AC4420-2018

Radicación n. º 11001-02-03-000-2018-02399-00


Bogotá D.C., nueve (09) de octubre de dos mil dieciocho (2018).


La Corte decide el recurso de queja interpuesto por MARÍA NELLA JORDÁN HERNÁNDEZ contra el auto del 6 de abril del año en curso, mediante el cual, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta no concedió el recurso extraordinario de casación en relación con la sentencia de segunda instancia emitida en el juicio declarativo de responsabilidad civil contractual que promovió contra la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A., hoy SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.


I. ANTECEDENTES


1. La accionante solicitó declarar que a la muerte de Edgar Torrado Sarabia estaba amparada por el contrato de seguro que existió entre éste y la demandada, siendo ella  beneficiaria; en consecuencia pidió que ésta última le pague la respectiva póliza, y de no prosperar tales pretensiones, reconocerle los daños y perjuicios que le fueron ocasionados, debidamente indexados y actualizados. En el acápite de «cuantía» refirió que el valor de sus pretensiones «correspondía a  la efectividad del valor asegurado en la póliza No. 7052782, que para el año 2010 [ascendía a] doscientos noventa y nueve millones de pesos (299´000.000.00), más los intereses e indexaciones a que haya lugar» (fls. 7 y 8, cdno. 1). 


2.        El 15 de marzo de 2018, el ad-quem confirmó integralmente la sentencia del a-quo, que desestimó las pretensiones del pliego inicial (fls. 31 y 32, ídem).


3. Inconforme con lo resuelto, la demandante interpuso recurso de casación, aduciendo que el valor actual de la resolución que le fue desfavorable es «novecientos setenta y un millón trescientos once mil novecientos sesenta y cinco mil pesos ($971.311.965)», que supera los mil (1000) SMLMV exigidos para acudir a dicho mecanismo extraordinario, considerando el monto del seguro («doscientos noventa y nueve millones de pesos ($299.000.000)»), los intereses moratorios que «deben reconocerse ex officio» y la indexación (fls. 33 a 36, Op. Cit).


4. Mediante auto del 6 de abril último, la Magistrada Ponente negó la concesión del recurso por no satisfacerse el requisito de cuantía exigido para tal fin, pues de conformidad con la demanda, la peticionaria pretendió, únicamente, el pago del valor asegurado en la póliza No. 7052782, sin hacer referencia expresa a los intereses moratorios, y, bien se sabe, «al fallador le está vedado reconocer pretensiones que expresamente no hubiesen sido invocadas en la demanda»; además, esgrimió, aun cuando de manera subsidiaria se hubiese reclamado el reconocimiento de los daños y perjuicios debidamente indexados y actualizados, lo cierto es que ello «tampoco t[endría] la virtualidad de sobrepasar el límite del interés económico para recurrir en casación» (fls. 14 al 23, ibídem).


5. La interesada interpuso reposición y en subsidio queja, aduciendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio, el estudio de la concesión del recurso de casación exige tener en consideración los intereses moratorios allí establecidos, pues se trata de una norma que impone una obligación jurídica «[de] carácter imperativo, al tenor del articulo 1132 ibídem», siendo entonces uno de los supuestos en que éstos deben ser reconocidos ex officio, por lo que, concluyó, el Tribunal debía pronunciarse respecto al reconocimiento de los mismos, fuera acogiéndolo o desestimándolo; a más de que, alegó, en el acápite de cuantía expresamente se resaltó que ésta superaba los noventa (90) SMLMV, toda vez que, a su juicio, el valor de sus pretensiones responde «a la efectividad del valor asegurado de la póliza No. 7052782, que para el año 2010 correspondía a la suma de doscientos noventa y nueve millones de pesos ($299.000.000), más los intereses e indexaciones a que haya lugar”» (fls. 37 a 39, ídem).


6. El 30 de julio siguiente, el Tribunal mantuvo su providencia inicial y ordenó reproducir algunas piezas procesales para surtir la queja, destacando que «el interés para recurrir está supeditado al valor económico de la relación judicial sustancial, la cual se evalúa, tal y como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia, el día del fallo, pues cuando la “sentencia es íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma”»; así pues, expuso que «aun cuando la demandante afirma que de oficio compete al juez de instancia reconocer los réditos por concepto de mora en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, lo cierto es que dicha afirmación va en contravía del principio de la congruencia, pues téngase en cuenta que al juez le está vedado en materia civil reconocer prestaciones que no fueron reclamadas expresamente en la demanda» (fls. 47 a 49, ib.).


7.        Presentándose en tiempo el recurso, y habiendo arribado a esta Corporación las reproducciones ordenadas por el Tribunal, no hubo pronunciamiento del extremo demandado durante el término de traslado.


III.        CONSIDERACIONES


1. De conformidad con lo previsto en el artículo 352 del Código General del Proceso, la queja procede contra el auto que niega conceder el recurso extraordinario de casación, razón por la cual, la competencia de esta Corporación se restringe a examinar si el pronunciamiento del Tribunal sobre esa materia, mantenido al definir la respectiva reposición, se ajusta a la ley.


2. Cumple recordar, que el artículo 338 de la norma en cita señala que cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede siempre que «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 SMLMV)», que traducidos a pesos en 2018, año de emisión de la sentencia de segunda instancia, ascienden a setecientos ochenta y un millones doscientos cuarenta y dos mil pesos ($781.242.000,oo).


Dicho interés, por tanto, está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, vale decir a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo, aunque, cuando la «sentencia es íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma, siendo imperativo someterse a los parámetros que el aludido escrito establece» (CSJ AC1155, 11 mar. 2014, rad. nº 2013-03013-00, recientemente reiterado en CSJ AC8751, 19 dic. 2017, rad. nº 2017-03269-00).


3.        Este caso, y luego de una revisión integral del escrito de postulación, se observa que María Nella Jordán Hernández, demandante, solicitó, de manera principal, se ordene a Seguros de Vida Suramericana S.A. realizar el pago de la póliza No. «7052782», de la cual ella es beneficiaria, y subsidiariamente, reconocer en su favor los daños y perjuicios que le fueron ocasionados tras la «inoperancia del [respectivo] contrato de seguro de vida», indexados y actualizados. Sólo por fuera del marco de las súplicas, en el acápite de cuantía, señaló que esta superaba «los noventa (90) SMLMV», y agregó que sus pretensiones abarcaban «la efectividad del valor asegurado en la [mentada] póliza, que para el año 2010 correspondía a la suma de doscientos noventa y nueve millones de pesos ($299.000.000,00), más los intereses e indexaciones a que hubiere lugar» (fls. 6 y 7, cndo. 1). 


4. De lo anterior se vislumbra entonces, que razón tuvo el Tribunal al negar la concesión de la alzada, pues la suma de las peticiones expresamente elevadas por la interesada de manera alguna supera la exigida para recurrir en casación, si se tiene en cuenta que en atención a las documentales obrantes en el plenario, el valor amparado con la póliza de seguro No. 7052782-1, que por esta vía es reclamada, únicamente asciende al monto de doscientos noventa y nueve millones de pesos ($299.000.000) (fl. 18, ídem), conclusión a la que se arriba aun cuando éste fuera debidamente indexado conforme a la carga que se impone de oficio al Juzgador, la que se entiende «pedida en forma implícita, porque contrario a como se había sostenido, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda no aplica como una especie del perjuicio, sino que obedece a la variación externa de una misma obligación» (CSJ SC5366, 5 may. 2014, rad. nº 2003-00527-01), toda vez que tampoco se excede así el límite de interés económico requerido.


Ahora bien: la recurrente alega que en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, al juez de instancia le atañe reconocer de oficio los intereses moratorios a que se encuentra obligada la compañía aseguradora cuando deja de pagar la correspondiente indemnización dentro del mes siguiente a la fecha en que la misma es reclamada, por lo que, se infiere, esos réditos se incorporarían al detrimento patrimonial producido por el fallo del ad-quem; sin embargo, rápidamente ese argumento se descarta al memorar que en criterio de esta Sala «los intereses moratorios a cargo de la compañía de seguros cuando, en virtud de la reclamación, deja de pagar el valor de la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredita, judicial o extrajudicialmente, la ocurrencia del siniestro y la cuantía del mismo (artículo 1080 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999). Sin embargo, como esos réditos no fueron demandados, la Sala, por respeto al principio de congruencia, no los puede reconocer de oficio» (CSJ SC5366-2014, del 5 de mayo de 2014).


5. Finalmente, no es dable aquí tener en consideración el acápite de cuantía de la demanda a fin de determinar el interés económico para acceder a la vía excepcional, pues como precedentemente lo ha dicho esta Corte, «el argumento propuesto por el quejoso en el sentido de tomar como referente el valor indicado en el acápite de cuantía de la demanda ordinaria no puede tenerse de recibo como quiera que tal indicación solo tiene la finalidad de determinar la competencia y no el interés para recurrir» (CSJ AC 13 dic. 2013, rad nº. 2013-01677-00). Además, cumple indicar que no se está acá ante un supuesto en el que la demanda sea indescifrable, o que no se ajuste a la claridad y precisión, como para emprender una tarea de auscultar el genuino querer de la accionante; por el contrario, el texto de lo pretendido es bastante diáfano, y en éste no se advierte que a la jurisdicción se haya deducido el reclamo de intereses por el no pago de la suma o valor asegurado, y como esto no fue así, como en realidad aconteció, el detrimento patrimonial que hizo aflorar el fallo confutado, no fue más allá de doscientos noventa millones de pesos ($290.000.000) y su corrección, cifras que, se reitera, no superan el equivalente a mil (1000) SMLMV.


Conclusión necesaria de lo anterior, es que el monto que en punto de la cuantía refirió la aquí recurrente, no puede de ninguna manera tenerse en cuenta para calcular si se alcanza el umbral para acudir en casación, pues, como se ha dejado entrever, en aquellas ocasiones en las cuales la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, «su interés para recurrir en casación estará definido por lo pedido en la demanda» (CSJ AC, 5 sep. 2013, rad nº. 2013-00288-00).


6. En consecuencia, como la impugnante no tiene el interés para recurrir que alega, se declarará bien denegada la casación.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.- DECLARAR bien denegado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de marzo de 2018 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil contractual de MARÍA NELLY JORDÁN HERNÁNDEZ contra la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A., hoy SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.


SEGUNDO.- Devuélvase lo actuado a la Corporación de origen. Ofíciese.



Notifíquese,





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado