AC4423-2018

Radicación n.º 23162-31-03-001-2012-00072-01


Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018).


Admitido el recurso de casación en el presente caso, procede emitir el pronunciamiento de rigor. 


ANTECEDENTES


1.        Mediante escrito conjuntamente presentado por los apoderados judiciales de los actores, el 21 de febrero de 2018, se formuló impugnación extraordinaria (folio 19 del cuaderno apelación de sentencia), la cual fue concedida el 16 de marzo siguiente (folios 198 y 199 ídem).


2.        El pasado 9 de mayo esta Corporación admitió el recurso, al encontrar que reunía los requisitos legales y ordenó correr traslado común a los censores por el término de 30 días para la presentación de la demanda (folio 4 del cuaderno Corte).


3.        El período legal para los efectos del inciso 1º del canon 343 del Código General del Proceso concluyó el 26 de junio de 2018, interregno en el cual se trajo el escrito visible a folios 9 a 24 y se aportaron dos CDS (folios 7 y 8) por quien adujo actuar «como apoderado de la parte demandante».


4.        A «fin de definir en punto a la aducción conforme a derecho», mediante auto de 25 de septiembre anterior se dispuso que previamente a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación, la parte impugnante, en el término de 3 días, debía acreditar «la radicación previa del acto de procuración», de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes ídem, en orden a demostrar «la facultad legal de Charles David Chávez Bruges para haber presentado la demanda extraordinaria en nombre y representación de [la misma]» (folio 26 ibídem).


5.        Según informe secretarial de 2 de octubre de 2018, este plazo transcurrió en silencio (folio 27, cuaderno Corte).


CONSIDERACIONES


1.        El remedio de la casación, por su naturaleza extraordinaria, se encuentra sometido a un riguroso trámite para su interposición, admisión y sustentación, cuyo desconocimiento conllevará al fracaso del mismo.


En particular, el artículo 343 del estatuto procesal vigente dispone que, una vez concedido y admitido el recurso, se otorgará un plazo de 30 días para que los recurrentes formulen los cargos contra la decisión de última instancia.


Este término, de orden legal «correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió», conforme el inciso segundo del canon 118 ídem, lapso perentorio e improrrogable (artículo 117 ibídem), que no puede ser derogado, modificado o sustituido por los funcionarios o particulares, de suerte que una vez extinguido concluye la oportunidad procesal para sustentar la casación, caso en el cual el magistrado ponente deberá declarar desierta la censura si ésta no se presenta oportunamente.


Colíjase, entonces, que la formulación tempestiva de la sustentación es una carga procesal para el interesado, quien deberá asumir el efecto de su desobediencia, como es la proclamación de deserción.


2.        La formulación de la sustentación, como cualquier acto de parte, debe satisfacer las reglas propias del derecho de postulación, esto es, quien actúa debe acreditar que lo hace «como profesional del derecho, bien sea personalmente en causa propia o como apoderado de otra persona»1. Por tanto, el sujeto que no es abogado precisa designar uno para que lo represente, salvo en los casos que la ley permita su intervención directa (art. 73 C.G.P. in fine), con el lleno de las exigencias formales estatuidas para el poder especial o general según el artículo 74 de la misma obra.


En otros términos, para satisfacer la carga del escrito de impugnación, no basta que se archive un documento al proceso con este fin, sino que el mismo debe ser allegado por quien está facultado para actuar en el juicio y por medio del apoderado debidamente designado, so pena que no sea posible abrir las puertas de la opugnación. Y es que no es dable atribuir a una parte un acto realizado por alguien ajeno al trámite, por el solo hecho de que éste afirme actuar en desarrollo de su encargo, pues para esto se exige el poder escrito, formalidad necesaria para el reconocimiento de la procuración.


3.        En el caso bajo examen tienen relevancia para decidir los siguientes hechos acreditados en el expediente:


3.1.        Mirna Georgina Otero Cogollo, Alejandro Otero Díaz, Sergio José Otero Molina, Teresa de Jesús Otero Molina y Luz Venia Otero Molina confirieron poder al abogado Jaime Márquez Mendoza para instaurar proceso de nulidad de testamento cerrado «otorgado por Héctor Alejandro Otero Herrera por escritura pública n.º 2353 de 12 de noviembre de 1998 de la Notaría Primera de Montería», contra Alexandra Isabel Otero Carrascal, Víctor Alejandro Otero Ruiz, Cándida Otero Ruiz, Orlando Otero Mejía, Héctor Otero Pico y herederos indeterminados de Héctor Alejandro Otero Herrera (folios 1 a 12, cuaderno 1, rad. 2012-00072).


3.2.        Asunto asignado al Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté, bajo el radicado 23162-3184-001-2012-00072 y admitido el 25 de junio de 2012 (folios 2 y 3, cuaderno adicional rad. 2012-00072).


3.3.        En febrero de 2014 la causa pasó al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, dado el impedimento aceptado al funcionario que la conocía (folios 140 y 141, cuaderno 2, rad. 2012-00072).


3.4.        Ante el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Montería, iguales demandantes y con el mismo apoderado incoaron demanda de nulidad de testamento cerrado «otorgado por Héctor Alejandro Otero Herrera por escritura pública n.º 1524 de 1º de septiembre de 2003 de la Notaría Primera de Montería», contra idéntica parte accionada, en la que pidieron tener como litisconsortes necesarios a Orlando Otero Mejía, Eris María Otero Guzmán, Orlando Otero Mejía, Luis Agatón Otero Hernández y Alejandro Otero Ortiz, repartida bajo el n.º 23013110002013-00224 (folios 3 a 10, cuaderno radicado 2013-00224).


3.5.        Por auto de 27 de agosto de 2015 se dispuso remitir este último trámite al Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Cereté, a fin de resolver la acumulación de procesos solicitada (folio 170 ídem).


3.6        El 28 de septiembre de 2015 se acumularon los juicios de nulidad de los dos (2) testamentos (folio 279, cuaderno 2, rad. 2012-00072).


3.7.        Rafael de Jesús Arrieta Otero, invocando la condición de sucesor procesal de Luz Venia Otero Molina (q.e.p.d.), dio poder a la abogada Beatriz Elena Márquez Rodríguez para que lo hiciera «reconocer como sucesor procesal… en este asunto y para que en [su] nombre y representación se d[iera] por enterada de la tramitación de la solicitud de acumulación» (folios 276 a 278, cuaderno 2, rad. 2012-00072).


3.8.        Mediante sentencia de 7 de julio de 2017, el fallador desestimó las excepciones de mérito de «ausencia de causal de nulidad absoluta» y «prescripción extintiva de la acción de invalidez o nulidad relativa»; declaró la nulidad absoluta de los testamentos recogidos en las escrituras públicas n.º 2353 de 12 de noviembre de 1998 y 1524 de 1º de septiembre de 2003, ambos otorgados en la Notaría Primera de Montería, cuya apertura se realizó por instrumentos públicos n.º 2026 y 2025 de 30 de agosto de 2011, respectivamente (folios 324 a 327, cuaderno 2, rad. 2012-00072).


3.9.        En el curso de la apelación presentada por la parte demandada, el apoderado judicial de los demandantes sustituyó el poder conferido por Teresa de Jesús Otero Molina en el abogado Germán Márquez Ruiz (folio 11 del cuaderno apelación).


3.10.         El 19 de febrero de 2018 el Tribunal desató la alzada y revocó la declaración de «nulidad absoluta de la memoria testamentaria contenida en la escritura pública n.° 2353 de 12 de noviembre de 1998 de la Notaría Primera del Círculo Notarial de Montería, cuya apertura se realizó en el mismo despacho notarial mediante escritura pública n.° 2026 del 30 de agosto de 2011, revocando por ende la decisión de ordenar la cancelación del acto escritural contentivo en el mencionado acto testamentario», en lo demás confirmó el proveído del a-quo (folios 12 a 18, cuaderno apelación).


3.11.         Los profesionales del derecho Jaime Márquez Mendoza y Germán Márquez Ruiz interpusieron oportunamente la casación (folio 19 ídem). En lo sucesivo, el primero de los apoderados expresó que reasumía el mandato que había sustituido en el segundo (folios 20 a 196 ibídem).


3.12.         El 16 de marzo de 2018 el ad-quem concedió remedio extraordinario (folios 198 y 199 ejusdem), admitido por la Corte el 9 de mayo de esta calenda disponiendo el traslado para sustentarlo, actuación que se hizo en beneficio de los litisconsortes que integraban la parte actora (folio 4, cuaderno Corte).


3.13. El 26 de junio el abogado Charles David Chávez Bruges, se anunció como apoderado de la parte demandante y, con esta atribución, presentó el escrito visible a folios 9 a 24 de esta encuadernación, y los acompañó de 2 CDS (folios 7 y 8, cuaderno Corte), respecto de los que manifestó traían las audiencias de primera y segunda instancias.


3.14.  El 25 de septiembre de 2018 el Despacho, previo a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación, en orden a definir en punto a la aducción conforme a derecho, dispuso que los censores en el término de tres (3) días acreditaran «la radicación previa del acto de procuración según las previsiones de los artículo 74 y siguientes [C.G.P.], de tal forma que se dem[ostrara] la facultad legal de Charles David Chávez Bruges para haber presentado la demanda extraordinaria en nombre y representación de los mismos», determinación notificada en estado del día 26 de dicha mensualidad (folio 26 y reverso ídem).


3.15. El 2 de octubre siguiente la Secretaría de la Sala informó que venció el plazo concedido para aportar el documento, sin que los recurrentes lo hubieran hecho (folios 27 ibídem).


4.        Refulge, de las actuaciones descritas en precedencia, que quien presentó el libelo soporte de la impugnación extraordinaria, valga reiterarlo, Charles David Chávez Bruges, no era la persona reconocida en el proceso para actuar en nombre de los demandantes -Mirna Georgina Otero Cogollo, Alejandro Segundo Otero Díaz, Sergio José Otero Molina, Teresa de Jesús Otero Molina y Rafael de Jesús Arrieta Otero-, por cuanto el poder fue conferido a Jaime Márquez Mendoza, quien venía actuando en las diversas instancias e interpuso para lograr la concesión del recurso extraordinario, sin que se haya arrimado una nueva procuración a favor de otro abogado o se le revocara al anterior.


De allí que Charles David no ostentaba el derecho de postulación, de lo que indefectiblemente se concluye que sus actos no vinculan a los impugnantes, quienes simplemente omitieron actuar dentro del término legal, a través de su procurador judicial, para presentar la demanda de casación, imponiéndose la deserción del recurso, acorde con el artículo 343 del Código General del Proceso.


Máxime si se tiene en cuenta que, a pesar de que el Despacho concedió un lapso de tres (3) días para aportar la «radicación previa del acto de procuración», los censores guardaron silencio, por lo que se desperdició una oportunidad otorgada oficiosamente para clarificar el acto de procuración y develar la pieza procesal en que constaba el encargo entregado al abogado Chávez Bruges, condición sin la cual sus actos son extraños a la foliatura y no pueden entenderse realizados por cuenta y riesgo de los impugnantes.


En un asunto de similares contornos al de ahora, la Sala estimó que como «el abogado que suscrib[ió] la demanda de casación no e[ra] la persona reconocida en el proceso como apoderada judicial de la parte recurrente; que no ha[bía] poder otorgado por ésta a aquél y que tampoco se allegó escrito de sustitución», decidió tener «por no presentada la misma, por no satisfacerse el derecho de postulación reglado en el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil», norma básicamente reproducida en el artículo 73 del Código General del Proceso; en virtud de lo expuesto, declaró «desierto el recurso, toda vez que ya transcurrió el término de traslado otorgado para el efecto…» (CSJ AC, 23 may. 2003, rad. 11287-01), como aquí se hará. 


En suma, se tendrá por no presentada la demanda de casación, se declarará desierto el recurso y se ordenará la devolución del expediente al Tribunal de origen.


5.        De otro lado, el artículo 345 de la misma obra procesal prescribe que la condena en costas es imperativa cuando se reconoce la deserción. Empero, esta regla debe interpretarse de forma sistemática con el numeral 8 del artículo 365 ibídem, el cual preceptúa que «[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».


En el caso bajo estudio, dado que la impugnación se encontraba en la fase introductoria y no aparece acreditado en el expediente que la contraparte procesal incurriera en erogaciones con ocasión del trámite extraordinario, no es procedente imponer condena en costas.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:


Primero. Tener por no presentada la demanda con la que se pretendió sustentar la impugnación extraordinaria formulada por la parte convocante, frente a la sentencia de fecha y procedencia anotadas.


Segundo. Declarar desierto el recurso de casación.


Tercero. Sin condena en costas por no estar comprobado que se causaron.


Cuarto. Oportunamente el expediente deberá devolverse al Tribunal de origen.


Notifíquese.



AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado


1 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal. Tomo I. Teoría General del Proceso, Séptima Edición, 1979, Pág. 346.