OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Seguridad Oncor Ltda., para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2017, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que adelantó contra Cemex Colombia S.A.
1.- Solicitó la accionante declarar que la demandada incumplió su obligación contractual al terminar de forma unilateral y anticipada la oferta mercantil SG 075-2010-01 de 19 de enero de 2010. En consecuencia, declarar que es civil y contractualmente responsable de los daños causados y condenarla a la indemnización de perjuicios patrimoniales, con sus respectivos intereses comerciales.
En sustento, acotó que el 19 de enero de 2010, Seguridad Oncor Ltda., le remitió a Cemex Colombia S.A. la referida oferta mercantil para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, que fue aceptada con la respectiva expedición de la orden de servicios, surgiendo así entre las partes un acto prevalente.
En la cláusula 15 de ese negocio jurídico se estableció que éste tendría una duración de un año contado a partir de la aceptación, sin embargo, ésta fue modificada con posterioridad, mediante la suscripción de tres (3) «otro sí» de 24 de diciembre de 2010, 17 de junio de 2011 y 17 de febrero de 2012, último en el cual se convino su expiración el 30 de junio de 2012.
Llegada esta fecha, la demandante continuó prestando sus servicios en las mismas condiciones que venía haciéndolo, dado que no podía terminar intempestivamente la relación sin que Cemex lo recibiera o designara un tercero para ello, cosa que no sucedió. No obstante, el 11 de julio de 2012 la accionada le manifestó su decisión de terminar la relación mercantil a partir del 30 de septiembre de 2012, lo que comporta un incumplimiento del contrato, en grave detrimento de sus intereses económicos, con perjuicios estimados en $3.288.000.000 (fls. 68 - 73, c.1).
2.- La convocada se opuso al éxito de las pretensiones y formuló como excepciones de mérito las que denominó «Ausencia de responsabilidad», «ejercicio legítimo de una facultad contractual», «inexistencia de daño» e «inexistencia de nexo causal» (fls. 256 – 276, ib.).
3.- En su sentencia el a quo declaró probada la excepción de «ejercicio legítimo de una facultad contractual» y negó las súplicas de la demanda (fls. 401 - 404, ib).
4.- Contra esa determinación el extremo activo formuló recurso de apelación que sustentó ante el Superior (fls. 8 -9, c. 2).
5.- El ad quem confirmó el fallo de primer grado. Para resolver de ese modo, acotó que era punto pacífico la existencia del vínculo contractual entre los litigantes a partir de la oferta mercantil que seguridad Oncor Ltda. le presentó a Cemex Colombia S.A., para la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada, debidamente aceptada por esta última.
En cuanto al término de duración, señaló que la cláusula décimo quinta fue modificada a través de unos «otro sí», último en el cual se acordó que aquél expirara el 30 de junio de 2012, manteniéndose siempre el acuerdo que no habría prórroga o renovación automática. De allí que el vínculo convencional terminó o debía terminar el 30 de junio de 2012, lo que quedó establecido tras operar la confesión ficta por la inasistencia del extremo demandante a la audiencia del 23 de mayo de 2017 y, aun si se pasara por alto tal confesión, de la literalidad del contrato se entrevé que éste para continuar requería pacto expreso de los contendientes, tal como se dispuso en la cláusula primera del «otro si» número 3 que mudó la décima quinta de la aludida oferta, donde se estipuló:
Décima quinta: Duración del negocio jurídico derivado de la aceptación de la oferta: El negocio jurídico ofrecido, estará vigente hasta el treinta (30) de junio de dos mil doce (2012).
El mismo no se prorrogará ni se renovará automáticamente y en consecuencia, la prestación de servicios por parte del Oferente a Cemex con posterioridad a la fecha anteriormente establecida, se entenderá como independiente del mismo y se hará conforme con los términos que en ese momento se acuerden.
En esas condiciones, desestimó la alegada terminación unilateral y añadió que, según quedó demostrado, por misiva de 13 de julio 2012 la demandada le manifestó a la demandante que todos los servicios prestados a partir del primero de julio de 2012 eran independientes y se pagarían bajo la orden de un nuevo documento (fls. 8 - 9, ib.).
6.- El mencionado apelante formuló casación, que le concedió el Tribunal (fls. 13 - 14, ib.).
7.- El 26 de febrero de 2018, se admitió el recurso extraordinario (fl. 3, c. 3).
8.- En la oportunidad concedida se formularon dos cargos, uno sustentado en la causal primera del artículo 336 del Código General del Proceso, y el otro en el «último inciso» de la misma disposición, desarrollados así:
a.-) El inicial, acusa la sentencia de incurrir en error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación o de una determinada prueba.
Dado que la primera instancia se rigió por el Código de Procedimiento Civil, de cara a esa normativa se cometieron errores trascendentes en ambos grados de conocimiento, por haberse apreciado la respuesta al libelo, pese a su extemporaneidad, comoquiera que en la contabilización del término para el efecto no se dio cabal aplicación al artículo 320 de ese estatuto y de paso se desatendió el artículo 95 ibídem, que imponía tener como indicio grave en contra de la convocada la falta de contestación.
Del mismo modo, el Tribunal apreció medios de prueba aportados en forma inoportuna, pues si la contradictora dejó transcurrir el término para pronunciarse, igualmente perdió la posibilidad de incorporar y solicitar pruebas, por lo tanto las allegadas no podían ser valoradas, como tampoco era factible declarar probada una excepción de mérito.
b.-) En el segundo, se denuncia que existe una ostensible afrenta de los derechos y garantías constitucionales, por violación del derecho al debido proceso, derivada de la inaplicación de lo previsto en el tercer inciso del numeral 3 del artículo 372 del Código General del Proceso, en punto a la justificación de la inasistencia a la audiencia; por aplicación indebida de las consecuencias del artículo 205 del Código General del Proceso; por falta de contestación de la demanda y por valoración de medios de prueba aportados por fuera de término (fls. 8 – 19, c. 3).
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que
(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme a los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.
De ahí que una vez cumplido ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.
Adicionalmente, si se invoca la causal segunda, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracción; o es el resultado de yerros de facto en la apreciación del libelo, la respuesta al mismo o algún medio de convicción, singularizando de manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente en que incurrió el sentenciador.
El recurrente se limitó a referir normas de carácter instrumental como los artículos 320, 85, 86, 87 y 95 del Código de Procedimiento Civil, que en su orden regulan la notificación por aviso; control de admisibilidad de la demanda y causales de rechazo; admisión y adecuación de trámite de aquella; traslado a los convocados y efectos de la falta de contestación del libelo, ninguna de las cuales atribuye derechos subjetivos.
Al carecer las disposiciones mencionadas por el censor de la calidad que constituye la esencia del ataque por la causal segunda de casación, toda vez que se refiere a la «violación indirecta de la ley sustancial», vago quedaría cualquier esfuerzo para verificar en qué consistió la misma, tal como se expuso en CSJ AC5335-2017 al llamar la atención en que una omisión en ese sentido por el impugnante «priva a la Corte de uno de los elementos indispensables para cumplir la función asignada como Tribunal de casación que, en el ámbito de la causal invocada, consiste en determinar si la sentencia violó o no la ley sustancial y sin que sea posible a esta Sala suplir, enmendar o completar la tarea del recurrente».
El defecto advertido impide el estudio del cargo, pues tal y como se dijo en AC6809-2017 rad. 2012-00093-01,
(…) cuando se invoca la causal segunda, el interesado tiene la carga de señalar cualquiera disposición «de derecho sustancial… que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada» (parágrafo 1° del artículo 344 del Código General del Proceso); huelga explicarlo, el promotor deberá señalar por lo menos un mandato, de aquellos que crean, modifican o extinguen vínculos jurídicos concretos, desatendido con el fallo de segundo grado, siempre que sea relevante para la resolución del caso.
Tal ha sido la línea jurisprudencial consolidada sobre la materia SC, 20 en. 1995, exp. n° 4305; AC, 4 sept. 1995, exp. n° 5555; AC, 25 oct. 1996, exp. n° 6228; AC, 7 dic. 2001, rad. n° 1999-0482-01; AC, 5 ag. 2009, rad. n° 1999-00453-01; AC1762, 7 ab. 2014, rad. 2008-00094-01; entre otras.), y que propende porque la Corte cumpla con su rol como órgano de cierre en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, a través de la unificación de la interpretación de los mandatos que son citados como sustento de la acusación, sin convertirse en una nueva instancia a través del reexamen del caso.
Y con anterioridad en AC 18 nov. 2010, rad. Nº 2002-00007-01, se expuso que el cumplimiento de ese presupuesto es de capital importancia, porque de omitirse,
(…) ‘quedaría incompleta la acusación, «en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación” (cas. civ. auto de 4 de diciembre de 2009, exp. 1995-01090)».
b.-) La sustentación de la segunda censura, presenta un grave defecto porque no se enmarca en ninguna de las causales de casación consagradas por el legislador, en contravía del principio de taxatividad sobre el cual se erige la posibilidad de cuestionar la sentencia por esta senda extraordinaria, que impide admitir extensiones a otros motivos o la vía de la interpretación analógica.
Al efecto debe tenerse en cuenta que por causal de casación «debemos entender las diferentes circunstancias o motivos previamente establecidos por el legislador para la pertinencia de este recurso extraordinario (…) que por su carácter taxativo son de interpretación restricta»1
Sobre este aspecto, en AC 112-2016, la Corte memoró, que,
«(…) [E]l carácter extraordinario y limitado del recurso de casación se proyecta, en la práctica, en las precisas limitaciones dentro de las cuales la ley lo regula, y referentes no sólo a los motivos o causales para su procedencia, sino también a la clase de providencias susceptibles de impugnarse con él (…)»2.
Obsérvese que el artículo 336 del Código General del Proceso consagra cinco (5) motivos de casación, que limitan el ejercicio de la impugnación, dentro de las cuales no se encuentra que la sentencia constituya una afrenta contra derechos y garantías superiores, de allí que no sea factible la admisión del embate formulado bajo esa égida.
Ahora, si bien al tenor del último inciso del citado artículo 336, la Corte puede casar la sentencia «aún de oficio cuando sea ostensible que la misma comprometa gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales», ello en modo alguno supone una ampliación de las causales del recurso de la que puedan valerse los inconformes para sustentar sus cargos, pues atañe a una atribución reservada a la Corte en los precisos aspectos allí señalados.
Al respecto, en CSJ SC1131-2016, rad. 2009-00443-01, puntualizó la Sala:
Al disponer que esta Corporación “(…) podrá casar la sentencia, aún de oficio (…)”, está comprometiendo “in radice” a la Corte de Casación con la construcción del Estado Social de Derecho, para cumplir las finalidades del recurso3, autorizando quebrar la sentencia al margen de la prosperidad técnica de las causales esgrimidas por el recurrente cuando al momento de fallar, en su tarea de control constitucional y legal atribuida por el legislador, como derecho propio en el ámbito casacional, se hallen en juego valores, principios y derechos supremos, y en forma patente y paladina aparezcan comprometidos: 1. El orden público, 2. El patrimonio público, o 3. Se atente gravemente contra los derechos y garantías constitucionales.
5. En consecuencia, al no ceñirse el ataque a las formalidades de rigor, resulta inviable su aceptación, sin que se aprecien razones que justifiquen darle vía en los términos del inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso o el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneración de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio público.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar inadmisible la demanda y en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en este asunto por Seguridad Oncor Ltda.
Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 MURCIA BALLEN, Humberto. La Casación Civil en Colombia. 4° ed. 1996. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, pág. 273.
2 CSJ SC. Sentencia de 29 de agosto de 1985, G. J., t. CLXXX, página 344.
3 “Artículo 333. FINES DEL RECURSO DE CASACIÓN. El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida”.