Bogotá D. C., diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a decidir el recurso de queja formulado contra el auto que denegó el de casación, interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, pronunciada el 15 de marzo de 2018 y con la cual puso fin a la segunda instancia del proceso ordinario incoado por José Mesías Salamanca González contra José Efraín Garagoa, Ana Bertilda Moreno de Garagoa y personas indeterminadas.
I. ANTECEDENTES
A. La primera instancia fue fulminada por el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá con sentencia estimatoria de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio suplicada por el actor, sobre un inmueble situado en Bogotá, y en cuyo certificado de matrícula inmobiliaria figuraban como titulares del derecho de propiedad Josué Efraín Garagoa y Ana Bertilda Moreno de Garagoa, convocados al proceso.
B. Josué Efraín Garagoa interpuso en tiempo recurso de apelación, que el Tribunal desató mediante sentencia confirmatoria pronunciada el 15 de marzo de 2018, en esencia porque encontró que la posesión del actor comenzó en la fecha que entre demandante y demandado se firmó una promesa de compraventa sobre el inmueble, donde se plasmó que el accionante ya tenía la posesión para esa fecha, 16 de abril de 1990, y como la demanda de pertenencia se había formulado en noviembre de 2010, habían transcurrido más de los veinte años del término prescriptivo.
C. Recurrida por el perdidoso la sentencia en casación, el Tribunal juzgó procedente requerirlo para que aportase un avalúo comercial del bien en vista de que no encontró en el plenario elementos de juicio que permitieran determinar su interés económico. Al efecto, allegó avalúo en el que el experto concluye que el valor comercial estimado del terreno y del inmueble es la suma de $636,762,304.
D. Con base en lo anterior, mediante providencia del 28 de mayo de 2018 decidió el Tribunal no conceder el recurso porque, en su opinión, al haber sido interpuesto el mismo en vigencia del Código General del Proceso, era menester la aplicación del artículo 334 que establece la cuantía del interés para recurrir en casación en más de 1000 smlmv, es decir en algo más de $781,242,000, cifra por consiguiente inferior a la que arrojó el avalúo comercial del inmueble litigado.
E. No conforme con tal decisión, el impugnante interpone reposición y en subsidio queja, con base en que el salario mínimo que deberí ser tenido en cuenta es el vigente para el año 2010 (fecha de presentación de la demanda), que en virtud del principio de favorabilidad la cuantía que se debe estimar es la establecida en el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil (425 smlmv), que una cuantía tan elevada impide el acceso a la administración de justicia y por consiguiente es excesiva y desvirtúa el derecho a la igualdad, y en suma, que excluye a la personas sin recursos y para el caso, al demandado (q.e.p.d.), de la tercera edad y en estado de disminución.
F. El Tribunal mantuvo su decisión. Estimó que como el interés económico para acudir en casación corresponde al valor de lo desfavorable que le resulte al recurrente el fallo al momento de proferirse en 2018, los 1000 salarios mínimos legales que deben ser tomados en cuenta son los de ese año y no los de la presentación de la demanda. En adición, que de conformidad con el artículo 625 del Código General del Proceso, es este estatuto el llamado a regular lo relativo a la concesión del recurso por lo que el monto no puede ser el del código anterior, de 425 smlmv. Y que la labor del juez no es la de mirar razones de tipo extralegal sino la de acatar las normas jurídicas expedidas por el legislador.
Allegadas las diligencias a esta Corte y surtido el trámite de la queja, es menester decidirla con base en las siguientes
II. CONSIDERACIONES
1. No discute el quejoso que de conformidad con el avalúo que aportó, resulta menor el interés para recurrir en casación al establecido en el Código General del Proceso. Su reparo estriba en que, en su sentir, tal estatuto no debe ser el aplicable, pero no da razones de ello. Pero para desestimar tal aserto sólo es menester una lectura al artículo 624 CGP -que modificó el 40 de la ley 153 de 1887- en concordancia con el numeral 5º del precepto siguiente que establece que los recursos interpuestos se regirán por las leyes vigentes cuando ellos se interpusieron, como es el caso de este proceso pues la sentencia sobre la cual recae la interposición de ese medio extraordinario fue pronunciada por el Tribunal en este año, ya vigente por supuesto el Código General del Proceso.
2. De otra parte, es cierto que este cuerpo normativo contempla una cuantía del agravio necesario para recurrir en casación mucho mayor que la que había establecido el Código de Procedimiento Civil y sus sucesivas reformas. No obstante, ello en sí mismo no constituye una talanquera al libre acceso a la administración de justicia, si se tiene presente la naturaleza extraordinaria del recurso de casación que lo aleja de ser considerado como una instancia adicional y más bien constituye un mecanismo ideado por el legislador para establecer un control de legalidad sobre determinadas decisiones judiciales con miras a lograr fines políticos de tutela del derecho objetivo del Estado y de unificación de la jurisprudencia, aun cuando hoy, en el mismo nivel de importancia, también deben ser tenidos en cuenta elementos de justicia material.
Con todo, debe resaltarse que todas estas aristas fueron estudiadas con ocasión de la acción de inexequibilidad propuesta contra el artículo 338 CGP, que la corte constitucional decidió con sentencia C-213/17 en la que justificó el incremento por el nuevo diseño procesal que amplió el ámbito temático del recurso de casación por lo que, con argumentos adicionales que expuso en dicha providencia, terminó por declarar la exequibilidad de la expresión “sea superior a un 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes” contemplada en el precepto demandado, a resultas de lo cual, por el carácter vinculante y erga omnes que tiene la decisión del Alto Tribunal, no pueden ahora sopesarse interpretaciones tendientes a presentar juicios de ponderación en torno a circunstancias extraprocesales como las que expone el quejoso en su recurso, pues precisamente ellas fueron las tenidas en cuenta para llegar a la conformidad de ese precepto con la Carta Fundamental.
Por último, que el salario mínimo legal vigente que debe ser tenido en cuenta es el del año de presentación de la demanda incoatoria del proceso es aserto del quejoso al que tampoco acompaña argumento alguno. Y, la verdad, ha sido jurisprudencia constante de la Corte, tanto en vigencia del Código de Procedimiento Civil como del actual, sostener que la cuantía del interés para recurrir en casación depende del valor económico del agravio inferido por la sentencia el recurrente, el cual debe ser apreciado para la fecha en que la misma se profirió, pues ese es el alcance de la expresión “valor actual de la resolución desfavorable al recurrente”, presente en ambos ordenamientos (Cfr. AC054-1997 del 28 de febrero de 1997, rad. n°. 6420, AC001-2004 de en 21 2004, rad. n°. 25307-31-03-002-1999-00442-01, AC3745-2018 de sept 4 2018, rad. n°.11001-02-03-000-2018-01164-00, entre muchas más).
Son suficientes las anteriores consideraciones para concluir que le asistió razón al Tribunal.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casación formulado por el quejoso contra la sentencia identificada en el epígrafe de esta providencia.
SEGUNDO. Sin costas por no aparecer causadas.
Notifíquese.
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada