AC4413-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01898-00
Bogotá, D. C., diez (10) octubre de dos mil dieciocho (2018).
Decídase el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Setenta Civil Municipal de Bogotá D.C. y el Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha (Cundinamarca), atinente al conocimiento del proceso ejecutivo de Consuelo Rodríguez Mora contra Herminia Álvarez Rodríguez.
ANTECEDENTES
1.- En la demanda presentada ante el «JUEZ CIVIL MUNCIPAL DE BOGOTÁ (REPARTO)», de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción se «libre mandamiento de pago […]» por la «suma de siete millones de pesos ($7.000.000,oo), valor representado en la letra de cambio Nº 002 con fecha de creación del 12 de mayo de 2014 y fecha de vencimiento del 18 de mayo de 2014, a la orden de CONSUELO RODRIGUEZ MORA, aceptada por HERMINIA ALVAREZ RODRIGUEZ», también, por «los intereses corrientes que autoriza la Superbancaria al 1.6% […]» y, «los intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la Superbancaria, desde el 19 de mayo de 2014, hasta que se cancele la totalidad de la obligación».
Además, aseveró, que es «usted competente señor juez para conocer de éste proceso, por el domicilio de las partes, por el valor de las pretensiones y demás factores determinantes» (Fls. 3 a 5 Cdno. Principal).
2. El Despacho Setenta Civil Municipal de Bogotá D.C., declaró no ser competente para conocer del asunto por cuanto, «en uso de las disposiciones del artículo 132 del Código General del Proceso y tomando en consideraciones las manifestaciones hechas por el apoderado de la parte demandante a folio 8, quien refiere que por error involuntario se indicó en la demanda como domicilio de la señora HERMINIA ALVAREZ RODRIGUEZ la ciudad de Bogotá, cuando en realidad lo es el municipio de Soacha Cundinamarca, en aplicación a lo establecido en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, legislación aplicable conforme a la fecha de presentación de la demanda deberá remitirse el presente proceso al Juez competente».
Adicionalmente, refirió que «teniendo en cuenta que la demandada, según información suministrada por el extremo demandante se encuentra domiciliada en Soacha – Cundinamarca, la competencia atendiendo al factor territorial le atañe al juez de este municipio» (Fl. 10 Ídem).
3. Cumplidos los trámites preceptivos, el expediente fue repartido y entregado al Despacho Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha Cundinamarca, aconteciendo que su titular, el 30 de mayo de 2018, lo rechazó.
Al respecto esgrimió que «la competencia no solo se determina por el domicilio de la demandada, también se tiene que tener en cuenta para los procesos que involucren títulos ejecutivos, lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 28 C.G del Proceso […]».
Arguyó, que revisado «el título ejecutivo base de la presente ejecución, se observa que el lugar de cumplimiento de la obligación es la ciudad de Bogotá y, el domicilio de la demandada es el municipio de Soacha – Cundinamarca, por tanto, los jueces competentes para conocer del presente asunto, son los de la ciudad de Bogotá o los de esta localidad, a elección del demandante, que para el presente asunto, el extremo actor eligió la ciudad de Bogotá, tal afirmación es cierta que, presentó la demanda es la ciudad de Bogotá» (negrillas del texto original - Fl. 14 Ídem).
4.- Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.
CONSIDERACIONES
1.- Para la determinación de la competencia, debe precisarse que la selección del juez a quien, previa autorización legal, le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuantía o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros.
2.- De las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral primero (1º) constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante» (se relieva).
Empero, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, por un «negocio jurídico», conforme al numeral tercero (3º) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la prestación, o sea, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita».
3.- En aras de desatar el presente asunto, es del caso relevar lo siguiente:
3.1.- En primer orden, que si bien esta Corporación había expuesto reiteradamente que «en materia de títulos valores y por principio general, el lugar en donde debe cumplirse la obligación adquirida por el demandado no es elemento que defina la competencia, atendiendo que tal circunstancia no corresponde con estrictez al numeral 5º del aludido artículo 23, disposición esta que regula, en particular, los vínculos negociales; en esa línea, frente a hipótesis de ese temperamento, prevalece la directriz atinente al domicilio general» (CSJ AC, 23 ago. 2010, rad. 2010-00997-00; entre múltiples providencias), lo cierto es que esa aseveración se hacía conforme a las pautas a que se contraía el Código de Procedimiento Civil, hoy día derogado.
3.2.- En segundo término, la letra de cambio presentada para recaudar la pretensa obligación en el sub júdice, conforme a la normativa que la regula (artículo 671 y concordantes del Código de Comercio), es una de las distintas clases de «títulos valores» que existen; por supuesto, tal constituye una de las diversas formas que comprende la noción de «título ejecutivo» a que hace referencia el canon 422 del Código General del Proceso.
Dicho en breve, los instrumentos cartulares, hacen parte de un concepto legal que los abarca: los títulos ejecutivos.
3.3.- En tercer lugar, de la revisión efectuada a las actuaciones cumplidas y, particularmente, al texto del libelo genitor y al escrito de corrección de la dirección de la demandada (Fl. 8 Ídem), cumple afirmar que toda discusión la zanja el texto mismo de esos escritos, conforme a los precisos términos allí trazados, sin que sea menester recabar en adicionales precisiones sobre el particular.
3.4.- Así, emerge del análisis de esa pieza procesal que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha (Cundinamarca), pues tal fue elegido en virtud al foro competencial demarcado el «domicilio del demandado».
Y, comoquiera que en el libelo genitor se consignó, que es «usted competente señor juez para conocer de éste proceso, por el domicilio de las partes […]», pues en dicho sentido fue determinado por el extremo activo al corregir la dirección de la demandada, que «por error involuntario», en primer momento mencionó que era Bogotá, cuando en realidad era Soacha.
Bajo esa tesitura, es evidente que el foro tenido en cuenta por el demandante fue el general, pues de su escrito inicial, itérese, cuando aludió a la «competencia» del estrado judicial, lo hizo con énfasis en dicho fuero (numeral 1º Art. 28 Ídem), por lo que de esa expresa manifestación, no puede desprenderse otro tipo de interpretación.
4.- Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha (Cundinamarca), a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha (Cundinamarca).
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Despacho Setenta Civil Municipal de Bogotá D.C., acompañándole copia de este proveído.
TERCERO: REMITIR el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva.
CUARTO: LIBRAR, por Secretaría, los oficios correspondientes dejándose las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada