AC4400-2018


Radicación n° 11001-02-03-000-2018-02721-00


Bogotá, D. C., ocho (8) de octubre de dos mil dieciocho (2018).


Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Calarcá y Segundo Civil Municipal de Neiva.


ANTECEDENTES


       1.- Ante el primer Despacho, la Cooperativa Nacional de Consumo CONACO en liquidación presentó libelo ejecutivo contra María Silvia Llanos Murcia para el cobro de la suma referida en el contrato de mutuo Nº 11000009273, junto con los intereses de mora respectivos.


       2.- Esa autoridad lo rechazó porque Calarcá no fue el único lugar pactado para observar los compromisos adquiridos. Bajo los postulados del debido proceso, concluyó que el asunto debía ventilarse ante su homólogo de Neiva, por ubicarse allí el domicilio de la deudora, por consiguiente, le remitió las diligencias con apoyo en el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso.


       3.- El Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva las rehusó, pues en virtud de la ley, las controversias de la prenotada índole puede conocerlas el funcionario del domicilio del accionado así como el del sitio de solución de las prestaciones incorporadas en el documento base de la ejecución, a elección del impulsor, quien en esta oportunidad prefirió el segundo.


       Por consiguiente, se envió el expediente a esta Colegiatura para dirimir la disputa.


CONSIDERACIONES


1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trabó entre juzgadores de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirla como superior funcional común, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009.


2.- El ordenamiento jurídico consagra directrices que orientan la distribución de los pleitos entre las distintas autoridades judiciales, con sustento en uno o varios factores, que varían según la clase o materia, cuantía, calidad de las partes, naturaleza de la función existencia de conexidad o unicidad.


Es así como, el numeral 1 del artículo 28 del Código General Proceso esboza un criterio general, por el cual, se asigna competencia al fallador del domicilio del convocado, salvo disposición legal en contrario. A su vez, el numeral 3 ídem, establece que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».


Emerge diáfano que, para aquellas acciones derivadas de un negocio jurídico o que implican la existencia de un título ejecutivo, concurren dos foros, por lo que será a potestad del actor que la actuación se incoe en el domicilio de su antagonista o en el lugar de cumplimiento de las obligaciones cuya satisfacción se persigue, pero siempre han de precisarse las razones por las que lo adjudica a uno o a otro.


A ese respecto en CSJ AC3372-2018 se acotó


[d]e manera que en juicios coercitivos el promotor está facultado para escoger el territorio donde desea que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos directrices, eso sí, debe concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y, por supuesto, indicar sin equívocos el domicilio del convocado o el lugar de cumplimiento de la prestación, según sea el parámetro seleccionado.

Por ende, cuando la parte promotora selecciona al director de la causa, a éste le incumbe adelantar la actuación, sin perjuicio que el demandado en debida forma y dentro de la oportunidad correspondiente disienta de la misma opción y acredite los motivos de su desacuerdo. 

 

3.- En el sub examine, la ejecutante en uso de la facultad concedida optó por la alternativa referida en el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso, ya que en el pliego introductorio enunció que la designación se hacía en virtud a que el «lugar del cumplimiento del contrato de mutuo es la ciudad de Calarcá».   


Verificado el clausulado de la prenotada convención jurídica, se vislumbra que la validez del pago quedó sujeta a las siguientes condiciones:


a) [q]ue el sitio de pago o (…) de cumplimiento de las obligaciones incorporadas en este contrato de mutuo es la ciudad de Calarcá (Quindío) en la dirección que le autorice el Mutuante al Mutuario previa solicitud del Mutuario para cada abono o pago, al Gerente del Mutuante o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el mutuante para el cobro, en los términos del artículo 1634 del Código Civil. b) Que en caso de que el Mutuario desee abonar o cancelar el Contrato de Mutuo en cualquier sitio del país, únicamente podrá consignar su pago en la cuenta del BANCO DAVIVIENDA 1153382889 o en las cuentas que el mutuante comunique a través de documento escrito.


De ahí que, por expresa disposición contractual, el sitio para honrar lo pactado era la localidad de Calarcá. Situación que atada a los anhelos de la libelista impedía al estrado de dicha localidad esquivar el conocimiento de la litis.


La claridad con la que se acordó tal cuestión, no admitía la interpretación que suministró el titular de esa oficina, según la cual, los efectos de la «cláusula» se supeditaron a que la interesada demuestre que los «pagos o abonos» los recibió en direcciones de dicha municipalidad, aprobadas previamente en su calidad de mutuante.


       Sería diferente en el evento que, la querellada se opusiera temporáneamente a través del mecanismo legal correspondiente en aras de fijar la competencia en un juzgador de cualquier otro sitio del país, pues el abanico de posibilidades que abre esa estipulación sí amerita la prueba pertinente.


4. Ahora, se observa que el Juzgado Primero Municipal de Calarcá igualó el fuero negocial, establecido en el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso, a la «estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales», prohibida por ese mismo canon en la parte final.


Sin embargo, como se acotó en CSJ AC2421-2017


son dos tópicos distintos, pues el primero se refiere a la facultad del actor para presentar su demanda ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones del respectivo negocio o título ejecutivo, sin desmedro otros fueros que concurran en el caso concreto; mientras que el segundo prohíbe que las partes por su propia cuenta (motu proprio), fijen un domicilio judicial concreto, esto es, que desconozcan los factores consagrados por la ley para fijar la competencia de las sedes respectivas.


5.- Por consiguiente, se le retornará el legajo para lo pertinente.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE:


Primero: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Calarcá es el competente para conocer del presente litigio; por tanto, envíese el expediente a dicha oficina.


Segundo: Informar lo decidido al otro despacho involucrado, haciéndole llegar copia de esta decisión.

       

NOTIFÍQUESE



OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado