AC4444-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02886-00
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Sexto Civil del Circuito de Barranquilla y Diecisiete Civil del Circuito de Medellín.
1. Ante el primer despacho, que corresponde al lugar de «ubicación del inmueble objeto de la pretensión», Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.-I.S.A.- demandó a Eduardo de la Hoz Cáceres, Faustina Elena de la Hoz Martelo, Yolanda del Carmen, Ángela Rosa, Marina, Cielo Beatriz, Mónica del Socorro, Antonio Rodrigo, Mario David, Emiro y Aida Judith de la Hoz Escorcia, Faustina, Elsa Ester, Emiro y Juana de Jesús de la Hoz Silvera y Elsa Isabel Silvera de la Hoz en procura de que se imponga una servidumbre sobre el predio «La Aguada» de la Vereda Loma de la Sierra del municipio de «Galapa», distinguido con folio de matrícula inmobiliaria 040-121068 (fls. 1 al 15, cuaderno 1).
2. Ese estrado admitió el libelo y adelantó algunas diligencias tendientes a definirlo, pero la actora propuso “conflicto especial de competencia a petición de parte”, aduciendo que ésta es improrrogable por el factor subjetivo (art. 16 C.G.P.) y que aunque en litigios como el actual el numeral 7º del artículo 28 ídem la fija privativamente en el juez del lugar donde están los bienes, recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia sentaron que se impone el foro previsto en el numeral 10 ejusdem a favor de las entidades públicas (su domicilio), como es su naturaleza, en la medida que el 29 ibídem prescribe que “[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes” (fls. 93 al 297).
3. El 31 de mayo pasado, la oficina judicial acogió tales argumentos y envió el expediente a sus pares de la precitada capital, correspondiéndole al Sexto Civil del Circuito, que el 11 de septiembre último igualmente lo repelió invocando al efecto el principio de la “perpetuatio jurisdictionis” y a la vez otras decisiones de esta Sala que han resuelto controversias similares asignando los litigios a los juzgadores del sitio donde se sitúan los inmuebles, añadiendo que “al ciudadano ha de parecerle oprobioso, que no solo se le incauta su predio, sino que también se le agrava con la carga de ir a buscar a su domicilio a quien lo zahiere” (fls. 311 al 317).
1. Comoquiera que la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trabó entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirlo como superior funcional de aquellos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009.
2. Para repartir los procesos entre las autoridades judiciales situadas en la geografía nacional el ordenamiento acude a los factores objetivo, subjetivo, territorial, funcional y de conexidad para fijar las pautas de atribución de competencia.
Así, mediante el «factor territorial» se indica el juez que en razón de la circunscripción debe conocer del litigio, siendo tales parámetros vinculantes para el accionante, quien no puede obviarlos al momento de seleccionar la autoridad ante la cual promueve su causa.
Tales reglas están diseñadas a través de los foros. Así, por regla general, en los pleitos contenciosos se acude al «personal» que fija la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia, pero también existen otros especiales, como el que la doctrina ha nombrado «forum rei sitae» o «real», referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicación de los bienes inmersos en la lid, y el del numeral 10 del canon 28 del Código General del Proceso que mira a la calidad de una de las partes y la precisa en consideración a su domicilio.
Varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que constituye una pluralidad de jueces para asumirla, en cuyo caso la ley otorga al actor el derecho de escogencia para acudir ante cualquiera de ellos, sin que tal selección pueda ser desconocida por el elegido, que, en principio, queda llamado a zanjar la disputa.
Empero, también hay otros supuestos en los que el legislador anula esa discrecionalidad y determina privativamente, y de forma precisa y categórica, el funcionario llamado a encarar el asunto con exclusión de cualquier otro.
Frente a este último punto, la Corte en AC3744-2018, destacó que
(…) el concepto «privativo» que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole (…).
Ahora bien, debe subrayarse que frente a las controversias sobre servidumbres, entiéndase, imposición, variación o extinción, el numeral 7 del artículo 28 ejusdem instituye una «competencia privativa» con base en la cual radica en forma exclusiva, única y excluyente en el estrado del lugar donde esté ubicado el bien involucrado en la litis el deber de conocerla, ya que dispone que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (…) en los de servidumbre….», será competente, «de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante».
Empero, el numeral 10 de ese mismo canon previene que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».
A fin de que cada uno de esos preceptos actúe es necesario que se cumplan las hipótesis allí descritas. Así, para que se aplique el numeral 7 debe tratarse de los asuntos allí detallados. En torno al 10, en AC2593-2018, repetido en SC3337-2018, la Sala explicó que
Ahora, para que operen los parámetros apuntados, y exista esa primacía o exclusividad, es primordial tener certeza de la condición del ente convocado, es decir, debe ser «una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública», de lo contrario, habrá que acudirse a los «foros» generales.
En ese sentido, se destaca, que el artículo 286 de la Constitución Política indica que «son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá otorgarles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley».
Por su parte, el artículo 68 de la Ley 489 de 1998 enseña que son «entidades descentralizadas» del orden nacional
(…) los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (se enfatiza).
En cuanto al concepto de «entidad pública», si bien no existe en la legislación una definición, se puede hacer uso del parágrafo del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto advierte que [p]ara los efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50% (resalta la Sala).
3. En este episodio confluyen esos dos eventos, habida cuenta que la actora es una «Empresa de Servicios Públicos Mixta, constituida como Sociedad Anónima, de carácter comercial, de orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía, sometida al régimen jurídico establecido en la Ley 142 de 1994», en la que el Estado tiene una participación accionaria del 61,58%, y el sector privado un 38,42%1, por lo que, según el parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, ostenta el carácter de entidad pública, y además, acude ante la jurisdicción a través de acción para que se imponga servidumbre en el inmueble de propiedad de Eduardo de la Hoz Cáceres, Faustina Elena de la Hoz Martelo, Yolanda del Carmen, Ángela Rosa, Marina, Cielo Beatriz, Mónica del Socorro, Antonio Rodrigo, Mario David, Emiro y Aida Judith de la Hoz Escorcia, Faustina, Elsa Ester, Emiro, Juana de Jesús de la Hoz Silvera y Elsa Isabel Silvera de la Hoz.
No obstante, la colisión se generó porque la circunscripción territorial a la que corresponde cada uno de esos «foros» no coincide. Obsérvese que según el certificado de existencia y representación de la reclamante, su «domicilio» está en Medellín, sin «sucursales» o «agencias» y el predio objeto del gravamen se sitúa en la vereda Loma de Sierra del municipio de La Aguada en el departamento del Atlántico.
Se colige así que existen dos pautas que de «forma privativa» definen la asignación del litigio, las que no concuerdan puesto que una se lo impone al «juez del lugar donde están ubicados los bienes», mientras que la otra al «juez del domicilio de la respectiva entidad»; de allí que para sortear esa discordancia deba darse primacía a una sobre la otra, lo que significa escoger entre el «foro real» o el «personal».
Tal incompatibilidad no es novedosa, pues en ocasiones anteriores ha sido analizada y zanjada con base en el inciso primero del artículo 29 ejusdem, a cuyo tenor «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes», estableciendo que en todos los trámites en donde participe un organismo de ese linaje habrá de preferirse su «fuero personal», conforme se aseveró en AC2256-2018 en el que se relievó que
[d]e ahí que, tratándose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicación del bien; y, donde una entidad pública sea parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que, la ley determina que es el fuero personal el que prevalece.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a la hora de fijar el alcance de todas estas directrices es deber del intérprete desentrañar su verdadero sentido de acuerdo con el artículo 26 del Código Civil, atendiendo, entre otros aspectos, a su finalidad y contexto, más aún cuando están destinadas a reglar el acceso a la jurisdicción.
Memórese que la diversidad de «foros» señalados en el artículo 28 ibídem tiene su razón de ser en la necesidad de «determinar la competencia sobre la base de la proximidad entre la sede del órgano judicial y el lugar en que se encuentra situado alguno de los elementos de la pretensión o petición que es objeto del proceso»2, de modo tal que se produzca un reparto equitativo de las garantías de quienes participan en el proceso, siendo ello provechoso porque dicho estrado estará en «mejores condiciones de resolver el conflicto en razón de la proximidad con las pruebas y con el objeto de la pretensión», por lo que para aplicarlos resulta basilar conocer las razones que los justifican y fundamentalmente el principio consagrado en el precepto 2º del Código General del Proceso según el cual «toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable».
En ese sentido, la «prevalencia» prevista en el artículo 29 ut supra otorga un beneficio a favor de uno de los litigantes, de suerte que, ante cualquier otra circunstancia que pueda definir la competencia, se privilegia su status, cual ocurre con el numeral 10 ibídem, que sólo habilita al «juez del domicilio de las entidades públicas» para conocer de las contiendas en las que éstas intervengan, con el fin de facilitarles el ejercicio del derecho de acción o contradicción, dependiendo de si lo hacen como convocantes o convocadas, para que lo puedan desplegar de forma adecuada sin tener que desplazarse a un lugar distinto al asiento de sus negocios, lo que explica por qué en esos eventos el legislador adscribe la «competencia» al «fuero personal», pues busca que esos «entes» acudan al debate en situaciones menos gravosas.
Ello explica, en parte, por qué la redacción del numeral 18 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, según la cual «de los procesos contenciosos en que sea parte un departamento, una intendencia, una comisaría, un municipio, un establecimiento público, una empresa industrial o comercial del Estado o de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de economía mixta, conocerá el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada» (se enfatiza), fue sustancialmente variada por el numeral 10 del artículo 28 del actual Estatuto Adjetivo que dispone «en los procesos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad» (se resalta).
Pero también demuestra que en la hora actual existe un «beneficio» para la «entidad pública» que la autoriza a demandar en el lugar de su domicilio, o a exigir que sea convocada allí; empero, cuando es ella la que activa el aparato judicial y al fijar la competencia comparece ante el juez de la ubicación del predio con apoyo en el numeral 8 del artículo 28 ibídem, que le confiere tal posibilidad, esa conducta positiva denota, sin duda, un acto de renuncia, cuando menos tácita a la prerrogativa legal que la habilita para dirigirse ante el funcionario de su domicilio, máxime si hay motivos para considerar que el traslado del asunto a una zona distinta a esa, deviene en perjuicio de sus intereses.
Tal deducción se robustece con el precepto 15 del Código Civil a cuyo tenor «podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia», como en este caso, pues se reitera, la «competencia» asignada al «juez del domicilio de la entidad» está instituida en su interés, sin perder de vista que esa disposición orienta la solución de este asunto, comoquiera que el artículo 32 de la ley 142 de 1994 determina su aplicación al precisar que
[s]alvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado (negrita de la Sala).
A su vez, no puede dejar de decirse que aunque la base para establecer la «competencia» según el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso es la «calidad de las partes», lo cierto es que dicho eje normativo la determina con miramiento en el «domicilio de la entidad», que es uno de los «foros del factor territorial».
Amén de lo antelado, hay razones de conveniencia que justifican la renuncia a la escogencia del juzgador con presencia en su domicilio, entre ellas, la cercanía de las partes y del juez al lugar donde se sitúa la finca que se pretende gravar, opción que tiende a facilitar a ellas el «derecho de defensa», así como la pronta adopción de las respectivas decisiones, dada la proximidad con la cosa litigada, lo que para las partes significará reducción de costos y les acarreará el menor daño posible, mientras que para el juez traducirá la posibilidad de recaudar por sí mismo todos los medios de juicio y le permitirá una mayor inmediación y concentración en la composición y decisión de la contienda.
Surge entonces que en este acontecer Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. declinó en un comienzo la ventaja conferida por el ordenamiento cuando acudió ante el Juzgado Civil del Circuito de Reparto de Barranquilla, pudiendo haberlo hecho ante el de Medellín, pues adujo que lo hacía porque el fundo «La Aguda», objeto de la servidumbre, se sitúa en Galapa, con lo que se facilita la realización de los actos procesales propios de ese diligenciamiento.
De tal suerte que habiendo escogido desde el principio al fallador que según su voluntad expresada conforme a la ley debería rituar el asunto, la demandante ya no tenía la facultad para modificar a mitad de camino las reglas de juego que la misma propició y, por ende, tampoco era dado al juzgador de Barranquilla acoger esa tardía manifestación para desprenderse del pleito, pues solamente los convocados podrían provocar una discusión semejante en la oportunidad prevista para el efecto.
Al respecto, en AC3337-2018, esta Sala destacó que
[e]n la cuestión analizada, Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. abandonó esa ventaja, al radicar el pliego ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara, pues adujo que lo hacía porque el «lote de terreno La Arboleda», «se encuentra ubicado en el municipio de Santa Bárbara», que necesita «para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, requerida dentro del tramo denominado ‘Refuerzo Suoroccidental’» del «Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional».
Y más adelante puntualizó que
(…) tal proceder lejos de ser arbitrario o caprichoso, encuentra respaldo en argumentos que vistos desde los fines de las normas sobre competencia, los satisfacen, en tanto acerca la sede del pleito al lugar en donde se ubica su objeto, lo que a su turno permite la realización eficaz de los actos procesales que allí deben surtirse. Así, el juez que adelanta el caso será quien practique la inspección judicial que demanda el artículo 28 de la ley 56 de 1981, y no uno distinto a la región donde se halla el bien, hecho que en esta polémica cobra aún más relevancia, si ya el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara la efectuó. También se realizarán las pruebas necesarias para dictaminar la reparación a que tiene «derecho» el titular del dominio afectado, quien a su vez comparecerá a la lid con el menor costo y lesión posible, como aquí acontece, en tanto la reconvenida está domiciliada en Medellín, urbe próxima a Santa Bárbara.
4. En armonía con lo expresado, se dispondrá el retorno de las diligencias al servidor que las recibió en un comienzo, a fin de que continúe el adelantamiento de este trámite.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla es el competente para conocer del trámite en referencia.
Segundo: Remitir la actuación al citado despacho y comunicar lo decidido al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín.
Tercero: Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.
NOTIFÍQUESE
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado
1 Información consultada en www.isa.co
2 Palacio Lino Enrique. Derecho Procesal Civil. Tomo II, pág. 379 -381, Abeledo Perrot., Buenos Aires 1979.