AC4526-2018

Radicación n.° 05001-31-03-011-2008-00083-01


Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018). (2015).


Se decide la reposición formulada frente al auto AC3617-2018 de 28 de agosto anterior, que inadmitió el recurso de casación interpuesto por Penca S.A. en liquidación, Juan Carlos Zuloaga Latorre, Obranegra S.A. y Mauricio Zuloaga Latorre, contra la sentencia de 22 de mayo de la presente calenda, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que en su contra promoviera Javier Ignacio Arango Isaza, Olga Lucía Giraldo Restrepo y Santiago Arango Giraldo.


ANTECEDENTES


1.        El 28 de mayo de esta anualidad la parte convocada formuló impugnación extraordinaria en el proceso de la referencia (folios 24 y 25 del cuaderno Tribunal), la cual fue concedida el día 31 siguiente (folios 27 y 28 ídem).


2.        A través de auto de 28 de agosto de los corrientes, esta Corporación inadmitió el recurso de casación (folios 14 a 18 del cuaderno Corte).


3.        El anterior proveído se notificó por estado del día 29 del mismo mes y año (folio 18 reverso ídem).


4.        El 3 de septiembre siguiente los apoderados judiciales de Penca S.A. en liquidación, Juan Carlos Zuloaga Latorre, Obranegra S.A. y Mauricio Zuloaga Latorre formularon reposición contra la anterior decisión, al efecto reprodujeron los argumentos planteados en el memorial presentado el pasado 29 de junio1, y agregaron que no fueron renuentes a pagar las copias ordenadas por el ad-quem, sin embargo, ante la «información errada» que brindó el empleado que atiende la baranda de la secretaría del Tribunal y con sustento «en la confianza legítima» que les generó únicamente satisficieron la carga de los portes, por lo tanto ese equívoco no lo pueden soportar los opugnantes (folios 19 a 22 ibídem).


5.        El apoderado judicial de la parte actora se opuso a la revocatoria del proveído cuestionado, señaló que el término legal para cumplir la carga expiró sin satisfacerla, de modo que el lapso no podía rehabilitarse dada su perentoriedad e improrrogabilidad; y no se inobservó el principio de confianza legítima, toda vez que conforme a la teoría de los actos propios, «los actos precedentes sólo generan una expectativa legítima de comportamiento cuando no son contrarios a derecho», en esa medida cuando los actos son contrarios a la normatividad jamás podrían generar confianza legítima, por consiguiente, si en el Tribunal se dio una información «ilegítima al dependiente judicial de las demandadas, este proceder contrario a la ley no pudo generar confianza legítima» en los convocados (folios 24 a 27 ejusdem).


CONSIDERACIONES


1.        Dispone el artículo 318 del nuevo estatuto procesal civil que «[s]alvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia…», en armonía de lo cual el inciso 3º del artículo 342 ídem prevé que «[e]l auto que decida sobre la admisibilidad del recurso será dictado por el magistrado sustanciador y contra él sólo procede el recurso de reposición», supuestos que se cumplen en el presente caso, por lo que es adecuado desatar la impugnación formulada.


2.        Ahora, en punto del cumplimiento de las providencias que contienen mandatos ejecutables, en materia de casación, el artículo 341 ibídem prescribe que «el magistrado sustanciador, en el auto que conceda el recurso, expresamente reconocerá tal carácter [ejecutable] y ordenará la expedición de copias necesarias para su cumplimiento», y precisa que el impugnante suministre «las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso».


En otras palabras, una vez se reconoce que una sentencia tiene mandatos ejecutables, el interesado deberá proceder con el pago de las reproducciones ordenadas por la autoridad judicial, para lo cual tendrá tres (3) días, so pena de que el Tribunal deba declarar desierto el recurso o, en defecto, esta Corporación lo inadmita.


Y es que, si esa carga procesal no se satisface en la oportunidad legal se genera la deserción del medio de defensa y, por ende, si el expediente es remitido a la Corte sin acreditarse la misma debe inadmitirlo, según las voces del artículo 342 ejusdem.


Recuérdese que una carga tiene por objeto conminar a las partes del litigio para promover o realizar determinados actos que redundarán en su favor y que en caso de no atenderlos, les reportará efectos adversos a sus propósitos o intereses, en tal sentido esta Corporación ha señalado que:


Finalmente, las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso (CSJ AC, 17 sep. 1985, G. J. Tomo CLXXX – No. 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427; reiterado en AC607-2014, 17 feb. 2014, rad. 2003-00016-01).


De donde se sigue que la desatención que las partes hagan de este tipo de imposiciones deba tener un efecto desfavorable para ellas, según lo que expresamente se indique por la ley o, en su defecto, por el juez de conocimiento.


Así mismo, téngase en cuenta que tal plazo, por ser de orden legal, es perentorio e improrrogable, de acuerdo con lo establecido por el artículo 117 del Código General del Proceso, de modo que una vez éste se extinguió concluye la oportunidad procesal para el recurrente de cancelar el costo de las reproducciones requeridas, caso en el cual el magistrado ponente del Tribunal deberá declarar desierta la impugnación (inc. 3º, art. 341 ídem) y, en el evento de no hacerlo, la Corte la inadmitirá (inc. 2°, art. 342 ibídem), pues omitir aplicar la sanción legal prevista (deserción o inadmisión) sería quebrantar la ley y de paso desconocer las garantías al debido proceso y a la defensa de la contraparte, en beneficio de la parte impugnante que desatendió el débito procesal.


Luego, entonces, la satisfacción tempestiva de las expensas para las copias del expediente es una carga para el interesado, quien deberá asumir el efecto de su inobservancia, como es la proclamación de deserción en el Tribunal, o la inadmisión del recurso en la Corte.


En reflexiones que conservan vigencia, esta Sala sostuvo:


[E]l incumplimiento de la carga procesal que establece el tercer inciso del artículo 371 del ordenamiento adjetivo, apareja la necesaria consecuencia de declarar desierto el recurso de casación como en efecto fuera declarado por esta Corte. Actuar de manera distinta a lo que dispone la norma habría significado no ‘la omisión de un simple formalismo’ como supone el recurrente, sino la infracción de la ley al no aplicar una sanción que ella misma prevé, lo que se hubiera traducido en un quebranto del derecho de defensa y del debido proceso de una de las partes en beneficio de la otra, lo cual es a todas luces inadmisible en nuestro sistema de derecho civil (AC, 31 may. 2013, rad. n° 2007-00154-01, reiterada AC3108, 23 may. 2016, rad. n° 2011-00339-01). 


3.        Las anteriores consideraciones aterrizadas al caso bajo estudio, de entrada permiten advertir que deberá mantenerse la providencia cuestionada que inadmitió la impugnación extraordinaria promovida por los demandados, por cuanto no pagaron las copias requeridas para asegurar el cumplimiento de los mandatos susceptibles de ejecución contenidos en la sentencia recurrida.


En efecto, el Tribunal en el auto de 31 de mayo de 2018 declaró la ejecutabilidad de la sentencia de última instancia y dispuso a costa de la parte inconforme, so pena de declararse desierto el recurso de casación, la reproducción de todo el expediente, para que el juez de primer grado procediera a ejecutarla, decisión notificada por anotación en estado del 1º de junio siguiente (folios 27 y 28 reverso del cuaderno Tribunal) y quedó en firme el día 7 del mismo mes y año, de donde el término legal para el pago de las copias corrió durante los días 8, 12 y 13 de igual mensualidad, el cual expiró sin que fuera cumplida esta exigencia por los impugnantes.


Por consiguiente, en estricta aplicación del artículo 342 del Código General del Proceso, lo procedente era declarar la inadmisión de la impugnación sin trámites adicionales, como en efecto hizo la Corte.


4.        Ahora bien, frente al argumento expuesto por los censores concerniente a que la errónea información brindada por el empleado de la secretaría del Tribunal los condujo a omitir el cumplimiento de la carga, es menester señalar que tal situación no tiene la entidad para alterar el débito impuesto a la parte demandada en la providencia de 31 de mayo de 2018, más cuando la notificación de la decisión se surtió en debida forma el 1º de junio de 2018, como da cuenta el plenario (folio 28 reverso del cuaderno Tribunal); de suerte que lo mínimo que los litigantes debieron hacer fue leer el proveído que les estaban enterando, a través de tal publicación, pues si ello hubiera sido así diáfanamente habrían advertido la obligación asignada.


Y es que el principio de confianza legítima, así como los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los censores no pueden verse afectados cuando se verificó en debida forma el acto de notificación del auto que abrió paso a la casación y les impuso las cargas de pagar las copias y los portes de envío del expediente, de manera que la opinión o información brindada en la baranda de la secretaría del Tribunal no tiene cómo varias la disposición emitida por la autoridad jurisdiccional, habida cuenta que por su propia esencia no constituía un pronunciamiento que proviniera de autoridad competente. 


Así las cosas, como el auto que dispuso el pago de las copias fue emitido por funcionario competente, acorde con el marco normativo aplicable, y notificado en debida forma, sin que se advierta yerro alguno. Correspondía a la parte interesada, en caso de disentir sobre su contenido, interponer los recursos que fueran procedentes, sin que su indiferencia pueda ser cohonestada en este momento procesal.


En consecuencia, y dado que los impugnantes no exponen razones adicionales a las analizadas, los anteriores fundamentos son suficientes para mantener el auto cuestionado.


DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve: NO REPONER el auto AC3617-2018 de 28 de agosto anterior, que inadmitió el recurso de casación interpuesto por Penca S.A. en liquidación, Juan Carlos Zuloaga Latorre, Obranegra S.A. y Mauricio Zuloaga Latorre, contra la sentencia de 22 de mayo de la presente calenda, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que en su contra promoviera Javier Ignacio Arango Isaza, Olga Lucía Giraldo Restrepo y Santiago Arango Giraldo.


Oportunamente el expediente deberá devolverse al Tribunal de origen.


Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado


1 Folios 7 y 8 cuaderno Corte.