AC4419-2018

Radicación n. 41001-31-10-005-2015-00487-01



Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018).



Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada para sustentar el recurso de casación interpuesto por Leidy Johanna Barrios Guzmán frente a la sentencia de 24 de enero de 2018, proferida por la Sala Civil- Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario de impugnación de la paternidad que contra la recurrente promovieron Noel, Flor María, Jairo e Israel Barrios Cardozo.


ANTECEDENTES


1. Los señores ISRAEL BARRIOS CARDOZO, JAIRO BARRIOS CARDOZO, NOEL BARRIOS CARDOZO y FLOR MARÍA BARRIOS CARDOZO presentaron demanda de impugnación de la paternidad contra la señorita LEIDY JOHANNA  BARRIOS  GUZMÁN,  para  que  se declarara que ésta no tenía la calidad de hija del causante GENTIL BARRIOS CARDOZO, y se disponga la anotación correspondiente en su registro civil de nacimiento (fl. 1-4 Cd 1).


2. Tales pedimentos se soportaron en los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio.


2.1. El señor Gentil Barrios Cardozo falleció el 19 de septiembre de 2015, siendo de estado civil soltero, sin vida conyugal o convivencia con persona alguna.


2.2. Los demandantes Israel Barrios Cardozo, Jairo Barrios Cardozo, Noel Barrios Cardozo Y Flor María Barrios Cardozo, son hermanos del señor Gentil Barrios Cardozo.


2.3. Que la señora María Cristina Guzmán Barrios, madre de la demandada Leidy Johanna Barrios Guzmán, es sobrina de los demandantes y del causante Gentil Barrios Cardozo, por ser hija de su también hermana Saray Barrios Cardozo –fallecida-.


2.4. La señora María Cristina Guzmán Barrios es de estado civil soltera y jamás tuvo relaciones sexuales con el fallecido tío Gentil Barrios Cardozo.





2.5. Al nacer Leidy Johanna Barrios Guzmán su madre María Cristina Guzmán Barrios la registró y en el mismo acto Gentil Barrios Cardozo reconoció a la menor como hija natural suya, sin serlo, porque nunca tuvo relaciones sexuales con la madre.


3. Debidamente enterada la interpelada replicó la demanda aceptando íntegramente unos hechos y otros de manera parcial, además, formuló las excepciones de mérito de falta de «legitimación en causa por activa», «buena fe» «reconocimiento libre y autónomo y en uso pleno de las facultades mentales» e «inexistencia del derecho reclamado» (fls 26-29 Cd 1).


4. La primera instancia culminó con sentencia del veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), en la cual se acogieron las pretensiones de la demanda y desestimaron las excepciones formuladas.


5. Inconforme con esta decisión el extremo demandado formuló recurso de alzada, el cual fue decidido por el Tribunal Superior de Neiva - Sala Civil – Familia- Laboral, mediante sentencia del 24 de enero de 2018, confirmando en todas sus partes la sentencia apelada.


6. La parte vencida mostró su disentimiento con lo así definido interponiendo recurso de casación, que fue debidamente concedido, y por cumplir con las formalidades de ley fue admitido por esta Corporación en auto de veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018).


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Para sustentar la súplica extraordinaria se formula la demanda esgrimiendo dos (2) cargos, con soporte en las causales primera y segunda del artículo 336 del Código General del Proceso.


CARGO PRIMERO


Al amparo de la causal primera de casación imputa a la decisión ser «violatoria de la ley sustancial, del numeral 6o del artículo 6o de la Ley 75 de 1968, que relaciona la posesión notoria del estado de hijo como presunción de paternidad extramatrimonial, la cual cumple probarse conforme a lo dispuesto en los artículos 5o y 6o de la Ley 45 de 1936 y el 398 del Código Civil, modificado por el artículo 9o de la Ley 75 de 1968, norma que fue indebidamente aplicada por el Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil».


Como sustento de dicha acusación, anota «En nuestro ordenamiento jurídico las relaciones de familia están determinadas por vínculos biológicos o jurídicos, así para efectos de establecer la filiación de una persona las presunciones consagradas por la ley tienen su fuente en el trato sexual entre los presuntos padres, no obstante, a pesar de que la mayoría de normas que regulan el tema de la filiación están encaminados a establecer el vínculo consanguíneo entre los presuntos padres y el presunto hijo, el ordenamiento legal de antaño, consagró una presunción de paternidad extramatrimonial, donde no se exigía como requisito para establecer las relaciones carnales del demandado con la madre del demandante , determinando que hay lugar a declararla judicialmente, “cuando se acredita la posesión notoria del estado de hijo”».


A continuación se refiere a los presupuestos que la doctrina y la jurisprudencia nacional han establecido para que se configure la «posesión notoria» del estado de hijo citando al respecto sentencias de esta Corporación «(G.J. t. CCXXV, pág. 522; reiterada en SC) (SC, 3 oct. 2003 rad. 6861» y la «(SC 14 sep. 1972 y SC 5 nov. 1978)».


CARGO SEGUNDO


Lo apuntala en la causal segunda de casación, por considerar que la sentencia «violó indirectamente ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado [del] desconocimiento de la aplicación de la jurisprudencia en cuanto a las reglas que la Corte ha usado al momento de resolver este tipo de casos».


Acorde con esto se refiere al problema jurídico que se planteó el tribunal, en relación con el reconocimiento o no del estado civil del hijo de crianza, a partir de lo manifestado en múltiples decisiones judiciales en las cuales se les reconocen algunos derechos, haciendo mención de algunas de las afirmaciones que hiciera en juzgador frente a la línea jurisprudencial referente a la temática y que para dicha colegiatura «más allá del origen biológico de mi poderdante la señorita LEIDY JOHANNA BARRIOS GUZMÁN, está demostrado en el caso en particular que el señor Gentil Barrios Cardozo, fue un verdadero padre que acogió en su seno a la demandada como hija de crianza».


Sostiene que el tribunal obvió lo que ha dicho la jurisprudencia en relación con el hijo de crianza, en particular la sentencia de tutela T- 705 de 2016, de la cual cita unos apartes, para decir que «probada la existencia de la calidad de hijo de crianza de mi prohijada, como lo determina el alto tribunal en la sentencia, dicha declaración de hijo de crianza no fue llamada a prosperar desconociendo el alcance jurisprudencial que dicho concepto ha sido integrado a nuestro ordenamiento».


A partir de esto manifiesta, que «[A] pesar de encontrarse probada la situación, el tribunal se negó a reconocer jurídicamente el vínculo del hijo de crianza y sus efectos patrimoniales sobre los derechos herenciales que se le reconocen con la filiación que realizó el causante GENTIL BARRIOS CARDOSO», desconociendo así no sólo derechos patrimoniales como heredera, sino derechos fundamentales a la personalidad jurídica y libre desarrollo de la personalidad.


Remata diciendo, que «[D]e haberse dado la connotación debida al probarse los presupuestos de hijo de crianza mi poderdante, el Tribunal no habría confirmado el fallo de primera instancia, al ordenar en virtud del reconocimiento de hija de crianza, negar las pretensiones de la demanda, y como consecuencia del reconocimiento de hija de crianza o la posesión notoria del estado civil, se reconoce como hija del causante GENTIL BARRIOS CARDOSO, siendo única heredera del mismo» (sic).


CONSIDERACIONES


1. El recurso de casación, atendiendo su naturaleza extraordinaria, y de acuerdo con las reglas del ordenamiento procesal civil deviene como un medio impugnativo formalista y dispositivo, lo cual significa que en su formulación y sustentación, quien propugne por sus efectos, debe observar el cumplimiento de un mínimo de exigencias de orden técnico, dispuestas por el artículo 344 del Código General del Proceso, así como la multitud de providencias proferidas, en ese sentido, por esta Corporación, que ratifican esa condición.


De igual manera habrá de tenerse presente que por la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deberá desplegar su carga argumentativa en la demostración de la infracción, puntualmente, en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir también si de violación indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracción normativa


Lo anterior en razón al carácter dispositivo del recurso extraordinario, que impone a la Corte decidir dentro de los precisos límites demarcados por la censura, si la decisión objeto de opugnación se ajusta o no a la ley sustancial, o, en su caso a la procesal.


2. El desconocimiento de las exigencias formales y técnicas que debe cumplir la demanda de casación, en línea de principio, obligan a su inadmisión, impidiendo así que la Corte pueda adentrarse al estudio de fondo del asunto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 345 ídem.


No obstante lo anterior, habrá de tenerse en cuenta que con el propósito de que la Corte cumpliera los fines que le son propios el legislador ha venido morigerando desde antaño aquel ritualismo que le era inherente, es así como el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 (adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998), eliminó el imperativo de formular una ‘proposición jurídica completa’ cuando la censura se soporta en la infracción de una norma de derecho sustancial, al disponer que en tal evento resultará suficiente la indicación de cualquier precepto de esa naturaleza que, a juicio del recurrente, constituyó o debió ser la base esencial del fallo impugnado, permitiéndole además, la posibilidad de escindir o conjuntar los cargos, cuando ello resulte posible y resolver según corresponda, de suerte que la inadmisión de la demanda por mixtura resulta excepcional.


Posteriormente, la ley 1285 de 2009, en su artículo 7° confirió a las distintas Salas que conforman la Corporación la potestad de seleccionar aquellas sentencias que estimaran de manera razonada y motivada merecen la atención de esta colegiatura, al decir que «Las Salas de Casación Civil y Agraria, Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como Tribunal de Casación, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos».


Tal disposición habilitó a la Corte para que en aquellos eventos en que advierta la vulneración flagrante de derechos constitucionales de las partes, o del ordenamiento sustantivo, en contravía de la recta y uniforme interpretación de las normas o del precedente judicial que irrogan agravios injustificados a las partes que deben ser reparados, asuma oficiosamente el estudio de fondo del asunto, aun cuando la demanda no satisfaga las exigencias formales y técnicas que legal y jurisprudencialmente se le imponen. Prerrogativa respecto de la cual la Corte Constitucionalidad al examinar su exequibilidad apuntó:


«(…) Es importante advertir que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual, mientras que la casación hace parte de los recursos principales (aunque extraordinarios) para controvertir una sentencia. De esta manera, una vez el Legislador ha definido los criterios de procedencia de la casación, es cuando menos razonable que la persona tenga derecho a obtener una decisión judicial en la que conozca debidamente los motivos por los cuales su caso va o no a ser examinado a fondo.


“En este orden de ideas, la Corte concluye que el inciso tercero del artículo 7º del proyecto no puede ser concebido como un mecanismo de selección o escogencia absolutamente discrecional en materia de casación, pues ello desvirtuaría su estructura básica en detrimento de las garantías del debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia.


“Si bien es plenamente legítimo que se otorgue a la Corte Suprema de Justicia la facultad de selección de los asuntos que serán objeto de pronunciamiento a fondo en materia de casación, no puede utilizarse el mismo criterio previsto para la eventual revisión de los fallos de tutela, en particular en lo relacionado con el deber de motivación. Por lo tanto, se condicionará la constitucionalidad de la norma, en el entendido de que la Corte Suprema de Justicia debe motivar la no escogencia, cuando se pronuncie sobre la admisión del recurso de casación. Motivación que habrá de hacerse con base en elementos del debate relativos a los fines de la casación, de manera que se asegure un pronunciamiento con parámetros objetivos de escogencia» (Corte Const. Sent. C-713 de 15 de jul. de 2008).


Esa facultad de selección vino a ser afianzada con la expedición del Código General del Proceso, el virtud del cual podrá la Corte de un lado inadmitir la demanda, aun cuando satisfaga las exigencias de ley: «1. Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido; 2. Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento; 3. Cuando no es evidente la trasgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del recurrente». Más aún, habilita a la Corporación para que si llegado el asunto a fallo y se adviertan deficiencias técnicas en la formulación de los cargos pueda «casar la sentencia, aun de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales».


Frente a esas posibilidades de selección, en asunto reciente esta Corporación indicó lo siguiente:


«Tiene lugar la primera cuando la Corte, en uso de sus atribuciones derivadas directamente del comentado inciso segundo del artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, que modificó el séptimo de la Ley 270 de 1996, selecciona -utilizada esta palabra en el sentido propio, es decir, el de la definición antes transcrita- una sentencia para hacer un estudio exhaustivo y proferir una eventual decisión de fondo con miras al cumplimiento de los fines previstos en el comentado inciso y atinentes a la protección de derechos constitucionales, control de legalidad de los fallos y a la unificación de la jurisprudencia.


Por esta vía, es procedente interpretar que el inciso último del artículo 336 del CGP, atinente a las causales de casación, vino a constituir un desarrollo o reglamento de tal facultad, pues habilitó a la Corte para “casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público (sic), o atenta contra los derechos y garantías constitucionales”, lo que supone entonces que el Tribunal de Casación pueda dejar de lado aspectos formales que le llevarían a la inadmisión de la demanda de casación, por ejemplo, con miras a seleccionar, preferir o escoger la sentencia objeto de su pronunciamiento -forzosamente la que ya está siendo estudiada por la Corte en virtud del recurso de casación interpuesto- para los anotados fines.


Y tiene lugar la segunda, la denominada impropiamente como selección negativa, al tenor de lo decidido en la sentencia C7013-2008 de la Corte Constitucional, “previa tramitación conforme a las reglas y requisitos específicos que establezca la ley” en decisión adoptada “al momento de decidir sobre la admisión del recurso de casación”, por supuesto motivada.


Esta selección negativa, exclusión, descarte o rechazo fue reglamentada en el Código General del Proceso, pues su artículo 347 permite que la Sala, aunque la demanda de casación cumpla con los requisitos formales, la inadmita en los eventos allí previstos, disposición ajena a estas consideraciones». (CSJ AC1226-2018 de 3 de abr. de 2018, rad. 2015-00382-01).


3. Tal recuento se hace necesario en el presente caso, por cuanto revisada la demanda sustentatoria del recurso de casación se advierte, que los cargos formulados contra la sentencia impugnada no resultan idóneos para su estudio de fondo.


Lo anterior, puesto que el primer cargo no pasa de ser un simple alegato, en los que se evoca las posturas que frente a la presunción prevista en la ley 75 de 1968 ha sentado la jurisprudencia de esta Corporación, desatendiendo la exigencia que se impone cuando se alega la violación directa de norma sustancial, de citar las disposiciones de este linaje que siendo base fundamental del fallo o que debieron serlo resultaron trasgredidas, pues los artículos invocados en su demanda no resultan aplicables al caso, aunado a que no se advierte el reparo concreto que se hace a la sentencia impugnada, puesto que, en parte alguna se pone de relieve cuál fue el desacierto del juzgador de cara al supuesto de impugnación de la paternidad puesto a su consideración, habida cuenta que si el juicio de impugnación de la paternidad adelantado contra la demandada se definió con soporte en las resultas que arrojó la prueba pericial no bastaba memorar posturas legales y jurisprudenciales referentes a la “posesión notoria del estado de hijo”, sino que era imperativo demostrar por qué el desatino grosero de la decisión impugnada, soportada en las resultas de la prueba científica, carga que no atendió.


Igual desatino se advierte en el segundo cargo, porque se esgrime como soporte la causal contenida en el numeral 2° del artículo 336 del Código General del Proceso, que refiere a la violación indirecta de norma sustancial, pero omitió indicar las normas sustanciales que fueron trasgredidas, amen que no se citó ninguna, lo que sumado al hecho de que al haber enfilado la censura por el error de iure, tampoco satisfizo la obligación de indicar las normas de naturaleza probatoria que se consideran vulneradas y, mucho menos, señaló –como le correspondía- las pruebas que, a su juicio, desde el aspecto objetivo fueron indebidamente apreciadas.


Tales falencias resultarían suficientes para inadmitir ambos cargos, poniendo fin al tránsito de la sentencia impugnada por la Corte.


4. Empero, al margen de esas falencias, debe adelantarse un estudio de fondo de lo que los cargos y la sentencia abordan en punto de la impugnación de la paternidad de los hijos reconocidos voluntariamente a sabiendas de la inexistencia del parentesco de consanguinidad, en atención a los caros intereses (derechos fundamentales de filiación de las partes) en juego, si en cuenta se tiene que la ley reconoce el derecho a impugnar esa paternidad a partir del conocimiento cierto que el padre tiene acerca de que no lo es de quien pasa por su hijo, so pena de caducidad y no reconoce esa facultad de manera indiscriminada.


5. Consecuente con lo anterior la Corte, en uso de las atribuciones que le confiere el segundo inciso del artículo 7º de la ley 1285 de 2009, modificatorio del 16 de la ley 270 de 1996, hará uso de la selección positiva antes explicada, lo que correlativamente impone que para hacer efectivo el derecho de contradicción y defensa se deba dar traslado a la parte opositora del recurso, con miras a que ejerza estos derechos si a bien lo tiene, por el término dispuesto para la admisión de la demanda.


DECISIÓN


Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil,


RESUELVE:


Primero. SELECCIONAR la sentencia de 24 de enero de 2018, proferida por la Sala Civil- Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario de impugnación de la paternidad que en su contra promovieron Noel, Flor María, Jairo e Israel Barrios Cardozo.


Segundo. DAR TRASLADO a la parte opositora por el término legal.



Notifíquese y cúmplase




MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada