AC4533-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02437-00


Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018).


       Decídese el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) y el Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., atinente al conocimiento de la acción popular de Uner Augusto Becerra Largo contra Banco Davivienda – Sucursal Carrera 43A No. 8 – 79 Medellín. 


ANTECEDENTES


1.- En defensa del bien colectivo, la persona natural de marras mediante escrito dirigido al «JUZGADO CIVIL CIRCUITO» de La Virginia, deprecó que se ordenara a la entidad demandada «que contrate de planta a un guía interprete y a un intérprete o contrate con entidad idónea certificada por el Ministerio de educación nacional para que de planta se atienda a dicha población objeto de la ley 882 de 2005, art 8 y 15 en un término NO MAYOR A 30 DÍAS […]».


Asimismo, el actor tras pregonar que «la vulneración o agravio ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO», precisó que «la posible vulneración aparece en la parte final de [su] demanda», denotando luego que las «notificaciones» del «accionado» se han de efectuar en la «Cra 14 No. 13-27 Santa Rosa de Cabal Rda».

2.- Sustentó su reclamo arguyendo, en síntesis, que la «entidad ACCIONADA presta sus servicios PUBLICOS en un inmueble de atención al PUBLICO en general», que «no cuenta en el inmueble donde presta sus servicios públicos con profesional interprete y guía interprete acreditado por el Ministerio de Educación nacional, tal como lo ordena ley 382 de 2005», y precisó, que el sitio de «vulneración» es en la «Cra. 43A # 8 74 Medellín» (Fl. 1 Cdno. Principal).



3.- El escrito pertinente, que está dirigido a los jueces civiles del circuito, fue radicado en La Virginia (Risaralda) y, una vez se llevó a cabo el reparto correspondiente, se asignó al despacho Promiscuo del Circuito de esa urbe con tal especialidad y categoría, que rechazó la demanda argumentado que carecía de competencia y resolvió remitir la actuación a sus homólogos de la capital del país.


Lo propio, por considerar que como «se está demandando a una persona jurídica, de la cual no se aportó el certificado d existencia y representación, para la verificación de su real domicilio y la capacidad para ser parte, se hace necesario dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 85 del Código General del Proceso, norma que indica que cuando esa información conste en la base de datos de las entidades públicas y privadas no será necesario certificado alguno».


Además, refirió que «consultada la página de la Superintendencia Financiera, se pudo establecer que el domicilio principal de la demandada Banco Davivienda, se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C., en la Av. El Dorado No. 68C-61 Piso 10».


Agregó que «[d]el líbelo se desprende que el sitio de vulneración no está en esta municipalidad y la información disponible en la página de la web de la Superintendencia Financiera da cuenta que el domicilio de la demanda se encuentra en Bogotá, de tal suerte que los fueros a que se refiere (a norma para que pueda decirse que en este despacho radica la competencia, no se cumplen. La afirmación de que la afectación ocurre a lo largo y ancho del país, no es de recibo, pues el propio actor señaló que el lugar específico donde ocurre la posible vulneración se encuentra en la dirección indicada en su demanda, de manera que en este puntual caso no le era dable la escogencia de la jueza de La Virginia para que tramitara su acción». 


En consecuencia, señaló que «el accionante pretende demandar en el domicilio de la entidad accionada, por ello la demanda se rechazará, y se ordenará su envío a la Oficina Judicial (Reparto) de Bogotá-Cundinamarca, para que sea repartida entre los Juzgados Civiles del Circuito de esa ciudad» (Fl. 2 Ídem).

  

4.- Arribadas las actuaciones al Despacho Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C., por auto de 30 de julio de 2018,  también se abstuvo de avocar conocimiento y suscitó el conflicto, en consideración a que la «vigencia de la Ley procesal que gobierna la actuación de forma supletiva, esto es, con apego al artículo 44 de la Ley 472 de 1998, es el Código General del Proceso (arts. 625 a 627), vigente desde el año 2016 (Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura). Ergo, el artículo 85 de ese estatuto adjetivo revela que corresponde consultar a la Judicatura las bases de datos públicos en socorro de los defectos para acreditar el domicilio de las personas jurídicas. Pues bien, a ello procedió ésta Sede Judicial y consultó en el RUES de Confecamaras (https://www.rues.org.co/Expediente) la existencia de una sucursal bancaria en la ciudad de Manizales, lugar dónde se conculcó el derecho colectivo en comentario».


Además, refirió que «por el principio de economía procesal, en razón a la posibilidad que cabe de decretar pruebas de inspección judicial, y, de suyo, facilitar la defensa de la entidad demandada y la comparecencia del demandado a audiencias, cual es una prerrogativa que encara el debido proceso, a ojos de éste Juzgado, es competente para conocer del negocio el Juez Civil del Circuito de Medellín» (Fls. 9 a 10 Ídem).


5.- Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.


II. CONSIDERACIONES


1. Atendiendo la naturaleza de la colisión traída a esta Corporación, en cuanto que enfrenta a dos jueces de diferente Distrito Judicial, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, conforme así lo regulan, perentoriamente, los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, reformado por el canon 7º de la Ley 1285 de 2009, -Estatutaria de la Administración de Justicia.


2. El ordenamiento jurídico, mediante los factores competenciales determinados en la legislación, establece criterios por virtud de los cuales ha de esclarecerse a qué funcionario judicial corresponde el conocimiento de cada particular asunto. Aquellos, empero, pueden ser concurrentes.


3. En tratándose de las «acciones populares y de grupo» establecidas en el precepto 88 Superior, cuyo despliegue normativo lo realizó la Ley 472 de 1998, el precepto 16 ejúsdem dispone que de dicha herramienta constitucional conocen, en primera instancia, «los jueces administrativos y los jueces civiles del circuito […] Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda» (se destaca).


Relativamente a la disposición ut supra, la Sala ha sostenido lo siguiente:


[L]a reseñada norma consagra un evento de “concurrencia de fueros”, que en el ámbito del “factor territorial” posibilitan al “actor popular” la escogencia del funcionario judicial para presentar el escrito introductorio, aspecto este que la doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha explicado en reiteradas oportunidades, señalando que “el gestor de la demanda al momento de seleccionar el funcionario competente, bien puede encontrarse frente a la presencia de uno sólo de los fueros o de varios de ellos, (…), evento ante el cual, iterase, le corresponderá, a su arbitrio, determinar por cuál de ellos se decide. Y, claro una vez defina sobre el particular, en principio, en esos términos deja definida la competencia, la que, por excepción, puede variar solo si el demandado, mediante los mecanismos idóneos refuta la atribución efectuada por el demandante (CSJ AC, 15 ago. 2008, rad. 00966; reiterado, entre otras providencias, en CSJ AC, 5 nov. 2013, rad. 02537; CSJ AC, 21 nov. 2013, rad. 02536-00; y CSJ AC1172-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-01661-00).


4.- Descendiendo al caso de autos, al examinar el expediente se observa que el libelo fue presentado ante la judicatura con sede en La Virginia (Risaralda); se dirigió a los jueces civiles del circuito; y, por reparto le correspondió al despacho de tal especialidad y nivel funcional de la mentada urbe. Asimismo, señala el actor en el escrito genitor, por un lado, que el «sitio de vulneración» es en la «Cra. 43A # 8 74 Medellín», y, por otro, que el domicilio de la entidad bancaria es en la «Cra 14 No. 13-27 Santa Rosa de Cabal Rda».


5.- Bajo esas circunstancias, expuestos los factores legales y fácticos, se encuentra que la naturaleza de la norma (Art. 16 Ley 472 de 1998), está delimitada por los fueros concurrentes allí expuestos, por tal razón, el extremo activo podrá optar, exclusivamente, por una de las alternativas establecidas en el artículo 16, llevada a cabo esta selección, deberá el juez, respetar dicha escogencia.


6.- Verificada la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia1, de acuerdo con lo reseñado por el artículo 85 del C.G.P., halla  la Corte que el domicilio principal de la entidad demandada es la ciudad de Bogotá D.C., pues allí se suscribe lo que fielmente corresponde al certificado de existencia y representación del banco; elemento de juicio idóneo, que en consonancia con las reglas del Código de Procedimiento Civil correspondía arrimar al actor, y que en la actualidad no puede exigirse por el juez cuando se trate de personas jurídicas de derecho privado cuya información «conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla», y asimismo, «cuando la información esté disponible por este medio, no será necesario certificado alguno».     


Visto lo anterior, surge que si bien el gestor presentó el libelo ante el Juez del Circuito de La Virginia, bajo la consideración de que ese era el «domicilio» de la entidad demandada, como elemento para determinar la competencia en la célula judicial de esa localidad, no es menos cierto que el «domicilio» principal del Banco Davivienda es la ciudad de Bogotá; por lo que la equivocación en que incurrió el accionante no tiene fuerza vinculante para el juzgador.


Adicionalmente, el hecho de existir una «sucursal» en los diferentes territorios, no resulta razón suficiente para radicar el asunto en cualquiera de ellos, debido a que la norma, en ningún sentido, permite que se presente el libelo en «sucursales o agencias», pues itérese, solo lo admite en el «domicilio principal», por lo que no se puede aprobar que este sea un factor incontrovertible que pueda fijar la competencia en las acciones populares.    


Al respecto, reiteradamente se ha pronunciado la Corte, para señalar que «la existencia de una sucursal o agencia de la opositora en el lugar de los hechos, ninguna incidencia tiene en orden a determinar la competencia para conocer de una acción popular, pues, como arriba se reseñó, es el propio legislador el que, en ejercicio de sus potestades, determinó sentar una regla especial en materia de competencia para esta especie de contiendas judiciales, y el que la circunscribió a los precisos lindes trazados en el citado artículo 16» (CSJ AC, 3 Ago. 2015, Rad. 2015-01596-00. Reiterada en AC8152-2016).


7.- En este caso no puede ser atendida la elección que llevó a cabo el actor en lo concerniente con el municipio donde presentó su demanda, pues como lo dicta la norma, itérese, el actor solo tenía 2 opciones, la primera, interponer la demanda en el domicilio del extremo pasivo, o, en el lugar donde se materializa la afectación; conforme a lo presentado por el actor, se evidencia que no obedeció lo dictado por la ley, en relación con ninguno de los dos sitios a elegir. 


8.- Bajo esa tesitura, es preciso fijar el conocimiento del trámite sub judice en el juez de Bogotá D.C., pues en dicha urbe es donde se halla el domicilio principal de la entidad accionada, debido al carácter vinculante que así establecen los presupuestos normativos en materia de competencia y los principios que rigen las acciones populares.


9.- Atendiendo el fuero elegido, después de imponerse su inferencia, la autoridad competente para conocer de la presente acción popular es el Juez Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C.   


RESUELVE


PRIMERO: DECLARAR competente para conocer del proceso de la referencia al Juez Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá D.C.


SEGUNDO:        COMUNICAR lo decidido al Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda), acompañándole copia de este proveído.


TERCERO: REMITIR el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva.


CUARTO: LIBRAR, por Secretaría, los oficios correspondientes dejándose las constancias del caso.


NOTIFÍQUESE



MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada


1 SuperintendenciaFinanciera:https: //www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61694.