ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
AC4426-2018
Radicación n° 11001-31-03-035-2011-00701-01
(Aprobado en sesión de veinte de junio de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., nueve (09) de octubre de dos mil dieciocho (2018).-
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia de 9 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por SOFÍA MILA BARRERA DE SARMIENTO y EDISON DEYSON BOLAÑOS PINILLO contra WILLIAM ENRIQUE LOZADA ÁLVAREZ, NOHEMÍ GUZMÁN OLAYA, SEGUROS COLPATRIA S.A. y la recurrente.
ANTECEDENTES
1. Sofía Mila Barrera de Sarmiento y Edison Deyson Bolaños Pinillo acudieron a la jurisdicción para solicitar que se declarara a los demandados como solidariamente responsables de los perjuicios reclamados con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 13 de marzo de 2010 en el que Sofía Mila Barrera fue la víctima directa.
2. Los hechos fueron expuestos en síntesis, de la siguiente manera:
2.1. El 13 de marzo de 2010, la demandante Sofía Mila Barrera transitaba como pasajera en el automóvil tipo taxi de placas VDX-999, que para el momento del accidente, circulaba por la calle 75 en sentido occidente oriente.
2.2. Al llegar a la intersección de la calle 75 con carrera 87 de esta ciudad, el vehículo mencionado fue impactado por otro vehículo de servicio público de placas SHA-853, que era conducido por el demandado William Enrique Lozada Álvarez quien a la vez figuraba como propietario, a la par de Nohemí Guzmán Olaya, afiliado a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A. y asegurado en Seguros Colpatria S.A.
2.3. El conductor del segundo vehículo, circulaba también por la calle 75 en sentido oriente a occidente y pretendió hacer un giro a la izquierda, sin respetar la prelación vial que tenía el primero, con lo que desconoció las normas de tránsito.
2.4. A consecuencia de la colisión, la demandante Sofía Mila Barrera de Sarmiento resultó seriamente lesionada, al punto que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses le dictaminó una incapacidad médica de sesenta días, secuelas permanentes, la perturbación funcional del miembro superior derecho y del sistema nervioso central; y Médicos Asociados conceptuó invalidez por pérdida de la capacidad laboral a raíz del accidente, en un setenta y seis por ciento (76%).
2.5. En consecuencia, Sofía Mila Barrera de Sarmiento persiguió el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, en sus modalidades de daño emergente, lucro cesante, daño moral objetivado, daño moral subjetivado y, daño a la vida de relación. Por su parte, el codemandante Edison Deyson Bolaños Pinillo solicitó el reconocimiento del daño moral subjetivo como víctima de rebote en su calidad de compañero permanente de aquélla.
3. Notificados de la demanda, todos los convocados se pronunciaron frente a los hechos y pretensiones, de manera oportuna. Importa precisar, para los efectos de la presente decisión, que la codemandada Radio Taxi Aeropuerto S. A. planteó las defensas que denominó «el sustento normativo civil en el caso sub examine no se aplica a Radio Taxi», «la Ley 336 de 1996 y el Decreto 172 de 2001 no son argumentos jurídicos autónomos y suficientes», «existencia de un contrato y de normas civiles sustantivas eximentes de responsabilidad», «no se aporta el sustento probatorio indispensable para comprometer la responsabilidad de Radio Taxi»; «la disminución laboral que se alega no tiene sustento legal»; y, «cobro de lo no debido». (fls. 102 a 120).
4. El 1° de diciembre de 2014 se profirió decisión de primera instancia que declaró civilmente responsables a los demandados William Enrique Lozada Álvarez, Nohemí Guzmán Olaya y Radio Taxi Aeropuerto S.A por los perjuicios irrogados a Sofía Mila Barrera de Sarmiento, condenándolos a pagar la suma de ciento treinta y nueve millones seiscientos sesenta y ocho mil setecientos un pesos ($139.668.701), por concepto de lucro cesante; mientras que a la aseguradora le ordenó reconocer la suma de seis millones ciento sesenta mil pesos ($6.160.000), a título de daño moral; negando las demás pretensiones de la demanda. (fls. 564 a 614 del c. 2).
5. Apelada la sentencia por las partes, el Tribunal desató la segunda instancia con sentencia del 9 de noviembre de 2015, que modificó lo decidido por el a-quo, en el sentido de aumentar la condena por lucro cesante a la suma de doscientos ochenta y un millones ochocientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos ($281'864.348) e incluir quince millones de pesos ($15.000.000,oo) a título de daño moral. Agregó que de tales condenas, le correspondía asumir a la aseguradora Seguros Colpatria S.A. la suma de treinta millones novecientos veintiocho mil ochocientos pesos ($30'928.800,oo), «…ora en forma directa a favor de Sofía Mila Barrera de Sarmiento, o a manera de reembolso, si es que William Enrique Lozada Álvarez llegara a sufragar, primero, la condena que se le impuso…». En lo demás confirmó la sentencia de primera instancia. (fls. 57 a 81 del c. del Tribunal).
6. Los demandados William Enrique Lozada Álvarez, Nohemí Guzmán Olaya y Radio Taxi Aeropuerto S.A. formularon casación que, concedida por el ad-quem y admitida por esta Corte, fue sustentada con libelos separados.
7. Mediante providencia del 15 de agosto de 2017 se inadmitió la demanda presentada por William Enrique Lozada Álvarez y Nohemí Guzmán Olaya por desatender los requisitos formales propios del recurso extraordinario de casación. En esta oportunidad se pronuncia la Corte frente a la demanda presentada por Radio Taxi Aeropuerto S.A.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
En síntesis, sus argumentos fueron los siguientes, de cara a la decisión que ahora se ataca en sede del recurso extraordinario de casación:
1. Anticipó que no haría suyos los argumentos de la apelante Radio Taxi Aeropuerto S.A con los cuales buscaba eludir su responsabilidad argumentando que no era quien detentaba la guarda del automotor, por cuanto su relación con el rodante, fue motivado por el ánimo de lucro que es inherente a la actividad mercantil, y por ende, de los contratos de vinculación que recaen sobre los automotores destinados al servicio público terrestre individual de pasajeros (taxis).
Dijo además que el hecho de que la víctima no hubiera hecho uso del cinturón de seguridad trasero, cuestión que invocó el apelante al alegar en conclusión, no resultaba trascendente, pues la norma que regulaba la carga no era aplicable, en tanto que para esa época no había sido objeto de regulación el artículo 82 de la ley 769 de 2002, adicional a que la ley 1383 de 2010 que sanciona con multa esa omisión, entró a regir el 16 de marzo de 2010, mientras que el accidente ocurrió 3 días antes.
2. En el desarrollo de la providencia, adujo que la ahora recurrente en casación no era ajena al rol de guardiana de la actividad peligrosa, y por tanto, también estaba llamada a responder por el provecho que la llevó a celebrar el contrato de vinculación, así como el deber de dirección y control que requería para ejecutar su objeto social.
3. Ahora, y en relación con la inconformidad referente a la incidencia en la falta del uso del cinturón de seguridad de la pasajera al momento del accidente, dijo el ad quem «…para esa época, no operaba norma que obligara a la pasajera, quien se hallaba sentada en los puestos traseros del vehículo, al usar ese mecanismo, a lo que se añade, no con menos relevancia, que dicha opositora dejó de demostrar que el taxi SHA 853 dispusiera en ese entonces del adminículo en comento, todo lo cual hace inviable la implorada reducción indemnizatoria, en los términos del artículo 2357 del Código Civil».
5. Finalmente, auscultó el tema de la liquidación de perjuicios que conllevó a la modificación del monto reconocido como lucro cesante y daño moral, ajustando la condena que se impusiera en primera instancia para disponer que de los $296.864.348 que, a título de perjuicios, se reconocerían a la señora Barrera de Sarmiento por lucro cesante y por daño moral, Seguros Colpatria le correspondería asumir en su doble condición de demandada y llamada en garantía, la suma de $30.928.800 (esto en consideración al límite asegurado -60 SMMLV- y al deducible -20%-que se pactó en el contrato de seguro).
LA DEMANDA DE CASACIÓN
ÚNICO CARGO
Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se ataca la sentencia del Tribunal por violar el artículo 82 de la ley 769 de 2002 así como la Resolución 19200 del 20 de diciembre de 2002.
En el desenvolvimiento de la censura se afirma lo siguiente:
1. Luego de aludir al concepto de norma sustancial y transcribir las normas citadas como tales, sin identificar qué tipo de violación invocaba, el recurrente afirmó, en el acápite denominado «Planteamiento y desarrollo del cargo» que: «…es de toda importancia para éste recurso, el llamar la atención de forma concreta y particular [en] el interrogatorio de parte absuelto por parte de la demandante BARRERA DE SARMIENTO (…) del cual es de capital importancia la respuesta dada por aquella a la pregunta número tres (…)»
Sostuvo que como la respuesta dada en el interrogatorio absuelto por la demandante emergió una verdadera confesión, al admitir que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, ello conllevó a que la sociedad recurrente solicitara en los alegatos de conclusión, el reconocimiento de la excepción de mérito que denominó «De la responsabilidad de las víctimas en la ocurrencia de los hechos y la consecuente aplicación del artículo 2357 del Código Civil» en la cual, dijo, expuso de manera amplia y clara las normas que se vulneraban con la omisión confesada por la pasajera.
2. Agregó que el argumento no fue analizado por el a quo en cuya decisión hubo una clara omisión al abordar el tema de la concurrencia de culpas por un camino diferente, siendo que, ante el Tribunal, pese a que se insistió en la concurrencia de culpas «y consecuente reducción de la indemnización a voces de las normas invocadas, esto es, los ya famosos artículo 82 de la Ley 769 de 2002 y la Resolución 19200 de 2002», en la sentencia de segunda instancia se desatendieron tales argumentaciones para en su lugar «en una total falta de sindéresis sustentar su errada decisión en los presuntos, pero equivocados alcances de lo dispuesto por la ley 1383 de 16 de marzo de 2010»
3. Dijo que no era cierta la afirmación del Tribunal según la cual el artículo 82 no era aplicable por falta de reglamentación, en la medida en que dicho artículo sí se encontraba reglado por medio de la Resolución 19200 del 20 de diciembre de 2002.
4. Además, el Tribunal sostuvo que la ley 1383 de 2010 en cuyo artículo 131 se sancionaba con multa esta omisión, había entrado a regir desde el 16 de marzo de 2010, desconociendo que realmente la norma a la que alude es al artículo 21 de la referida ley que «no es una norma nueva como se deja entrever, si no (sic) que contenía una reforma, eso sí, del artículo 131 de la ley 769, pero, nunca y bajo ninguna consideración del artículo 82 eiusdem. La realidad es que aquel artículo 21 y de forma particular su literal C., únicamente actualizaron la nomenclatura de las sanciones descritas en el artículo 131 de la Ley 769»
5. Concluye que del análisis de la vigencia de la norma se configura la inaplicación porque el juez, pese a conocer de su existencia, desconoció su validez en el tiempo.
CONSIDERACIONES
1. Tal y como se aclaró en la providencia AC 523 de 2017 por medio de la cual se calificó la demanda de casación que interpusieran los codemandados William Enrique Lozada y Nohemí Guzmán Ayala, las normas que gobiernan el estudio de la presente demanda de casación también serán aquéllas vigentes para la época de interposición del mismo que, para este caso, fue formulado por Radio Taxi Aeropuerto S.A el 20 de noviembre de 2015, es decir, bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil. (fl. 85 cuad. tribunal)
2. Por lo tanto, el escrito que sustenta la impugnación extraordinaria ha de ajustarse a los requisitos contemplados en los artículos 374 ibídem y 51 del Decreto 2651 de 1991, los mismos que, de cara al insular cargo invocado en la demanda de casación, han sido desconocidos por el recurrente, como pasa a explicarse:
2.1. En primer lugar, pese a que invoca la causal primera de casación, no especifica qué tipo de violación de norma sustancial está denunciando. En efecto, dice el censor que la sentencia acusada viola el artículo 82 de la ley 769 de 2002 así como la Resolución 19200 del mismo año por inaplicación, pero omite aclarar si la referida violación se dio de manera directa, o como consecuencia de un error de hecho o de derecho; es decir, indirectamente.
Esta falta de precisión conlleva al incumplimiento del requisito formal previsto en el numeral 3 del artículo 374 citado, según el cual la demanda de casación debe contener «La formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa…». Por tanto, al contener el numeral primero del artículo 368 ibd diversas causales de casación en los que se pueden desprender diferentes cargos casacionales, corresponde al recurrente identificar claramente en cuál o cuáles de ellos apoya la censura, pues tal labor no puede ser suplida por la Corte por el marcado carácter dispositivo y restringido que permea esta institución procesal y extraordinaria.
En ese orden de ideas, si el cargo se hace por violación directa, el planteamiento debe estar ajeno de disputas sobre las conclusiones fácticas de la sentencia reprochada; y si lo es por la vía indirecta, le compete poner de presente y demostrar, ora la comisión de un error de hecho o bien de derecho.
Traído ese marco conceptual al único cargo planteado, se advierte por la Corte que no se satisfacen las exigencias mínimas formales de claridad y precisión, al ser palpable, a primer golpe de vista, que el extremo recurrente no explicitó si el denunciado quebrantamiento de la norma sustancial tuvo ocurrencia por la vía directa o por la indirecta, falta que no es posible superar de la lectura integral del ataque.
En efecto, si en gracia de discusión se asumiera que lo fue por el camino directo, porque mencionó la falta de aplicación de unas normas que luego trasuntó, enseguida y contrariando la técnica casacional, se encuentra que descendió a los hechos del litigio para apoyarse en la valoración del interrogatorio de parte.
Tampoco se puede atribuir una censura indirecta, por cuanto no se esboza siquiera si el desatino probatorio es fáctico o de derecho.
Se reitera entonces, que la consabida naturaleza eminentemente dispositiva del recurso de casación, conlleva a que la actividad discursiva y juzgadora de la Corte se encuentre limitada por el contenido y alcance de la demanda que se formule para sustentar la acusación. De ahí que no es procedente hacer interpretaciones que sobrepasen los señalamientos que de modo expreso y manifiesto aduzca el censor en su libelo, ni mucho menos reformular los cargos que éste haya planteado de modo deficiente.
De tal manera que al casacionista le corresponde identificar la índole de dicha fundamentación y dentro de ella denunciar el yerro cometido, para así estructurar su acusación de manera idónea, certera y, en todo caso, suficiente para derruir las bases de la decisión que combate, cuidando de no mezclar en una sola, aspectos que conciernan a la violación directa e indirecta de la ley sustancial.
Por lo mismo, la jurisprudencia tiene dicho que
Como se trata de dos especies antagónicas e irreconciliables de violación de la ley sustancial, no le es dado al recurrente acudir indistintamente a una o a la otra, es decir, que no queda librado a su arbitrio escoger alguna, sino que su elección la imponen las circunstancias precisas de cada caso, por manera que le corresponderá necesariamente sustentar sus imputaciones por la vía directa cuando los errores atribuibles al juzgador hubiesen ocurrido en un plano de estricta juridicidad. En cambio, cuando abrigue discrepancias respecto de la cuestión fáctica, el recurrente debe acudir a la vía indirecta acogiendo, desde luego, los rigurosos cauces formales que para el efecto señala la ley, (CSJ SC, 8 de feb. de 2002, rad 6019). Se subraya.
Por lo tanto, se insiste que en el presente caso, aun de proceder a una labor de interpretación de la demanda de casación, en principio vedada para la Corte, pueden considerarse superadas las deficiencias ya advertidas, pues, de concluir que el embate se hizo por la vía directa, se incumple con la regla técnica según la cual, en este tipo de embate, ha de omitirse cualquier consideración a la materia probatoria. Y, de interpretarse que lo fue por la vía indirecta, se omite el requisito formal propio de cada una de las acusaciones que de allí se deriva, pues de un lado, ni especifica si se trata de la indebida apreciación la demanda, contestación o de determinada prueba, omitiendo por ende su demostración; ni tampoco, tratándose de la violación indirecta como consecuencia del error de derecho, señala la norma de carácter probatorio que considera infringida.
Tal circunstancia emerge suficiente para inadmitir la demanda presentada.
2.2. En segundo lugar, la norma citada como ley sustancial, carece de tal naturaleza. En efecto, reza el artículo 82 de la ley 769 de 2002, así:
«Artículo 82. CINTURÓN DE SEGURIDAD En el asiento delantero de los vehículos, solo podrán viajar, además del conductor, una (1) o dos (2) personas de acuerdo con las características de ellos.
Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas.
Los menores de diez (10) años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo. Por razones de seguridad, los menores de dos (2) años solo podrán viajar en el asiento posterior haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a él, siempre y cuando el menor viaje únicamente en compañía del conductor.
A partir de los vehículos fabricados en el año 2004, se exigirá el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio de Transporte».
Por su parte, se incluyó como norma sustancial violada, la Resolución 19200 de 2002, sin identificar cuál de los preceptos allí tratados fue el desconocido o inaplicado en la sentencia del Tribunal.
De manera que, de su mera lectura es fácil concluir que tales preceptos normativos no atienden a la naturaleza de «norma sustancial», en tanto que no «crean, modifican o extinguen» relaciones jurídicas concretas, pues se limitan a reglamentar una conducta en materia de tránsito, sin que sean atributivos de derechos subjetivos.
Además, la simple enunciación de todo un compendio normativo, verbigracia la Resolución 19200 de 2002, no suple la exigencia en cuestión, ya que como lo ha señalado la Corte reiterativamente, no son de recibo
(…) las indicaciones genéricas o de cuerpos normativos en la sustentación de los cargos con soporte en la causal 1ª, en tanto ‘es ineludible para el recurrente, tratándose de la causal primera de casación, individualizar las normas de derecho sustancial que estime violadas (artículo 374, ibídem), pues de otra manera resultaría imposible el análisis del cargo propuesto, de donde no puede ser de recibo acusaciones genéricas referidas a determinados cuerpos normativos (código, ley, etc.), o a ciertos institutos, como la cosa juzgada o la reivindicación, porque, repítase, dada la naturaleza de extraordinario del recurso y su carácter dispositivo, la Corte no puede suplir ni ignorar ninguna falencia” (CSJ AC de 22 de agos. de 2011, Rad. 2007-00055).
De manera que, al omitir soportar la acusación en normas sustanciales, pese a que estuvo dirigida por la vía de violación de normas del referido carácter, conlleva a que el cargo desatienda requisitos formales que imponen a su inadmisión.
3. Vistas así las cosas, es claro que el libelo objeto de estudio por la Corte, desatendió los requisitos formales en la medida en que no se identificó en el cargo único, de manera clara y precisa, qué tipo de violación se invocaba; y, tampoco soportó la acusación en normas sustanciales, pese a que estuvo dirigida por la causa contemplada en el numeral 1 del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.
4. Por último, vale la pena señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 del Código de Procedimiento Civil y 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.
5. Colofón de todo lo que antecede, es que se inadmitirá la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarará desierta la opugnación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO.- INADMITIR la demanda presentada para sustentar el recurso de casación que RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. interpuso frente a la sentencia de 9 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por SOFÍA MILA BARRERA DE SARMIENTO y EDISON DEYSON BOLAÑOS PINILLO contra WILLIAM ENRIQUE LOZADA ÁLVAREZ, NOHEMÍ GUZMÁN OLAYA, SEGUROS COLPATRIA S.A. y la recurrente.
SEGUNDO.- DECLARAR DESIERTA esa impugnación extraordinaria. En firme, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA