Bogotá D. C., diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a decidir el recurso de queja formulado contra el auto que denegó el de casación, interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil Familia, pronunciada el 15 de mayo de 2018 y con la cual puso fin a la segunda instancia del proceso ordinario incoado por Héctor Fabio Buitrago Montes, Claudia Patricia Buitrago Correa, Ricardo Buitrago Correa, Luisa Fernanda Cárdenas Millán y Camilo Buitrago Cárdenas contra la Entidad Promotora de Salud Coomeva, Clínica los Rosales S.A. y Clínica Risaralda S.A..
ANTECEDENTES
A. Como consecuencia de los padecimientos, agravación y posterior muerte de María Amparo Correa Botero, los demandantes, actuando para la sucesión de María Amparo Correa y en causa propia, solicitan que se declare la responsabilidad civil de las entidades demandadas con las consecuentes condenas, descritas así en la demanda incoatoria del proceso:
1. Restitución.
Los demandados deben restituir los costos que hubieran recibido de los accionantes por concepto de derechos, copagos y similares realizados con ocasión de los servicios prestados a la paciente María Amparo Correa Botero.
2. Indemnizatorias
a. Perjuicios morales
- A favor de la sucesión de María Amparo Correa Botero, el equivalente a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), los cuales corresponderán a los herederos en las proporciones hereditarias correspondientes.
- A Héctor Fabio Buitrago Montes el equivalente a 1000 SMLMV.
- A Claudia Patricia y Ricardo Buitrago Correa, el equivalente a 600 SMLMV
- A Luisa Fernanda Cárdenas Millán, el equivalente a 100 salarios SMLMV
- A Camilo Buitrago Cárdenas, el equivalente a 500 SMLMV
b. Daño a la vida de relación
- A favor de la sucesión de María Amparo Correa Botero el equivalente a 500 SMLMV, los cuales corresponderán a los herederos en las proporciones hereditarias correspondientes.
- A Héctor Fabio Buitrago Montes el equivalente a 1000 SMLMV.
- A Claudia Patricia y Ricardo Buitrago Correa, el equivalente a 600 SMLMV
- A Camilo Buitrago Cárdenas, el equivalente a 500 SMLMV
c. Daño corporal, biológico o a la salud
- A la sucesión de María Amparo Correa Botero, el equivalente a 1000 SMLMV
3. Satisfacción y garantía de no repetición
d. Publicidad.-Los demandados deben dar publicidad en los términos que disponga el despacho a la parte resolutiva de la sentencia.
e. Ofrecimiento de disculpas.- los demandados deben ofrecer disculpas públicas, incluyendo el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidad.
4. Sancionatoria
f. Daño punitivo o sanción civil.- Los demandados pagarán por este concepto a los accionantes una suma adicional equivalente a las condenas impuestas por concepto de daño moral, a la vida de relación y a la salud por haberse incurrido en culpa grave.
B. La primera instancia culminó con sentencia en la que se negaron las pretensiones de la demanda inicial, lo que dio lugar a que los accionantes interpusieron la apelación que el Tribunal desató mediante la confirmación del fallo apelado, sobre la cual interpusieron en tiempo casación, que el tribunal no concedió.
C. El ad quem, mediante providencia del 21 de junio de 2018, advirtió que la normativa aplicable era la del Código General del Proceso, que los recurrentes conforman un litisconsorcio voluntario, que debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 325 del Código General del Proceso, y que como las condenas se refieren a perjuicios extrapatrimoniales1 debe atenderse a lo dispuesto por esta Corporación en el sentido de que no puede tomarse el tope que se señala en el libelo sino el de los precedentes judiciales, respecto de los cuales advirtió que la Corte había fijado en 2016 para daños morales la suma de $60 millones en el caso de la muerte de una persona y en otra situación más compleja (2013) hubo de condenar a $90 millones. Y que en lo que hace al daño a la vida de relación la condena impartida fue de $30 millones en 2017 pero advirtió que en el año 2013 tal rubro alcanzó los $140 millones.
Con base en tales parámetros, dijo que aun tomando los valores más altos ($140 millones para el daño a la vida de relación y $90 millones para el daño moral) y si se adicionara una suma igual a la última para el daño denominado a la salud y se liquidaba según lo pedido el denominado daño punitivo ($320 millones), la cifra que se alcanzaría, de $640 millones equivalente 820 salarios mínimos, era inferior a lo que un codemandante debía demostrar para acceder al recurso extraordinario según el Código General del Proceso.
D. Para controvertir la decisión denegatoria del Tribunal, adujo el impugnante:
- Que la demanda había sido presentada el 15 de octubre de 2008 ante los juzgados laborales del circuito, entonces competentes, en donde la cuantía para acceder a la casación es menor.
- Que la pretensión de 1000 smlmv no es un guarismo sacado de los cabellos porque está prevista en la legislación penal, en el artículo 97 de la Ley 599 de 2000, de la que provino y fue acogida en la legislación civil.
- Que el daño consistió en la muerte de la señora María Amparo Correa Botero en la modalidad de homicidio claramente tipificado en la legislación colombiana, por lo que es dable aplicar la suma establecida en el código penal (1000 salarios mínimos legales mensuales), pues así se afirma en la sentencia C-916-02 en la que la Corte Constitucional estimó que la misma razón que justifica el establecimiento del límite (1000 salarios mínimos) en el ámbito del proceso penal para ese tipo de perjuicios (se refiere a los morales) tiene validez en el ámbito de los demás procesos “en los cuales la fuente de la obligación de indemnizar los daños sea únicamente la conducta punible”, lineamiento que también ha aplicado el Consejo de Estado.
4. El Tribunal mantuvo incólume la decisión objeto de reposición. Recalcó que la jurisprudencia civil no ha acogido la aplicación del artículo 97 del Código Penal y que en el presente caso no es dable aplicar lo establecido por la Corte Constitucional en vista de que no se está acá frente a un delito de homicidio investigado y sancionado. Ordenó por tanto la expedición de las copias de las piezas procesales para el adelantamiento de la queja, en cuyo trámite hizo presencia Coomeva EPS para resaltar precedentes judiciales de esta Corporación acordes con la decisión del Tribunal.
CONSIDERACIONES
1. De acuerdo con el artículo 352 del Código General del Proceso, el recurso de queja procede cuando se deniegue el de casación, cuya decisión es de competencia del magistrado sustanciador en la Corte (artículo 35 ib.) para los solos efectos de determinar si el recurso extraordinario estuvo bien o mal denegado, entre otras razones, por lo atinente a la cuantía del agravio que la misma ocasionó al recurrente.
2. De entrada debe decirse que se encuentra bien denegado el recurso de casación y comparte la Corte las consideraciones del Tribunal tanto las que sustentan la no concesión del recurso como las que soportan la confirmación de aquella decisión.
3. En efecto, de la lectura de las pretensiones fluye que las de carácter pecuniario corresponden al daño emergente derivado de los costos sufragados por los demandantes por concepto de derechos y copagos (pagos porcentuales que deben realizar los beneficiarios del cotizante para servicios de cirugía, hospitalización, etc.) y que los perjuicios extrapatrimoniales son de varias modalidades: daño moral, daño a la vida de relación y daño a la salud, al que se agrega un tipo de perjuicio, desarrollado en el derecho anglosajón y exótico en nuestro medio, denominado daño punitivo. De otra parte, se deducen por parte de todos los demandantes condenas simbólicas referidas al ofrecimiento de disculpas y publicidad de la sentencia.
Que en esta causa las pretensiones son esencialmente económicas es una conclusión que la Corte abriga sin dudas porque si bien se piden condenas simbólicas, el proceso está encaminado a la declaración de responsabilidad contractual y extracontractual, que, como es sabido, se reconduce a la imposición de una obligación que las más de las veces, por no poder satisfacerse in natura, consisten en el pago de sumas de dinero, que acá en efecto se reclaman. De modo que lo previsto en el inciso 1º del artículo 338 CGP es plenamente aplicable al caso y en consecuencia el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente debe ser superior a 1000 salarios mínimos legales, esto es, a algo más de $781.242.000,oo.
4. La providencia impugnada ni la de primera instancia ni el recurso se refieren a los costos sufragados por copagos y derechos con ocasión del servicio prestado a la paciente fallecida. No hay dato alguno acerca de si se hicieron, quién los hizo o a cuánto ascendieron. Ni es un argumento de la queja que la Corte deba por tanto explorar, pero en todo caso, si se trata de copagos, ha de señalarse que hoy, en el régimen contributivo el mayor es del orden de los $3.593.7142 por lo que para la fecha de la atención a la paciente no pudo alcanzar este rubro los algo más de $141 millones que faltan para que, junto a los montos por daños extrapatrimoniales reclamados, lleven a que el agravio de un codemandante alcance el monto requerido para acceder al recurso.
5. Ya en lo tocante a los daños extrapatrimoniales, debe señalarse que si se parte de la base de que el principio que rige el derecho de daños es el de la reparación integral del perjuicio, resulta claro que estos deben ser resarcidos, conclusión esta, totalmente aclimatada en el derecho patrio, que dio lugar a que con base en la aplicación del artículo 95 del Código Penal de 1936 la jurisprudencia civil satisficiera el daño moral con la suma indicada, esto es $2000 (Cfr. S del 23 de abril de 1941 de la Sala de Negocios Generales) hasta cuando en SC del 27 de septiembre de 1974 se fijó un tope diferente: $30,000, no sólo por considerar que el monto penal había quedado rezagado sino porque la norma criminal tenía como ámbito esa jurisdicción.
Desde entonces ha sido criterio constante de la Corte utilizar el arbitrium judicis y actualizar de tiempo en tiempo el tope que periódicamente fija, a manera de guía para jueces, en relación con el monto de la reparación de los perjuicios extrapatrimoniales. Así por ejemplo, en 1981 fijó la suma de $100,000 para los daños morales, en 1987 la aumentó $500,000, en 2002 la situó en $1 millón, para 2009 en $40 millones, en 2011 en $53 millones y actualmente en $60 millones. Pero quedó completamente abandonada la utilización de la normativa penal para estos menesteres. Ni es del caso ahora utilizarla –según la directriz de la jurisprudencia constitucional a que alude el quejoso- pues, como lo dice el Tribunal, el resarcimiento perseguido no tiene origen en el delito de homicidio.
Por lo demás, no debe perderse de vista que el Tribunal fue laxo en la utilización del quantum fijado por la Corte, pues escogió el más alto y lo utilizó para los otros tipos de daños (punitivo y a la salud), proceder que, con todo no produjo el efecto de que la cuantía llegara al mínimum requerido. Y además, que esa colegiatura se valió de la jurisprudencia vigente, como lo muestra esta ulterior de la misma línea:
Como la tasación del daño moral es un tema propio del arbitrio iudicis, a la hora de establecer su quantum en orden a determinar el interés que asiste a un litigante para recurrir en casación, el juez no podrá acoger la suma pedida en la demanda, sino que ha de seguir la orientación trazada al efecto por la jurisprudencia.
«(…) Alrededor de la manera de cuantificar los daños extrapatrimoniales, cuyo resarcimiento es pedido en la demanda, en orden a establecer la extensión del interés para recurrir en casación, la Corporación tiene dicho:
«“(…) [S]i se busca la indemnización de los perjuicios morales y a la vida de relación, cuya cuantificación se encuentra asignada al criterio del juzgador conforme a las reglas de la experiencia, no puede tomarse indistintamente el tope que se señale en el libelo, toda vez que para tal efecto el ad quem debe discurrir sobre las circunstancias particulares que rodean la litis, pudiéndose apoyar en los precedentes judiciales sobre la materia. Así lo recordó la Sala en AC443-2015, aludiendo al AC de 7 de diciembre de 2011, rad. 2007-00373, en un asunto similar donde el juzgador (..) no se percató que el perjuicio moral se encuentra librado exclusivamente al arbitrium judicis, es decir, en sentir de la Corte, “al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación” (Auto 240 del 14 de septiembre del 2001, Exp. 9033-97), porque como allí mismo se reiteró, “ningún otro método podría cumplir de una mejor manera una tarea que, por desempeñarse en el absoluto campo de la subjetividad, no deja de presentar ciertos visos de evanescencia”” (G.J. T. CLXXXVIII, pág. 19) (…) Por lo mismo, para establecer la procedencia de dicho recurso, desde el punto de vista de la cuantía, no puede acogerse de manera incondicional el perjuicio moral solicitado en la demanda. Así lo tiene explicado la Sala, al decir que “no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido” (Auto 213 del 7 de octubre del 2004, Exp. 00353, reiterado en auto del 11 de diciembre del 2009, Exp. 00445)”.
«(…) Por tanto, si de la mano de la jurisprudencia el Sentenciador encontró apropiado cuantificar, con miras a establecer el interés para recurrir en casación, en $60’000.000 los perjuicios morales, y si de acuerdo con la doctrina de esta Sala esa determinación se encuentra librada exclusivamente al arbitrium judicis, es decir, al recto criterio del fallador, en la cuantificación que de tal agravio hizo del interés en mención, ningún reproche se le puede hacer, mayormente si lo realizó a la luz de la naturaleza del hecho envuelto en este asunto, constitutivo de la causa del particularizado agravio, y no de nada diverso .
«Itérase, al tratarse la fijación de la condena por la aludida noción de un aspecto del resorte exclusivo del Sentenciador, él en su soberanía, con lógica y sindéresis, es el llamado a establecer la cuantía, claro está, dentro de los márgenes demandados por el interesado. Es más. El monto del perjuicio en cuestión lo aumentó la Corporación a $60’000.000 recientemente y frente a situaciones por entero diferentes y mucho más complejas a las que plantea en este caso, como puede verse en las sentencias SC-13925 de 30 de septiembre 2016, Radicación #05001-31-03-003-2005-00174-01, y SC-15996 de 29 de noviembre de 2016, Radicación #11001-31-03-018-2005-00488-01». (AC2543-2018 de jun 25 2018, rad. n°. 11001-02-03-000-2018-01354-00)
De lo dicho se colige que estuvo bien denegada la concesión del recurso extraordinario.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casación formulado por el quejoso contra la sentencia identificada en el epígrafe de esta providencia.
SEGUNDO. Sin costas por no aparecer causadas.
Notifíquese.
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada
1 2500 smlmv para la sucesión de María Amparo Correa Botero 2000 smlmv para el cónyuge Héctor Fabio Buitrago Montes, 1200 smlmv para los hijos Claudia Patricia y Ricardo, 100 smlmv para la nuera Luisa Fernanda Cárdenas Millán y 1000 smlmv para el nieto Camilo Buitrago
2 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/cuotas-moderadoras-copagos-2018.pdf