AC4491-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00407-00
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
Decídese el conflicto especial de competencia suscitado entre el Juzgado de Familia de Soacha (Cundinamarca) y el estrado Treinta y Dos de Familia de Bogotá, conocedores de sendos juicios de sucesión del causante Nelson Martínez Blandón, el primero promovido por Sandra Cecilia Vizcaino Torres en representación de su hija y el segundo por María Mélida Grisales López en calidad de cónyuge supérstite.
ANTECEDENTES
1. Ante el primero de los despachos arriba mencionados, se instauró la sucesión de Nelson Martínez Blandón, por Sandra Cecilia Vizcaino Torres como representante legal de la menor María Camila Martínez Vizcaino (folios 15 a 18, cuaderno 1, rad. n.° 2013-00621-00).
Ese despacho declaró abierta la causa mortuoria, con auto de 3 de septiembre de 2013 reconoció como heredera a la menor como hija del causante; posteriormente decretó y practicó medidas cautelares; impartió la aprobación de inventarios y avalúos (folio 86, cuaderno 1, rad. n.° 2013-00621-00).
2. En tal estadio procesal, compareció María Mélida Grisales López, quien solicitó la nulidad de toda actuación surtida, en razón a «que el de cujus tuvo el asiento principal de sus negocios en la ciudad de Bogotá, deducido esto del lugar donde tenía su residencia, ubicada en la calle 73D No. 3-72, Barrio…, y el lugar de trabajo ubicado en la calle 63 No. 80 A – 09 Bosa, Bogotá, lugar donde funcionaba el establecimiento de comercio de propiedad del causante».
El estrado judicial de esa localidad, luego de tramitar la petición como incidente, decidió denegarla por cuanto no cumple con los requisitos exigidos del numeral 2° del precepto 140 de la codificación adjetiva, pues «se advierte que el causante…tuvo no solo un domicilio sino dos; uno en la ciudad de Bogotá y otro en el municipio de Soacha-Cundinamarca. Con base en lo anterior, la sucesión podía ser abierta y radicada en cualquiera de los domicilios del [de cujus]» (folios 121 y ss, cuaderno 3, rad. n.° 2013-00621-00).
Interpuestos los recursos de reposición y apelación por la incidentante, fue denegando el primero, se concedió el segundo, el cual se declaró desierto porque la «apelante no suministró las expensas requeridas para él envió y regreso del expediente» (folio 143, ibídem)
3. Paralelamente, en el Juzgado 13 de Familia de Bogotá fue radicado similar proceso de sucesión por María Mélida Grisales López, en su calidad de cónyuge sobreviviente del occiso (folios 65 a 71, cuaderno 1, rad. n.° 2013-00922-01).
Declarada abierta esa causa mortuoria, con reconocimiento de la peticionaria en la condición que invocó; surtidos los trámites pertinentes, estando el proceso pendiente de la partición y tras haberse conocido la existencia de otro proceso de sucesión de Nelson Martínez Blandón en el Juzgado de Familia de Soacha, tramitado por la aludida hija menor, la apoderada de ésta solicitó al Juzgado 32 de Familia de Bogotá «abstenerse de seguir conociendo del proceso» (folios 298 y ss, ídem).
El despacho judicial, luego de tramitar como incidente la petición decidió denegarla, porque el demandante tenía dos domicilios siendo Bogotá uno de ellos; además no se acreditó que Bogotá no fuera el domicilio principal de los negocios del causante (folio 281 y ss, cuaderno 1, rad. n.° 2013-00922-01).
Incoados los recursos de reposición y apelación por dicha parte contra la referida decisión judicial, denegando el primero y concedido el segundo, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, revocó el auto apelado, y dispuso que a la solicitud se le diera el trámite regulado en el artículo 522 del Código General del Proceso, por cuanto se adelantan dos procesos de sucesión de un mismo causante.
En cumplimiento a dicha orden, el Juzgado 32 de Familia de Bogotá, dispuso remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que «surta el trámite establecido en el artículo 522 CGP» (folio 357, ibídem).
4. Recibidos los expedientes contentivos de las sucesiones, se corrió traslado a todos los interesados, quienes guardaron silencio, por lo que se procede a decidir el conflicto habida cuenta que no hay pruebas para practicar, aplicando el principio de la economía procesal y el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, que faculta al juez para prescindir del término probatorio.
CONSIDERACIONES
1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. De conformidad con el inciso final del artículo 624 del Código General del Proceso, «[l]a competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad», mientras que el numeral 8 del artículo 625 ibídem, reza que «[l]as reglas sobre competencia previstas en este Código, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda».
Así las cosas, este conflicto de competencia territorial debe desatarse con apoyo en el Código de Procedimiento Civil, por cuanto era la normatividad vigente al momento de incoarse las demandas.
El artículo 23 de la codificación adjetiva, fija las pautas de competencia por el factor territorial, particularmente, el numeral 14 contempla que el proceso de sucesión corresponde conocerlo «al juez del último domicilio del difunto en el territorio nacional y, en caso de que a su muerte hubiere tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios».
A su vez, los preceptos 623 y 624 del C.P.C. fijan los lineamientos a seguir en caso de que ese trámite de liquidación se radique ante quien no tenga la facultad para ello o, como también puede suceder, que la estén adelantando varios a la vez, evento en el cual los interesados podrán solicitar que se «determine la competencia, siempre que en ninguno de los procesos hubiere sentencia ejecutoriada que apruebe la partición o la adjudicación de bienes». Por ende, una vez establecido a quien le corresponde, «se declarará nulo lo actuado ante el juez incompetente».
Los artículos 76 al 86 del Código Civil regulan el domicilio, comprendido éste como «la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella», que para efectos civiles, corresponde al «lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio»; y se presume en un lugar «por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable para administrarlo en persona…».
La Sala al respecto ha manifestado lo siguiente:
(…) el numeral 14 del precepto 23 ibídem, fija el llamado “forum hereditatem”, en virtud del cual del proceso de sucesión conoce “(...) el juez del último domicilio del difunto en el territorio nacional, y en caso de que a su muerte hubiere tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios” (…) En razón a que el aspecto determinante para establecer la competencia se relaciona con el “domicilio” que tuvo la persona inmediatamente antes de su fallecimiento, se precisa que de conformidad con el artículo 76 del Código Civil, el mismo “(...) consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”, esto significa, en palabras de la Sala, “que la simple residencia no es constitutiva de domicilio ni éste surge sólo de aquélla, dado que su aspecto preponderante es el ánimo de permanencia en un lugar predeterminado”, agregando que “(…) el artículo 79 ibídem establece algunas directrices enderezadas a esclarecer el verdadero entendimiento del citado 76, puesto que, en resumen, no permite considerar como domicilio de una persona el lugar de su habitación temporal, en el evento de que posea en otra parte hogar doméstico, o en caso que aparezca, por variados episodios, que la residencia es meramente accidental” (auto de 16 de diciembre de 2005 exp. 00109-00) … Igualmente en providencia de 21 de mayo de 2009 exp. 11001-0203-000-2006-01261-00, se precisó que el domicilio es “(…) aquel lugar en donde la persona tiene su entorno familiar, social y económico, o en palabras de Enneccerus –Kipp – Wolf “el punto medio de las relaciones de la vida”. Del mismo modo lo enuncia el principio general del derecho, según el cual “el domicilio está en el lugar en que uno vive e intencionalmente estableció el conjunto de sus cosas con ánimo de permanecer allí” o por decirlo de otra manera, “ha de entenderse por “domicilio” el que lo sea real y efectivamente, y no la residencia involuntaria, accidental y contingente”” (AC de 19 de noviembre de 2010, rad. 2008-01227).
4. Con base en tales premisas, la Corte observa que Nelson Martínez Blandón (q.e.p.d), tenía domicilio en la ciudad de Bogotá, por cuanto así lo dejan ver los testimonios recibidos, en tanto convivía con su esposa María Melida Grisales López en la carrera 72 B No. 3-73 Barrio Mandalay (folio 97, cuaderno 3, rad. n.° 2013-00621-00), según dan cuenta Ismael Cañón Peña, dicho que corroboró Fabio Alberto Martínez Muñoz, (folios 102 y 103, ibídem).
A lo anterior se agrega que con la demanda iniciadora del juicio de sucesión radicado en el estrado Treinta y Dos de Familia de Bogotá, se aportó certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que da cuenta de su inscripción como persona natural comerciante, con establecimiento mercantil ubicado en la carrera 80 A # 63 – 09 Sur de Bogotá; prueba que ratifica lo enunciado por los aludidos testigos.
Ahora bien, cierto es que el causante en una época también residió en Soacha, en la vivienda que compartió con Sandra Cecilia Vizcaino Torres, según dan cuenta otras declaraciones recibidas como los testimonios de Luis Ernesto Sánchez, entre otros, e incluso pruebas documentales.
Sin embargo, para la fecha del deceso del de cujus no puede afirmarse que él aún residiera en ese municipio Cundinamarqués, pues el acervo probatorio recaudado en los plenarios así lo desvirtuó, toda vez que, de un lado, el declarante Fabio Alberto Martínez Muñoz relató que si bien Nelson Martínez Blandón instaló un establecimiento de comercio en Soacha, dulcería La Bombonera, «después de abierto el negocio el duró aproximadamente de dos a tres años surtiéndolo desde sus negocio en Bosa, y después ya no se volvió a traer mercancía de Bosa hacia La Bombonera porque él dijo que le había entregado el manejo a Sandra».
Tal dicho concuerda con el acervo documental allegado por Sandra Cecilia Vizcaino Torres, esto es, el certificado de la Cámara de Comercio de la Dulcería La Bombonera, a cuyo tenor es ella quien figura como su propietaria (folio 54, cuaderno 3), habiéndose renovado su matrícula por última vez el 5 de junio de 2008.
De otro lado, porque con el incidente de nulidad elevado por María Mélida Grisales López arrimó copia de la demanda de alimentos que en favor de la descendiente del causante incoó la Defensoría de Familia del ICBF, ante la desatención de esa obligación por parte de Nelson Martínez Blandón, en la cual reportó como lugar de ubicación de este la carrera 72 # 3 – 73 del Barrio Mandalay de Bogotá; es decir, la misma reportada en el juicio sucesorio instaurado en el estrado Treinta y Dos de Familia Bogotá.
Dicha localización, además, fue ratificada por Sandra Cecilia Vizcaino Torres, puesto que en el interrogatorio de parte que rindió manifestó, al ser indagada sobre el domicilio del causante, que «en el momento que hacemos la citación en la comisaría y ante el juzgado de familia, y me piden la dirección donde lo puedo ubicar a mi esposo Nelson Martínez Blandón, y es por eso que yo doy esa dirección en ese momento».
En suma, el causante, en una época tuvo domicilio en Soacha paralelamente al que se desplegaba en Bogotá, pero para la fecha de su deceso (19 de diciembre de 2012) sólo ostentaba este último, según da cuenta el acervo conviccional reseñado; al punto que el establecimiento de comercio que una vez detentó lo dejó en manos de Sandra Cecilia Vizcaino Torres en el año 2008, quién además, en el mes de agosto del año 2012, lo demandó por los alimentos de la hija que procrearon.
5. Así las cosas, se cumplen a cabalidad los lineamientos del artículo 624 del Código de Procedimiento Civil para dirimir el conflicto surgido, toda vez que de manera simultánea se dio curso a dos trámites de sucesión de un mismo causante, en diferentes despachos judiciales, sin que ninguno haya terminado con sentencia aprobatoria de la partición, y quien insiste en el esclarecimiento está plenamente legitimada para hacerlo en su condición de hija del fallecido.
En consecuencia, se asignará el asunto en discusión al Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogotá, para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro despacho judicial involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.
Como lo contempla el inciso final del artículo 624 del Código de Procedimiento Civil, se anulará lo actuado por el otro despacho judicial involucrado, salvo por las cautelas practicadas, las cuales permanecerán incólumes.
6. Así mismo, pertinente es advertir al Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogotá que ante la existencia de una menor de edad interesada en el juicio liquidatorio, es menester que adopte las medidas de rigor que posibiliten su intervención y reconocimiento, puesto que en los casos en los cuales se encuentren involucrados menores de edad, prevalecen los derechos e interés superior de estos, por su relevancia constitucional.
Por ende, se ha indicado que: «La aplicación del principio [de la perpetuatio jurisdictionis], sin embargo, no puede ser pétreo o inalterable, sino que, por el contrario, debe ceder en circunstancias verdaderamente excepcionales. Tratándose de menores involucrados, en los casos en que el interés superior de éstos se vea seriamente comprometido, verbi gratia, cuando el cambio de domicilio resulta forzado, como así lo reconoció la Corte (…)», (AC2123, 29 abr. 2014, rad. 2014-00723-00).
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar que el competente para seguir conociendo la sucesión de Nelson Martínez Blandón, es el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogotá,
Segundo: Decretar la nulidad de la actuación surtida en el juicio radicado respecto del mismo de cujus en el Juzgado de Familia de Soacha (Cundinamarca); salvo en lo relacionado con las medidas cautelares perfeccionadas, las cuales conservarán vigencia para el proceso que continúa.
Tercero: Remitir los expedientes al despacho inicialmente mencionado y al otro estrado judicial se le remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.
Cuarto: No condenar en costas.
Quinto: Ordenar a Secretaría librar los oficios a que haya lugar.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado