AC4527-2018

Radicación n.° 11001 02 03 000 2018 02921 00


Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018).



La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, y el Tercero Civil del Circuito de Medellín, con ocasión del conocimiento del proceso promovido por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. contra Zoila Martínez Consuegra y personas indeterminadas.


  1. ANTECEDENTES


1.        La parte demandante presentó su escrito introductor ante el «JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA – ATLÁNTICO», pretendiendo «la imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica de que trata el Artículo 18 de la Ley 126 de 1938 y Ley 56 de 1981 a favor de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. E.S.P., sobre un predio denominado “SANTA ELENA”, ubicado en jurisdicción del municipio de Tubará – Atlántico» (Negrillas del original); también solicitó que se le autorizara para consignar en la cuenta del Despacho la suma de $16.966.902,84 a favor de los demandados, a título de indemnización de los perjuicios causados.


2.        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, mediante proveído de 18 de mayo de 2017, admitió la demanda y ordenó adelantar el trámite correspondiente.


3. Después, mediante auto de 9 de mayo de 2018, se desprendió de su conocimiento invocando el artículo 28 del C. G. P., aduciendo que tiene prevalencia en esta clase de asuntos el factor subjetivo, en atención a la regla contemplada en el artículo 29 del CGP; señaló que según el artículo 16 del mismo estatuto «la competencia por factor subjetivo, es improrrogable». Con ese argumento, dispuso la remisión del proceso a la oficina de reparto de los juzgados civiles del circuito de Medellín.


4.        Recibido el expediente por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín, igualmente rehusó la competencia tras considerar que era privativa del juez del lugar de ubicación del bien, según lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 28 del CGP; además, aseguró que en atención al principio de la perpetuatio jurisdictionis «la competencia asumida por un juzgador no debe variar por la alteración de las circunstancias que motivaron su conocimiento inicial».


Con el anterior fundamento, planteó conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


  1. CONSIDERACIONES


1.        Aptitud legal para la resolución.


Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.


2.        Dinámica general de las reglas de competencia.


En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.


En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, éste se determina con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general; y otros específicos, como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente; esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes; y otros, de modo privativo, es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.


Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.


Así, el establecimiento de fueros generales y especiales es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario; esto es, no haya regla especial.


La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue regulado expresamente con una norma especial. De ser así, por obvias razones, aplica el precepto asignado específicamente a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, se ha de utilizarse la regla general.


3.        Las pautas de atribución territorial en el C.G.P.


Vista la redacción del artículo 28 del Código General del Proceso, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado» (subrayas extratexto); de manera que consagra expresamente la prevención de su aplicación mientras no exista pauta en diverso sentido, lo que anticipa la existencia de éstas, algunas concurrentes y otras que las excluyen.


Precisamente los foros que tienen entidad para exceptuar la aplicación de la regla general, son aquellos prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o alternativo; es decir que son establecidos con el propósito de ser específicos y sin alguna consideración de las demás preceptivas, tornándose así en la «disposición legal en contrario».


Por su parte, las demás normas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general; ésta sigue teniendo aplicación; en tal evento, simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.


4.        Eventos de competencia privativa.


Como muestra de los eventos de la modalidad privativa de asignación de la aptitud legal, pueden destacarse los previstos en los numerales 2 (inciso 2º), 7, 8 y 10 (inc. 1º), todos del artículo 28 del Código General del Proceso.


La Corte, en relación con el alcance de la expresión «modo privativo», entre otros, en proveído CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, con argumentos referidos al anterior estatuto procesal civil, que son de total recibo para el actual, reiteró:


«Sobre el particular, la Sala, en varios pronunciamientos, ha señalado que  “[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situación del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegación oportuna de la parte demandada mediante la formulación de la correspondiente excepción previa o recurso de reposición, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, según la preceptiva del artículo 144, inciso final, ibídem; obvio que si así fuera, el foro exclusivo se tornaría en concurrente, perdiéndose la razón de ser de aquél. (…)»


En este orden, la previsión de un fuero privativo es manifestación reforzada del carácter imperativo, indisponible, improrrogable e inmodificable, de las normas sobre competencia judicial; por tanto, al demandante se anula su facultad de selección del foro, y no admite la desatención por parte del Juez.


5.        Caso Concreto.


5.1.        El presente asunto ciertamente se aviene a un evento de competencia privativa; sin embargo, resulta pertinente destacar que la causa promovida es susceptible de subsumirse en dos supuestos de asignación legal excluyente, puntualmente, las previstas en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso.


En efecto, según la primera regla citada, «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, en el de cualquiera de ellas a elección del demandante»1.


A su vez, la segunda pauta establece que «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas»2.


5.2.        Como puede verse, el caso sub examine corresponde con la premisa fáctica de dos reglas de competencia diferentes, que por su carácter privativo resultan incompatibles, lo cual impone la elección de una de ellas con fundamento en el referente legal que oriente dicha labor de superposición.


Para resolver esta clase de dilemas, el legislador ha fijado lineamientos de prevalencia respecto de los distintos criterios de competencia, en los siguientes términos:


«ARTÍCULO 29. PRELACIÓN DE COMPETENCIA. Es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes.


Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor.»



Esas dos reglas corresponden exactamente a las que consagraban, en su orden, los cánones 22 y 24 del Código de Procedimiento Civil.


La significación procesal de esa prelación equivale a afirmar que el orden de esos factores consulta exactamente el mayor grado de lesión a la validez del proceso; esto es, permite aseverar que resulta más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y el territorial, puesto que, como se anticipó, el Código hizo improrrogable la competencia por el factor subjetivo y funcional, exclusivamente (art. 16 ibídem).


Por tanto, en esta clase de disyuntivas, la pauta de atribución legal privativa aplicable, dada su mayor estimación legal, es la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, porque tiene cimiento en la especial consideración a la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido.


5.3.        En este caso, como se dejó reseñado, en la demanda se pretende obtener «la imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica de que trata el Artículo 18 de la Ley 126 de 1938 y Ley 56 de 1981 a favor de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. E.S.P., sobre un predio denominado “SANTA ELENA”, ubicado en jurisdicción del municipio de Tubará – Atlántico» (Negrillas del original); y las consecuenciales allí planteadas.


Dado que la parte actora es Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P., cuya naturaleza jurídica es la de una empresa de servicios públicos, constituida como sociedad anónima por acciones,3 cuyo domicilio principal es la ciudad de Medellín, sin duda ninguna el evento encuadra dentro de los previstos en el numeral 10 del artículo 28 del C. G del P., como uno de los que debe conocer de «forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».


Lo anterior implica que, en este particular asunto, siendo privativa la competencia, ella no se prorroga en caso de haberse adelantado el proceso por el juez ante quien fue presentada inicialmente, como lo planteó el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín. Es preciso insistir en que, por tratarse de una regla especial, de imperativo cumplimiento, como lo ha reiterado esta Sala, no tiene cabida la prórroga de la competencia cuando están vinculados los factores subjetivo y funcional, según lo dispuesto en el citado artículo 16 del Código General del Proceso.


La anterior postura coincide con la expuesta por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, recientemente reiterada por la Sala en supuestos similares, donde se superpone la aptitud legal del juez que se fija en atención a la presencia de entidades públicas, respecto de la que consulta la ubicación del objeto material del juicio en acciones reales y demás causas relacionadas en el num. 7 del citado precepto 28 (AC4051-2017, 27 jun. 2017, rad. 2017-01278-00; AC6997-2017, 24 oct. 2017, rad. 2017-02146-00).


De manera que la forma de sanear la situación por parte del Juzgado al que se dirigió la demanda, teniendo en cuenta la influencia del factor subjetivo en la definición de la competencia, se circunscribía a declarar la falta de esa aptitud legal y a remitir el expediente al Despacho en que recaía tal aptitud, actividad ésta que precisamente emprendió la primera judicatura.


6.        Conclusión.


La competencia corresponde a la segunda de las autoridades judiciales en contienda, de manera que se remitirá el expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín, y se informará de esta determinación al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR que el Juzgado Tercero  Civil del Circuito de Medellín es el competente para continuar conociendo del proceso en referencia.


SEGUNDO.        REMITIR la actuación surtida al citado estrado judicial e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda.



Notifíquese y Cúmplase,




LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado.


1 Negrillas fuera del texto original.

2 Resalta la Corte.

3 Certificado de existencia y representación de  Interconexión Eléctrica S A  ESP. (f. 17)