AC4425-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02742-00



Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018).


Decídese el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Séptimo Civil Municipal de Cartagena (Bolívar) y Veintisiete Civil Municipal de Barranquilla (Atlántico), en el trámite de la demanda de simulación promovida por Francisco Romano Muñoz en representación de la sucesión de Hugo Romano Fedullo y Ángela Muñoz de Romano contra Fiorella Romano Muñoz y Luis Romano Muñoz.


ANTECEDENTES


1. Ante el primero de los despachos en mención, el actor instauró demanda pidiendo se declare simulado absolutamente, el contrato de compraventa contenido en la escritura pública # 604 de 8 de marzo de 1993, otorgada en la Notaría Cuarta de Barranquilla; se disponga la cancelación del acto y su registro, así como los posteriores inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria del bien objeto del pacto; su devolución a la Sociedad Romano & Cía. Limitada en liquidación (folios 6 a 15, cuaderno 1).


En el libelo la convocante invocó que ese juzgado es el competente, por «la naturaleza del asunto,…el lugar de celebración del acto, la ubicación del bien inmueble y la vecindad de uno de los demandados…» (folio 14, ejusdem).


2. El despacho judicial de esa ciudad la rechazó por falta de competencia territorial, porque aún cuando el domicilio de uno de los convocados es el municipio de Cartagena, como el inmueble objeto del negocio jurídico impugnado se encuentra ubicado en Barranquilla, y en esta localidad se celebró el contrato, el competente es el juzgado de la misma conforme con a los numerales 3º y 7° del artículo 28 del Código General del Proceso, a donde remitió el libelo (folios 59 a 61, ibídem).


3. El juzgado receptor del expediente declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que el funcionario de origen no debió apartarse del asunto, dado que el demandante eligió interponer el escrito genitor en Cartagena, de acuerdo con el numeral 1° del precepto 28 de la codificación adjetiva y no es viable aplicar el fuero regulado en el numeral 7° del artículo 28 referido, puesto que la acción de simulación no corresponde al ejercicio de un derecho real (folios 63 y 64, ídem).




CONSIDERACIONES


1.        Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional involucra juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.


2. El numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general de competencia territorial, el domicilio del demandado, con la precisión de que si éste tiene varios domicilios, o son varios los demandados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elección del demandante; además de otras pautas para casos en que el demandado no tiene domicilio o residencia en el país.


A su vez, el numeral 3° dispone que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».


Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o de títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui).

Por eso ha doctrinado la Sala que el demandante con fundamento en actos jurídicos de «alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor» (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00).


3. Desde esa óptica, carece de razón el juzgado de Cartagena para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto la demanda en este caso se presentó para que se declare la simulación absoluta de un contrato de compraventa, que debe ser adelantada en esa localidad por cuanto allí tiene domicilio uno de los convocados, lo que sin duda alguna otorga atribución al funcionario en mención, conforme a la regla general del comentado numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso.


Por tanto, es inadmisible el argumento del estrado de Cartagena al tratar de apartarse del conocimiento del asunto por el supuesto ejercicio de un derecho real del demandante, que daría lugar a un fuero privativo (numeral 7° del artículo 28 del Código General del Proceso), debido a que en realidad la demanda es para la reconstrucción del patrimonio de una sociedad comercial.


4. Recuérdese que el derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa, sin respecto de determinada persona, noción sobre la cual ha dicho esta Corporación que «se trata de la idea Romana que consideró el derecho real como la relación directa entre la persona y la cosa», y aunque la crítica ha considerado que no puede haber una simple relación entre personas y cosas, debe tomarse en cuenta que sujeto pasivo de ese atributo son las personas indeterminadas, dado su efecto de ser frente a todo el mundo (SC de 10 de agosto de 1981, GJ 2407, pág. 486).


Las acciones reales nacen de esos derechos reales, conforme al mismo precepto 665, y debe atenderse que la simulación no emana de los mismos, sino del derecho que asiste a los respectivos interesados –partes del negocio o terceros- para que prevalezca la realidad de lo negociado, comúnmente denominada «acción de prevalencia», porque como ha sostenido esta Sala en la misma se pide «la prevalencia del acto oculto sobre el acto ostensible», que puede ejercerse por quien celebró el contrato, sus herederos y «todo el que tenga interés jurídico en obtener la prevalencia del acto oculto sobre el ostensible» (SC de 13 de dic. de 2006, rad. 00284-01).


Por cierto que en el tema de competencia para la pretensión aquí esgrimida ha precisado esta Corporación «que la discusión versa sobre el verdadero contenido y alcance de lo pactado por las partes, y no respecto de derechos reales (dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, servidumbre, prenda e hipoteca), que, a la luz de lo previsto en el artículo 665 del Código Civil, son los únicos que dan lugar a las “acciones reales”» (AC2993, 17 may. 2016, rad. 2016-00887-00).


5. Ahora bien, es verdad que de prosperar la acción simulatoria los bienes pueden volver a un patrimonio determinado, lo que tendría incidencia en el derecho de dominio respecto de esos haberes. Empero, ese eventual regreso de la propiedad al respectivo interesado no es por el ejercicio de una pretensión real, sino por la de simulación, que es una reclamación distinta y no por eso adquiere ese carácter.


6. De otra parte, el contrato de compraventa se pactó en Barranquilla, esto no implica que deba conocer el funcionario judicial de tal sede, por cuanto el numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso contempla que «también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», no de celebración como lo adujo el despacho de Cartagena, lo que traduce irrelevante el lugar de celebración para determinar la competencia territorial.


7. Como consecuencia de lo anotado, se remitirá el expediente al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informará de esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.


Lo anterior sin desmedro de la facultad que le asiste a la parte convocada para controvertir la competencia, en oportunidad y por el mecanismo legal correspondiente.


DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena, al que se le enviará de inmediato el expediente.


Comuníquese esta decisión a los otros estrados judiciales involucrados en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.


       Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado