuto procesal civil, por el consentimiento del afectado, expreso o tácito, y si se cumplen los fines del acto procesal sin desmedro del derecho de defensa; salvo en aquellas situaciones que no sea posible por restricción legal.
En coherencia con los mencionados postulados, el legislador dispuso en el inciso cuarto del artículo 135 ibídem que «[e]l juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación». (negrilla intencional)
Por su parte, la Corte en AC de 21 de marzo de 2012, rad. 2006-00492-00, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que guarda vigor con el nuevo estatuto procesal, dijo sobre el particular que
(…) al acudir a las nulidades procesales, como instrumentos encaminados a redireccionar el curso del proceso cuando ocurren ostensibles irregularidades dentro del trámite, su ejercicio se encuentra delimitado por el interés que le asiste a su proponente, su contemplación expresa como causal de invalidación y que el vicio no se haya superado por la anuencia de las partes. En ese sentido la Sala señaló que ‘[d]able es, por consiguiente, sostener que las nulidades procesales corresponden al remedio establecido por el legislador para que las partes y, en ciertos casos, los terceros, puedan conjurar los agravios irrogados a sus derechos por actuaciones cumplidas en el interior de un proceso judicial, instituto que, por ende, es restringido, razón por la que opera únicamente en los supuestos taxativamente determinados por la ley, y al que sólo pueden recurrir las personas directamente afectadas con el acto ilegítimo, siempre y cuando no lo hayan convalidado expresa o tácitamente’ (sentencia de 30 de noviembre de 2011, exp. 2000-00229-01)”.
5. Ahora, no cabe duda la existencia de la irregularidad denunciada por el recurrente en el trámite del recurso de casación, pues las constancias secretariales así lo demuestran. Sin embargo, no es suficiente con la presencia de la mentada irregularidad que pudo incluso alcanzar la connotación de causal de anulabilidad del proceso, en tanto que se hace necesario determinar si la misma se saneó, conforme el argumento basilar del auto suplicado.
Reza el artículo 136 ibd que la nulidad se considerará saneada, entre otros eventos, «cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla» o «cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa»
Pues bien, en el presente caso, justamente se puede considerar saneada la nulidad por los dos eventos antes referidos, tal y como pasa a explicarse:
5.1. Dice el recurrente que la nulidad se estructuró al omitírsele la oportunidad para sustentar un recurso o descorrer su traslado, pues pese a concedérsele el término de 30 días para presentar la demanda de casación, en el entretanto, el expediente ingresó a Despacho, contrariando lo previsto en el artículo 118 del Código General del Proceso.
Por esta razón, solicita que se decrete la nulidad de lo actuado, desde la fecha en que se profirió la providencia inadmisoria de la demanda de casación que tuvo lugar el 8 de mayo de la pasada anualidad.
No obstante, resulta que después de proferida tal decisión, el recurrente actuó en el proceso sin alegar la nulidad como vicio procesal, con todos los requisitos que ello conlleva, en el entendido que, el día 13 de julio de 2017, justamente un mes después de proferido el auto inadmisorio de la demanda, elevó una solicitud de declaratoria de «ilegalidad del auto» contra cuya decisión desestimatoria interpuso recurso de súplica que, por improcedente, se tramitó como recurso de reposición, sin éxito.
Contempla el artículo 135 del Código General del Proceso los requisitos para alegar una nulidad procesal, entre los que se encuentra que la parte debe «expresar la causal invocada». De manera que, si bien el actor, elevó una petición de declaratoria de ilegalidad del auto, con base en los mismos fundamentos en los que ahora soporta su pretensión anulatoria, no puede considerarse que en aquélla oportunidad haya alegado la nulidad, de manera que, con esa actuación, se configuró el evento según el cual, pese al vicio, la parte actuó en el proceso sin alegar la nulidad, luego esa actuación, devino en el saneamiento de aquél.
Dicho de otro modo, si la causal de anulabilidad se estructuró en el momento mismo en que la Corte inadmitió la demanda de casación, en el entendido en que con esta decisión, cercenó la oportunidad del censor de sustentar el recurso o descorrer el traslado otorgado, la única actuación que le era permitida realizar al interior del proceso para evitar la convalidación del vicio, era la alegación oportuna y con el lleno de requisitos legales, de la nulidad que ahora, a la hora de nona, está solicitando. Pero, contrario al mandato procesal, el ahora recurrente en súplica, lo que hizo fue solicitar la declaratoria de «ilegalidad del auto» que, aunque soportado en los mismos argumentos que ahora alega como configurativo de la causal de nulidad, en realidad no podía ser interpretada como tal, pues omitió el requisito formal, no sólo de señalar que estaba solicitando la declaratoria de nulidad, sino la invocación de la respectiva causal.
Total que, con estas actuaciones, lo que sucedió fue que el actor convalidó el vicio procesal en el que se incurrió en este trámite, y por ello, al encontrarse saneada la nulidad, la decisión que se imponía por la Magistrada Sustanciadora era, como en efecto adoptó, rechazar de plano la solicitud.
5.2 Pero no sólo estas actuaciones del recurrente convalidaron el vicio que ahora, tardíamente, solicita que se decrete, sino que, al margen de lo anterior, su petición tampoco supera el «principio de trascendencia» que permea el instituto de las nulidades procesales, pues a pesar de ese vicio procesal, que en el presente caso se configuró al ingresar el expediente a Despacho aun cuando se estaba surtiendo un término, lo cierto es que el actor presentó su demanda de casación oportunamente, luego el término sí cumplió con la finalidad para el que fue instituido, y con ello se respetó su derecho de defensa.
6. Ante tal panorama, la decisión que se imponía entonces era la del rechazo de plano de la solicitud de nulidad, pues evidentemente el vicio se saneó.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes el auto suplicado que rechazó de plano la solicitud de nulidad procesal invocada por Ramón Silva Beltrán al interior del trámite del recurso extraordinario de casación que formuló frente a la sentencia del 13 de junio de 2016 pronunciada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
SEGUNDO.- Por Secretaría dese cumplimiento a lo ordenado en el numeral segundo del auto del 13 de junio de 2017 (fls. 66 a 73) y remítase al expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese,
Presidente de Sala